Conecte con nosotros

Publicado

el

Durante este sábado, decena de miles de franceses salieron a las calles de su país para protestar contra la nueva Ley de Seguridad Global que está impulsando el Gobierno de Emmanuel Macron. En la cual se especifica la limitación de difundir imágenes en las que se vea agentes policiales actuando.

Quien ose a saltarse estas restricciones podría pagar con hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa, si es que se demuestra que estas imágenes se han publicado con afán de dañar a los policías o gendarmes. Lo que ha sido cuestionado de amenazar la libertad de expresión y Derechos Humanos.

Pero ello no es todo. Además, durante esta semana se difundió una grabación en donde se demuestra la violenta detención de tres policías blancos contra el productor musical Michel Zecler de piel negra luego de haber sido detenido por no portar su mascarilla.

La defensa de Zecler presentó en su defensa a la Fiscalía la grabación en donde los agentes policiales los golpeaban y, según el mismo musico, lo trataban de “sucio negro”.

Ambos hechos han convulsionado el ambiente a tal punto que los manifestantes han cifrado en más de medio millón de personas en las calles y la policía ha cifrado en 37 los agentes heridos en las manifestaciones. Siendo la quema del banco nacional en la Plaza de la Bastilla una de las postales más representativas del actual pasar de Macron y la policía.

Seguir Leyendo
Haga clic para comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

INTERNACIONAL

Golpe de Estado en Guinea: militares disuelven el gobierno y apresan al presidente

Los hechos suceden tras meses de tensiones políticas, producidas por la corrupción y la enorme pobreza que existen en el país africano.

Publicado

el

Por

Los hechos han acontecido en Conakri, la capital del país africano, en la cual un grupo de militares comandados por Mamady Doumbouya, teniente coronel de las Fuerzas Especiales guineanas, han apresado al presidente Alpha Condé.

Tras la detención del octogenario presidente guineano, que sucedió específicamente en el barrio de Kaloum, el grupo golpista ha acelerado las gestiones para disolver el gobierno y derogar la constitución, acusando al saliente gobierno y su presidente de agravios cometidos sistemáticamente contra el pueblo guineano, el cual se encuentra sumido en la pobreza y sufre de un sistema político totalmente corrompido.

En una grabación publicada por medios locales, se logra ver a Doumbouya declarando que «la situación sociopolítica y económica del país, la disfunción de las instituciones republicanas, la instrumentalización de la justicia, el pisoteo de los derechos de los ciudadanos, la mala gestión económica… han llevado al Ejército Republicano a asumir sus responsabilidades frente al pueblo de Guinea», erigiéndose como los «salvadores» de las problemáticas suscitadas en el país ubicado al Oeste de África.

El líder golpista Mamady Doumbouya, siendo entrevistado por la agencia internacional France 24.

Las primeras medidas asumidas por el gobierno «de facto» han sido el cierre de fronteras, la declaración de un toque de queda a partir de las 20:00 horas y la instauración de un Comité Nacional de la Unión y el Desarrollo, quienes asumirán el poder transitoriamente.

Según sus propias declaraciones, la idea principal de este grupo militar que asume el poder tras el golpe asestado es la redacción de una nueva constitución y la instauración de un nuevo gobierno, mediante una consulta nacional que considere a «las cuatro regiones naturales y la diáspora» – en referencia a los guineanos fuera del territorio nacional -, todo en el marco de una transición pacífica, marcada por el respeto a las instituciones y los acuerdos internacionales del país.

Cabe destacar que los propios militares han aclarado que el presidente, si bien se encuentra arrestado, está con buen estado de salud, siendo atendido por sus propios médicos.

Muchos analistas internacionales dudan de las reales intenciones de este grupo golpista, en consideración de las experiencias similares acontecidas en el continente africano. Argumentan, además, que el conflicto se encuentra aún en un desarrollo primario, habida cuenta de las acusadas tensiones que lo precedieron y la postura de un importante grupo de fuerzas armadas que probablemente permanezcan leales al presidente derrocado.

Las consecuencias de este acontecimiento no se explican sólo en el ámbito político, ya que la FIFA decidió suspender el partido que tendrían Guinea contra Marruecos en Conakri, en el marco de las Clasificatorias a Qatar 2022, por la propia inestabilidad política acontecida en la capital. Los jugadores de la selección marroquí ya abandonaron la ciudad, mientras los seleccionados guineanos se encuentran a la espera de nuevas resoluciones en un hotel de la capital.

Mientras tanto, el grupo militar comandado por Doumbouya ha llamado a la calma a la población guineana, instándolos a permanecer en sus casas y asistir a sus lugares de trabajo con normalidad.

Seguir Leyendo

INTERNACIONAL

Las acusaciones que involucran a Mauricio Macri en el golpe de Estado en Bolivia durante 2019

El ex presidente argentino ha sido acusado de proporcionar, durante su gobierno, armamento para reprimir al pueblo boliviano tras el golpe de 2019.

Publicado

el

Por

El golpe de Estado en Bolivia, ocurrido durante los últimos meses del año 2019, fue una de las peores noticias vividas por los pueblos de nuestra América durante aquel año. No sólo por el derrocamiento de un gobierno de izquierda por parte de los sectores reaccionarios de aquel país, sino que, sobre todo, debido a la crudeza de las consecuencias hacia el pueblo que salió a resistir en las calles el avance de las fuerzas reaccionarias.

Una expresión de la crudeza de aquellos días fueron las masacres de Senkata y Sacaba, en las cuales murieron decenas de bolivianos a manos de las fuerzas armadas del país. Dichos hechos, dos años después, siguen aún calando hondo en la memoria de los pueblos y develando sus consecuencias.

Entre las más reconocidas, se pueden encontrar la reelección del MAS en la presidencia del país, que cayó en manos de Luis Arce, y el apresamiento de Jeanine Áñez en marzo de este año, debido a su rol activo en el golpe de Estado y responsabilidad directa en la represión que sufrió el pueblo boliviano durante aquellos días. A pesar de los meses transcurridos, aún a día de hoy se siguen conociendo mayores antecedentes respecto a los hechos que decantaron en la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, como la noticia que llegó desde Argentina.

En los hechos concretos, el día de hoy fue denunciado oficialmente Mauricio Macri por parte del Gobierno Argentino, debido a una supuesta responsabilidad de este último en los hechos antes descritos, cuando aún ejercía como presidente de Argentina.

Según la acusación emanada por los organismos del país trasandino, Macri envió, durante aquellos días y en su calidad de presidente, material bélico – mortal y disuasivo – para ser utilizado en la represión al pueblo boliviano que se enfrentaba en las calles a las fuerzas policiales.

La acusación no carece de peso y fundamentos, ya que está respaldada por importantes personeros del actual gobierno trasandino, entre ellos la actual Ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Incluso, hace cuatro días, el presidente Alberto Fernández envió una misiva a su par de Bolivia, Luis Arce, pidiendo disculpas, “con dolor y con vergüenza”, por la colaboración ejercida por el gobierno de Macri hacia las fuerzas que perpetraron el Golpe de Estado.

Twitter oficial de Alberto Fernández, en el cual pide disculpas al pueblo boliviano por el envío de armamento desde Argentina para reprimir las protestas posteriores al golpe de 2019.

Por tanto, y según la fuerza de los antecedentes, el rol ejercido por Mauricio Macri no está en entredicho.

¿Cuál es el correlato que precede a la oficialización de esta acusación en su contra?

Las primeras acusaciones las ubicamos directamente en el país altiplánico, cuando el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, acusó el 8 de julio al gobierno de Mauricio Macri de haber enviado cartuchos de escopeta, gases lacrimógenos y granadas de gas a la Fuerza Aérea Boliviana, respaldando su acusación con una carta fechada tres días después del golpe y firmada por Jorge Terceros Lara, por aquel entonces Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, quien agradecía la “colaboración prestada” por parte del gobierno argentino frente a la “situación conflictiva” que vivía Bolivia por aquel entonces. Cabe destacar que Terceros Lara fue detenido el pasado 3 de julio en Santa Cruz, por su participación directa en el Golpe de Estado perpetrado durante 2019.

La carta presentada por el Canciller Mayta, y firmada por Terceros Lara.

La acusación del Canciller incluso va más allá, hablando hasta de 70.000 cartuchos enviados y de munición y armamento de carácter mortal, ya que existen evidentes inconsistencias en el curso de los hechos durante aquellos días.

En lo concreto, se sabe que el día 11 de noviembre, apenas un día después del golpe de Estado y cuando la resistencia popular comenzaba a copar las calles de Bolivia, la Agencia de Materiales Controlados de Argentina – encargada de registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego del país – autorizó el envío de un cargamento que iba destinado, supuestamente, a proteger la Embajada Argentina en La Paz. El problema de esta decisión es el montante de las armas y materiales considerados, ya que incluía pistolas semiautomáticas, carabinas, ametralladoras, chalecos antibalas, escudos y municiones, sumándose posteriormente la petición de 70.000 cartuchos anti tumulto, gas pimienta y granadas de mano. Cifras evidentemente exageradas, considerando que el objetivo primordial era proteger un edificio de apenas dos plantas.

Todo se vuelve aún más turbio e inconsistente si se considera que los registros oficiales de Bolivia solo constan el ingreso de 1.350 cartuchos desde Argentina con esos fines, por lo que las sospechas son fundadas al pensar que el resto del armamento fue utilizado para reprimir, por ejemplo, al pueblo que falleció en Sacaba y Senkata. Si a estos hechos se suma que el gobierno de Mauricio Macri fue el primero en reconocer a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia y se negó rotundamente en asilar a Evo Morales tras escapar de Argentina, parece conformarse un cuadro totalmente lógico.

Estos antecedentes generaron la respuesta de personeros de gobierno y justicia argentinos, quienes se lanzaron a investigar los hechos para presentar la acusación de hoy, investigaciones que están siendo llevadas por la Unidad Fiscal Especializada en investigar ilícitos con armas de fuego y la Dirección General de Aduanas.

Por tratarse de acciones que habrían apoyado actos genocidas, es muy probable que esta investigación traspase las fronteras de los países involucrados, adquiriendo características internacionales debido a que son hechos gravísimos, que pasan a llevar tratados y convenciones de carácter internacional.

La defensa de Macri y los involucrados

Por su parte Mauricio Macri ha intentado, de todas las formas, de desvincularse de dichas acusaciones, junto a sus ex ministros de Seguridad, Relaciones Exteriores y Defensa, quienes eran Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Óscar Aguad, en orden correlativo.

Su mayor argumento se basa en que la firma de González Terceros en la misiva presentada por el Canciller Mayta está falsificada, pero ha sido la propia Fuerza Aérea Boliviana quien desmintió este argumento, aclarando que dicha carta y su respectiva firma son absolutamente reales.

Además, en una carta recientemente publicada, el ex presidente Mauricio Macri negó todas las acusaciones, expresando que su rol en el conflicto de aquel entonces sólo se limitó al envío de ayuda humanitaria debido a lo que estaba sucediendo en el país vecino, y que las mismas son mentiras creadas por el gobierno de Alberto Fernández para salvaguardar sus intereses y desviar la atención respecto a lo que ha sido su manejo de la pandemia.

En lo concreto, falta mucho “paño que cortar” aún en este hecho, y el curso de las investigaciones debe ir entregando nuevos antecedentes para un hecho gravísimo, que puede incluso llevar al ex presidente Mauricio Macri a enfrentar la justicia de ser ciertas todas las acusaciones vertidas en su contra.

Seguir Leyendo

INTERNACIONAL

Colombia: la lucha se cambia a los barrios populares y Duque insiste en criminalizar la protesta

Publicado

el

Luego que el Comité de Paro anunciara la suspensión temporal de las manifestaciones, el pasado 15 de junio, debido a un cambio de estrategia para convertir en proyectos de ley las demandas del pliego y acelerar su aprobación, las protestas se trasladaron a los barrios más populares del país, donde la lucha sigue más viva que nunca.

Las movilizaciones en Colombia no han cesado desde su inicio, los/as colombianos/as han salido a manifestar su completo rechazo ante las medidas impuestas por el gobierno y la nula respuesta a las necesidades más urgentes para el pueblo. Si bien desde las organizaciones que lideraban las manifestaciones y que conforman el Comité Nacional declararon detener la movilización, al menos por un tiempo, el descontento no abandonó las calles, sino que detonó un alzamiento popular desde distintos frentes y barrios que constantemente se encuentran en lucha.

Fuera del interés público y los medios de comunicación nacionales e internacionales, la policía, los militares, agentes de civil y el ESMAD han desatado toda su brutalidad para reprimir fuertemente al pueblo, especialmente en sectores apartados del foco de atención mediática, registrando hechos de violencia desmedida hacia quienes salen a manifestarse, situaciones que no han sido investigadas ni condenadas por las autoridades correspondientes.

Usme como zona de guerra

El sector más crítico en el país ha sido Usme, al sur de la ciudad de Bogotá, donde la policía nacional, el ESMAD y los paramilitares han salido a las calles con el único objetivo de reprimir y matar al pueblo para terminar con las manifestaciones. Durante los últimos tres días se han registrado al menos dos muertes en dicho sector, además de un gran número de personas desaparecidas, torturadas y arrestadas bajo montaje, sumando también más de 40 personas heridas.

Uno de los muertos fue un joven de 33 años, identificado como Jaime Fandiño, quien se encontraba participando de las manifestaciones en el barrio de Yomasa (en Usme), cuando fue impactado por una granada de gas lacrimógeno directo en su tórax. Según mencionan los testigos, la fuerza pública lanzó gases lacrimógenos impidiendo que el afectado sea trasladado de inmediato a un servicio de atención médica, lo que provocó su rápida muerte.

Ante aquel hecho y las demás situaciones de violencia que se viven en Usme, las autoridades locales y nacionales han guardado silencio y no se han pronunciado con respecto al tema, dejando que la policía actúe sin criterio para frenar la protesta en los barrios populares, lugares donde hoy se concentra gran parte de las manifestaciones.

Cambios arbitrarios para detener la lucha

El pasado viernes 18 de junio, el Ministro del Interior, Daniel Palacios, modificó el Decreto 003 de 2021 (que determina el protocolo para las manifestaciones) para limitar la protesta pacífica, lo que implica la subordinación por parte del gobierno de lo que se considera legítimo o no. 

El cambio hecho por las autoridades señala que “no constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, así como las que se convocan con fines ilegítimos, violencia, estigmatización y reitera el uso legítimo de la fuerza bajo principios de necesidad”.

Con la alteración del documento, se establece como movilización no pacífica, por ejemplo, el bloqueo de vías, concentraciones y marchas que alteren el normal funcionamiento, por lo que el gobierno puede permitir el uso inmediato de la fuerza pública para dispersar y frenar las manifestaciones.

En el anuncio las autoridades señalaron además la creación de un Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos, presidido por el Presidente Iván Duque y diferentes Ministerios del gobierno, en conjunto con el Alto Comisionado por la Paz, dejando completamente fuera del proceso a las organismo que han levantando las demandas populares del pueblo y que en reiteradas ocasiones han manifestado estar abiertas al diálogo sin represión en las calles.

El malestar generalizado con la decisión gubernamental

Desde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han condenado las resoluciones del gobierno puesto que no entrega garantías para el derecho a la protesta, lo que significa más represión en las calles justificada por el gobierno, el cual incluso destinó más de 34 millones de pesos para fortalecer la Policía Nacional.

Por otro lado, acusan que la medida es inconstitucional, puesto que esta debe realizarse bajo una ley estatutaria y no a través de una ley ordinaria, siendo así, la regulación no puede ser por medio de un decreto, mucho menos si se habla de límites legales en las protestas. Dicho argumento se sustenta también en la creación del documento, el cual fue emitido en una mesa de negociación con organizaciones que entregaron garantías a la manifestación pacífica, por lo que cualquier modificación debe ser por medio de la misma modalidad y no de manera arbitraria por parte del gobierno.

Seguir Leyendo

Lo más visto