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Talcahuano|Trabajadoras denuncian espionaje, acoso sexual y laboral por gerentes de empresa detrás de GNL Talcahuano

#Talcahuano|Dos ex-trabajadoras de la Compañía Regional de Infraestructuras (CRI) S.A. denunciaron que fueron constantemente asediadas por el director ejecutivo de la empresa, Juan Sánchez Sanhueza; el gerente de comunicaciones, Iván de la Rivera, y el gerente general, René Figueroa. Por lo que ambas habrían efectuado su auto-despido a fines de diciembre de 2017. Y una tercera denuncia anónima denuncia la continuidad de esta clase de tratos a quienes continúan en sus labores. La empresa CRI prestó servicios GNL Talcahuano durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto de energía fósil.

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Dos ex-trabajadoras de la Compañía Regional de Infraestructuras (CRI) S.A. denunciaron que fueron constantemente asediadas por el director ejecutivo de la empresa, Juan Sánchez Sanhueza; el gerente de comunicaciones, Iván de la Rivera, y el gerente general, René Figueroa. Por lo que ambas habrían efectuado su auto-despido a fines de diciembre de 2017. Y una tercera denuncia anónima denuncia la continuidad de esta clase de tratos a quienes continúan en sus labores. La empresa CRI prestó servicios GNL Talcahuano durante el proceso de evaluación ambiental del proyecto de energía fósil.

Ambas empresas comparten la misma dirección en Concepción: Avenida Padre Hurtado 320, piso 8, oficinas 6 y 7. Pese a esto, a través de un comunicado público la gerencia de GNL Talcahuano intentó evadir su responsabilidad en este caso, señalando que su vínculo con la CRI habría terminado en agosto de 2017, al finalizar el proceso de evaluación ambiental y con la aprobación del proyecto.

Los hechos de hostigamiento sexual y laboral fueron dados a conocer por las afectadas mediante denuncias individuales de tutela laboral por vulneración de derechos y demanda por despido indirecto y cobro de prestaciones dirigidas a la Compañía Regional de Infraestructuras. Causas ingresadas el 15 de enero del presente año que, poco antes de ser notificada la audiencia preparatoria a los denunciados, fueron retiradas sin mayores explicaciones.

Mediante los escritos, las denunciantes describen los constantes amedrentamientos sufridos desde el comienzo de sus contratos, a fines de 2015, hasta poco antes de su salida de la empresa. De esta forma Juan Sánchez les amenazó “…con un tono muy pesado y agresivo que interviene nuestros celularescon el objeto de saber si filtramos información del proyecto GNL Talcahuano…”; vulnerando el derecho a la vida privada y a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada de las afectadas.

Esto sólo sería el inicio de una serie de hostigamientos perpetrados por los altos mandos de la empresa a las trabajadoras, que terminarían en una alta cantidad de denuncias de violencia y acoso.

“En el mes de mayo de 2016, el director ejecutivo Juan Francisco Sánchez, otorga a toda la empresa una semana libre, y hace una invitación a nosotras las del Departamento de Diseño a pasar esa semana junto a él en unas termas con gastos pagados. Lógicamente teniendo en cuenta todo lo indicado, me negué a ir, entonces el sr. Juan Francisco se enoja y como consecuencia saca en cara en forma permanente esta cuestión, comportándose conmigo y mi compañera desde ese momento derechamente agresivo y siempre burlesco”, se puede leer en uno de los escritos de ingreso de la denuncia.

Y continúa, “en ese mismo periodo sufro comentarios inapropiados de carácter sexual de parte del Gerente de Comunicaciones, Iván de la Rivera, el que genera un ambiente de acoso. Todos estos hechos atentan y vulneran gravemente el derecho y a la honra de la suscrita, además notaba que Iván y el gerente general que a la vez es el gerente de ingeniería (René Figueroa) siempre se me quedaban mirando al pasar (mi cuerpo), fue tanto que opte por vestirme con ropa más ancha y tener un trato serio y claramente marcando distancias, para tratar generar distancia entre ellos y yo.”

En las declaraciones de su compañera se evidencia cómo se va agravando la situación, pues durante el mismo año, Sánchez “me ofrece derechamente junto con mi compañera […] salir con amigos de él en una cita a ciegas”. A cuya oferta ambas se niegan causando el enojo de su superior, por lo que cada cierto tiempo les sugería que “debíamos salir con hombres mayores y no con hombres de nuestra edad”.

Estas actitudes llevaron a una situación cada vez más tensa y abusiva. Las trabajadoras declararon que no les pagaban horas extras del supuesto trabajo libre ofrecido en sus contratos, que les ordenaban realizar labores para las que no estaban preparadas y a tiempos muy apresurados, siendo denostadas por el Director Ejecutivo quien incluso las trató de “inútiles” y “buenas para nada”.

Ante la vulneración que sentían y por miedo de ser despedidas, ambas sufren graves consecuencias para su salud mental y física. Llegando a las crisis de angustia, calambres y dolores musculares. Por lo que solicitan licencias médicas de octubre a diciembre de 2017 y solicitando el auto-despido al reintegrarse.

La tercera denuncia

Los hechos anteriores no habrían sido conocidos de no ser por una nueva denuncia en la Inspección del Trabajo de de la Región del Biobío. En la que una o un trabajador sin identificar asegura que las instancias anteriores no prosperaron por un “acuerdo extrajudicial” pero que el hostigamiento persiste al interior de la empresa, enfocada en una nueva presunta víctima.

Mediante este nuevo escrito, al/la anónima relató sobre el amedrentamiento que sufren de mano de la Gerencia de la compañía, quienes utilizan “el aparataje de seguridad del Casino Marina del Sol (ex funcionarios de PDI y Carabineros) para amedrentar y perseguir a los profesionales que periódicamente han denunciado o se auto despiden, a fin de asegurar el hermetismo de las ilegalidades y malas prácticas llevadas a cabo al interior de la compañía, tales como la intervención de nuestros equipos de compañía celular personales…”

De esta forma, introdujo la arista de espionaje al asegurar que para tales efectos “utilizan un moderno equipo de procedencia israelí, que han adquirido para estos efectos, los cuales también son utilizados para intervenir los teléfonos de políticos locales o cualquier persona de interés, según Juan Francisco Sánchez, esto sirve para obtener información primordial para el avance de sus operaciones”.

Así la violencia sistemática a las mujeres también toma cuerpo dentro de uno de los proyectos energéticos de mayor oposición en la zona y que pretende incrementar el uso de energía fósil en el Biobío.

FUENTE: Resumen.cl

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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