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Venezuela | En el día D los camiones no pudieron entrar

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Marco Teruggi: «A pesar del despliegue permanente de la confrontación en los puentes Bolívar y Santander, a la cual se sumó un intento de ocupar el aeropuerto de San Antonio, que fue desactivado, la derecha buscó hacer un uso político de la ayuda humanitaria»

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Por Marco Teruggi

A pesar del despliegue permanente de la confrontación en los puentes Bolívar y Santander, a la cual se sumó un intento de ocupar el aeropuerto de San Antonio, que fue desactivado, la derecha buscó hacer un uso político de la ayuda humanitaria.

Desde Ureña, Táchira. El 23 de febrero, día de la anunciada entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela llegó, y terminó. Los pronósticos apocalípticos no tuvieron lugar, no cayó Nicolás Maduro, Juan Guaidó se quedó en Cúcuta, el país no entró en una confrontación cinematográfica. ¿Alta tensión? Mucha, en particular en la zona de frontera que separa los dos países a través de tres puentes sobre un río casi seco: Simón Bolívar, Tienditas, y Santander. De un lado Táchira, las ciudades de San Antonio y Ureña, del otro Norte de Santander, con la ciudad de Cúcuta.

Presión de Trump y Bolsonaro

La jornada empezó temprano con lo que se esperaba, una presión frontal con fuerza mediática en los puentes. Las acciones tuvieron momentos de euforia, debido por ejemplo a que un puñado de integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) decidieron sumarse a las filas de Trump-Rubio-Duque-Guaidó. La euforia bajó y con el pasar de las horas se formó la certeza de que no pasarían para el otro lado ni la gente ni los camiones.

Esa situación se tradujo en dos elementos centrales. Por un lado, el despliegue de una confrontación permanente en los puentes Bolívar y Santander, a la cual se sumó un intento de ocupar el aeropuerto de San Antonio que fue desactivado, y por el otro la utilización de los camiones con la ayuda humanitaria.

La confrontación recordó las estrategias callejeras violentas desplegadas durante el 2014 y 2017 por la derecha en varias ciudades del país, conocidas como guarimbas. Con la diferencia de estar concentradas en puentes internacionales, y contar con el apoyo explícito de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano. El ciclo fue repetido: avanzar hacia el lado venezolano, retroceder, intentar pasar por debajo del puente en el caso del Simón Bolívar. ¿Qué debería hacer un gobierno ante un intento de invasión guarimbera financiada internacionalmente?

La utilización de los camiones tuvo tres momentos centrales. El primero el de mostrar unas caravanas en camino hacia los puentes y explotar mediáticamente las imágenes, el segundo el de mentir al afirmar que habían ingresado a Venezuela –como lo hizo el cantante venezolano Nacho al dar por terminada la jornada– y el tercero generar un falso positivo, como fue la quema de dos gandolas. La matriz fue la de acusar a la GNB, cuando quedó filmado cómo fueron jóvenes de primera línea de confrontación.

El incendio de las gandolas parece haber sido planificado, y se tradujo en la acusación a Nicolás Maduro de haber cometido un crimen de lesa humanidad, la escalada de amenazas internacionales, como la que también twitteó el senador norteamericano Marco Rubio, quien afirmó que Venezuela había disparado en territorio colombiano, y que Estados Unidos defendería a Colombia en caso de agresión.

Lo cierto es que, por fuera de esos episodios, no ocurrió lo que habían anunciado. No ingresó la ayuda humanitaria a Venezuela por ningún punto, ni por Colombia, ni por Brasil ni por el mar, no se produjo un quiebre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los puentes se parecieron a las imágenes ya conocidas en la estrategia violenta de la derecha, ahora en un marco más complejo. Si era el día final no lo fue, si era el punto de quiebre tampoco parece haberlo sido en la dimensión que lo anunciaron. Otra vez se generó la desilusión de la base social de la oposición, confrontada a la distancia entre las promesas de sus dirigentes –que ahora son internacionales– y las correlaciones reales de fuerza.

El chavismo, por su parte, movilizó en Caracas, fue su quinta movilización consecutiva en cinco días. En ese contexto el gobierno anunció la ruptura de relaciones con el gobierno colombiano como medida central, que se suma a las decisiones tomadas en días anteriores de cerrar las fronteras con Brasil, Colombia, y las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

El resultado al finalizar el 23 fue de una gran ofensiva que planteaba ser la final y no logró sus objetivos, y un gobierno venezolano que se mantuvo de pie ante la embestida que, como se sabía, golpeó en simultáneo sobre varios flancos: armados, mediáticos, psicológicos, diplomáticos, territoriales. Ese saldo final era el esperable según las fuerzas reales –sin efecto inflado por redes sociales– y sin la aparición de una carta nueva por parte de Elliot Abrams, Iván Duque o Marco Rubio.

Existe otro saldo, que es la cantidad de noticias falsas, construcciones de rumores, de datos sin comprobar, sin fuentes creíbles. Forma parte de la avalancha, el aturdimiento, la justificación de nuevas posibles acciones. El caso de los camiones quemados fue la más clara el 23. La dificultad reside muchas veces en confirmar fuentes, números, veracidad de los hechos, algo que suele quedar barrido en las lógicas de guerra que tienen a la operación comunicacional como columna vertebral. Nadie puede sorprenderse de una mentira norteamericana dentro de un asalto, el derecho a la inocencia está prohibido, la necesidad de la sospecha es permanente.

¿Qué pasará el 24 o 25? Es temprano para saberlo, pareciera, por cómo se han dado los acontecimientos, que seguirán las presiones en los puentes sin capacidad real de ingresar a Venezuela, irán en ascenso las amenazas y reuniones internacionales, y tal vez se de un falso positivo de alta envergadura. Ya la anunció Rubio la noche del 22 al 23 cuando escribió acerca de la posibilidad de que el Ejército de Liberación Nacional, de Colombia, asesine civiles. Anunció lo que ellos mismos parecen dispuestos a hacer, cómo disfrazarlo, y a partir de allí justificar nuevas acciones, y pasar de la forma “ayuda humanitaria” a un nuevo esquema.

La frontera termina en una noche tensa, como si algo pudiera ocurrir en cualquier momento. Estamos en horas y días complejos, donde uno de los objetivos centrales del gobierno de Venezuela, del chavismo, es el de prevenir las acciones-trampas, las imágenes de violencia, la violencia misma, que dejó 42 heridos del lado venezolano el día 23. Una idea del clima social en la noche del sábado la da la tendencia del twitter, donde cinco de las etiquetas más posicionadas son para pedir la intervención internacional. La certeza de que no lograrán derrocar a Nicolás Maduro -democráticamente electo-, por fuerza propia, parece ser mayoritaria.

Página 12

 

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SOLO ARRESTO DOMICILIARIO: CARABINERO ASESINO DE MALABARISTA ESTARÁ EN SU CASA Y JUNTO A SU FAMILIA

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Por Ivonne


Este lunes 8 de febrero, pasada las 13:00 hrs. se dio comienzo a la audiencia de formalización de la investigación contra Juan González Iturra, el carabinero con grado de sargento 2do, que el día viernes 5 de febrero le disparó y dio muerte a Francisco Martinez Romero, el malabarista de Panguipulli, luego de intentar hacerle un control de identidad y ante la presencia de otros dos funcionarios de carabineros.


El juzgado de garantía de Panguipulli, en la audiencia de control de detención del día sábado, autorizó la ampliación del plazo de la detención del carabinero, a solicitud del fiscal, dado que aún no contaban con todos los antecedentes necesarios para formalizar y pedir las medidas cautelares correspondientes.
Este lunes, el fiscal formalizó la investigación contra el carabinero como autor de homicidio simple en grado consumado, debido a la serie de disparos percutidos por su arma de servicio y fundamentalmente por el sexto disparo que fue el que ocasionó la muerte del malabarista. Durante el relato de los hechos, se alega que no había necesidad de ese sexto disparo, que el joven ya se encontraba herido y en el suelo, y que ese sexto disparo fue disparado directo al corazón.


El ministerio público solicita arresto domiciliario total como medida cautelar, mientras el abogado Rodrigo Roman, quien se querella contra el asesino en representación de la hermana del fallecido malabarista, pide que sea formalizado por homicidio calificado, debido a que el carabinero actuó sobre seguro y de manera alevosa, consecuentemente con eso el sargento 2do Juan Gonzalez es un peligro para la sociedad, por lo que pide que la medida cautelar sea prisión preventiva para el carabinero homicida, y que esta sea cumplida en establecimiento penitenciario común, dado que no hay razón para darle privilegios a un uniformado homicida, más aún cuando ese privilegio desnaturaliza la medida al ser resguardado por sus mismos colegas de armas.


Además señala que al menos se habría cometido otro delito, que el ministerio público no consideró en la formalización pese a que presentó antecedentes visuales de su perpetración, esto es, el delito del artículo 253 del Código penal, cuando los funcionarios huyen del lugar sin prestar auxilio a la víctima.


Por su parte, la exposición de los abogados del INDH, institución que interviene como querellante en este proceso, señalan importantes detalles como que desde la comisaría se habría dado la instrucción de hacerle el control de identidad específicamente a Francisco, el malabarista que resultó asesinado. Respecto de los machetes que portaba el malabarista, da cuenta de cómo estos no eran aptos para generar daño como armas corto punzantes, debido a que se modificaron artesanalmente para las maniobras del malabarismo. Además estiman que no se configuraría la legítima defensa del carabinero, debido a que en el video consta que el joven fallecido, habría intentado agredir al funcionario solo después de haber sido objeto de dos disparos en sus pies. Finalizan su intervención indicando que la medida cautelar que les parece racional y proporcional frente a la pena que arriesga el carabinero asesino, es la prisión preventiva.


La defensa del carabinero Juan Gonzalez, alega que este actuó en contexto de un control de identidad ajustado a la ley, y el “incidente” se generó amparado bajo la figura de la legítima defensa, y que disparó habiendo cumplido con los protocolos que la ley le prescribe para el uso del arma de servicio. Por esto, rehúsa de la necesidad de la aplicación de una medida cautelar para el homicida.
Finalmente en esa audiencia, el juez de garantía de la localidad de Panguipulli resuelve que el disparo del funcionario que dio muerte al joven malabarista no se encuentra amparada por el derecho, por lo que no le asiste la causal de justificación de legítima defensa, por lo que si le es reprochable esta conducta, sin embargo estaría amparado por 3 atenuantes, lo que permitiría incluso optar a beneficios de sustitución de pena en caso de ser condenado. Además resuelve que la medida cautelar será la de arresto domiciliario total, desestimando la medida prisión preventiva, por el plazo de 4 meses que durará en principio la investigación.


El querellante Rodrigo Roman además de los abogados del INDH, apelaron verbalmente a esta resolución que deniega la prisión preventiva, el resultado de esta pretensión será dado a conocer en los plazos legales.


Para esta tarde existen múltiples convocatorias a nivel nacional en repudio a la violencia policial y a la impunidad del asesino en complicidad con el poder judicial y el ministerio público.

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Protestas en Holanda el pasado fin de semana: tres claves para entender por qué estallaron

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A propios y extraños sorprendieron las protestas sucedidas el pasado 23 de enero en distintas ciudades de Holanda en contra del toque de queda, ya que en el país europeo dichas situaciones no pasan muy a menudo. Lo cierto es que, sean o no recurrentes, las manifestaciones de descontento pusieron en jaque a las fuerzas policiales de cada ciudad, y sólo pudieron apaciguarse extremando fuerzas por parte de la policía.

Ámsterdam, La Haya, Tilburg, Venlo, Apeldoorn, Breda, Arnhem, Helmond, Stein y Eindhoven fueron escenarios de protesta, en mayor o menor medida. Mientras en algunas de las ciudades antes mencionadas las manifestaciones se saldaron rápidamente con la intervención policial, en otras, como por ejemplo en Eindhoven, la rabia de las y los manifestantes escaló a otros niveles, con enfrentamientos directos frente a las fuerzas policiales, autos quemados, saqueos a tiendas comerciales e incluso algunos edificios incendiados.

Auto en llamas en pleno centro de Eindhoven, ciudad que acunó parte de las protestas más violentas sucedidas el pasado fin de semana. Fuente: EFE.

¿Sólo por la imposición de un inédito toque de queda estallaron estas protestas espontáneas? ¿Existen otros factores que permitan explicar esta situación? Acá les reseñamos tres puntos que permiten comprender, desde otra perspectiva, el porqué de los recientes acontecimientos sucedidos en los Países Bajos.

1. Toque de queda inédito en el país

Tal como mencionamos con anterioridad, la implementación del toque de queda es inédita en el país europeo, y no había sido considerada ni siquiera en los primeros meses de pandemia.

Lamentablemente, y si bien el número de contagios venía a la baja en el país, el gobierno decidió la implementación de esta medida para frenar cualquier tipo de “rebrote”, considerando la existencia de nuevas cepas aún más contagiosas, además de la llegada de turistas provenientes de países con altísimos índices de contagios.

Índice de nuevos casos de contagios por día en Holanda.

Como era de esperar, la decisión de implementar un toque de queda no fue bien recibida por las y los holandeses, sobre todo considerando que el número de contagios no venía en un alza significativa. La restricción de movilización y el gran número de multas y arrestos sucedidos en el primer día del toque de queda terminó por gatillar las protestas, aunque no fueron, como ya dijimos, el único factor que las propició.

2. Gobierno deslegitimado

El pasado 15 de enero el gobierno dimitió en conjunto, asumiendo su culpabilidad en el estrepitoso error que significó que miles de familias de escasos recursos fueran acusadas de “fraude” al recibir ayudas sociales que supuestamente no les correspondían, teniendo que devolver el dinero percibido. Entre 2013 y 2019 se dio esta situación, en la cual muchas familias que sí eran acreedoras de estas ayudas fueron injustamente obligadas a devolver todo lo recibido. Muchas de ellas poseían doble nacionalidad, y se acusa que hubo una “distinción étnica” al catalogarlas de posibles casos de fraude.

A pesar de lo injusto de la medida, el gobierno y sus personeros estuvieron silentes durante mucho tiempo, lo que terminó por decantar en serios cuestionamientos, llevando a la dimisión del primer ministro Mark Rutte y todo su gobierno. 

Aún si el gobierno completo dimitió, el sistema político holandés permite que esa misma administración permanezca al mando del país, encargándose de los asuntos nacionales tal como si no hubiesen dimitido, a la espera de que se forme un nuevo gobierno.

Evidentemente, este “gobierno dimitido” no gozaba de la mayor popularidad al momento de estallar las propuestas, y todo el sistema político holandés, incluyendo a la realeza, estaba en entredicho tras conocerse el bochornoso caso de las familias acusadas de fraude. Sólo para ejemplificar esta situación, cabe reseñar que a fines del 2020 la realeza holandesa contaba con números bajísimos de aprobación comparados con sus porcentajes históricos, fijándose en un 47% de aprobación para el rey Guillermo, mientras que la reina Máxima descendió de un 83 a un 61%, todo a causa de su gestión de la pandemia como jefes de Estado. Mark Rutte en tanto, al ser una figura sumamente cercana a los reyes durante todos sus períodos como Primer Ministro, tampoco estuvo exento del escarnio público.

Rey Guillermo a la izquierda; reina Máxima al centro y Mark Rutte, primer ministro, a la derecha; máximas autoridades de Holanda.

3. Situación económica en Holanda

Si bien la economía holandesa se sitúa entre las más pujantes de Europa, cierto es también que tras esa bonanza se esconde una realidad difícil de asimilar: las familias holandesas son de las más endeudadas del continente. Así lo afirmaba la Comisión Europea en uno de sus informes económicos de 2020, donde aseguraban que la deuda privada – familias y empresas – en el país de los tulipanes ascendía a un 242% del PIB, un índice por sobre los estándares internacionales.

Gráfico que demuestra el nivel de deuda privada de Holanda en comparación a otros países europeos, sólo superado por Dinamarca en el continente. Fuente: Eurostat.

La mayor parte de estos índices de deuda, que sitúa a las familias holandesas en niveles de deuda similares a Grecia, por sobre Italia y España y sólo superados por Dinamarca en el continente, se explica en base a préstamos adquiridos para el financiamiento de viviendas. Al no poder consumir ni invertir debido a que la mayor parte del dinero percibido por estas familias se destina al pago de deudas, la crisis del coronavirus golpeó fuerte a las arcas públicas, las encargadas de asumir el peso de la crisis económica.

Si sumamos un Estado al límite con el fin de mantener equilibradas sus arcas, junto a un sector privado y las familias holandesas impedidos de continuar con el pago de sus deudas e imposibilitados de sostener sus niveles de vida tal como eran antes de la crisis del Covid-19, se puede explicar esta “bomba de tiempo” de descontento social que terminó por explotar a cuentagotas el pasado 23 de enero. Esta excesiva deuda del sector privado, además, es una fisura que se incuba desde el mercado inmobiliario, y en cualquier momento puede estallar en forma de crisis económica.

Todos estos factores, sumados al galopante índice de contagios que encontró su cenit en las primeras semanas del 2021, permiten explicar, en parte, el porqué del malestar que estalló en las calles de Holanda el pasado fin de semana. Malestar que, apaciguado parcialmente, amenaza con volver a brotar, habida cuenta de las problemáticas reseñadas previamente en estas líneas, y que aún pasan desapercibidas para todo el panorama internacional.

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ECONOMIA_I

Jair Bolsonaro: «Brasil está en bancarrota»

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El controversial presidente de Brasil se refirió a la mala situación económica del país al ser consultado por el pago de subsidios a los más afectados por la pandemia.

Por Diego Chacano

El jefe de Estado ultraderechista, Jair Bolsonaro, respondió negativamente a un grupo de seguidores frente al Palacio de la Alvorada al ser consultado por la continuidad del pago subsidiario que se concedió hasta diciembre.

“Brasil está quebrado. Yo no consigo hacer nada. Quería modificar la tabla del impuesto de renta, pero no pude”, así afirmó Bolsonaro. 

El programa de pago de subsidios había sido fructífero para mejorar la situación de los más desprovistos del país, lo cual logró, momentáneamente, apalear la crisis producida por la pandemia. 

El subsidio en sus primeros meses llegó a ser de unos 230.8 dólares, luego, con el tiempo, se fue reduciendo.

Jair Bolsonaro, por su parte, considera que los culpables directos del desastre económico brasileño son «los gobiernos regionales y municipales» por poner restricciones y medidas preventivas ante el Covid-19.

Brasil, siendo a la fecha el segundo país más afectado negativamente por el coronavirus (considerando el número de muertes, que solo está por detrás de EEUU), aún no tiene fecha de inicio para el proceso de vacunación contra la pandemia.

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