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SOLO ARRESTO DOMICILIARIO: CARABINERO ASESINO DE MALABARISTA ESTARÁ EN SU CASA Y JUNTO A SU FAMILIA

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Por Ivonne


Este lunes 8 de febrero, pasada las 13:00 hrs. se dio comienzo a la audiencia de formalización de la investigación contra Juan González Iturra, el carabinero con grado de sargento 2do, que el día viernes 5 de febrero le disparó y dio muerte a Francisco Martinez Romero, el malabarista de Panguipulli, luego de intentar hacerle un control de identidad y ante la presencia de otros dos funcionarios de carabineros.


El juzgado de garantía de Panguipulli, en la audiencia de control de detención del día sábado, autorizó la ampliación del plazo de la detención del carabinero, a solicitud del fiscal, dado que aún no contaban con todos los antecedentes necesarios para formalizar y pedir las medidas cautelares correspondientes.
Este lunes, el fiscal formalizó la investigación contra el carabinero como autor de homicidio simple en grado consumado, debido a la serie de disparos percutidos por su arma de servicio y fundamentalmente por el sexto disparo que fue el que ocasionó la muerte del malabarista. Durante el relato de los hechos, se alega que no había necesidad de ese sexto disparo, que el joven ya se encontraba herido y en el suelo, y que ese sexto disparo fue disparado directo al corazón.


El ministerio público solicita arresto domiciliario total como medida cautelar, mientras el abogado Rodrigo Roman, quien se querella contra el asesino en representación de la hermana del fallecido malabarista, pide que sea formalizado por homicidio calificado, debido a que el carabinero actuó sobre seguro y de manera alevosa, consecuentemente con eso el sargento 2do Juan Gonzalez es un peligro para la sociedad, por lo que pide que la medida cautelar sea prisión preventiva para el carabinero homicida, y que esta sea cumplida en establecimiento penitenciario común, dado que no hay razón para darle privilegios a un uniformado homicida, más aún cuando ese privilegio desnaturaliza la medida al ser resguardado por sus mismos colegas de armas.


Además señala que al menos se habría cometido otro delito, que el ministerio público no consideró en la formalización pese a que presentó antecedentes visuales de su perpetración, esto es, el delito del artículo 253 del Código penal, cuando los funcionarios huyen del lugar sin prestar auxilio a la víctima.


Por su parte, la exposición de los abogados del INDH, institución que interviene como querellante en este proceso, señalan importantes detalles como que desde la comisaría se habría dado la instrucción de hacerle el control de identidad específicamente a Francisco, el malabarista que resultó asesinado. Respecto de los machetes que portaba el malabarista, da cuenta de cómo estos no eran aptos para generar daño como armas corto punzantes, debido a que se modificaron artesanalmente para las maniobras del malabarismo. Además estiman que no se configuraría la legítima defensa del carabinero, debido a que en el video consta que el joven fallecido, habría intentado agredir al funcionario solo después de haber sido objeto de dos disparos en sus pies. Finalizan su intervención indicando que la medida cautelar que les parece racional y proporcional frente a la pena que arriesga el carabinero asesino, es la prisión preventiva.


La defensa del carabinero Juan Gonzalez, alega que este actuó en contexto de un control de identidad ajustado a la ley, y el “incidente” se generó amparado bajo la figura de la legítima defensa, y que disparó habiendo cumplido con los protocolos que la ley le prescribe para el uso del arma de servicio. Por esto, rehúsa de la necesidad de la aplicación de una medida cautelar para el homicida.
Finalmente en esa audiencia, el juez de garantía de la localidad de Panguipulli resuelve que el disparo del funcionario que dio muerte al joven malabarista no se encuentra amparada por el derecho, por lo que no le asiste la causal de justificación de legítima defensa, por lo que si le es reprochable esta conducta, sin embargo estaría amparado por 3 atenuantes, lo que permitiría incluso optar a beneficios de sustitución de pena en caso de ser condenado. Además resuelve que la medida cautelar será la de arresto domiciliario total, desestimando la medida prisión preventiva, por el plazo de 4 meses que durará en principio la investigación.


El querellante Rodrigo Roman además de los abogados del INDH, apelaron verbalmente a esta resolución que deniega la prisión preventiva, el resultado de esta pretensión será dado a conocer en los plazos legales.


Para esta tarde existen múltiples convocatorias a nivel nacional en repudio a la violencia policial y a la impunidad del asesino en complicidad con el poder judicial y el ministerio público.

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Nueva irregularidad: niegan las salidas esporádicas a los prisioneros políticos José y Luis Tralcal pese a contar con todas las condiciones

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José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron detenidos en marzo de 2016 y condenados en el 2018 a 18 años de cárcel por los delitos de incendio con resultado de muerte del siniestro en un fundo de Vilcún, región de La Araucanía, el 4 de enero de 2013, donde el matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay mueren producto de las llamas.

Desde ese momento, comenzó una ardua persecución por encontrar a los supuestos responsables, llegando a 11 personas bajo pruebas injustificadas y constantes hostigamientos. Sin embargo, ocho de los/as involucrados/as fueron absueltos/as, como la Machi y actual constituyente Francisca Linconao. Entre los cuatro condenados están José y Luis Tralcal, el Machi Celestivo Cordova y José Peralino Huinca, este último cumpliendo cinco años de libertad vigilada.

Los abogados/as defensores/as, durante el 2019, evidenciaron algunas irregularidades en el caso, por lo que ese mismo año solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observar todo el proceso que se llevó a cabo para encarcelar injustamente a los primos Tralcal. Ante ello, el pasado 22 de marzo de este año, la Comisión oficializó que el requerimiento presentado por la defensa de los prisioneros políticos implicados en el caso pasaría a examen de admisibilidad, lo que involucra que el Estado tendrá que presentar observaciones.

Es importante recordar que a los presos políticos, José y Luis Tralcal, se les abonaron los años de prisión preventiva, desde el 2009 al 2013, que pasaron producto del Caso Tur Bus (donde resultaron absueltos), por lo tanto se le suman los periodos completando casi 9 años de arresto. 

Entre una de las pruebas a las que se aferra la Fiscalía para inculpar a José y Luis en el Caso Luchsinger Mackay, es el relato bajo tortura de José Peralino, quien manifetó ser hostigado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), afirmando que la declaración que entregó era falsa, además de firmar papeles sin previa lectura, pues no se le permitió la presencia de un abogado.

Otro fundamento fue la georeferenciación por las señales que emiten los teléfonos celulares, que operan como radar a través de antenas, para localizar a quienes estuvieron cerca del lugar de los hechos al momento del incendio, sin embargo, en este caso, no pone a las personas en puntos específicos, puesto que el radio abarcaba un amplio terreno, en el cual se incluía la casa de José Tralcal, por lo que su “presencia” en el radar se debe únicamente a eso.

Actual situación de los presos políticos

El lunes 19 de julio, los familiares y amigos/as de José y Luis Tralcal publicaron un comunicado evidenciando las graves irregularidades que se han presentado para optar a beneficios. Ambos primos condenados en el caso cumplen con todos los requisitos solicitados por Gendarmería, como el tiempo de prisión y buena conducta para acceder a salidas esporádicas, tanto trimestral como transitoria.

La medida ha sido negada en tres ocasiones por el equipo técnico del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, (donde se encuentran recluidos desde el 20 de noviembre de 2020),  ya que ha sido la propia institución de Gendarmería la que se ha negado a entregar el beneficio a pesar de que ambos llevan ocho meses en el Centro, siendo que a todos/as los/a presos/as comunes tienen la oportunidad de optar a la ayuda con sólo tres meses dentro, siendo que José y Luis ya llevan ocho meses.

Juan Tralcal, hijo de José Tralcal Coche, señala que la medida ha sido negada “producto de las presiones políticas, bajo burdos argumentos como aceptar y arrepentirse de un hecho del cual ellos no participaron, como fue el incendio con producto de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay (…) En este caso hay un discriminación racial por ser parte de la recuperación y lucha de la causa mapuche”.

En el comunicado la familia señala que el 18 de junio de este año pudieron asistir, en conjunto con la red de apoyo, a una reunión con el Director Regional de Gendarmería, Leonardo Barrientos, quien responsabilizó al CEP por negar el beneficio. Sin embargo, durante la misma instancia se comprometió a entregar respuestas a la solicitud antes del Wiñol Xipantu, lo que finalmente terminó sucediendo el 16 de julio, negando la solicitud de salida con el argumento del supuesto “incremento de los hechos de violencia ocurridos en la zona, lo que podría poner en riesgo al personal de Gendarmería que formaría parte del dispositivo”. Esta prueba no concuerda con lo solicitado, puesto que la salida que se ha pedido es sin la custodia de gendarmes, como pasa con cualquier preso/a que cumple con el régimen en la CEP y opta a salidas sin resguardo.

Ante ello Juan Tralcal señala que hay otras personas del CEP que sí han podido optar al beneficio de salidas esporádicas y dominicales, por lo que negarlo en este caso responde a “a discriminación racial y sesgo de Gendarmería por ser presos políticos. Desde el mismo Centro y conversaciones entre pasillos le han reconocido a mi padre que hay presiones para que él no salga, para que no vuelva a su tierra, a su casa, esto viene de parte de los gremios (donde está Luchsinger) y altos mandos de la política, altos funcionarios de Gendarmería”.

La familia declara además que las salidas esporádicas son solicitadas con el objetivo de que ambos puedan asistir al Rewe de su Machi, lo que resulta ser sumamente necesario luego de toda la presión que han pasado bajo la prisión política, el tiempo en clandestinidad y la huelga de hambre que afectó considerablemente la salud física y psicológica, generando secuelas que han afectado su integridad y que son necesarias de ser atendidas por su Machi en la privacidad que eso conlleva.

El llamado de Juan Tralcal es a respetar los protocolos para optar a beneficios, “que se fiscalice a las instituciones represivas, la cárcel, a Gendarmería, el Ministerio de Justicia y del Interior, porque no están haciendo válidas las leyes y reglamentos que ellos mismos imponen. Hay que hacer presión contra Gendarmería por los casos de prisión política mapuche y no mapuche, por extender prisiones, maltratos, vulneración de derechos, donde los Tribunales se quedan callados. Hay que hacer presión a las Instituciones y funcionarios del gobierno, para que funcionen correctamente, sin sesgo político, sin interferir en los beneficios. El llamado es a manifestarse, a seguir atentos a la situación de ellos (José y Luis Tralcal), ahora se puso un recurso de amparo por medio de Tribunales a la Corte de Apelaciones, esperamos que la próxima semana pueda haber respuesta para que Gendarmería respete sus propios protocolos establecidos, como otorgar salidas esporádicas y dominicales, ya que ellos cumplieron todos los requisitos y no tienen porqué aceptar que se les haga responsable de un juicio, de una condena, de un delito del que no fueron parte, ese no es un item para que puedan acceder al beneficio”.

La lucha por la liberación absoluta y sin condiciones de José y Luis Tralcal, que han sido injustamente encarcelados y perseguidos por el Estado, se hace sumamente necesaria de seguir impulsando, más aún bajo el contexto que enmarca la demanda popular que exige la libertad de todos/as los/as presos/as políticos. Es necesario seguir visibilizando las gravísimas faltas que se han cometido en este caso y que ha tenido por años tras las rejas a dos luchadores mapuche inocentes. 

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Portuarios de San Antonio: mantienen huelga indefinida por mejoras y aumentos salariales

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Desde el pasado lunes 12 de julio más de 200 trabajadores portuarios de San Antonio, organizados en la Federación Estraporfed, iniciaron una huelga indefinida, paralizando el 90% de las faenas e impidiendo el ingreso de camiones al puerto.

La negociación colectiva entre DP WORLD y la Federación, que agrupa a cinco sindicatos, de los cuales dos concretaron levantar una huelga legal indefinida, lleva más de dos meses sin tener respuestas concretas al petitorio, situación que ha dilucidado la intransigencia de la empresa que cuenta con nueva gerencia, la cual ha cambiado la temática de trabajo en situaciones de paralización, perjudicando a todo el sector movilizado.

La demanda principal de la huelga tiene directa relación con los porcentajes de reajuste salarial, exigiendo un 25% para empezar a conversar, cifra que se justifica considerando que en la negociación anterior la empresa cumplió con un 19% de aumento. Sin embargo, hasta el momento la oferta no alcanza ni la mitad, ya que ofrecen sólo un 8,5%

Uno de los voceros de los trabajadores señaló que la huelga se mantiene hasta concretar acercamientos con la empresa, situación que alterará directamente el quehacer diario y la transferencia de carga, pues se proyecta que al menos la paralización siga por toda la semana.

La infaltable represión

Durante la mañana del lunes, en medio del inicio de la huelga y las manifestaciones en el sector de Espigones, al norte de Valparaíso, Fuerzas Especiales de Carabineros reprimió fuertemente a los trabajadores que protestaban en el lugar, con el objetivo de dispersar la movilización y debloquear el acceso al puerto.

Felipe Rodríguez, dirigente de uno de los sindicatos, denunció la brutalidad con la que actuó la policía, disparando bombas lacrimógenas directo al cuerpo, generando contusiones en las piernas y tobillos de varios trabajadores.

A ese hecho se suma el abuso policial que sufrió un dirigente portuario luego de ser apuntado con un arma. En el video difundido por redes sociales se observa como un grupo de carabineros se acerca a los trabajadores portuarios sacando sus armas de servicio para reprimir y amedrentar a quienes se manifestaban en el puerto. 

Proyecciones para la movilización

Rodríguez se refirió además al avance en las negociaciones, manifestando que desde el sindicato tienen plena voluntad de diálogo, sin embargo la empresa no responde a las demandas, “hemos trabajado en pandemia casi doblando la carga y con menos personal, entonces la gente no se siente valorada y ve cómo crece el puerto mientras los trabajadores siguen donde mismo”.

Además de no tener buenas condiciones laborales, los trabajadores denuncian la falta de protocolos y normas sanitarias, pues no cuentan con lugares que puedan usar durante su hora de colación, no se respetan los aforos y no entregan vestimenta adecuada para desempeñar sus labores.

Los sindicatos, a través de sus dirigentes, hacen el llamado a la empresa a mantener el diálogo para lograr las demandas y retomar las funciones de la industria portuaria, pues de lo contrario mantendrán la manifestación, la cual ha sumado gran apoyo desde otros sindicatos y puertos del país.

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Caso UdeC: los 11 prisioneros políticos que siguen luchando por su libertad

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“Los 11 de la UdeC” es uno de los casos de prisión política donde una institución educacional ha participado de manera activa con el fin de encarcelar y “castigar” a quienes se manifiestan en las calles. El hecho ha marcado la pauta en cómo la universidad ha sido cómplice directa de la violencia estatal que hoy reprime al pueblo, lo que además ha generado numerosas situaciones de vulneración a los Derechos Humanos.

El 7 de septiembre de 2020 se detuvieron a 11 personas, entre ellas 6 menores de edad, debido a las protestas en el marco de la Rebelión Popular entre los meses de febrero y marzo del mismo año.  El arresto se hizo efectivo luego que la Universidad de Concepción facilitara las cámaras de seguridad del campus (más de 250 horas de grabación) colaborando con la Policía de Investigaciones (PDI), quienes le atribuían más de 100 delitos por presuntos desórdenes públicos.

Luego de la detención, los seis menores de edad fueron enviados al centro de detención del Sename, mientras que los otros cinco pasaron a prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción. En diciembre de 2020, la medida logró ser cambiada pasando a cumplir arresto domiciliario hasta que dure la investigación. Actualmente los 11 presos políticos se encuentran cumpliendo distintas medidas cautelares que les impide tener completa libertad, arriesgando hasta 25 años de cárcel.

Acciones para el retiro de la querella

Gracias a la presión que han realizado las familias y las distintas redes de apoyo anticarcelaria de la zona, en junio de este año se dio por cerrado el periodo de investigación, lo que implica que el Ministerio Público no pueda agregar más pruebas para los siguientes procedimientos del caso.

Pero esto no es suficiente, la Universidad de Concepción aún mantiene la querella que impulsó la detención de los 11 jóvenes, por lo que la visibilización de este hecho es clave para que la institución haga retiro de las acusaciones.

La acción más mediática se llevó a cabo el viernes pasado luego de que manifestantes  se tomaran el frontis de la Casa Enrique Molina como medida de presión para acceder a conversar con el Rector Carlos Saavedra, quien en reiteradas ocasiones se ha negado a conversar con las familias. Sin embargo, el objetivo principal se cumplió, puesto que luego de una hora en el lugar, la máxima autoridad universitaria accedió a agendar un encuentro para el día lunes 12 de junio.

Fotografía de @el_mundo_en_mi_ojos

La reunión contó con la presencia del Secretario General de Rectoría, Marcelo Troncoso y Jaime Soto, Jefe de Gabinete, quienes se reunieron con representantes de los 11 prisioneros políticos.

Elena, vocera de las familias, señaló que “las impresiones que dejó la reunión fueron un buen diálogo, que podemos seguir conversando. La idea es que se sigan haciendo con la finalidad de contarles a ellos sobre las 11 personas que están detrás de las acusaciones que mantiene la universidad. La única opción es que ellos (Rectoría) puedan conocer qué hay detrás de la rabia que llevó a los jóvenes a manifestarse y hacer lo que hicieron”.

Con respecto a las impresiones, Elena comenta que “es un avance que nos hayan recibido, lo más probable es que la próxima reunión sea a fines de julio y ver si ellos insisten en llevar adelante la acusación”.

El rol del estamento estudiantil

Por su parte, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), han manifestado su compromiso con la lucha social y en pos de la libertad de los/as presos/a políticos/as de la Rebelión Popular, a pesar de haber estado ausente del proceso judicial y de agitación con respecto a los 11. Felipe Herrera, Secretario de Comunicaciones de la FEC, señala que una de la medidas que tomaron en diciembre del año pasado fue “entregar una carta a Rectoría en el marco del día internacional de los Derechos Humanos, donde además de solicitar que se retire la querella se les exige un pronunciamiento con respecto a la vulneración de derechos de los 11 jóvenes. No hubo respuesta, por lo que en junio de este año se envió nuevamente otra carta, la que tuvo mala llegada por parte de las autoridades, puesto que manifestaron que la postura de la universidad sería la misma”.

Ante el llamado de las colectividades y familiares de los presos políticos, la Federación de Estudiante, el pasado viernes 9 de julio, en plenaria extraordinaria del Consejo General de Estudiantes, decidió convocar a paralización general para este jueves 15 de julio con el objetivo de seguir presionando a las autoridades universitarias para retirar la querella.

Es importante señalar que históricamente la Universidad de Concepción ha expresado una supuesta conexión con el medio y trabajo en el territorio, lo que en la práctica resulta ser inexistente. El caso de los 11 presos políticos de la UdeC ha demostrado cómo la institución defiende sus interés y la propiedad privada por sobre las injusticias que vive el pueblo. En todos los años, la universidad nunca se ha expresado públicamente con respecto al ingreso de Fuerzas Especiales de Carabinero al campus, quienes han reprimido y agredido a estudiantes, e incluso han generado destrozos que posteriormente no son denunciados ni condenados.

El llamado de Elena, y las colectividades a favor de los 11 presos políticos, es que los estudiantes de la casa de estudios sigan apoyando, no sólo por ser parte de la universidad sino como pueblo en general, y a todas las organizaciones a seguir levantando la lucha por los/as presos/a políticos/as, con el fin de alcanzar la libertad total para todos/as.

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