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Precarización con patrocinio estatal: ser paramédico del Hospital San José

Fue en el año 2005 cuando Gloria Pinto llegó al Servicio de Urgencia del Hospital San José para vivir, junto a sus compañeros de trabajo, la crisis de la red de salud pública en Chile. Jornadas extenuantes, falta de insumos y sobrecarga de pacientes conforman una precarización histórica no sólo para las personas que se atienden en ese centro de salud capitalino, sino para sus propios trabajadores, quienes recurren con cada vez más frecuencia a movilizaciones contra la negligencia estatal.

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Por Sebastián Robles y Polet Herrera

Gloria Pinto se sirve un café para pasar el frío y una gripe que la aqueja hace unos días. “Perdón, no puedo hablar mucho”, dice entre risas. Las paredes de su casa están plagadas de fotografías familiares de ella, su pareja y sus tres hijos, quienes corren y juegan por el pasillo que conecta una pequeña cocina con el dormitorio principal. Tose para despejar su garganta y comienza a contar una historia sobre ella y sus compañeros: la precarización que viven a diario en el capitalino Hospital San José.

El relato se convierte en un flujo de emociones. Aún recuerda cuando comenzó a trabajar en la unidad de urgencia del hospital en el año 2005, en medio de una crisis aún silenciosa para los medios y las autoridades, pero resonante entre el blanco opaco de los pasillos del recinto, cada vez más colmados por pacientes que esperan ser atendidos. Era el inicio de una situación insostenible. Para los pacientes. Para los trabajadores del Hospital San José.

“Cuando llegué ya estaba colapsado. De hecho, hay registros de youtube que muestran a compañeras y compañeros míos en el año 2006 que ya estaban movilizándose para denunciar la falta de recursos, que la infraestructura quedó pequeña y todo eso. Sin duda la situación hoy es súper distinta (…) no se puede trabajar muchas veces en las condiciones en las que estamos”, afirma. 

Pinto comenzó a acumular una frustración que la movilizó a participar en las huelgas junto a otros trabajadores del centro médico. Su espíritu combatiente, sin embargo, es innato: participó de otros movimientos, como el de “No + AFP”, en tanto se movía en otras orgánicas de la zona norte de Santiago. El paso del tiempo, sin embargo, es evidente: Gloria luce cansada tras trabajar casi 15 años en rondas de dos turnos consecutivos de 12 horas. Entre cada ronda, apenas un día de descanso. Ese contrato también rige a sus otros compañeros del servicio de urgencia.

Sin embargo, esa rutina tampoco es suficiente. “Esta precarización te lleva a hacer turnos extras: ganamos menos de la mitad de lo que gana un enfermero, afirma Pinto. Según el sitio mifuturo.cl, un enfermero renta, en promedio, poco más de un millón de pesos al cuarto año de egreso. La remuneración de Gloria, por todas las horas que trabaja, no es suficiente para igualar esa cantidad.

La creciente precarización de los trabajadores del Hospital San José ha sido causa suficiente para sus repetidas movilizaciones, cuyo principal objetivo es reclamar al Estado las deficientes condiciones laborales en las que se encuentran. En mayo del año 2010, el servicio de urgencias se paralizó para visibilizar la falta de recursos al interior de la unidad: escasez de camillas y medicamentos, entre otros insumos, impedían al personal atender dignamente a los pacientes que concurrían al centro de salud, según consignó Cooperativa.

Años después, la situación no es muy distinta. “Nos están faltando medicamentos importantes para el rescate de pacientes. Hoy, en urgencias se te puede morir alguien porque no tienes el medicamento (…) gente que efectivamente pudo estar en un recinto con más condiciones, que pudo haberse salvado, pero llegó al San José y no teníamos recursos para salvarlo”. Sus lágrimas le interrumpen antes de continuar. “Muchas veces han fallecido pacientes de mi mano. Esa es tu gente: la que sientes propia, de tu clase”, concluye.

Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el año 2018 sostiene que un 80% de la población en Chile recurre al sistema de salud público, mientras que sólo un 15% lo hace en el sistema privado. Además, el Hospital San José es uno de los centros de salud más saturados del país: el único establecimiento que existe para atender las necesidades de ocho comunas del norte de Santiago, según CNN. La persistente precarización laboral ha comenzó a afectar psíquica y físicamente a Gloria Pinto y sus demás compañeros.

La precarización laboral se paga con licencias médicas

Trece de junio del año 2019. Un par de miradas se cruzan entre el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y los trabajadores del Hospital San José, ante la mesa redonda en la que están sentados y la prensa vigilante que les rodea. Es la primera manifestación que Mañalich debe enfrentar a menos de 24 horas de asumir el mando de la cartera. Pinto, vocera de la unidad de urgencia del hospital, está decidida a exigir mayores recursos para el agobiado San José; el caótico San José, cuyas condiciones ya desgastan a sus propios trabajadores.

Leonardo Alringo fue parte de esa movilización y ha trabajado 22 años en la Unidad de Urgencia del Hospital San José. Para él, la crisis que vive el recinto es histórica, a causa de las pocas o inexistentes voluntades políticas. “Lo más terrible es cuando uno necesita tener ciertos elementos y no están a la mano. Por ejemplo, cuando te piden un medicamento que no está, ¿cómo enfrenta uno a un paciente que lleva dos o tres horas esperando una atención?, cuenta. La conversación es interrumpida constantemente por pacientes o funcionarias que requieren ayuda en urgencias.

Con el tiempo, Leonardo Alringo y Gloria Pinto, así como sus demás compañeros, han desarrollado varias patologías físicas y psíquicas a causa de la extenuante situación laboral, lo que se suma al sufrimiento diario de sus pacientes en el que se envuelven. “Esta situación provoca angustia, rabia, tristeza. Muchos colegas caen en cuadros depresivos agudos”, dice Alringo, quien ya sufrió la ruptura de un tendón de aquiles, posteriormente descartado como patología laboral. Hasta hoy, él insiste que la dolencia fue causada por su ajetreada rutina en el hospital. 

Asumen que tu vida es la que te genera este desgaste y no el trabajo”, plantea Gloria Pinto, quien sufrió una de sus primeras crisis durante el terremoto del año 2010, en medio de la oscuridad, el pánico y el flujo constante de damnificados que llegaron al recinto hospitalario. “Fue como atender en una guerra (…) tuve una crisis de pánico bajo la cual tuve que ser contenida”, recuerda. En el transcurso de estos años, Pinto ha presentado licencias médicas no sólo por problemas psicológicos, sino también por dolencias físicas.

“Lo más habitual ha sido un síndrome facetario que tuve en la columna, un síndrome del túnel carpiano (…) y tendinitis de un brazo: en eso se enfocan principalmente las licencias que presentan las y los trabajadores”, sostiene Pinto, quien además revela  que, por la acumulación de años de trabajo bajo las mismas condiciones, sus compañeros también han desarrollado enfermedades similares: artritis y osteoporosis son algunas de ellas. Así como a Alringo, a Pinto también le dijeron que sus dolencias no eran patologías laborales.

El síndrome facetario también es conocido como dolor lumbar y se localiza en la columna de la persona afectada. Según un documento de la Clínica Las Condes, esta afección “es la segunda causa más frecuente de ausentismo laboral”, mientras que la tendinitis, o inflamación de los tendones, también figura como una de las dolencias laborales más frecuentes en Chile, según la revista HSEC. 

Alringo se despide casi involuntariamente cuando una paciente ingresa aquejada por una fractura en uno de sus brazos. Se cayó en la ducha de su casa. Le pide al personal, entre sollozos, que por favor se comuniquen con su hijo: asume que no saldrá pronto del hospital. Los paramédicos intentan calmarla entre risas nerviosas. “Señora, no se preocupe, si usted va a salir al tiro”, se escucha desde afuera.

Hospital San José: cuestión de políticas públicas

Según archivos del Ministerio de Salud, el Hospital San José actual es el resultado de una serie de ampliaciones construidas en las cercanías de su versión más antigua en el año 1999, durante el gobierno de Eduardo Frei- Tagle: el segundo gobierno de la Concertación tras el retorno de Chile a la democracia. El documento cita que la idea era que el establecimiento asuma “la función de Hospital Base del área Metropolitana Norte”.

Ante la aglomeración de ocho comunas para un solo centro médico, las paralizaciones y movimientos sociales de los trabajadores del Hospital San José comenzaron a exigir la construcción de un nuevo establecimiento para la zona norte de Santiago, con el objetivo de descongestionar el sistema de salud en ese eje de la ciudad. Según el censo del año 2017, más de medio millón de personas vive en la zona norte de Santiago. Sin embargo, los gritos no han sido escuchados, dice Pinto, quien mantiene su lucha tras más de una década al servicio de la salud.

“Este gobierno y todos los anteriores han fortalecido el negocio en la salud pública. No teníamos ninguna esperanza de que en esta segunda pasada (la administración de Piñera) hiciera algo por cambiar esta situación, entendiendo que es un gobierno de empresarios y la salud de hoy día es un negocio. Les conviene no resolver ni inyectar recursos”, afirma.

Para Pinto, la falta de políticas públicas ha significado, en la práctica, una precarización creciente no sólo para los pacientes que recurren al Hospital San José, sino para ella y sus propios compañeros. “Yo culpo al gobierno si ellos no nos proporcionan los recursos, los insumos y las condiciones para trabajar. Nuestra vida también se pone en riesgo por la misma precarización que tenemos: se precariza nuestro trabajo y nuestra vida; se vulneran nuestros derechos como trabajadores”, enfatiza.

En septiembre del año 2015, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, los trabajadores impulsaron otra huelga que duró cerca de 10 días. En esa ocasión, el Ministerio de Salud se comprometió a aportar mayores recursos para destrabar el mal funcionamiento y saturación del centro de salud, según consignó Radio Bio-Bio. Pero las precariedades no se detuvieron. Sólo cuatro años después, en el 2019, Sebastián Piñera anunciaría la construcción del nuevo hospital para la zona norte de la ciudad: “una inversión de más de 10 mil millones de dólares”, citó T13.

Gloria Pinto enciende un cigarro antes de continuar la conversación. Afuera, una llovizna parece dar respiro a un cada vez más desértico Santiago. Contempla una vez más el café que dejó enfriar mientras relataba su historia como mujer precarizada, realidad que no ajena a otros hospitales que conforman la red de salud pública en Chile. Observa una vez más. Afirma, entre decepción y lágrimas secas: “En dictadura mataban al pueblo con armas (…) hoy día nos matan con un sistema de salud que no responde a nuestras necesidades”.

Esta crónica fue realizada en el mes de septiembre, previo a la revuelta de octubre

Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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