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EDITORIAL

Opinión | Narcotráfico y Contrarrevolución: de la contra nicaragüense a la epidemia del crack

La historia del narcotráfico está manchada con sangre, chorrean de él en toneladas de drogas que serán vendidas a lo largo del mundo. A simple vista, pareciera creer que el tráfico de drogas, conteniendo en ella las relaciones que crea desde su producción a su venta, que se aleja del mundo político pero un examen más cercano nos muestra sus características contrarrevolucionarias y contrainsurgentes.

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La historia del narcotráfico está manchada con sangre, chorrean de él en toneladas de drogas que serán vendidas a lo largo del mundo. A simple vista, pareciera creer que el tráfico de drogas, conteniendo en ella las relaciones que crea desde su producción a su venta, que se aleja del mundo político pero un examen más cercano nos muestra sus características contrarrevolucionarias y contrainsurgentes.

El Crack y la Contra Nicaragüense

La historia del crack tiene ciertas singularidades que traspasan las fronteras de Estados Unidos y su uso tiene fuerte elementos políticos, o sea fue parte de una estrategia política utilizada por Estados Unidos para echar abajo el gobierno revolucionario en Nicaragua.

Un reportaje del periodista Gary Webb del periódico San José Mercury News de Silicon Valley en California, publicó tres artículos en agosto de 1996 en los que se sostenía que en la década de los ochenta la CIA había financiado las armas destinadas a la Contra Nicaragüense con dinero procedente de la venta de pasta base de cocaína a pandilleros en Los Ángeles. La historia que se cuenta es la siguiente : “los narcos colombianos vendían toneladas de pasta base a miembros de la Contra Nicaragüense: Oscar Danilo Blandón Reyes, antiguo dirigente de la Contra concretamente del FDN, entregaba esa pasta base a Rick Ross ‘freeway’, mítico distribuidor de la bahía de San Francisco, que acababa convirtiéndola en Crack que vendía a los creeps y bloods –grupos de delincuencia callejera- y estos distribuían al menudeo en los barrios negros y pobres de Los Ángeles”[i] todo lo dicho anteriormente se hacia abajo la tutela de  la CIA que gracias a esto conseguía una gran fuente de dinero para financiar con armas al FDN , claramente a costa de inundar los barrios con crack, y así mismo crear lo que se denominó como la ‘epidemia del crack’.

Para ser más claros, en 1979  el dictador Somoza había caída en manos de la Revolución sandinista. Los revolucionarios habían ganado la guerra contra el ejército de Nicaragua entrenado por Estados Unidos y se instalaba en Nicaragua un gobierno revolucionario. Estados Unidos asustado de que en su patio trasero se instalara un gobierno revolucionario, planeó recuperar el terreno perdido, y la forma de esta recuperación iba a ser con la creación de la Fuerza democrática nicaragüense (FDN), pero es aquí donde surge el problema de cómo financiar dicha operación. El gobierno de Estados Unidos había entregado a la CIA sólo 19.9 millones de dólares como fondos directos, lo cual era suficiente para formar la contra pero no para mantener su funcionamiento militar, es así que la venta de cocaína y pasta base fue utilizada para poder financiar todo el aparataje militar que necesitaba el FDN.

Cuando surge la posibilidad de utilizar el comercio de la droga para financiar la operación de los contra, a parecen una serie de hombres que se van a encargar de todo este proceso, uno de ellos es Oscar Danilo Blandón, hijo de un nicaragüense rico dedicado al negocio de alquilar viviendas a las familias pobres, éste personaje se encontraba en Estados Unidos realizando un master en Marcketing cuando Somoza cayó. Webb escribe sobre Blandón lo siguiente: “quien empezó a trabajar para la narco-operación del FDN en fines de 1981, declaró que dicha operación vendió casi una tonelada de cocaína en Estados Unidos ese año por un valor de 54 millones de dólares al precio de mayoreo del momento. No está claro cuánto del dinero regresó al ejército de la CIA, pero Blandón declaró que ´lo que vendíamos en L.A., la ganancia iba para la contrarrevolución”[ii]. Blandón, era la persona encargada directamente en vender la cocaína en Los Ángeles.  Por su parte, Aparece el Sr. Meneses, el cual era un conocido narcotraficante y era conocido como el ‘el rey de la droga’ en Nicaragua, además la CIA conocía muy bien cuál era su prontuario en los temas de venta de droga, entró a Estados Unidos en 1979 y en este lugar recibió visa y permiso de trabajo como refugiado político para terminar en 1981 como encargado de ‘inteligencia y seguridad’ para el FDN en California. De esta forma, gracias a la bendición de la CIA, Meneses se instaló  en el área de la Bahía de San Francisco y desde este lugar supervisó la importación de miles de kilos de cocaína a California, mientras que se agente Danilo Blandón trabajaba en Los Ángeles distribuyéndola a las redes de vendedores.

Pero, cabe preguntarse, cuál el verdadero rol de la Contra en la distribución y venta de la cocaína. En los años 70 existió un aumento en la producción de cocaína en Latinoamérica y los grupos colombianos comenzaron a refinarla y distribuirla; no obstante, producto de los problemas en el traslado de la cocaína ésta era muy cara al momento de venderla en Estados Unidos, es así que se entiende que la cocaína era una droga para el uso de los ricos.  Por lo tanto, lo que hizo la contra fue conectar las redes de venta de la calle directamente con los carteles de  Colombia por medio de redes de transporte creadas por la CIA, “los documentos de la Oficina General de Contabilidad federal confirman que la fuerza área de el Salvador le suministró a la guerrillas nicaragüenses de la CIA aviones y servicios de apoyo de vuelos hasta mediados de los 80”[iii] , es así que esta conexión de redes de venta se hicieron gracias a la utilización de aviones que cargaban la droga desde sus productores hasta Texas y así moverse dentro del país, la droga  “llegaba en toda clase de empaques: zapatos con suelas huecas, buques de carga colombianos, carros con compartimientos secretos, maletas desde Miami. Una vez aquí, era trasladada a varias casas y negocios mediocres de Hayward a San José, de pacifica a Burlingame, de Daly City a Oakland”[iv].Por lo tanto, el respaldo de la CIA a estas operaciones de financiación de la Contra hizo posible un transporte seguro y barato “los mismos aviones que proveían de material a la Contra, volvían a suelo estadounidense cargados de Pasta Base, sin riesgos ni interferencias del Departamento de Aduanas o de la DEA”[v].

Este tráfico de cocaína produjo un excedente  en Estados Unidos, lo que provocó que se hiciera posible la elaboración de un sucedáneo barato de la cocaína como lo es el Crack. No obstante, debemos agregar que quienes defienden la posición de que la CIA no tuvo nada que ver con la aparición del Crack en EEUU, plantean que el Crack existía antes de la epidemia, por lo que se deduce que la aparición de esta droga la CIA no tuve responsabilidad en inundar los barrios negros de Crack. Pero admitiendo que el Crack ya existía, no podemos negar que “la CIA posibilitó la entrada de ingentes cantidades de pasta base, protegiéndolas y, con ello, abaratando sus coste, lo que desembocó en una distribución masiva y barata entre los más desfavorecidos que antes no existía”[vi], pues bien, la “tecnología para producir el crack existe desde hace rato, En los años setenta ya había recetas para convertir la cocaína en polvo de crack  con bicarbonato de soda. El problema es que no había suficiente cocaína y que era demasiado cara. Con la llegada de grandes cantidades de cocaína barata, de repente se podía producir crack”[vii],  era una cuestión de materia prima: para poder producir el crack se necesitaba de cocaína, por lo que la CIA no la creo, ni la contra la trajo, sino que se necesitaba un excedente de cocaína necesario para que el crack como mercancía fuese vendida y demandada en grandes cantidades. Esto lo comprendió súper bien Rick Ross, un narcotraficante, que era más barato adquirir crack y cocaína; es por esta razón que “en grandes ollas y removiendo con remos, transformaba las pasta base en crack y eso era lo que hacía llegar a las bandas callejeras de Los Ángeles”[viii], y esto, como se dijo anteriormente, lo podía hacer gracias  a que en estos años, los ochenta, llegaba a Estados Unidos una gran cantidad de cocaína barata que podía transformarse en Crack.

Ahora bien, todo lo investigado por Gary Webb no era nuevo, puesto que ya en 1985 el mismo John F. Kerry (poner quién es)  inició una investigación sobre los supuestos  tratos de la CIA con la Contra y el tráfico de Drogas. A esta investigación se le denominó ‘informe Kerry’ y fue llevada a cabo por el Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos acerca de las acusaciones sobre la participación del FDN y la CIA en el tráfico de cocaína. De esta forma, la investigación del Comité inicial en el tráfico internacional de drogas, que comenzó en abril de 1986, se centró en las acusaciones de que el senador John F. Kerry había recibido del tráfico ilegal de armas y narcóticos asociado a los elementos ya nombrados. Así, a medida que el Comité procedió a su investigación, información significativa comenzó a salir a la superficie sobre las operaciones de los narcotraficantes internacionales, especialmente en relación con los cárteles de la cocaína en Colombia, que en esta época vivían el boom de la producción de la coca. Como resultado y consecuencia, se tomó la decisión de incorporar las alegaciones relacionadas con la Contra en una investigación más amplia sobre la relación entre la política exterior, el tráfico de narcóticos y aplicación de la ley.

Si bien la cuestión entre contra y droga no era el objetivo principal de la investigación, “el Subcomité descubrió evidencia considerable en relación con la red de la Contra que fundamenta muchas de las acusaciones iniciales establecidos ante la Comisión en la primavera de 1986”[ix]. Sobre la base de esta evidencia, está claro que las personas que brindaron apoyo a los Contras estaban involucradas en el tráfico de drogas, “la red de abastecimiento de la Contra fue utilizado por las organizaciones de tráfico de drogas, y los elementos de la contra sí mismos, a sabiendas recibieron asistencia financiera y material a los narcotraficantes”[x]. En cada caso, una u otra agencia del gobierno de Estados Unidos tenía información respecto a la participación ya sea mientras se estaba produciendo, o inmediatamente después., Por lo que se encontraron 4 acciones utilizadas por los departamentos de CIA ligadas a las droga para relacionarse:

  1. «Participación en tráfico de estupefacientes por parte de personas asociadas con la Contra «
  2. «Participación de traficantes de estupefacientes en operaciones de suministro a la Contra a través de relaciones empresariales con organizaciones de la Contra”
  3. «Provisión de asistencia a la Contra por parte de traficantes de estupefacientes, incluyendo dinero en efectivo, armas, aviones, pilotos, soporte aéreo y otros materiales, de forma voluntaria por parte de los traficantes. «
  4. «Pagos a traficantes de drogas, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con fondos autorizados por el Congreso para asistencia humanitaria a la Contra, en unos casos después de que los traficantes hubieran sido encausados por asuntos de drogas por varias agencias federales competentes, en otros mientras los traficantes tenían investigaciones abiertas por estas mismas agencias”[xi]

Como consecuencia de estos tipos de relaciones, la Subcomisión observó que “los enlaces que se forjaron entre los contras y los traficantes de drogas fueron principalmente pragmático, no ideológico”[xii], o sea, se utilizó la comercialización de la droga como aspecto elemental de sus relaciones, pero no se obvio algunos aspectos ideológicos para aprovechar que esta relación comercial fuese más ventajosa, en palabras de Marcos Aguado, jefe de la fuerza aérea de Edén Pastora no dice que “(…) Aprovecharon el sentimiento anti-comunista que existía en América Central (…) y, sin duda, lo usaron para el tráfico de drogas”[xiii],  por lo que podemos encontrarnos que las conexiones fueron con intereses comunes, así se trabajaba de mejor manera y se mantenían las relaciones por mayor cantidad de tiempo.

Sin embargo, después de toda la investigación y datos recogidos, las conclusiones del comité tuvieron poca repercusión en Estados Unidos y en la Casa Banca. Un artículo del «Columbia Journalism Review» indicaba que «el Washington Post publicó un breve artículo en la página A20 en el que se centraba tanto en las luchas internas dentro del comité como en sus conclusiones; el New York Times publicó un breve artículo en la página A8; Los Angeles Times publicó una historia de 589 palabras en la página A11»[xiv], podemos decir por lo tanto que fueron los mismos aparatos del Estado que intentaron tapar todo rastro y voz que intentara denunciar las operaciones secretas llevadas a cabo por el CIA, el FBI, la DEA o el mismo Estado. Tal fue el grado de intentar acallar todas las fuentes acusatorias, que hasta la muerte del periodista Gary Webb se ve oscurecida bajo el telón de acero del Estado Norteamericano.

 ‘La Epidemia del Crack’

Pero uno de los aspectos más fuertes de la explosión del Crack y consigo las conexiones con la contra nicaragüense fueron las condiciones sociales que se produjeron en los barrios pobres de Estados Unidos, una epidemia que azotó fuertemente a la clase pobre sobre todo a la población negra de Estados Unidos. Este fenómeno se le denominó como ‘la epidemia del crack’ y conllevo  que Estados Unidos buscase comenzar una guerra declarada contra la droga, una acción paradójica si nos atenemos que fueron ellos quienes incentivaron el comercio y con ello el consumo de cocaína y crack. Así, podemos decir que la mayor oleada de consumo de la droga vino durante lo que se conoció como la “epidemia del crack”, entre 1984 y 1990, cuando la droga se extendió a través de las ciudades estadounidenses. La DEA plantea que “la epidemia de crack aumentó drásticamente el número de estadounidenses adictos a la cocaína. En 1985, el número de personas que admitió el uso de la cocaína de forma rutinaria aumentó 4,2 millones a 5,8 millones, según el Departamento de Salud y la Encuesta Nacional de Hogares de Servicios Humanos”[xv],  esta se canaliza justo cuando el cartel de Medellín estaba en su apogeo y controlaba gran parte de la producción de cocaína en el mundo.

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Como dijimos anteriormente, el excedente de drogas provocó que el consumo de crack se facilitará y se hiciera más extensivo, así a principios de 1986, “el crack tenía un dominio absoluto sobre los guetos de la ciudad de Nueva York y fue dominado por los traficantes y distribuidores de la República Dominicana. Distribución Crack y abuso estallaron en 1986, y para finales de año estaba disponible en 28 estados y en el Distrito de Columbia”[xvi], lo que demuestra que en un corto tiempo el crack fue capaz de apoderarse de gran parte de los barrios existentes en Estados unidos, llegando a 1988 reemplazar “a la heroína como el mayor problema de Detroit”[xvii]. Esto tiene que ver por la oferta que existió de crack, producto del excedente de la materia pria, en el cual su pureza se diferenció de la cocaína, así por ejemplo la cocaína en las calles tenía un  “55 por ciento de pureza por $ 100 por gramo, y el crack se vende en niveles medios de pureza del 80 por ciento de más por el mismo precio”[xviii].

De esta forma, el crack provocó una alta demanda por su alto grado de adicción, pero esto se explicaba también porque el consumir crack era más barato, era más barato hacerse adicto del Crack que de la cocaína, y que además,  tenía una mayor  pureza que la cocaína. Este elemento provocó un boom de comercio de la droga, que no sólo lleno las arcas de quienes la ofrecían como mercancías, ya sea traficantes pequeños  o la CIA que utilizaba la venta de estas toneladas para la guerra contrarrevolucionaria, sino que también significó un aumento considerable del consumo de crack y cocaína, provocando un intenso ambiente de urgencias en el ámbito de la salud, por ejemplo “según las estadísticas del amanecer, en 1985, las urgencias hospitalarias relacionadas con la cocaína aumentaron en 12 por ciento, de 23.500 a 26.300; y en 1986, aumentaron 110 por ciento, de 26.300 a 55.200. Entre 1984 y 1987, los incidentes de cocaína se cuadruplicaron”[xix]; pero a la vez, los barrios pobres se comenzaron a infectar de violencia y asesinatos provocados por la adicción y las guerras entre bandas de traficantes. Un estudio realizado en 1988 por la Oficina de Estadísticas de Justicia de estados Unidos encontró que en la ciudad de Nueva York  “el consumo de crack fue atado a un 32% de todos los homicidios y el 60% de los homicidios relacionados con la droga”[xx]. Así, queda por comprobado que la ‘epidemia del crack’ no sólo trajo consigo un gran beneficio para las arcas de la CIA para combatir a los sandinistas, sino que provocó una fuerte y larga ola de violencia y adicción de Crack en gran parte de las ciudades de Estados Unidos. En sí, quienes más sufrieron los avatares de la personalidad imperialista de Estados unidos fueron sus habitantes pobres que se vieron enfrentados a todos los problemas sociales que trajo consigo la ‘epidemia del crack’.

Finalmente, ya para 1990 estados Unidos declaró que la epidemia del Crack se encontraba controlada por distintos factores entre ellos que «Probablemente, el factor más importante -en la caída de la tasa de crimen-  fue el cambio en los mercados de droga, es decir, que los traficantes ya no necesitaran luchar sobre el terreno para vender su nuevo producto, ya que las líneas fronterizas estaban ya establecidas»[xxi]. De esta forma, se daba por superada la epidemia del Crack en Estados Unidos.

Awkan

[i] MANÓJ-CABEZA, Aracely; “La Solución: la Legalización de las Drogas”; DEBATE; p. 36

[ii] WEBB, Gary: “The Dark Alliance: The America’s Crack’ plague has roots in Nicaragua war”, 18 Agosto 1996, Mercury News Staff Writter

[iii] Ídem

[iv] Ídem

[v] MANÓJ-CABEZA; Op. cit., p. 38

[vi]Op. Cit; p. 38

[vii] WEBB; Op. Cit,

[viii] Op. Cit;  p. 39

[ix] Selections from the Senate Committee Report on Drugs, Law Enforcement and Foreign Policy

chaired by Senator John F. Kerry; http://www.pinknoiz.com/covert/contracoke.html

[x] Idem

[xi] Idem

[xii] Idem

[xiii] Subcommittee deposition of Marcos Aguado, Part 3, p. 285  http://www.pinknoiz.com/covert/contracoke.html

[xiv] KORNBLUH, Peter: “Crack, the Contras, and the CIA: The Storm Over ‘Dark Alliance’”, Columbia Journalism Review, febrero de 1997.

[xv] DEA, “Many U.S. communities were gripped by violence stemming from the drug trade 1985-1990”, p. 59

[xvi] Op. Cit; p. 60

[xvii] Ídem

[xviii] Ídem

[xix] Op. Cit. p. 61

[xx] Idem

[xxi] SZALAVITZ, Maia: “Craqued up. How did a drug whose addictive properties were once compared to potato chips become the scourge of America?”, tuesday, may 11, 1999; http://www.salon.com/1999/05/11/crack_media/

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Editorial | ¡Disolución de la policía bajo un Gobierno de la Clase Trabajadora!

En las actuales condiciones de decadencia mundial del capitalismo, el problema de la brutalidad policial no constituye un fenómeno aislado, es decir, determinado por factores puramente nacionales. La crisis mundial empuja a los capitalistas al fortalecimiento de sus organismos represivos.

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Durante la tarde de ayer miércoles tuvimos noticia de nuevos casos de brutalidad policial y estatal: Desde la madrugada se conoció el fallecimiento en prisión de Keysi Vigoroux, interna que padecía un cáncer en etapa terminal, tras meses de luchar por un indulto presidencial que jamás llegó. Durante la tarde se difundió ampliamente un video que muestra a funcionarios de carabineros disparando contra un grupo de menores residentes de un hogar del Sename en Talcahuano, hechos que acabaron con dos menores baleados por los funcionarios. Hasta el momento, estos hechos han determinado una enérgica respuesta de masas, la salida del director de carabineros y el adelantamiento del toque de queda en todo el gran Concepción como forma de evitar un levantamiento popular.

Lamentablemente, esta clase de hechos vienen repitiéndose con una frecuencia cada vez mayor. Hace sólo un par de semanas, carabineros intentó asesinar a un joven manifestante lanzándolo por un puente al río Mapocho en Santiago, lo que sumado a las sistemáticas violaciones a los derechos humanos desde hace un año, la brutalidad policial en Wallmapu, los conocidos casos de corrupción que involucran a la institución, la cantidad de funcionarios y oficiales procesados (incluidos altos mandos y ex directores), han colocado a la orden del día la discusión respecto de qué hacer con este órgano policial. Desde los sectores reformistas y democratizantes (PC, FA), se apunta hacia la necesidad de una “reforma”, una “refundación” o una “democratización” de la policía en los marcos del actual estado burgués. ¿Es esto posible? ¿Deben los trabajadores y trabajadoras prestar atención a las propuestas de quienes se presentan como sus auténticos “aliados” y “representantes”?

En primer lugar, debemos considerar que, dado el carácter de la presente revolución, la clase trabajadora no cuenta con “aliados” genuinos entre las clases poseedoras y explotadoras. Este hecho determina que todo problema político fundamental (como la reforma de la policía) conduzca hacia el problema del poder, es decir, quién tiene el poder para implementar esta clase de decisiones. Por esta razón, el único programa viable para la resolución de la crisis actual es el de la concentración de todo el poder en manos de la clase proletaria. De nada nos sirven los cantos de sirena de las propuestas de “reformar” carabineros, de “democratizar” la institución o de someterla al imperio de un inexistente poder de la “sociedad civil”.

En las actuales condiciones de decadencia mundial del capitalismo, el problema de la brutalidad policial no constituye un fenómeno aislado, es decir, determinado por factores puramente nacionales. La crisis mundial empuja a los capitalistas al fortalecimiento de sus organismos represivos, como último recurso para imponer frente a las masas todo el programa de saqueo y superexplotación a la que la propia situación objetiva les arrastra. Todas las rebeliones populares en curso alrededor del globo dan cuenta de esta realidad, colocando transversalmente en cuestión el rol de todos los aparatos armados de defensa del orden capitalista, y poniendo en perspectiva histórica el armamento concreto de las masas populares (EE.UU., México, Perú, Colombia, Chile, por nombrar algunos ejemplos recientes).

Por otra parte, la inviabilidad histórica de todas las propuestas de reformas democratizantes ha quedado de manifiesto en el hecho de que los mismos que hoy se llenan la boca hablando de la “refundación” de carabineros (PC, Frente Amplio), han apoyado la legislación represiva y de súper explotación durante todo el último año (anti capuchas, anti saqueo, anti barricadas, protección del empleo).

Seamos realistas: no hay ni reforma ni refundación posibles de una policía cuya función es servir como brazo armado para la defensa de los mezquinos intereses de una clase lumpenezca, criminal, corrupta, parasitaria e improductiva: la actual burguesía. Debemos abocarnos a preparar sistemáticamente una intervención histórica de la clase trabajadora que destruya el actual régimen hasta sus cimientos, y que lo reemplace por un régimen de nuevo tipo: Un Gobierno de Las y Los Trabajadores, que disuelva a carabineros y todas las actuales fuerzas armadas, y cuya defensa esté puesta en manos de todo el pueblo en armas.

Afiche de Trabajadores y Trabajadoras al Poder

La intensificación de la brutalidad policial constituye un llamado urgente a la acción. Las tareas del momento se encuentran determinadas por la organización y la movilización de pueblo. Concretamente, se debe trabajar arduamente en la construcción y el fortalecimiento de las asambleas populares junto al impulso de comités de acción en los centros laborales, cuya orientación esté puesta en organizar la lucha por la libertad de las y los presos políticos de la rebelión y del pueblo mapuche (exigiendo la amnistía general de las y los luchadores como primer paso), en preparar de inmediato las acciones de protesta en contra de los crímenes de carabineros y el Estado (movilización fuera de las comisarías, centros penitenciarios y del sename y edificios gubernamentales. ¡Derrotar en las calles el toque de queda, como hicimos el año pasado!), en organizar grupos y equipos de autodefensa territoriales y en los centros de trabajo, que constituyan la primera línea de enfrentamiento contra la represión, y en colocar toda esta perspectiva en función de desarrollar la convocatoria del 10 de diciembre hacia la Huelga General por Amnistía total a las y los luchadores, juicio y castigo a los represores, ¡Fuera Piñera y todo el régimen actual!.
¡Hoy más que nunca debemos impulsar con fuerza el Frente Único contra la brutalidad policial, los crímenes del Estado y por ¡Fuera Piñera! a través de la acción y la lucha en las calles!.

¡Amnistía Total! ¡Huelga General! ¡Fuera Piñera!
¡Juicio y castigo para los represores y asesinos del Pueblo!
¡Gobierno de Las y Los Trabajadores que disuelva las actuales FF.AA. y de orden!

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TP | Aclaración respecto de los sucesos del 18 de octubre en Plaza de la Dignidad

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Frente a la clase trabajadora y el pueblo en su conjunto, como Trabajadores y Trabajadoras al Poder declaramos:

1. Como organización nos hicimos presentes durante la jornada del 18 de octubre en la plaza de la Dignidad, con el objetivo de participar de la manifestación en conmemoración del primer año del inicio de la revolución en nuestro país. En el marco de nuestras actividades previstas para aquella jornada, instalamos desde antes del mediodía en las inmediaciones de la plaza nuestro “Camión del Pueblo”, iniciativa tendiente a colocar una tribuna abierta para la agitación política, tribuna desde la cual pudieron expresar sus planteamientos durante toda la jornada una gran cantidad de organizaciones políticas y sociales, las familias de presos, presas y mártires de la rebelión, además de expresiones artísticas firmemente comprometidas con las luchas del pueblo. La reivindicación de esta iniciativa por parte de nuestra organización fue clara y abierta desde un inicio, expresándose por medio de la presencia de nuestros símbolos, banderas, lienzos y discursos. La totalidad de las organizaciones que solicitaron un espacio para hacer uso de la palabra en nuestro acto tuvieron la posibilidad de expresarse abiertamente.

El contenido fundamental de dicha agitación estuvo marcado por el llamado a votar Apruebo, a develar los límites y las trampas del actual proceso constituyente, a no soltar las calles, a seguir impulsando con más fuerzas que nunca la caída de Piñera y de todo el ŕegimen actual, a seguir luchando por la libertad de las y los presos políticos; a defender y fortalecer todas las legítimas expresiones de lucha y autodefensa de nuestro pueblo, y a reafirmar nuestra perspectiva de un Gobierno de Las y Los Trabajadores que lleve este proceso revolucionario hasta la victoria, por medio del aplastamiento de todos los actuales partidos del régimen, integrados al estado y subordinados a los intereses del capital[1].

2. Aproximadamente a las 12:15 hrs, se desplazaba el candidato presidencial del partido comunista Daniel Jadue en el sector donde se encontraba instalado el Camión del Pueblo. Al percatarse de su presencia, un grupo de compañeros y compañeras se acercó a increparlo, enrostrándole principalmente sus declaraciones de días anteriores, en las que realizó un llamado abierto a “aislar y condenar la violencia en las manifestaciones”. Estas declaraciones constituyen de por sí un hecho gravísimo, toda vez que se enmarcan en la línea que han venido impulsando la totalidad de los partidos del régimen en función de criminalizar toda legítima expresión de protesta popular. En esta línea, se enmarcan las odiosas leyes antiprotesta sancionadas por el congreso durante este año, como también la situación que enfrentan miles de compañeros y compañeras presas por luchar.

De igual modo, parte de quienes se acercaron a increpar a Jadue eran ex estudiantes estafados por la universidad ARCIS, quienes le enrostraron al candidato la responsabilidad política del partido comunista ante la quiebra de esta institución, que dejó a cientos de estudiantes sin poder terminar sus carreras.

Ante esta situación, se produjeron agresiones por parte del círculo de seguridad de Jadue hacia las y los manifestantes que se encontraban encarándolo. En estos momentos, es que nuestro compañero Felipe Morales León, militante de Trabajadores y Trabajadoras al Poder, interviene junto a otros compañeros con el objetivo de detener estas agresiones. Desde ya manifestamos con absoluta claridad que en ningún momento nuestros militantes agredieron a Jadue, sino por el contrario, buscaban evitar que su círculo siguiera violentando a las y los manifestantes que se encontraban enrostrándole abiertamente las situaciones antes descritas. Estos hechos se generaron frente a la estatua de Baquedano. Frente a este escenario, se generó una reacción espontánea de masas que acabó expulsando a Jadue del lugar.

3. Denunciamos y repudiamos la miserable calumnia y provocación lanzada ayer lunes 19 de octubre desde redes sociales oficiales del partido comunista (cuenta de facebook e instagram de Juventudes Comunistas de Recoleta), las funas “anónimas” que se han hecho circular en contra de nuestro compañero Felipe Morales, en las que se le sindica como provocador de derecha, y las múltiples amenazas, amedrentamientos e intimidaciones cobardes recibidas por este compañero militante de nuestra organización durante las últimas horas. Repudiamos con firmeza todas estas provocaciones rastreras y matonescas, y queremos expresar con absoluta claridad que hacemos responsables políticamente respecto de la integridad de nuestros militantes a todos quienes han hecho circular esta sarta de repulsivas calumnias.

Denunciamos y repudiamos la repugnante maniobra que busca enlodar el carácter y el sentido de nuestro acto político del 18 de octubre, realizado desde nuestro “Camión del Pueblo”, por medio de las más sucias difamaciones que sindican a nuestra militancia consumiendo alcohol y drogas. Todos y todas las asistentes a la plaza y a nuestro acto ese día pudieron comprobar que nuestra actividad era libre de consumo de alcohol y drogas. Desde nuestra perspectiva, el consumo de alcohol y drogas representa un serio problema para el desarrollo de las jornadas de manifestación y protesta en la plaza, toda vez que le resta combatividad a las concentraciones, sirviendo de esta forma a los intereses de quienes desde sus puestos de poder en el actual régimen llaman a “aislar a los pacíficos de los violentistas”. Como Trabajadores y Trabajadoras al Poder somos conscientes de este problema, y creemos que para revertir toda esta lógica nefasta para el movimiento (y muy funcional a los intereses de la burguesía) las organizaciones tenemos el deber de ser un aporte a la politización de las jornadas. Todo el sentido de nuestra agitación durante el día 18 perseguía el objetivo de impregnar la conmemoración de un profundo sentido político, de protesta, combativo, de lucha directa y frontal, sobre la base de la consigna ¡Apruebo derrocar a Piñera y a todo el régimen actual!.

Hacemos un llamado abierto al pueblo y a todas las organizaciones del campo popular a combatir activamente este tipo de planteamientos, que buscan dividir las manifestaciones entre “pacíficos” y “violentos”. Esta estrategia es absolutamente funcional a los intereses del bloque en el poder, ya que  justamente persigue debilitar el potencial revolucionario de las luchas de masas, tratando de desviar el curso del actual proceso por una vía institucional diseñada a la medida de los grandes empresarios.

Rechazamos desde ya los intentos malintencionados de incitar a confusiones respecto de estos hechos, involucrando a compañeros y compañeras que nada tuvieron que ver con los sucesos de aquel día, con el objeto de sembrar un manto de dudas y desconfianza en relación a la presencia del camión y los objetivos reales de nuestra intervención. En este sentido, nos vemos en la obligación de aclarar que la Fonda Permanente “La Popular” nada tiene que ver ni con el camión, ni con el acto, ni con nuestra organización. El Camión del Pueblo se mostró desde un inicio y durante todo el día abiertamente como una iniciativa de Trabajadores y Trabajadoras al Poder. Así consta a las miles de personas que se hicieron parte de nuestro acto durante toda la jornada.

Denunciamos y repudiamos las repulsivas campañas que buscan ensuciar el nombre de luchadores y luchadoras de larga trayectoria revolucionaria al servicio de los intereses del pueblo y de la clase trabajadora. Reivindicamos el compromiso, la conciencia, la trayectoria, la consecuencia y la militancia revolucionaria de nuestro compañero Felipe Morales León. Caminamos con seguridad y con convicción en nuestras ideas debido a que nuestra trayectoria histórica nos ha granjeado el cariño y el aprecio de nuestra clase y de nuestro pueblo. ¡Hacemos un llamado fraterno a todas las organizaciones clasistas, consecuentes, verdaderamente democráticas y revolucionarias a repudiar activamente estas viles difamaciones y a defender a todas las honestas y honestos luchadores de nuestro pueblo! 

4. Repudiamos y rechazamos la calumnia de que nos creemos “dueños de la manifestación” o de que nos arrogamos el “derecho de limitar” la participación de dirigentes políticos. Cualquiera que haya estado el día domingo en la plaza pudo constatar que en la manifestación se encontraban decenas de grupos políticos, con sus lienzos, sus banderas, sus consignas: ¡Y nos parece excelente que  así sea!

Muchas de estas organizaciones hicieron uso de la palabra en nuestro acto, que como ya hemos mencionado, se encontraba abierto para todas las agrupaciones tanto políticas como sociales.

Ahora, es distinto cuando se trata de partidos integrados al actual régimen político y subordinados a los intereses del capital. Más que estar echando mano a extrañísimas teorías conspirativas, los expulsados debiesen preguntarse por su propia conducta política. Todos los partidos que aprobaron la antiobrera Ley de Protección del Empleo, por ejemplo, deben hacerse responsables políticamente frente al pueblo de legislar en función de los intereses de la clase patronal. La lista puede ser interminable, si consideramos las leyes represivas, la acción y omisión en función de preservar a Piñera en la presidencia, el bozal burocrático de las organizaciones sindicales o de masas, el miserable reajuste al sueldo mínimo, la cesantía, el colapso hospitalario, los llamados a la “pacificación” mientras miles de luchadores y luchadoras están tras las rejas, la represión al pueblo mapuche, etc. Reivindicamos y defendemos el derecho fundamental de cualquier manifestación de masas de expulsar a los representantes políticos con credenciales probadas en la defensa del capitalismo. La negación de derechos civiles a los capitalistas y sus representantes políticos, en función de sus intereses de clase, representa la esencia del tipo régimen que buscamos construir: Un gobierno de la clase trabajadora, sobre la base de sus organismos de democracia directa, en contra de la clase dominante actual y todos sus lacayos políticos.

¡Aprobamos derrocar a Piñera y a todo el régimen actual!

¡Fortalecer y defender a la Primera Línea! ¡Libertad a todos y todas las presas políticas!

¡Por un Gobierno de Las y Los Trabajadoras que disuelva las FF.AA. y de orden!

¡El Pueblo despertó! ¡Juntxs construyamos la Revolución!

Trabajadores y Trabajadoras al Poder.

20 de octubre de 2020.

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EDITORIAL

Editorial |Que el 10% sea solo el primer paso, ¡Nosotros y nosotras vamos por todo!

La actual crisis se expresa de tres maneras distintas, aunque indivisibles una de la otra al momento de comprender el por qué del actual estado de la lucha de clases en el territorio.

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Durante el transcurso de la crisis abierta por el avance de la pandemia en el país hemos sostenido, como Diario Venceremos, que esta crisis se expresa de tres maneras distintas, aunque indivisibles una de la otra al momento de comprender el por qué del actual estado de la lucha de clases en el territorio.

En primer lugar, afirmamos que la crisis se expresa como crisis política, ya que durante los últimos años el régimen político venía cargando con el amplio peso de la falta de legitimidad frente a las masas, situación que se profundizó aún más tras el estallido de la Rebelión en octubre pasado, cuando derechamente dicha crisis de legitimidad devino en una profunda crisis de gobernabilidad.

A pesar del paso del tiempo y la llegada de la pandemia a Chile, el régimen, y en específico el gobierno de Piñera, jamás fueron capaces de reponerse del todo del enorme remezón que el pueblo chileno venía dando en las calles desde hace meses, basando sus posibilidades de gobernabilidad en el poder coercitivo ejercido por las FF.AA. y las alianzas establecidas con aquellos partidos que otrora ejercían la “oposición”.

Como la pandemia y el pésimo manejo del gobierno no hicieron más que profundizar esta crisis, podemos afirmar que el reciente debate parlamentario respecto al Retiro del 10% de los fondos de pensiones y las enormes fisuras y contradicciones que abrió en el seno de los partidos oficialistas, no son más que una expresión de ella, demostrando además el actual estado de la lucha de clases, en el cual el gobierno de Piñera parece encontrarse sin salidas y los partidos oficialistas sin capacidad para operar a su favor en el campo legislativo.

Al presentárseles en todo su alcance el poder del pueblo movilizado durante las jornadas del 14 y 15 de julio, muchos parlamentarios – tanto de “oposición” como del oficialismo – votaron a favor de legislar no por un verdadero convencimiento en acabar con las AFP, sino más bien por temor a las consecuencias que su postura negativa podrían provocar en la rabia popular. Ejemplos de esta situación son las declaraciones de Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional que constantemente ha brindado alocuciones a los medios de prensa calificando a algunos militantes de su partido como “faltos de calle”, al no querer escuchar la “voz popular” y, sobre todo, culpándolos de no conocer las capacidades de la clase trabajadora a la hora de protestar por lo que le pertenece.

Rodolfo Carter, alcalde perteneciente a la bancada UDI, emitió durante la semana declaraciones que van en el mismo tono de Desbordes, al expresar que “el próximo lunes se acabará Chile” si los parlamentarios no eran capaces de votar a favor de legislar el retiro de los fondos de pensiones.

Miedo, por donde se le mire. Este miedo proveniente de las esferas más conservadoras del espectro político institucional, que incluso tiene a fascistas de tomo y lomo como Iván Moreira planteando soluciones intermedias, no es más que la expresión misma del actual desenvolvimiento de la lucha de clases y la deriva política a la cual se encuentra sometido el régimen.

De todas maneras, si el problema fuese sólo político encontrarían de alguna u otra manera la salida a sus problemas, pero como hemos afirmado en párrafos anteriores, asistimos actualmente a una concatenación estructural de tres crisis a la vez, y es tanto política como sanitaria y económica.

El debate parlamentario respecto al Retiro de los Fondos de las AFP remeció también las bases económicas en las cuales está sostenido el país, y develó consigo el pilar fundamental en los que descansa el modelo capitalista chileno. En el mismísimo instante que el debate sobre el retiro de estos fondos comenzó a asomarse en los medios y a tomar fuerza aparecieron también los empresarios, quienes desesperados no tardaron en hacerse notar públicamente mediante una Carta al Director publicada en el diario El Mercurio, bastión informativo de la burguesía desde sus inicios como medio escrito.

En dicha misiva, 15 representantes de los más grandes gremios empresariales del país expresan su preocupación ante lo que califican “el principio del fin” en caso de aprobarse el retiro de fondos de pensiones, dejando, según ellos, como principales afectados a la clase trabajadora y la estabilidad económica y política del país.

Resulta paradójico, por decir lo menos, que los grandes empresarios se muestren ahora preocupados por la deriva a la cual puede quedar sometida la clase trabajadora, mientras esos mismos trabajadores y trabajadoras deben movilizarse por millones hacia sus puestos de trabajo sin mayores regalías para evitar el contagio en el transporte público. Jamás los escuchamos hablar de horarios diferenciados de ingreso a las empresas, de apoyos en concreto a las familias más afectadas; sino más bien los vimos aplaudir una ley que endosa el cuidado de las y los trabajadores desempleados en fondos creados por ellos mismos, mientras intentaban reabrir los centros comerciales para “echar a andar la economía”.

Esta preocupación por la institucionalidad de larga data y la familia chilena no es más que un ardid de lo más bajo, una falacia alarmista que sólo pretende generar caos y preocupación en torno al posible retiro de un porcentaje de nuestros fondos de pensiones. Frente a un modelo de pensiones absolutamente deslegitimado por el pueblo en su conjunto, los argumentos políticos van desapareciendo y no queda más que echar mano a añejas fórmulas económicas y la tan manoseada “institucionalidad”.

No es menor su preocupación, tienen razones para hacerlo. Sólo un 10% del fondo total de pensiones representa más de 3.4 billones de dólares en activos, la mayoría de los cuales termina invirtiéndose en sus propias empresas.

Las AFP son el molino de agua que otorga activos frescos a las inversiones del gran empresariado local, la “gallina de los huevos de oro” que les permite echar a andar la máquina de sus miles de empresas, bajo la promesa de multiplicar dichos activos para así mejorar el fondo global de pensiones. Un eventual retiro de un miserable 10% de nuestros fondos de pensiones pone en jaque gran parte de su negocio. Es evidente que saldrán a respaldarlo a como dé lugar.

El vergonzoso lobby empresarial realizado durante los últimos días en el Parlamento es un claro ejemplo de la defensa a rajatabla que pretenden hacer del modelo que tantos réditos les ha otorgado.

Por último, toda esta problemática se ve agudizada por la actual situación de la pandemia, que está absolutamente lejos de acabarse. A día de hoy son más de 8.000 los fallecidos por Covid-19 en el país, sumándose a una larga lista de más de 300.000 contagiados.

Aunque el Ministerio de Salud afirme que existe una leve mejoría, y por lo mismo comiencen a preparar las condiciones para el desconfinamiento, lo cierto es que en las regiones donde se está intentando esa medida – Los Ríos y Aysén – rápidamente se reactivaron los casos. Esto quiere decir que la pandemia “va para largo”, la experiencia de otros países así lo demuestra, por lo que sus implicancias en la profundización de la crisis económica y política seguramente continuarán presentes.

Frente a este escenario de crisis integral del régimen, que se expresa con especial claridad durante esta semana con el debate por el retiro de los fondos de pensiones,

¿QUÉ ANALIZAMOS Y PROPONEMOS NOSOTROS Y NOSOTRAS COMO DIARIO VENCEREMOS?

En primer término, consideramos relevante posicionar dicho debate en un marco de análisis más amplio, que para nosotros es la Rebelión Popular y la apertura de un periodo revolucionario a nivel mundial. Consideramos que el avance de la discusión parlamentaria respecto al retiro de los fondos y su aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas, es una victoria popular, como decíamos más arriba, el miedo a un «nuevo estallido social» pone nerviosos a quienes hoy buscan sostener, en plena crisis, el sistema. Pero además, la fuerza con la que el pueblo salió estos últimos días, los levantamientos populares que se desarrollaron a nivel nacional, apuntalaron la votación y lo seguirán haciendo en las discusiones que vienen. Así lo han dicho Portuarios y Mineros, así se preparan hoy los organismos territoriales para expresar con movilización que van por todo.

Debemos ser claros en este punto, no sólo la pandemia empuja a diversos sectores parlamentarios a tomar postura respecto al retiro de fondos, lo hace también la Rebelión Popular. Estamos totalmente seguros que, de no mediar la enorme movilización popular de octubre hasta la fecha, seguramente una propuesta de este estilo hubiera muerto rápidamente en las cámaras parlamentarias, a pesar de la crisis abierta por la pandemia.

De todas maneras, y si bien la propuesta no surge directamente de un proceso de movilización constante del pueblo, evidentemente es un producto derivado de la larga lucha que viene desarrollándose desde el 2016 hasta la fecha por acabar con el actual sistema de pensiones y las AFP. Por lo mismo es que, apenas la propuesta fue aprobada en una primera instancia en la Cámara de Diputados, el pueblo salió a las calles a levantar barricadas y desarrollar la violencia de masas, situación que se vio corroborada con la espontánea celebración en las calles de Chile al momento de aprobarse la propuesta en específico.

Es necesario, eso sí, “poner la pelota contra el piso”. Retirar el 10% de nuestros fondos de pensiones no representa, en lo concreto, una tremenda solución. La mayor parte de las y los cotizantes poseen muy pocos fondos en sus pensiones, merced de la enorme especulación que durante décadas han hecho con ellos los grandes grupos económicos del país, por lo que la solución sería meramente coyuntural y transitoria. Aún así, creemos legítimo el retiro de esta parte de las pensiones, que representa parte de la fuerza de trabajo que es quitada forzozamente todos lo meses por las AFP, más aún cuando el gobierno desarrolla una serie de propuestas que no son más que deudas, miseria, hambre y represión.

Creemos que se debe analizar esta coyuntura desde un marco aún más amplio, separándola de la discusión económica a la cual intentan sumergirnos la gran empresa y el gobierno y llevándola al campo desde el cual cobra sentido: el campo político.

En aspectos políticos, como decíamos anteriormente, el avance de una medida de este tipo no representa más que la deriva política y cultural en la cual se encuentran sumergidos los defensores de las AFP, y eso como clase trabajadora debemos aprovecharlo. Hoy más que nunca se escucha fuerte y claro la necesidad de acabar de una vez por todas con este sistema productor de miseria, y el 10% debe ser considerado sólo como una medida transitoria, para avanzar en un mediano plazo hacia un sistema de pensiones controlado a favor del pueblo y no de la burguesía.

Para lograr aquello, evidentemente el gobierno criminal de Piñera debe caer, ya que son la principal piedra de tope que impide dar “el golpe de gracia” a este sistema. Tanto el gobierno como el actual sistema de pensiones son partes constituyentes del mismo régimen, por lo cual deben ser derribados por igual.

Avanzar hacia el fin del régimen criminal de Piñera y de las AFP no será tarea fácil, sin duda, y puede que nuestros esfuerzos “choquen en roca” en algún momento. De todas maneras, desde octubre hasta la fecha el pueblo movilizado ha demostrado con creces su capacidad para sortear cualquier obstáculo, y ni siquiera la pandemia, la fuerza represiva de pacos y milicos , el miedo y criminalización que intentan instaurar los medios masivos de comunicación fueron capaces de detener a las y los miles que salieron a las calles durante las jornadas del 14 y 15 de julio.

Esta fuerza que incuba nuestro pueblo día a día por la rabia acumulada en años de desigualdad que se han develado en su más cruda realidad durante la pandemia necesita objetivos claros. En el horizonte se observa el fin de las AFP, pero dicho fin debe ir apuntalado con propuestas concretas para hacer frente a la crisis unidos como clase trabajadora.

Entre nuestras propuestas, y tal como hemos afirmado en otras editoriales, como Diario Venceremos considerados absolutamente relevante avanzar hacia la construcción de un Frente Único. Éstos, que pueden ser llamados como se quiera, deben ser la síntesis organizativa de amplios sectores de masas, que en estos momentos hacen frente a la pandemia de forma parcializada. Ya sea desde el sector de la salud, o del retail, de la educación, de organizaciones territoriales o del más amplio espectro de la clase trabajadora, deben buscar converger hacia plataformas que aúnen objetivos estratégicos, con capacidad de movilización real y la posibilidad de hacer frente al gobierno de Piñera para avanzar hacia un gobierno de las y los trabajadores, echando abajo el actual gobierno. Creemos que sobre la base de los organismos que el pueblo se ha dotado en estos meses, articulados en un Frente Único, debemos no solo sacar al gobierno de Piñera, si no que construir un Gobierno de Trabajadores y Trabajadoras que lleve adelante el programa que ha levantado el pueblo en estos meses.

Dicho Frente será sin duda el fruto de un arduo trabajo, y evidentemente no se construirá de un día para otro, pero ya comienzan a aflorar experiencias concretas de unidad en la movilización, como lo son las Asambleas Territoriales, los Comités de Emergencia Territoriales y de Salud, las Ollas Comunes o los Centros de Acopio, muchas de estas experiencias coordinadas unas con otras. En momentos como éste nuestro deber como sectores movilizados y revolucionarios es poner los puntos en común por delante de nuestras diferencias, las mismas que durante años han impedido la unidad en el seno del pueblo.

¿Y una vez conformado un Frente Único de Emergencia hacia dónde debemos apuntar?

Hacia el fin de todo aquello que está mal, y que ha provocado que nuestras y nuestros hermanos de clase mueran por miles durante esta pandemia; y muchos otros mutilados, encarcelados y asesinados durante los meses más álgidos de la Rebelión. El sistema capitalista en Chile evidentemente posee fecha de caducidad, ya no aguantamos vivir como lo hacíamos antes de octubre, pero sólo con el fin del neoliberalismo no alcanza, el capitalismo como sistema debe acabarse en nuestro territorio y en el mundo si realmente queremos una vida digna para nuestro pueblo. Pero como dijimos más arriba, debemos desde este Frente Único de Emergencia instalar un gobierno de trabajadores y trabajadoras.

Para dicho fin, hemos establecido ciertas tareas fundamentales, como puente a una transformación revolucionaria del sistema chileno, bases estructurales que apunten a desmantelar  el sistema capitalista en el país, las cuales podríamos resumir en:

  • Creación de un sistema de salud único, que apunte a la expropiación y control estatal de toda la infraestructura e insumos de las grandes empresas de la salud privada en Chile, las mismas que han lucrado con la salud de miles de personas durante la pandemia.
  • Expropiación del gran capital junto a las AFP y las industrias estratégicas, para otorgar liquidez y financiamiento a planes estatales destinados a hacer frente a la crisis sanitaria, sin mediar la voluntad de la gran empresa de por medio.
  • Expropiación de la banca y el comercio exterior, para asegurar así la cadena de pagos y evitar, de paso, el aprovechamiento desmesurado que los bancos privados pretenden hacer de la crisis en complicidad con el gobierno, entregando créditos para subsanar las necesidades económicas de millones de personas en medio de la pandemia.
  • Profundización y multiplicación de los Comités de Emergencia en centros de salud, trabajo y territorios, con el fin último de avanzar hacia la conformación de un Frente Único.

Estas medidas, que hemos mencionados en anteriores editoriales, pero consideramos siguen totalmente vigentes como solución a la crisis, sólo podrán lograrse mediante la fuerza del pueblo movilizado y organizado, sin mediar ni esperar que desde los poderes del Estado se realice un primer paso que probablemente jamás llegará.

Por lo mismo, nuestro llamado es a no conformarnos con un 10% ni con las escuálidas medidas del gobierno, sino que, a posicionar la totalidad de nuestra lucha como elemento central, con la caída de Piñera y de las AFP como tarea más urgente y necesaria para avanzar hacia un gobierno de las y los trabajadores.

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