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Resistencia Mapuche Lavkenche asume la autoría de las acciones armadas y de sabotaje de estos últimos días

En esta declaración, denuncian el actuar represivo del Estado.

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En una declaración pública, la Resistencia Mapuche anunció la autoría de las acciones armadas y de sabotaje que se realizaron estos días en el territorio mapuche lavkenche. Dichas acciones se realizaron en apoyo de los presos políticos mapuche que hoy cumplen 58 días de huelga de hambre.

A la vez, exigen al gobierno recoger las demandas de PPM de la cárcel de Angol y el Machi Celestino Córdova, cambiando las medidas cautelares y la libertad en virtud de razones humanitarias como respuesta a la pandemia de Covid-19.

Además, denuncian que el gobierno ha militarizado la zona y lleva adelante un “’nuevo’ plan para La Araucanía y Arauco intentado retomar el diálogo con sectores mapuche entreguistas y así sacar adelante su agenda, estancada tras el fracaso que le significó la consulta indígena el año 2019″, señalando que esto es una política de la ‘zanahoria y el garrote’ para buscar un acuerdo mínimo y aumentar la represión en la zona, agregando que «si quieren guerra, la tendrán y si quieren paz deben devolver el territorio usurpado a sangre y fuego a nuestros ancestros».

Lee la declaración completa aqui:

La Resistencia Mapuche Lavkenche declara:

A nuestro pueblo nación mapuche, a los Lov y Comunidades Mapuche en Resistencia, a nuestros hermanos en huelga de hambre, a los demás PPM encarcelados, al pueblo chileno y otros pueblos en resistencia del mundo, la Resistencia Mapuche Lavkenche declara:

kiñe: Pu weichave de la Resistencia Mapuche Lavkenche nos hacemos responsables de las últimas acciones armadas y de sabotaje llevadas a cabo en nuestro territorio mapuche lavkenche en apoyo a los presos políticos mapuche que hoy cumplen 58 días en huelga de hambre.

Epu: Exigimos al gobierno wingka liderado por Sebastian Piñera a recoger las demandas de los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol y del Machi Celestino Cordova en Temuco, de cambiar sus medidas cautelares y otorgar su libertad en virtud de razones humanitarias en respuesta a la pandemia del Covid-19. Creemos que el gobierno tiene una oportunidad única de descomprimir el clima de confrontación que se vive en el Wallmapu acogiendo la demanda justa y legitima de nuestros hermanos huelguistas en virtud de la aplicación del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile pero negado sistemáticamente a los mapuche que han sido encarcelados como consecuencia del conflicto territorial que mantiene nuestro pueblo con el estado, las empresas forestales y los latifundistas que han usurpado nuestro territorio.

Küla: Cumplidos 58 días en huelga de hambre, el gobierno ha intentando invisibilizar la movilización de los prisioneros políticos mapuche criminalizando sus demandas. Para ello ha intentado manchar los valores de nuestra lucha acusándonos de narcotraficantes y ladrones de madera.
Cuando nos invadieron eramos salvajes y borrachos, después flojos y terroristas. No nos engañan. Nuestro pueblo sabe que nosotros pu weichave emergemos desde el seno de las comunidades y que nuestro caminar responde al mensaje que nuestros pu lonkos nos estregan en las distintas ceremonias mapuche para cumplir con éxito el weichan encomendado, en base a nuestro kimun y rakiduam mapuche. Sabemos que las forestales y latifundistas están desesperados al ver como crecen las recuperaciones de tierras y se fortalece el control territorial, base fundamental para la liberación de nuestro pueblo y la reconstrucción de la vida mapuche heredada de nuestros kuivikeche.

Meli: hemos visto en los últimos días como el gobierno repite los mismos métodos para intentar frenar la resistencia mapuche y dividirnos como pueblo. Por un lado aumenta la militarización en la zonas de resistencia y por el otro anuncia la puesta en marcha de una “nuevo” plan para La Araucanía y Arauco intentado retomar el diálogo con sectores mapuche entreguistas y así sacar adelante su agenda, estancada tras el fracaso que le significó la consulta indígena el año 2019. Volvemos a ver la vieja política de la zanahoría y el garrote. Sin embargo el gobierno debe saber que hoy se enfrenta a un movimiento mapuche más maduro, con mayor capacidad política que ya entiende que todos estos anuncios no son más que pirotecnia comunicacional que quedarán en nada. Sabemos también que estas medidas desesperadas buscan piso político para agudizar la represión en las zonas de resistencia, más aún con la llegada de militares que se suman a los aviones de la Fach que desde hace un tiempo sobrevuelan nuestros Lov y comunidades. Que sepa el gobierno que si la represión se agudiza, como Resistencia Mapuche Lavkenche responderemos en proporción a sus ataques. Si quieren guerra, la tendrán y si quieren paz deben devolver el territorio usurpado a sangre y fuego a nuestros ancestros. Esa es la única salida al conflicto.

Kechu: a los medios de comunicación afines al poder les exigimos un mayor compromiso ético con el abordaje del conflicto. Les informamos que en lo que el gobierno llama “la macrozona” existen más de 2 mil funcionarios del Gope y Fuerzas Especiales de Carabineros. Les recordamos también que se han cerrado escuelas para convertirlas en cuarteles policiales. Mención aparte merece la Radio Bío Bío, que días atrás nos adjudicó un comunicado que jamas fue escrito por nosotros. Sabemos que están aliados con los servicios de inteligencia y que sus intereses responden a los poderes fácticos que quieren a toda costa frenar nuestra justa y legitima lucha.

Cayu: Por último saludamos al pueblo chileno consciente. A los humillados durante la pandemia. Abrazamos con afecto a los mutilados, heridos y familiares de los asesinados durante la revuelta iniciada en octubre. A los presos políticos que con dignidad resisten la prisión política. De paso, saludamos con respeto y admiración al comandante Ramiro, sepa peñi que sus historias y hazañas también guían nuestro caminar por el Wallmapu. Esperamos que cada ciudad, cada población y cada territorio en resistencia vuelva a levantarse en contra de este sistema capitalista criminal. Wewaiñ.

Libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta!
Por territorio y autonomía!

Resistencia Mapuche Lavkenche

Lavkenmapu-Nahuelbuta
30 de junio de 2020

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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