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Univ. Andrés Bello expulsa a alumnos por manifestarse en el marco de la Rebelión popular.

A pesar de las represalias por parte de la universidad, los estudiantes no darán marcha atrás. Independiente del reglamento interno de esta, los alumnos no dudaron en manifestarse ante la situación actual del país, y la actitud tomada por parte de la institución, la indiferencia e irresponsabilidad que reinó desde el momento en que se les avisó sobre el retorno a las actividades normales, ignorando los enfrentamientos que día tras día tomaron lugar en Plaza Dignidad, plaza que se encuentra a metros de la universidad y ha sido campo de batalla desde el primer día. Luego de 3 meses, los resultados son nefastos: alumnos expulsados, suspendidos, desalojo con matonaje y prontos procesos judiciales, frente a una institución privada sin principios, que continuará pasando a llevar los derechos de sus alumnos a cambio de millonarios aranceles de cientos de alumnos que, desagradablemente y sin lugar a  dudas, seguirán siendo oprimidos en y por su casa de estudios.  

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No es secreto que los principales (si es que no el principal) precursores de la Rebelión son los estudiantes. Jóvenes llenos de energía, con ideas frescas en la cabeza y rabia en el corazón que, incluso desde antes del 18 de Octubre, salen a las calles a luchar por un pasar digno y un futuro gratificante. Es así como las grandes avenidas de las ciudades de Chile se ven repletas de compañerismo que, peleando hombro a hombro, dejan constancia del cansancio y la ira que el pueblo, hasta hace unos meses, mantenía en silencio.

Luego de unos días, cientos de miles de estudiantes dejaban de tener sus actividades académicas normales debido a la Rebelión del pueblo. Hubo decretos en las diversas regiones del país, en donde las autoridades suspendieron indefinidamente las clases en los establecimientos de educación básica, media y superior, apelando a la seguridad de los estudiantes y los funcionarios.

La UNAB y la organización de sus estudiantes

Fue este el caso de la Universidad Andrés Bello, universidad privada ubicada en barrio Bellavista, Santiago: clases suspendidas durante dos semanas, para luego ser notificados -el 30 de Octubre- que el 4 de noviembre retomarían sus actividades académicas. Es indispensable mencionar que el campus de la universidad se encuentra a calles de la Plaza Dignidad, siendo separada de la universidad por la costanera norte y el río Mapocho.

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Ante esta inesperada e inconsciente decisión tomada por parte de las autoridades de la universidad, los alumnos indignados resolvieron mediante una asamblea con micrófono abierto, convocada por el decano y el centro de los estudiantes, tomarse las dependencias de la institución. Esta decisión no fue respetada, sin embargo, se les dio el permiso de llevar a cabo un paro de estudiantes y a su vez, libertad de hacer uso del espacio universitario durante la noche para trabajar en un petitorio que sería presentado al día siguiente -5 de Noviembre-. Dentro del acuerdo pactado, se estipuló que el director general administrativo, Ricardo Berardi, debía dar aviso a través de un correo electrónico sobre la paralización de actividades a los estudiantes que no participarían de la conformación del petitorio. 

Dicho correo nunca fue enviado, lo que provocó que la decisión tomada en la asamblea se llevara a cabo: en la madrugada del día martes 5 de noviembre, la universidad Andrés Bello fue tomada por sus estudiantes. Alrededor de las 8:00 A.M, don Ricardo llegó a las dependencias de la universidad, donde ya habían estudiantes reunidos. Al encontrarse con el recinto tomado procedió a amenazar a los estudiantes.

“Saltó la reja y muy prepotente nos amenazó a todos: ´Que nos iba a cagar el futuro, que nos íbamos a arrepentir toda la vida de lo que estábamos haciendo porque iba a destruir nuestra carrera´. Se lo dijo a todos los que estábamos ahí, independiente de si estuvimos de acuerdo con la toma o no.” Relata Paz Guzmán, estudiante de publicidad.

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El mismo día en la tarde se convocó a una segunda asamblea, esta vez compuesta por sólo estudiantes para así acordar el cierre del semestre. Se manifestó que éste se programará para marzo del 2020, dejando así el inicio del año académico para el mes de abril. Como era de esperarse, su propuesta fue a parar a oídos sordos, provocando el nulo diálogo entre el alumnado y las autoridades, siendo este último totalmente dictatorial frente a la situación.

Sin importar la respuesta proporcionada por las autoridades, la universidad continuó tomada, sirviendo como refugio para miles de estudiantes que asistían a marchas y convocatorias, debido a la ubicación privilegiada de esta, la cual permitía a los compañeros tener un lugar de albergue al cual retornar luego de las concentraciones en la Plaza Dignidad.

Es importante señalar que también existían otros motivos internos por los cuales paralizar las actividades académicas: casos de acoso sexual por parte de profesores y alumnos hacia los mismo estudiantes. Éstos últimos no fueron sancionados por parte de la casa de estudios. En el caso de los profesores, si bien fueron desvinculados de la institución, se reincorporaron a ella en un corto periodo de tiempo.

Arbitrariedad e investigación por parte de la universidad

La toma duró aproximadamente un mes, y es antes del desalojo de los estudiantes que se les informa que ha comenzado un proceso de sumario para determinar el grado de responsabilidad de cada alumno.

Paz Guzmán, alumna de la UNAB mencionada anteriormente, alega que las sanciones que surgieron a raíz de la toma del recinto son arbitrarias.

“Muchas pruebas no hay. Las pruebas que hay, son de la asamblea del día lunes (4 de noviembre) en donde no fue la toma, entonces, las pruebas quedan desestimadas pero a ellos les da lo mismo. Otra prueba que tienen en mi contra es haber asistido a una asamblea convocada por el centro de alumnos, donde hay por lo menos unas 60 personas más, y nadie de ellos, a excepción de mí y 2 compañeros más, estamos en proceso de sumario.”

Paz también acusa una persecución política por parte de la institución, puesto que el año 2016 también se realizó una toma, en la cual no hubo sancionados, pero ahora, quienes participaron en ella, están siendo sancionados 4 años después.

“El año pasado formé parte del centro de alumnos, también hubo una toma, que duró más o menos un mes, y ahora estoy expulsada. Una compañera que formó el colectivo «Fuerza creativa», que se encargaba de visibilizar todos los temas de abusos dentro de la universidad, también está expulsada. Nosotras creemos que es extraño que se nos sancione, puesto que habían otros compañeros con mayor participación política dentro de la universidad y no han tenido repercusiones.”

Además de esto, relata que el día 26 de noviembre, sin previo aviso fue llamada a declarar su participación y su punto de vista de los hechos. “Me pasaron una hoja en blanco y un lápiz. Sin abogados, sin supervisión, nada. Todo muy irregular e informal. Me negué y pregunté si podía hacerlo mediante un PDF, me dijeron que sí, pero que lo hiciera llegar durante la semana, porque si no, estaría dilatando el proceso.”

Después de esto, siguió el proceso de apelación, el cual fue exclusivamente por correo electrónico, Paz denuncia que en ningún momento existió una instancia de diálogo presencial. Al término de la semana, se le notificó que estaba expulsada.

En esta notificación, todos los alumnos sumariados tenían la misma sentencia. Tanto así, que el nombre de Paz aparecía en la sentencia de una de sus compañeras. “Es como si hubiesen redactado un documento y lo copiaron y pegaron para todos, ni siquiera se dieron cuenta de que aparecía mi nombre en el documento que era para otra compañera”.

Junto con lo anterior, desde la Dirección General de Estudiantes de la universidad, la fiscal a cargo del caso habló con la abogada que orienta a los estudiantes, y le indicó que este era un plan de contingencia, señalando que quieren desligar a los alumnos más «revolucionarios» para evitar posibles tomas y revueltas en marzo.

El día jueves 23 de enero era el plazo final para la universidad para entregar una respuesta definitiva en cuanto a la sanción, a lo que la institución no dio pie atrás: los alumnos fueron expulsados y suspendidos por activismo político y toma de las instalaciones.

Toma facultad de derecho

En paralelo a esta toma, la facultad de derecho de la misma universidad fue tomada en la misma fecha por sus mismos estudiantes. Las peticiones y razones de la toma eran las mismas que la de sus compañeros sumariados, pero esta manifestación tuvo un final diferente: el pasado 23 de enero los estudiantes fueron violentamente desalojados con una decena de guardias aproximadamente. Alumnos golpeados, insultados y heridos fue el saldo dejado por el desalojo, acción que además, provocó la entrega de falsa evidencia a efectivos policiales: supuestos elementos para confección de bombas molotov y líquidos acelerantes, los cuales, según dichos de los mismos estudiantes, eran aceite para cocinar, leche de magnesia, agua con bicarbonato y de laurel.

Se han hecho diversas declaraciones por parte de los estudiantes junto con una rueda de prensa, pero lamentablemente, la represión no se ve pronta a terminar.

A pesar de las represalias por parte de la universidad, los estudiantes no darán marcha atrás. Independiente del reglamento interno de esta, los alumnos no dudaron en manifestarse ante la situación actual del país, y la actitud tomada por parte de la institución, la indiferencia e irresponsabilidad que reinó desde el momento en que se les avisó sobre el retorno a las actividades normales, ignorando los enfrentamientos que día tras día tomaron lugar en Plaza Dignidad, plaza que se encuentra a metros de la universidad y ha sido campo de batalla desde el primer día. Luego de 3 meses, los resultados son nefastos: alumnos expulsados, suspendidos, desalojo con matonaje y prontos procesos judiciales, frente a una institución privada sin principios, que continuará pasando a llevar los derechos de sus alumnos a cambio de millonarios aranceles de cientos de alumnos que, desagradablemente y sin lugar a  dudas, seguirán siendo oprimidos en y por su casa de estudios.  

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Movimiento Social

Un año del 18 de octubre

A días del 18 de octubre Diario Venceremos realizó una compilación de diferentes encuentros en las comunas de la Región Metropolitana.

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A pesar de la pandemia, el pueblo definió su propio itinerario y el 18 de octubre, día que se cumple un año de rebelión, revuelta o estallido social hay convocatorias en Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), en poblaciones y en regiones. Diario Venceremos realizó una compilación de convocatorias para que te informes de las actividades de dicha jornada.

Sector centro: Plaza de la Dignidad

https://www.instagram.com/p/CF7drcfpQLT/
https://www.instagram.com/p/CFYTOZGlJFB/

Sector norte de la Región Metropolitana:

https://www.instagram.com/p/CGPvQmMJOq2/
https://www.instagram.com/p/CGSahXZpr8k/

Sector poniente de la Región Metropolitana

https://www.instagram.com/p/CFzdnYAph4_/
https://www.instagram.com/p/CGTFU0sFXze/

Sector sur y sur oriente de la Región Metropolitana

https://www.instagram.com/p/CGS9us8JvCr/
https://www.instagram.com/p/CGNeKC9JmQb/
https://www.instagram.com/p/CGGUyIzp_lK/
https://www.instagram.com/p/CGOsMkTpJE0/

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Movimiento Social

Defensoría de la Niñez va a presentar una querella por homicidio frustrado

La Defensoría de la Niñez anunció que va a presentar una querella por homicidio frustrado tras el caso del adolescente, quien se encuentra estable en la Cínica Santa María.
En marzo del 2019 la Defensoría de la Niñez advirtió al ministro del Interior, Andrés Chadwick sobre las falencias de la Circular N°1832, que actualiza el protocolo sobre el uso de la fuerza en Carabineros.

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Estos meses de pandemia no han sido fáciles para la población, las protestas por el hambre y el 10% han removido la agenda del gobierno en Chile, mientras que para el pueblo mapuche la noche de odio y racismo en Curacautín intensificó las movilizaciones por los presos políticos con tomas de municipios, cortes de ruta y encuentros entre las comunidades. Así han transcurrido los meses ad portas de cumplir un año tras el 18 de octubre.

En este primer viernes primaveral de octubre, entre rabia y esperanza se congregó la población a protestas, pero nuevamente apareció el horror: la difusión de un vídeo de un joven boca abajo en el río Mapocho, las imágenes estremecen a cualquiera.

Según la versión publicada por Radio ADN, dos testigos ante observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), informaron que el funcionario policial «habría tomado de los pies al manifestante, tras lo cual se produjo la caída. Además, indicaron que ya se hizo la denuncia ante el Ministerio Público». En tanto, el reportaje publicado por La Voz De Los Que Sobran entrevistó a un integrante del equipo de Rescatistas Voluntarixs y junto a la Brigada Dignidad, quien estuvo presente en los sucesos y asistió al joven.

«Lo encontramos con múltiples fracturas en las extremidades inferiores. Tenía fracturas en las dos muñecas, corte craneal con harto sangramiento. Un colega lo “taponeó” (vendaje compresivo para cortar el sangrado) y le hizo las primeras intervenciones. Lo estabilizamos, revisamos y podría tener una posible fractura de cadera. Lo sacamos del agua, gracias a Dios no corría mucha agua en el río. Estaba consciente, nos dijo su nombre…tenía 16 años. Eso fue lo que nos afectó más. Decía que le dolían los brazos, relató el rescatista a La Voz De Los Que Sobran.

Actualmente el adolescente se encuentra en la Clínica Santa María y el director del INDH, Sergio Micco, llegó hasta el recinto para conocer su estado de salud.

Los cambios de protocolos sin participación civil

El 4 de marzo de 2019 el Diario Oficial publicó la Circular N ° 1.832, que actualiza las instrucciones respecto al uso de la fuerza de Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), también publicó sobre las recomendaciones realizadas a Carabineros en materia del Protocolo sobre uso de la fuerza : Niveles de resistencia y fuerza.

Extraído de Ciper: Protocolo sobre uso de la fuerza : Niveles de resistencia y fuerza.

Tras 10 días de la publicación de la Circular N°1.832 la Defensoría de la Niñez envío un oficio al ministro del Interior, Andrés Chadwick. «Lamenta que los cambios en los protocolos internos de la institución, que dicen relación al uso de la fuerza, respecto de niños, niñas, y adolescentes, hayan sido adoptados sin participación de este organismo autónomo de derechos humanos, así como también agentes dela sociedad civil«, consignó la abogada Patricia Muñoz en el oficio.

«Preocupa a esta Defensoría de la Niñez que la Circular N° 1.832 (…) Presenta falencias y ausencias graves en lo que respecta a la protección de los derechos humanos de todo niño, niña y adolescente en territorial nacional», agregó la abogada Muñoz en el oficio.

Leer oficio de la Defensoría de la Niñez presentada al ministro Chadwick

El viernes 27 de julio de este año, el Diario Oficial publicó una nueva actualización sobre el empleo de escopeta antidisturbios empleada por Carabineros. «El funcionario policial debiese usar la escopeta antidisturbios para repeler o evitar un ataque, lo hará intentando causar el menor perjuicio posible a quien o quienes ejecuten la agresión o acto que se intenta evitar o repeler (…) Deberá por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso sobre la parta baja del abdomen», consignó la actualización del protocolo.

Además, el protocolo insta que en el caso de haber ocasionado una lesión a una persona debe prestar «asistencia al afectado dejando constancia de lo anterior en el parte policial respectivo o, en su caso, de las circunstancias que no hubieran posibilitado hacerlo, dar cuenta al Mando».

El primer viernes de octubre culminó con protestas y en las próximas horas se esperan concentraciones en la Clínica Santa María y en Plaza de la Dignidad para brindar apoyo al adolescente.

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Semana política en Wallmapu

Una convulsionada semana de movilizaciones y de encuentros en el Wallmapu, las comunidades fijan una ruta para movilizarse por los presos políticos mapuche.

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Estas fotografías corresponden a Matías Arias KallFu y fueron tomadas en el trawun de Curacautín.

Una semana agitada ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la intensificación de las movilizaciones por los presos políticos mapuche y por los actos de racismo acontecidos en Curaucatín.

Como un tablero de ajedrez el gobierno mueve las piezas, al igual que el pueblo mapuche, que ha definido una ruta a seguir en este conflicto. El pasado viernes el intendente de la Región Araucanía, Víctor Manoli cito a sus antecesores para analizar la contingencia. Según radio Universidad de Chile de los 10 invitados asistieron sólo 6 personas, entre ellos destacan: Eduardo Klein, Luis Mayol, Ricardo Celis, Andrés Molina, Jorge Atton, Andrés Jouannet y Miguel Hernández. En general hay un consenso de las ex autoridades para la instauración de una mesa de diálogo.

Una opinión diferente tiene Jorge Burgos, ex ministro del Interior de Bachelet, quien en la misma línea de Peréz aseguró que «no hay presos políticos en La Araucanía, no los hay en Chile. Nadie está preso por expresar un pensamiento o porque una autoridad política lo decidió. Las prisiones preventivas o condenas han sido dictadas por los tribunales en función de hechos previamente tipificados en la ley como delitos. Tenemos muchos problemas como para inventar los que no existen«.

En tanto, durante esta semana diversos gremios de camioneros han advertido un paro que se realizaría los próximos días, paralelo a ello las comunidades se han reunido a realizar un trawun.

Una de las resoluciones publicadas tras el gran encuentro de comunidades mapuche en Curacautín sobre racismo y prisión política consta en repudiar las agresiones recibidas durante las movilizaciones, además exigir la liberación de los presos políticos mapuche y la recuperación de territorios. «Nuestros presos son secuestrados por el estado, en la medida en que su detención se realiza con tortura de parte de las policías y sus condenas no responden al derecho internacional que, al ser suscrito por Chile obliga al estado a aplicarlo. Por ello, un primer paso es la aplicación del Convenio 169 de OIT que ordena medidas alternativas a la alternativas a la cárcel y coherentes con la cultura de cada pueblo», recalcaron las comunidades.

«Seguiremos movilizados hasta que el estado y el gobierno cumplan con sus compromisos internacionales en este ámbito. Los presos están en la cárcel por una razón, y esto es por luchar contra las empresas forestales, mineras, energéticas, que destruyen la tierra y con ello el futuro de todos, mapuche y no mapuche en el planeta. El futuro los reconocerá como los héroes que son», agregaron las comunidades sobre la continuidad de las movilizaciones por los presos políticos en huelga de hambre en Angol, Lebu, Temuco y el Machi Celestino.

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Durante el fin de semana la Fiscalía de La Araucanía confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres muertas, quienes la encontraron al interior de una vivienda en su comunidad, Juan Pinoleo ubicada en Ercilla. Ambas mujeres mapuche son: Iris Rosas Quiñilen (53) y Rosa Quintana Rosales (17), madre e hija.

«Las hipótesis hablan de suicidio. Ambas, fueron encontradas colgadas sin lesiones corporales atribuibles a terceros, explicaron desde Fiscalía. Sin embargo, de inmediato, se pidió una autopsia confirmatoria de la causa de muerte al Servicio Médico Legal de Ángol. Nadie quiere recordar el caso de Macarena Valdés, pero para ello es imprescindible descartarlo», consignó el Diario Universidad de Chile.

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El domingo fue el día internacional de los pueblos originarios y el Presidente Sebastián Piñera emitió un mensaje y se refirió a la situación con el pueblo mapuche. “El gobierno está abierto al diálogo con quienes quieran hacerlo, respetando el estado de derecho, renunciando a la violencia y colaborando en avanzar en las soluciones”, aseveró el Ejecutivo. En contraste los prisioneros políticos de Angol, quienes se encuentran en huelga de hambre seca están en una situación crítica.

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