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Sename, ¿reformulación o mero cambio de nombre?

El año 2018, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que le daba término a SENAME, cuestionada institución que ha vulnerado, sistemáticamente, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿es este proyecto una reformulación real al sistema o simplemente, un mero cambio de nombre?

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Por Kathia Cancino Rojas

Para CIPER, en la columna de opinión publicada el 2 de junio y titulada “Hoy se termina el Sename, ¿O solo cambia el nombre?», la realidad del término de la institución se acopla casi perfecto al titular. Sin embargo, como todo lo que envuelve a la organización, incluso la aprobación de este proyecto de ley no deja de estar exento de polémicas. 

Publicada el mismo día en que se llevaría a cabo la votación para aprobar o rechazar la ley que crea una nueva institución que reemplace a Sename, la columna de opinión daba a entender que el “Servicio a la Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia” no contaba con aristas claras que le diferenciasen del organismo anterior. 

“Se desconoce la estructura organizacional del nuevo organismo (jefaturas, funciones, divisiones, personal, perfiles de cargo, etc.) y por ende, su capacidad operativa para asumir sus funciones con el nivel de especialización necesario (…), omite algunas líneas de acción esenciales como las de intervención reparatoria especializada en maltrato grave, abuso sexual infantil y explotación sexual, además de limitar la representación jurídica y dejar sin defensa a un número considerable de niños, lo que constituye una abierta contravención a los tratados suscritos por Chile”. 

Éstas son sólo algunas de las graves falencias consignadas por el medio, dando cuenta de que la creación de un nuevo organismo encargado de niños, niñas y adolescentes, no es más que un simple cambio de nombre pues no presenta una respuesta hacia las vulneraciones de los derechos de NNA a su cargo.

No obstante, con 31 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la cámara del Senado aprobó y despachó el proyecto, quedando en condiciones de ser remitida al Presidente de la República, quien tiene la facultad de vetar dicha ley o dejarla tal cual para que cumpla su control de constitucionalidad. 

Empero, la polémica que envuelve al nuevo organismo responde a la “Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”, anexada por la comisión mixta al proyecto de ley a votar. Ésta, establece un sistema de garantías y protección del ejercicio de los derechos de la infancia a través de un conjunto de normas, instituciones y políticas según lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales. 

Entonces, parece ser que la creación de una nueva institución no puede ser efectiva sin la ley de garantías, que protege y garantiza -aunque suene redundante- los derechos de los NNA a su cuidado. Aunque para la subsecretaria Carol Bown y algunos parlamentarios, ésta cláusula impuesta por la comisión mixta responde netamente a visiones ideológicas. 

En un artículo publicado por El Mercurio con fecha del 28 de mayo del presente año, Bown apoya la idea de desconocer el acuerdo de tramitación pues la ley de garantías “tiene temas ideológicos”, lo que puede significar un traspié en la aprobación del proyecto. Asimismo, Gonzalo Fuenzalida (RN), miembro de la comisión mixta, calificó como “chantaje político” este “amarre” -de ambas leyes- impuesto por la oposición. De la misma manera, luego de su aprobación y, otorgándole la responsabilidad de vetar o no dicha ley al actual mandatario, varios parlamentarios se inclinaron por la primera opción. 

¿Cuál es el grave problema al que se enfrenta tanto el Gobierno como la nueva ley? La conclusión es simple: la campaña de Sebastián Piñera era enfática en su slogan “los niños primeros”. A pesar de ello, las opiniones de su bancada dan a entender que una garantía a los derechos de NNA representa un sesgo ideológico y no una ley de primera necesidad.

Tal vez por ello, Francisco Consiglia, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras subcontratadas del Sename (Sintrasub), declara a Radio Universidad de Chile que el nuevo Sename no es más que una farsa, “un show mediático orquestado bajo la consigna famosa de ‘Los niños primero‘. En 2005 hubo algo muy similar, con bombos y platillos y congresistas con los brazos arriba, directores de organismos colaboradores, Delia del Gatto, directora del Sename entonces, hablaba de un nuevo trato a la niñez, una nueva ley, la 20.032 que regula los organismos colaboradores y el sistema de subvención. 

Han pasado quince años y solo hemos visto maltratos, abusos, violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y juventud y, por cierto, maltrato a las trabajadoras y trabajadores honestos que se vinculan en los procesos de intervención en los más de 400 organismos colaboradores que hay a nivel nacional. Ahora nos encontramos con un nuevo servicio que no cambia nada, absolutamente nada, ninguna estructura”.

Durmiendo en el Congreso desde 2015, la ley de garantías parece ser la única que podría llegar a subsanar las falencias presentes tanto en el Sename como en el nuevo ente encargado de reemplazarle. Lamentablemente, así como CIPER lo menciona, la mirada del Ejecutivo y sus voceros parecen, simplemente, desconocer la importancia de garantizar los derechos humanos de aquellos que se encuentran bajo su tutela. 

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  1. Pingback: El infierno existe y se llama SENAME: Desapariciones, adopciones ilegales y vulneraciones a los derechos humanos de NNA – Diario Venceremos

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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