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Policía privada se instala en territorio mapuche

Empresa de seguridad encabezada por ex Carabineros llega a prestar servicios a empresarios del sur de Chile. Se especializan en operaciones tácticas y de inteligencia. Además del numeroso destacamento de guardias de choque, poseen un equipamiento tecnológico de avanzada, similar al utilizado por la policía y militares.

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VIP Seguridad es el nombre de la empresa privada que está ofreciendo sus servicios a grandes empresas que operan en la Araucanía, además de las regiones del Biobío, Los Lagos y Aysén.

Su llegada a la zona responde a la creciente demanda del empresariado por seguridad, para intentar contener la agudización de los procesos de recuperación territorial por parte de un gran número de comunidades mapuche y, al mismo tiempo, frenar la protesta en contra de grandes proyectos que atentan contra el medioambiente, tal como hidroeléctricas y forestales, entre otras.

Esta policía privada de la patronal, que en su mayoría la componen ex miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, está encabezada por Ralph Wladdimiro, quien es su gerente general. Este personaje es un oficial de Carabineros en retiro, ex GOPE , que  se desempeñó como escolta Presidencial en los tres primeros gobiernos de la ex Concertación (Aylwin, Frei y Lagos). Su pergamino represivo destaca que recibió entrenamiento en Estados Unidos, nada menos que en el Departamento de Estado de aquel país, un currículum que incluye técnicas de Protección de Personas Importantes (escolta), análisis, control y combate de guerrillas con mención en neutralización y desactivación de explosivos.

 Lo secunda en el emprendimiento, el Gerente de Operaciones, Paulo Bustos, ex oficial de Carabineros (GOPE), experto en Seguridad y Operaciones Especiales, con servicio en Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Albania y Entrenamiento Táctico en Iraq.

Pero el negocio de la seguridad no es nuevo en el país. Generalmente estas empresas son de propiedad de ex carabineros y militares (incluidos ex CNI), que encontraron un nicho creciente en la demanda de guardias privados para empresas del ámbito comercial y que experimentaron un crecimiento sostenido desde la rebelión del 18 de octubre de 2019. Lo novedoso y a la vez peligroso,  es que esta empresa es la primera en entrar al rubro de la represión e inteligencia desde el mundo privado (por lo menos legal y abiertamente), convirtiéndose en una especie de policía privada con atribuciones que antes sólo eran de competencia de las policías.

VIP Seguridad fue creada hace 10 años y ofrece servicios especializados para la seguridad pública y privada. Su oferta – además de personal de seguridad táctico – se centra en actividades propias de la “inteligencia policial”, como análisis y monitoreo de personas, actividades y redes sociales (que ellos denominan inteligencia social). Para tal efecto, cuenta con drones, helicópteros y tecnología electrónica de punta.

Grupo de guardias de la empresa, con equipamiento táctico propio de los servicios que ofrecen.

Se iniciaron prestando servicios a la gran minería del norte del país, luego ampliaron su giro a guardias tácticos para el negocio del retail, con personal distinto a los guardias comunes, equipados y capacitados a la usanza de las ex Fuerzas Especiales de Carabineros, hoy rebautizadas como unidades de Control de Orden Público (COP). En sus operaciones también incluyen perros amaestrados para el ataque, entre otros recursos. Así define su Gerente General, Ralph Wladdimiro, el servicio que presta su personal:

“Los guardias tácticos es un servicio innovador que ofrecemos, que sacamos al mercado justo cuando ocurrió el estallido social. Se trata de personal de seguridad que están por sobre los guardias normales, que tienen más capacidades, más entrenamiento y, además, con un equipamiento específico, pueden cumplir funciones donde el guardia convencional no actúa”.

En cuanto a su oferta en el delicado trabajo de inteligencia, su Gerente General señala:

“Hay muchas fuentes de información abiertas y que son útiles, en la medida en que se analizan con un objetivo. Las redes sociales en nuestro país hablan y dicen muchas cosas. Por ejemplo, cuando se convoca a una marcha o a otras acciones, el analizar esas redes permite poder estar prevenidos. Así, se le entrega servicio de contención al cliente, si se requiere”.

 En el mismo tenor, declara el uso de elementos tecnológicos sofisticados: “El dron es un elemento tecnológico que para nosotros fue innovador hace unos años, cuando algunos clientes nos hicieron determinados requerimientos. Por ejemplo, en sectores de minería o de generación de energía, requerían hacer seguimiento a sus líneas de transmisión para evitar que fuesen susceptibles a algún delito o daño, y les ofrecimos estos equipos que vuelan en determinados horarios y se hace toda la revisión online”.

Sus capacidades son equivalentes a las que poseen las distintas policías, tal como drones equipados con cámaras infrarrojas, térmicas, lectura de patentes de vehículo e incluso detección de rostros.

Al parecer el negocio está en marcha y abre un nuevo ciclo represivo, esta vez legalizado y no en las penumbras como se manejaba hasta hoy. La policía privada llegó para quedarse, otro signo de esta especie de nueva dictadura del siglo XXI.

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Presidente de la CChC y un tercer 10%: Podría agravar la dificultad de las empresas para encontrar mano de obra

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En entrevista con el diario El Mercurio, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errazuriz, manifestó su preocupación por las ayudas estatales y un posible nuevo retiro del 10% desde las AFP, producto de que esto “podría agravar la dificultad de las empresas para encontrar mano de obra”, afirmó.

El ingeniero comercial de la UC también cuestionó la llegada de las Apps de reparto producto de que ofrecerían un mayor salario al promedio que su rubro está dispuesto a pagar. Es decir, unos $527 mil, lo que ha “dificultado contratar obreros a los precios habituales”, señala el diario.

A consecuencia de esto, Errazuriz advirtió que en los próximos meses se profundizaría los problemas ligados al déficit habitacional, además de entorpecer la recuperación de empleos.

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Militantes fantasmas y la caída de los partidos institucionales

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332.357 chilenas y chilenos salieron de los registros de los partidos oficiales. Esta depuración del padrón por parte del SERVEL, es una merma significativa que sólo refleja la crisis y el desprestigio de toda la fauna corrupta anclado en el parlamento burgués.

El 14 de abril del año 2016 se dictó la ley que estableció un plazo de un año (hasta abril de 2017), para que los partidos reficharan a sus miembros. Si no cumplían con este trámite quedarían obsoletos, por lo mismo, sin poder actuar como patrocinadores de candidatos presidenciales o parlamentarios y sin acceso al financiamiento con fondos públicos que los financian, monto que  alcanza la suma de 7 mil millones de pesos por año. La cosa se resolvió “a la chilena”, tal como nos tiene acostumbrado la casta política, es decir, con presiones y acuerdos entre cuatro paredes. El acuerdo trasversal de los partidos obligó al SERVEL a ceder a la “cocina política”, permitiéndoles  flexibilizar los procesos y permitir la reinscripción de sus militantes de manera ilegal y tramposa.

Durante todo este tiempo el fraude funcionó como si nada, a sabiendas que todos los partidos estaban en ilegalidad, pero todo cambió con la ley aprobada por el Congreso durante el pasado verano (26 de febrero). Al no poder refichar de manera legal y comprobada a su militancia, se depuró el padrón y todos los partidos perdieron la suma de332.357 militantes, pasando de  874.737 a 542.380 de un paraguazo.

Los más afectados son el Partido Socialista, que de 118.370 bajaron a 43.895, lo mismo que el PPD, que de 106.370 quedaron en 32.898. La Democracia Cristiana pasó de tener 103.340 militantes a quedar en 32.237. En la derecha la cosa también causo estragos, la UDI bajó de 96.835 a 41.301. Renovación Nacional se avispó y antes de que el SERVEL aplicara la podadora, depuró su padrón y quedó en 42.135.

Los radicales perdieron más de la mitad de sus afiliados y de 66.382 personas quedaron con 29.293. Por su parte, los Progresistas no se quedaron atrás y su merma fue también poco más de la mitad y de 57.390 quedaron en 28.597.

Con las nuevas cifras entregadas, el Partido Comunista quedó como la tienda política más numerosa del país, a pesar de tener una merma de  35.500 adscritos, quedando con 47.299 condicionales militantes.

Los demás partidos más pequeños también ajustaron sus cifras, pero fueron ínfimas, aún así, el panorama sólo refleja una certeza clarificadora; que la clase política que da vida a la institucionalidad capitalista sigue en retroceso, experimentando el rechazo de las chilenas y chilenos producto de la corrupción instalada en su seno y la desidia manifestada desde el estallido social a la fecha.

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37 millones en pescados y mariscos compró la presidencia en momento más grave de la pandemia

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En medio del recrudecimiento en las cifras de muertos, cesantes y ollas comunes, la presidencia de la Republica no tuvo mejor idea que -mediante Mercado Público- comprar pescados y mariscos frescos por un valor de 35 millones de pesos.

Según consta en la orden de compra, desde el Palacio se habrían comprado productos tales como lenguas frescas de machas y erizos, filetes frescos de salmón, lenguado y mero, entre otros «frutos del mar». Situación que se le suma a la compra efectuada a fines de marzo por 2 millones de pesos por los mismos productos.

Esta situación, se da en medio de las negociaciones y posibles trabas que se espera interponga el Ejecutivo para un nuevo retiro del 10% desde las AFP. Retiro que beneficiaria a una gran parte de la población, frente a la cruda situación económica que han debido sortear producto de la pandemia y las cuarentenas sin ayuda económica suficiente por parte del Estado.

Desde La Moneda respondieron que “Es falso que se haya comprado machas o erizos ni por montos pequeños y mucho menos por montos millonarios”, a pesar de que las ordenes de compra fueron publicadas y aceptadas. Asegurando además que la compra se efectuó como “provisionan el almuerzo para más de 500 trabajadores del Palacio de la Moneda para los próximos 12 meses”.

A pesar de las declaraciones, sin lugar a duda, esta nueva situación demuestra una vez más la desconexión que existe entre el presidente Sebastián Piñera y las personas.

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