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Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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Guetos verticales se trasladan a Maipú

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Un gigantesco mega proyecto inmobiliario amenaza con instalarse en Avenida Pajaritos a la altura del 4600. Así lo promociona la inmobiliaria Icalma, quien pretende construir un complejo de torres de más de 20 pisos en el sector.

La voz de alarma y preocupación la dieron los vecinos del sector, que ven en este proyecto una amenaza grave a su calidad de vida futura, pues la envergadura de las obras supondrá un colapso ya conocido con los guetos verticales que invadieron la comuna de Estación Central hace un par de años.

Desde ya los vecinos y vecinas están recabando información para emprender las acciones necesarias para impedir la construcción de las torres.

El sector donde se pretende intervenir ofrece un atractivo inmejorable para las inmobiliarias, cercano a la estación Monte Tabor de la línea 5 del Metro y a grandes centros comerciales.

Los negocios inmobiliarios: Zonas de sacrificio urbanas

El actual ministro del Interior, el UDI Rodrigo Delgado, fue el gestor y responsable por la proliferación de estos mega edificios en la Comuna de Estación Central, del cual fue alcalde en tres periodos consecutivos (2008 al 2020). En esos años las inmobiliarias se hicieron el pino construyendo una especie de “Sanhattan ”  (nombre formado a partir de conjunción de Santiago y Manhattan, denominación popular que recibe el barrio financiero ubicado en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes), pero más barato y precario. El negocio no apuntaba a solucionar el déficit habitacional del sector, sino más bien está dirigido a inversionistas que luego arriendan los departamentos, especialmente a extranjeros.

La mayoría poseen un metraje cuadrado ínfimo, con un solo ambiente y con infraestructura mínima (espacios comunes, ascensores, etc.), lo que provocaba un caos las 24 horas del día, al no dar abasto para los cientos de residentes de las torres.  El hacinamiento en que viven más de cuatro personas por departamento, provocó para sus residentes la pérdida total de la privacidad, la ausencia de luz natural, afectación de las señales de televisión abierta y de celular, por la altura de los edificios.

Pero estos monstruos de metal y cemento provocaron estragos en la calidad de vida de los vecinos y vecinas aledaños a las moles de altura. Con el aumento en las construcciones, aparecieron problemas de agua y alcantarillado, congestión vehicular, de basura, etc. asociados a que las constructoras no realizaron las mitigaciones necesarias, ocupando la infraestructura ya existente y ante el aumento explosivo en la densidad poblacional, simplemente colapsó.

Las torres  de 30 a 40 pisos y 100 metros de altura, representan una locura y una aberración arquitectónica absurda, que privilegió el negocio por sobre la calidad de vida de sus habitantes; lo más parecido a una zona de sacrificio abandonada a la depredación capitalista y al mercado.

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Piñera apaga el fuego con bencina: enviará el Tercer Retiro de AFP al TC

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Esta mañana, en una conferencia de prensa realizada desde la moneda afirmó que el gobierno acudirá al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro del 10%, que el día de ayer fue aprobado en la cámara baja.

En la conferencia de prensa Sebastián Piñera señaló que esta acción obedecía a que «siempre defenderemos el respeto a la Constitución», agregando que «quiero decir fuerte y claro que siempre vamos a cumplir ese deber como Gobierno».

«Nosotros siempre defenderemos el respeto a la Constitución, puesto que es esencial en un Estado de derecho», añadió. Agregó además que buscarán frenar la iniciativa en el Senado.

A pesar de la crítica que ha recibido de todos los sectores, el ejecutivo defendió los bonos y las ayudas señalando que «con el IFE fortalecido y nuevo Bono Clase Media tenemos casi el doble de cobertura que el tercer retiro: 12,2 millones versus poco más de 7 millones de posibles beneficiados».

No obstante, las redes sociales y la respuesta popular no se ha hecho esperar ante esta arremetida de Piñera contra este tercer retiro, pues expresan que las ayudas y que los recursos que ha puesto el gobierno son insuficiente para la profunda crisis económica que azota al país.

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La crisis humanitaria que se nos viene: 81.643 familias viviendo en campamentos

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  Por Iñaki Vizcarra

El catastro sobre Campamentos de la Fundación Un techo para Chile (2020-2021), estableció un aumento dramático de las personas viviendo en ocupaciones precarias. A la fecha se registran 969 campamentos  – la cifra más alta desde 1996 – que se traduce en 81.643 familias ocupando asentamientos irregulares a lo largo del país. Este explosivo crecimiento se debe al aumento sostenido de la cesantía – acrecentado por la Pandemia – y la crisis migratoria. Una bomba de tiempo a punto de estallar.

En términos globales hay un 73,52% más de campamentos y tomas que el año 2019. La institución calcula que si se suman los allegados, las personas que viven en la calle y arrendatarios en condiciones de hacinamiento absoluto, son más de 500 mil familias las que necesitan un hogar con urgencia, lo que se traduce en más de 1 millón y medio de personas.

En Chile los datos no se actualizan con la rapidez en que crece la demanda de viviendas.  De acuerdo con la encuesta CASEN del año 2017, sólo en la Región Metropolitana, el déficit habitacional era de 270.714 viviendas, mientras que el hacinamiento alcanzaba un 8,1%. En el resto de las regiones la mayor tasa correspondía a Tarapacá, con un 13,5%.

De las 81.643 familias que viven actualmente en campamentos 57.384 corresponden aniñas y niños menores de 14 años. El 21% de las familias llegó a causa de la pérdida del trabajo o la caída de sus ingresos. De ellas, 25.000  son familias migrantes, lo que equivale a un 30% del total de hogares.

En el informe de Un Techo para Chile,  4 regiones experimentaron alzas preocupantes y dramáticas: Arica y Parinacota, encabeza la lista con un aumento en los campamentos del 42,86%, mientras la cantidad de familias creció en un 234,25%. Le sigue la región Metropolitana, con un aumento de un 224,55% familias y un 53,33% de campamentos. En tercer lugar está La Araucanía, con 315,38% más de familias y un alza de campamentos del 128,57%. Finalmente  Valparaíso, con un incremento de un 112,35% de familias y un 24,31% de campamentos.

Las condiciones de vida a nivel nacional, nos muestran que sólo un 6,72%  tiene acceso a agua potable de manera formal y un 31,27% a través de camiones aljibe. En cuanto a electricidad, un 60,13% accede a ella a través de conexiones informales y sólo un 19,94% cuenta con electricidad en sus viviendas de manera regular. Del total, un 43,7% no tiene alcantarillado, sólo pozos negros, acequias o canales y un 7,03 tiene el privilegio de estar conectado a una red pública formal.

Pero no sólo crecen las tomas y campamentos, también lo hacen las personas que viven en la calle, habitando carpas y pequeños cuartos de nylon y cartón  (bautizadas eufemísticamente desde la institucionalidad como personas en situación de calle), colocando en evidencia que la crisis la están pagando los más pobres. Entre las causas de este explosivo aumento está la cesantía y la baja en las remuneraciones producto de la Pandemia, factores que provocaron no poder seguir pagando arriendos. Por otro lado, hay una fuerte población migrante pobre, quizás el sector más vulnerable y golpeado por las restricciones y las cuarentenas, especialmente por encontrarse en situación irregular y con ello, excluido de cualquier beneficio o ayuda estatal.

Si analizamos indicadores de género, podemos concluir que las mujeres están más expuestas y vulnerables. Según datos de la encuesta CASEN 2017, el 42% de los hogares a nivel nacional tienen como cabeza de familia a una mujer, cifra que aumenta, según el Catastro Nacional de Campamentos (MINVU 2019), que indican que el 55,3% de los hogares de campamentos cuentan con una mujer como jefa de hogar.

La cosa se ve fea por donde se mire, sobre todo porque las promesas del gobierno ni siquiera se están cumpliendo y es poco probable que así sea. En el aire queda lo expresado en Febrero del año 2019 a El Mercurio el entonces ministro de Vivienda y Urbanismo de Piñera, Cristián Monckeberg Bruner:El Minvu espera que de aquí al 2022, año en que finaliza el período del actual Gobierno, se concrete el cierre de más 260 campamentos, es decir cerca del 32% de los 822 que actualmente hay en Chile”.

En el último llamado del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S 49), postularon 200 mil familias, con el objetivo de acceder a uno de los 3000 cupos que el Ministerio de Vivienda ofrecía. 197 mil familias quedaron fuera. En promedio, las familias se demoran de 10 a 15 años en recibir una solución habitacional.  

La realidad de las personas sin casa es una bomba de tiempo insostenible, que lejos de mejorar aumenta día a día. Así lo demuestran las numerosas tomas de los últimos tiempos, movilizaciones que sólo han tenido desalojos y represión como respuesta, pero que no terminarán, porque el derecho a la vivienda digna es una lucha de todo el pueblo.

Recuadro:

La expansión de la ciudad y la historia de la segregación

En el gobierno de la Unidad Popular la vivienda se entendió como un derecho social, del mismo modo que la educación y la salud. A su llegada al poder, Allende se encuentra con una realidad insostenible. El déficit era de aproximadamente 600 mil viviendas y 85.000 familias viviendo en campamentos (situación parecida a la actual, pero con una población de 9.738 millones de habitantes, menos de la mitad de la actual). Mediante un proceso centralizado se logran avances significativos. Durante  todo el periodo se logran construir casi 200 mil viviendas, en su mayoría a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI) y la autoconstrucción, especialmente en las incipientes poblaciones formadas en las denominadas “operación sitio”, impulsadas en el gobierno de Frei padre y que consistía en dotar de infraestructura básica a terrenos agrícolas o baldíos ubicadas en la periferia de Santiago para ser ocupados por miles de familias sin casa. 

A pesar del esfuerzo, las necesidades eran de tal envergadura que las tomas de terrenos no decaen en gran parte del país, impulsadas en su mayoría por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otros partidos de izquierda.

A modo de ejemplo, el historiador Mario Garcés consigna durante  los años 1970 – 1972 en la región del Bío Bío numerosas tomas de sitios, a saber: 4 campamentos en Concepción, 22 en Talcahuano, 1 en Tomé, 4 campamentos en Dichato, 20 en Lirquén y Penco, 22 en Chiguayante y Manquimávida, 1 en Coronel y 1 campamento en San Pedro. Situación similar ocurren en otras regiones del país.

Todo cambia con la Dictadura de Pinochet, donde la lógica que predomina son las acciones subsidiarias del Estado y la incorporación del mundo privado en las soluciones de viviendas sociales. En este periodo, el Estado se aleja de la responsabilidad en materia habitacional, impulsando la idea que la “casa propia” debe ser fruto del esfuerzo individual, transformando a las familias en clientes inmobiliarios y a la vivienda en un bien de mercado.

Así aparece el negocio inmobiliario, de la mano de la especulación del suelo urbano, la baja calidad de las viviendas y el endeudamiento bancario.

La Dictadura comienza una política habitacional de segregación, funcional a su estrategia de control social. Las zonas urbanas se expanden hacia la periferia, ocupando suelos agrícolas. Los nuevos habitantes no pueden vivir en el lugar en que nacieron y sólo pueden optar a subsidios fuera del cono urbano tradicional. Con ello pierden identidad y pertenencia al barrio, se rompen los lazos de territorialidad que antes los organizaban y permitía el desarrollo de la protesta y las acciones de resistencia al régimen militar.

La misma lógica es profundizada por los gobiernos de la Concertación. Enclaves sin historia se establecen en Puente Alto, San Bernardo, Quilicura, La Pintana, entre otras comunas. Proliferan las construcciones de 28 a 40 m2, en  entornos sin infraestructura básica, como escuelas, hospitales, comercio, áreas verdes, etc. Aparecen en el horizonte las casas Copeva, las Chubi, la Villa El Volcán, Bajos de Mena, la población Parinacota, entre muchas. La ciudad se expande, pero crece bajo el manto brutal de la segregación, el hacinamiento, marginalidad y la pobreza absoluta.

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