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SOLO ARRESTO DOMICILIARIO: CARABINERO ASESINO DE MALABARISTA ESTARÁ EN SU CASA Y JUNTO A SU FAMILIA

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Por Ivonne


Este lunes 8 de febrero, pasada las 13:00 hrs. se dio comienzo a la audiencia de formalización de la investigación contra Juan González Iturra, el carabinero con grado de sargento 2do, que el día viernes 5 de febrero le disparó y dio muerte a Francisco Martinez Romero, el malabarista de Panguipulli, luego de intentar hacerle un control de identidad y ante la presencia de otros dos funcionarios de carabineros.


El juzgado de garantía de Panguipulli, en la audiencia de control de detención del día sábado, autorizó la ampliación del plazo de la detención del carabinero, a solicitud del fiscal, dado que aún no contaban con todos los antecedentes necesarios para formalizar y pedir las medidas cautelares correspondientes.
Este lunes, el fiscal formalizó la investigación contra el carabinero como autor de homicidio simple en grado consumado, debido a la serie de disparos percutidos por su arma de servicio y fundamentalmente por el sexto disparo que fue el que ocasionó la muerte del malabarista. Durante el relato de los hechos, se alega que no había necesidad de ese sexto disparo, que el joven ya se encontraba herido y en el suelo, y que ese sexto disparo fue disparado directo al corazón.


El ministerio público solicita arresto domiciliario total como medida cautelar, mientras el abogado Rodrigo Roman, quien se querella contra el asesino en representación de la hermana del fallecido malabarista, pide que sea formalizado por homicidio calificado, debido a que el carabinero actuó sobre seguro y de manera alevosa, consecuentemente con eso el sargento 2do Juan Gonzalez es un peligro para la sociedad, por lo que pide que la medida cautelar sea prisión preventiva para el carabinero homicida, y que esta sea cumplida en establecimiento penitenciario común, dado que no hay razón para darle privilegios a un uniformado homicida, más aún cuando ese privilegio desnaturaliza la medida al ser resguardado por sus mismos colegas de armas.


Además señala que al menos se habría cometido otro delito, que el ministerio público no consideró en la formalización pese a que presentó antecedentes visuales de su perpetración, esto es, el delito del artículo 253 del Código penal, cuando los funcionarios huyen del lugar sin prestar auxilio a la víctima.


Por su parte, la exposición de los abogados del INDH, institución que interviene como querellante en este proceso, señalan importantes detalles como que desde la comisaría se habría dado la instrucción de hacerle el control de identidad específicamente a Francisco, el malabarista que resultó asesinado. Respecto de los machetes que portaba el malabarista, da cuenta de cómo estos no eran aptos para generar daño como armas corto punzantes, debido a que se modificaron artesanalmente para las maniobras del malabarismo. Además estiman que no se configuraría la legítima defensa del carabinero, debido a que en el video consta que el joven fallecido, habría intentado agredir al funcionario solo después de haber sido objeto de dos disparos en sus pies. Finalizan su intervención indicando que la medida cautelar que les parece racional y proporcional frente a la pena que arriesga el carabinero asesino, es la prisión preventiva.


La defensa del carabinero Juan Gonzalez, alega que este actuó en contexto de un control de identidad ajustado a la ley, y el “incidente” se generó amparado bajo la figura de la legítima defensa, y que disparó habiendo cumplido con los protocolos que la ley le prescribe para el uso del arma de servicio. Por esto, rehúsa de la necesidad de la aplicación de una medida cautelar para el homicida.
Finalmente en esa audiencia, el juez de garantía de la localidad de Panguipulli resuelve que el disparo del funcionario que dio muerte al joven malabarista no se encuentra amparada por el derecho, por lo que no le asiste la causal de justificación de legítima defensa, por lo que si le es reprochable esta conducta, sin embargo estaría amparado por 3 atenuantes, lo que permitiría incluso optar a beneficios de sustitución de pena en caso de ser condenado. Además resuelve que la medida cautelar será la de arresto domiciliario total, desestimando la medida prisión preventiva, por el plazo de 4 meses que durará en principio la investigación.


El querellante Rodrigo Roman además de los abogados del INDH, apelaron verbalmente a esta resolución que deniega la prisión preventiva, el resultado de esta pretensión será dado a conocer en los plazos legales.


Para esta tarde existen múltiples convocatorias a nivel nacional en repudio a la violencia policial y a la impunidad del asesino en complicidad con el poder judicial y el ministerio público.

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