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Opinión |La insuficiencia de la retórica antineoliberal expresada en la Alcaldía Ciudadana

La Dictadura cívico-militar no solamente se centró en el ejercicio represivo para su imposición, también constituyó un proyecto de refundación que configuró nuevas relaciones sociales y políticas funcionales a desmantelar la capacidad organizativa del pueblo.

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Por Diego Gutiérrez Aguilera / Carlos Vergara Constela

Aspectos generales: vehiculizar la despolitización a través de los municipios

Los matinales apetecen la presencia de los alcaldes y las encuestas los posicionan con altos grados de aprobación. Joaquín Lavín, Daniel Jadue, Kathy Barriga y Jorge Sharp, se transforman en rostros recurrentes de nuestra cotidianidad. Cabe preguntarnos ¿A qué se debe este protagonismo despampanante en la escena política y comunicacional de las figuras alcaldicias? ¿Qué consecuencias trae la centralidad que adquieren los municipios?

Las escenas recurrentes que evidencian el protagonismo político de los alcaldes tienen su explicación más cercana en la reestructuración política institucional construida durante la dictadura cívico-militar sostenida en la franca intención de despolitizar e insertarse en el mundo popular, como también la frenética búsqueda de derrotar al marxismo. En este contexto los municipios constituyeron un rol fundamental para disciplinar al mundo popular desde una expresión clientelar, como también lograba consumar la descentralización neoliberal que fundaría un Estado subsidiario.

La Dictadura cívico-militar no solamente se centró en el ejercicio represivo para su imposición, también constituyó un proyecto de refundación que configuró nuevas relaciones sociales y políticas funcionales a desmantelar la capacidad organizativa del pueblo.

El ejercicio político quedaba reducido a un plano acotado vinculado y controlado por el municipio, las organizaciones intermedias no eran más que la extensión de las políticas sociales centrales con el fin de legitimar al régimen dictatorial. Tal como lo plantea Verónica Valdivia “era la comuna – lo local – donde la nación podría reencontrarse, alejada de la guerrilla política, unida en torno a problemas e inquietudes comunes, alcanzándose la cohesión social tan ansiada y, supuestamente, rota por la influencia malsana de los partidos, la demagogia y el marxismo”[1].

Es así como la dimensión proyectual de la Dictadura cívico-militar diseñó una apuesta planificada para reeducar a la clase trabajadora y al mundo popular desde una noción de las relaciones políticas circunscritas a lo cotidiano. Al parecer, el dilema ya no estaba en la disputa por proyectos globales, más bien acatar y sobrevivir al interior de la experimentación neoliberal constituyó la norma.

En otra referencia textual al trabajo realizado por Verónica Valdivia, queda en evidencia que la imposición neoliberal encontró su expresión en la municipalización. “La municipalización y el neoliberalismo remitieron la vida ciudadana al día a día, perdiendo la perspectiva global. Si bien los partidos recuperaron protagonismo y representatividad en los años ochenta, tal vez ello fue solo coyuntural, pues la ruptura con la base social ya había sido lograda, espacio dejado por la nueva institucionalidad a los alcaldes y el poder clientelar del municipio”[2].

El desfile por los matinales y el protagonismo en la escena política por parte de los alcaldes responde a estos vestigios de la reestructuración política institucional impulsada en la dictadura cívico-militar. Los problemas estructurales son invisibilizados y se impone una expresión técnica del ejercicio político, los alcaldes se transforman en una figura paternal que coapta y reduce profundos debates a asuntos de mera gestión y administración.

Debemos converger hacia el protagonismo de la organización popular auténtica y genuina surgida al calor de la movilización para hacer frente a la expresión clientelar, burocrática y asistencialista de los municipios. La vehiculización de la despolitización se plasma en el protagonismo de los municipios que suplantan la capacidad organizativa del pueblo por trámites, fichas, solicitudes, mapeos colectivos y priorizaciones de intervención pública.

La reducción del ejercicio político al problema de la gestión

La arremetida histórica neoliberal significó en lo evidente la desprotección y violenta precarización de la clase trabajadora, quedando desposeída de las conquistas históricas en materia de protección social. El totalitarismo del mercado como regulador de nuestras vidas, las privatizaciones voraces constituyeron la ofensiva histórica del capital. Pero la complejidad neoliberal opera en terrenos subjetivos, en definitiva, produce un sujeto.

La subjetivación neoliberal también arremete en la tecnificación del ejercicio político, asumiendo los códigos y lenguaje que le son propios a la actividad empresarial. Desde este lugar se habla de gestión territorial o se asume al emprendimiento como una inofensiva iniciativa municipal. La masificación de categorías como “gestión”, capital humano o emprendimiento no es más que la arremetida histórica neoliberal traduciéndose en despolitización, en el vaciamiento de carga política, en entendernos desde la mera administración de recursos. En la asimilación neoliberal por parte de instituciones locales como lo es el Municipio se consuma la hegemonía capitalista neoliberal.

“El profundo conservadurismo, existencial y político, asociado a la era neoliberal, ha significado una verdadera terapia lingüística. Así, ya no se usa decir ‘pueblo’, hay que decir ‘la gente’. No se dice ‘la burguesía’, hay que decir ‘los empresarios’ o, incluso los ‘emprendedores’”[3].

Desde el bien intencionado e insípido proyecto de la Alcaldía Ciudadana hasta la Municipalidad de Las Condes tienen un acuerdo tácito en la reproducción y amplificación de la terapia lingüística neoliberal. En este sentido la reestructuración política institucional construida en la Dictadura cívico-militar que posicionó a los Municipios como los vehículos para despolitizar y generar disciplinamiento en los sectores populares, también amplificó el proyecto de refundación neoliberal. ¿Qué lógicas anti neoliberales tiene el municipio de nuestra ciudad?

Revisión crítica de la experiencia de la Alcaldía Ciudadana

Lo que la Alcaldía Ciudadana ha planteado es una forma de gobernanza donde Municipio, Sociedad Civil y Empresa Privada pueden convivir con reglas claras, límites establecidos y marcos de acción definidos ¿resulta plausible este idilio liberal? Como veíamos anteriormente, la participación promovida desde los municipios ha resultado excesivamente restringida. Más aún, la forma en cómo se ha desplegado la realización de estos puntos, está lejos de las prioridades populares.

Pongamos un ejemplo cercano. En las jornadas de planificación participativa realizadas por el municipio porteño en un ya lejano 2017, la comunidad de los cerros Los Placeres y Esperanza señalaba que uno de los asuntos más prioritarios para Los Placeres era otorgar una salida peatonal pública para la Villa San Jorge, encerrada entre Frankfurt y el Auditorio Benito Parraguez (María Eilers). Tres años después, han comenzado obras viales para el cerro (reparación de Avenida Matta), sin embargo Villa San Jorge continúa esperando. Entonces ¿cuál es el sentido de priorizar y planificar participativamente? ¿Es algo más que la ficción de hacernos creer que nuestra opinión está siendo considerada? ¿En qué se diferencia a otras administraciones?

Ahora bien, si miramos cómo se ha comportado la Alcaldía en los conflictos que implican disputas con los grandes capitalistas, podemos obtener mayores claridades. Si el clamor inicial fueron las manos limpias y la lucha por los bienes comunes de la ciudad (tomando como bandera la tributación portuaria), lo que vemos es una claudicación ante este horizonte. Veamos tres puntos clave, el primero de contexto, los dos siguientes de acción política.

La publicidad. La legitimidad de la Alcaldía Ciudadana está soportada en gran medida por una máquina publicitaria anclada en la Dirección de Comunicaciones. Desde la familia Barrios, pasando por el movimiento virtual No + Parquímetros y el famoso Valposting, hasta el sin número de videos donde se muestran las acciones realizadas, casi siempre organizadas desde su cabeza. Sin la intención de entrar a discutir la legitimidad de la propaganda -algo que no tendría mayor efecto-, sí resulta interesante pensar quiénes la articulan. Sin lugar a dudas acá estamos en presencia de conocimiento experto. Tal como ha sido expuesto por otros medios[4], Paulo Gómez, el director de comunicaciones ha sido persona de confianza en algunas de las empresas que se dedican al extractivismo y que se dedican a establecer corrupción entre el gran empresariado y la clase política. Cabe preguntarse entonces, si podemos entender a la Alcaldía más allá de una excelente marca, con un afinado aparato comunicacional, que sabe explotar perfectamente la imagen de un líder carismático.

Los conflictos inmobiliarios. Por un lado tenemos la modificación parcial del plan regulador, la cual se ha mostrado como una victoria lograda entre municipio y sociedad civil organizada. Resulta innegable que la disminución de alturas significa un desincentivo al interés inmobiliario posado en varios cerros de Valparaíso. Pero el conflicto no ha cesado con la aprobación de una norma. Al contrario, permite develar una trama más extensa. El 27 de Julio del 2018, el alcalde twitteaba efusivamente: ¡se acabaron las torres en los cerros![5]. Un año y medio antes decía que comenzaría un proceso de invalidación de un permiso de obra sobre el ex Consultorio Mena, hasta ese momento, un inmueble okupado ¿Qué ha pasado? Ni lo uno, ni lo otro. El ex Consultorio Mena fue demolido (de hecho no quiso ser incorporado como Inmueble de Conservación Histórica en la modificación parcial) y el proyecto inmobiliario sigue en curso ¿Se acabaron las torres en los cerros? Por lo menos Los Placeres y San Roque, las zonas más críticas y densificadas, muestran su usual dinamismo inmobiliario: grúas, camiones, cascos blancos y obreros de la construcción siguen poblando el paisaje de estos cerros.

Quizás el caso más emblemático lo encontramos en la Villa Berlín. Con un edificio posado sobre el Acueducto Las Vegas, con informes que hablan de su riesgo inminente ante movimiento telúrico, con sucesivas fisuras del mismo y con un reclamo de invalidación presentado por la comunidad, el proyecto se mantiene en su fase final ¿Qué sucedió? Básicamente la alcaldía se demoró más de un año en responder un reclamo fundamentado en infracciones al derecho urbanístico, desconoció la estrategia asumida entre los actores barriales y el gabinete del alcalde y le dio vuelta la espalda a la comunidad ¿Por qué la Alcaldía habrá tomado la opción de ensuciarse las manos? Esto no es una excepción, más bien es la regla ¿Por qué en el caso de Mirador Barón no se invalidó teniendo TODO para hacerlo? ¿Alguna vez el Municipio develará el autogol que se hizo con sus aliados políticos? ¿Y qué se ha hecho con el Informe 1.047/2018 de la Contraloría General de la República[6], el cual detectaba más de 20 edificios con infracciones al derecho urbanístico en Valparaíso? ¿Cuál es la racionalidad del municipio en estos casos? Probablemente se escudarán diciendo que en Parque Pumpín sí se ha luchado contra Nicolás Ibáñez Pero ¿por qué en los otros casos no?

Los cruceros. De un tiempo a esta parte, la recalada de cruceros en Valparaíso ha sido materia de discusión pública. Se plantea que el aumento de recaladas tiene una consecuencia directa en el consumo de turistas dentro de la ciudad. Hasta ahí es posible discutir sobre qué tanto turismo requiere la ciudad, hasta qué punto el avance del turismo puede entrar en contradicción con la expansión portuaria o bien cuáles son los efectos negativos del aumento de turismo en Valparaíso. Se plantea que la ciudad debe tomar esta vocación y desarrollarla (en consonancia con la denominación UNESCO y las exigencias para mantener dicho estatus) pero ¿hasta qué punto hablamos sobre la propiedad del espacio del borde costero, las tasas de ganancia de los grupos que controlan el turismo de cruceros y la tributación en la ciudad? Evidentemente son materias que deben estar insertas en la carta de navegación de la administración del aparato municipal. Pero ¿por qué el Alcalde se comporta como vocero del Grupo Urenda ante las autoridades ministeriales? ¿Cuál es el sentido de solicitar un muelle exclusivo de cruceros sin tener injerencia sobre la tributación del espacio? ¿Cuál sería el sentido de convertirnos en la capital sudamericana de cruceros?[7] ¿Debemos pensar que esa es la política turística de Valparaíso? Llama la atención que la retórica sobre los bienes comunes no aplique en esta dimensión económica de la ciudad.

Para cerrar

El espíritu con el que se refundaron los municipios en Chile continúa perpetuándose. No develamos la existencia de lógicas que rompan con el espíritu neoliberal. Ni siquiera la denominada Red de Salud Popular de Valparaíso logra generar fisuras eficaces. Ante la instalación discursiva de la salud como derecho en nuestra comuna, lo único que logramos observar es una alternativa de consumo ante el retail de las farmacias y ópticas. Incluso, los esfuerzos realizados de manera colaborativa entre municipio y vecindad para administrar una farmacia en el cerro, encuentran su límite práctico en la gestión deficiente del municipio y su límite político en el establecimiento de una alternativa más barata a otras en el mercado ¿Qué esto ha significado ahorrar dinero para los hogares? Sin duda que lo ha sido. Pero, ¿resulta una expresión que vaya más allá del rostro humano del capital? ¿En qué medida esta red de salud popular logra articularse políticamente con movimientos como Salud Digna? O ¿qué ocurre que municipios administrados por los defensores del modelo también adopten estas políticas? Basta con mirar a la vecina Viña del Mar.

Por ahora, ni el progresismo más engalanado ha logrado dar señales políticas concretas que indiquen un camino que realmente fisure por completo el legado dictatorial emplazado en la administración comunal ¿Por qué seguir esperando algo más de ellos?

[1] Valdivia V; Álvarez R; Donoso K. La alcaldización de la política, los municipios en la dictadura pinochetista. LOM, Santiago. 2012.

[2] Ibid. p. 94

[3] Pérez Soto, Carlos. Sobre la condición social de la psicología. LOM, Santiago, 2009.

[4] https://interferencia.cl/articulos/jefe-de-prensa-de-jorge-sharp-fue-lobbista-de-sqm-puerto-ventanas-y-mall-baron

[5] https://www.eldesconcierto.cl/2018/07/27/jorge-sharp-celebra-historico-cambio-al-plan-regulador-de-valparaiso-se-acabaron-las-torres-en-los-cerros/

[6] http://www.elmartutino.cl/noticia/sociedad/opinion-que-se-esconde-en-la-direccion-de-obras-de-valparaiso-antecedentes-sobre-un

[7] https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/ciudades/valparaiso/valparaiso-prepara-proyecto-para-construir-muelle-de-cruceros/2018-05-05/161220.html

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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