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¡No más prisión política en Chile!, la Convención se posiciona pero sin exigir libertad inmediata para seguir sesionando

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Desde el inicio de la Convención Constitucional la demanda por la liberación de los/as presos/as políticos/as ha tomado más fuerza, esto luego de que los/as constituyentes marcaran la pauta con respecto a la primera medida que debe tomar el órgano que redactará la Nueva Constitución: poner fin a la prisión política. 

El pasado domingo, miles de personas repletaron las calles de Santiago, y de otros territorios a nivel nacional, con el fin de visibilizar una vez más la exigencia del pueblo con respecto a quienes están encarcelados/as por luchar contra este sistema capitalista y patriarcal. La ardua movilización que se desarrollaba en las cercanías del ex Congreso Nacional generó el retraso de la sesión inaugural, provocando incluso que algunos/as constituyentes de la Lista del Pueblo salieran a las calles y exigieran frenar la represión que afectaba a los/as manifestantes.

La jornada de protesta marcó un hito importante, la demanda es colectiva y sentida por todo el pueblo, no se puede iniciar un proceso constitucional con presos/as políticos/as y sin reparación y justicia a quienes han sido violentados/as por el Estado y sus agentes represores.

Interrumpieron el himno, se escucharon consignas y a los medios de prensa tradicional no les quedó de otra que comunicar lo que cientos de personas gritaban tanto dentro como fuera del ex Congreso, interrumpiendo por completo la primera sesión de un proceso histórico que estaba en la mira tanto a nivel nacional como internacional.

La primera medida y discusión tenía que ser la prisión política en Chile, y a pesar de que fue pospuesta por varios días, debido a falencias de infraestructura y falta de protocolos sanitarios, este lunes recién pasado la constituyente y militante del Movimiento Internacional de Trabajadores/as (MIT), María Rivera,  presentó ante la presidenta, Elisa Loncón, y el vicepresidente, Jaime Bassa, la moción por la amnistía sin condiciones a los/as prisioneros/as políticos/as chilenos/as y mapuche.

El objetivo es iniciar la discusión para lograr la libertad efectiva de quienes están encarcelados/as por luchar, esto debido a que no se puede redactar nuevamente una constitución con presos/as políticos/as como sucedió durante la Dictadura Militar.

Primera votación de la constituyente

Durante la jornada de este jueves 8 de junio, el pleno de la Convención votó la declaración (impulsada por los partidos políticos del régimen del bloque Frente Amplio, Partido Comunista y ex Concertación) que busca la libertad de los/as presos/as políticos/as de la Rebelión. La moción se aceptó con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. Sin embargo, esto no resulta ser más que una petición al Congreso y al gobierno de Sebastián Piñera para aprobar la Ley de Indulto, la cual no entrega libertad a todos/as quienes están encarcelados/as.

A pesar de ser una demanda popular sentida por todo el pueblo, el objetivo es buscar la libertad absoluta y sin letra chica de todos/as los/as presos/as políticos/as, desde antes y después del 18 de octubre de 2019, chilenos/as y mapuche, incluyendo a quienes están siendo formalizados/as, se encuentran en prisión preventiva o que ya hayan sido condenados/as por “delitos” vinculados a la protestas social, culpables o inocentes.

La iniciativa fue clara y fue levantada por la constituyente María Rivera, sin embargo ésta no fue puesta a votación, ¿por qué?, la Mesa Directiva de la Convención estableció como regla que las propuestas deben contar con al menos 30 firmas de constituyentes, lo que limita las voluntades políticas a favor del pueblo, cómo en este caso, donde nadie apoyó la proposición de amnistía general a todos/as los/as prisioneros/as políticos/as, nadie votó a favor de un proyecto que en ningún caso excluye la ley de Indulto, sino que busca seguir impulsando la libertad absoluta.

Adjuntamos la moción de María Rivera, constituyente por el distrito 8 y militante del Movimiento Internacional de Trabajadores/as (MIT).

SEÑOR(A) ELISA LONCON ANTILEO

PRESIDENCIA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL 

SEÑOR JAIME BASSAMERCADO

VICEPRESIDENCIA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Asunto: Moción de Señora Convencional María Magdalena Rivera Iribarren Amnistía  presos y presas políticos chilenos y mapuche del estado de Chile.

________________________________

Santiago, 05 de Julio del 2021. 

1 – El Estado de Chile tiene bajo régimen de prisión política, en calidad o condenados o medida cautelar de prisión preventiva, a centenas de luchadores sociales, chilenos y mapuche. El régimen de  democracia tutelada que surgió a partir de la Transición mantuvo la esencia del modelo económico y la Constitución de 1980. En el Chile del 2021 esto se encuentra en tela de juicio por la mayoría de la población. 

2 – Para la continuidad del modelo económico y social, ese Régimen se apoyó en la represión al pueblo mapuche y los movimientos sociales, haciendo uso de la prisión política como un arma fundamental para intentar frenar la resistencia del pueblo mapuche y las luchas del pueblo chileno. Esos mecanismos de represión y violación de derechos humanos se profundizaron a amplios sectores de la población del país a partir del estallido social del 18 de octubre, con una política sistemática de detenciones arbitrarias, víctimas de torturas por agentes del estado y pérdida parcial o total de la vista. La reparación y justicia también deberá ser abordada en las próximas discusiones de esta Convención. 

3 – La transición pactada con la dictadura no sólo garantizó que Pinochet permaneciera como Senador vitalicio y Comandante en Jefe del Ejército, como también abrió las puertas para la impunidad a muchos de los responsables por la violación sistemática de los DDHH durante la dictadura y a la persecución política contra opositores de la dictadura y la transición pactada.

4 – En relación a la causa mapuche. Desde hace 500 años el pueblo mapuche lucha en defensa de su territorio, enfrentándose en distintos momentos al Estado chileno y a empresas que ocupan sus tierras. Desde la dictadura, el régimen militar fue responsable por usurpar centenas de miles de hectáreas de tierras al pueblo mapuche y favorecer abiertamente la conformación de grandes monopolios forestales a partir de la implementación del Decreto Ley 701 de 1974. Así, algunos grupos económicos se hicieron dueños de tierras y bosques ancestrales para la producción forestal, ampliando el conflicto con el pueblo originario, legítimo dueño de esas tierras. La protección estatal, desde 1973 hasta la fecha, a los dueños de las grandes empresas forestales tuvo enormes consecuencias para el pueblo-nación mapuche. Una de esas consecuencias es la prisión política de decenas de comuneros y comuneras.

5.- Definición de Preso Político: Comúnmente se llama preso político a la persona que está privada de libertad por no haber cometido ningún delito, sino que sencillamente por sostener determinadas ideas políticas. Sin embargo, esas ideas siempre deben llegar a  una manifestación en el mundo externo, se materializan a través de acciones, por lo tanto, lo determinante para dicha calificación es la motivación del acto que el estado de Chile castiga penalmente. En este orden de ideas, son presas  o presos políticos quienes hayan cometido delitos con inspiración política y que sean reprimidos por agentes del estado. Para efectos de la presente moción, al hablar de presos políticos nos referimos a toda persona privada de libertad, ya sea en virtud de una sentencia condenatoria o bajo una medida cautelar restrictiva de libertad, por imputarse su participación, en cualquiera de sus grados, en actos de connotación política.

6. – En este sentido, la Convención adoptará la siguiente resolución:

a) -Solicitar al Congreso y al poder Ejecutivo la inmediata aprobación del “Proyecto de Indulto General” ingresado al Congreso. 

b)- Solicitar la amnistía a todos los presos y presas políticas, de antes y después del estallido social. No serán considerados como presos políticos aquellas y aquellos condenados por violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes del Estado o  civiles colaboradores. 

– Establecer un plazo imperativo de 15 días corridos desde la fecha de esta resolución convencional, para que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo adopte las medidas solicitas. 

En el evento de negativa del Congreso Nacional y el Ejecutivo, en el ejercicio del poder constituyente originario, esta convención adoptará como medida la votación de un decreto de indulto y Amnistía en los términos anteriormente solicitados. Asimismo, hará llamada a la movilización popular para respaldar el ejercicio del poder constituyente originario basada en la soberanía de los pueblos.

6.- Es parte de esta moción, la inmediata apertura de un amplio proceso democrático de discusión de  audiencias públicas y trabajo de comisiones con familiares de presos relacionados al estallido, condenados por la Ley Antiterrorista, familiares y organizaciones relacionadas a los presos mapuche y quiénes más esta Convención estime necesario. 

7.- Esta convención ratifica que no podemos empezar a escribir la más importante ley que nos guiará por los próximos años o décadas con presos políticos del régimen anterior en las cárceles.

II.- Anexo: Extracto de documento elaborado por la Comisión de Amnistía General a los Presos y Presas políticos.

La amnistía es la figura apropiada para decretar la libertad de las y los presos políticos de manera total, sin exclusiones y sin condiciones. La Amnistía es una de las formas de extinguir la responsabilidad penal de las personas establecida en nuestra legislación, precisamente en el código penal en su artículo 93, número tercero; el mismo artículo señala que se extingue tanto la pena como todos sus efectos, a diferencia del indulto, que sólo remite o conmuta la pena, pero no quita a los favorecidos el carácter de condenados, ni por consecuencia, la de reincidentes para dicha eventualidad.

Otro carácter beneficioso de la amnistía es que esta figura es aplicable para las y los procesados, aún sin una sentencia condenatoria, mientras que el indulto sólo es posible respecto de personas condenadas. La importancia de esto radica en que para poder acceder al beneficio no se debe esperar hasta la sentencia condenatoria, sino que operaría inmediatamente al promulgarse. La necesidad de que las y los procesados pierdan el carácter de condenados es también de relevancia política, principalmente busca evitar la neutralización absoluta de esas personas, dado el alto grado de vulnerabilidad ante el sistema penal que conlleva cargar con el peso de la reincidencia ante una futura eventual detención.

Por todo lo expuesto anteriormente, es preciso mencionar las razones y exigencias para lograr la libertad de todos los presos políticos a lo largo de la historia de Chile, mediante una Amnistía total y sin condiciones, que brinde una solución definitiva, para los abusos sistemáticos y violaciones a los DD.HH. que se arrastran desde la dictadura militar de 1973. Acumulando así, 48 años de impunidad y prisión política en el país, podemos mencionar a La Comisión Valech que recibió 36.035 testimonios y su primer informe, en donde reconocen a 27.255 personas como víctimas de prisión política y tortura durante la dictadura militar, y en su segundo informe Comisión Valech II, se reconoció un total de 40.018 víctimas, de las cuales 3.065 de ellas están muertas o desaparecidas.

Lamentablemente, ese no fue el fin del régimen, ya que para lograr la transición a la democracia se aplicó una amnistía a los uniformados implicados en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar impidiendo así, un juicio para los culpables o una reparación para las víctimas, además Augusto Pinochet en total impunidad entrega la presidencia, pero se mantiene por 8 años más como Comandante en Jefe del Ejército. Esto resulta crucial ya que se mantuvo la persecución política y judicial contra los opositores al régimen, siendo estos los primeros presos políticos de la democracia en la década de los 90 algunos incluso juzgados y condenados por una fiscalía militar.

En su mayoría jóvenes integrantes de grupos populares que combatieron contra la dictadura, como del Movimiento Juvenil Lautaro, Movimiento Izquierda Revolucionario o del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entre otros, fueron perseguidos, encarcelados y condenados en los 90 por su relación a estos grupos, como es el caso de Mauricio Hernández Norambuena, Ricardo Palma Salamanca, Galvarino Apablaza, Raúl Escobar, Patricio Ortiz, Pablo Muñoz Hoffmann, entre muchos más. Pero para comprender el actual contexto social en Chile, debemos tener en cuenta que durante los 17 años de dictadura se implantó a sangre y fuego, un modelo neoliberal empresarial y capitalista, así como también la constitución del 80 que nos rige y gobierna en la actualidad, con esta afirmación entendemos que toda lucha para cambiar el sistema que nos impusieron, es una lucha para acabar con el legado que dejó la dictadura militar.

También debemos mencionar a los compañeros subversivos quienes exigen la nulidad de las condenas emanadas en los 90 por fiscalías militares de Pinochet y que aún están vigentes, en los casos de Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Aliste Vega y Freddy Fuentevilla, así como también la derogación de las modificaciones del DL-321 y la no aplicación de la Ley N°18.314 o “Ley Antiterrorista”, creada en dictadura y usada para la represión de las minorías que pasan a la ofensiva contra el sistema capitalista que nos dejó el régimen, como a los compañeros Joaquín García Chanks, Juan Flores Riquelme, Pablo Bahamondes Ortiz, Alejandro Centoncio, Tamara Sol, Mónica Caballero y Francisco Solar.

De igual manera es necesario mencionar la sistemática vulneración a los derechos humanos en las comunidad indígenas, como el saqueo del agua y de recursos naturales en tierras ancestrales, ya que, al igual como pasó en dictadura, los empresarios privados o extranjeros tiene el control en estas tierras para sustentar el negocio de las forestales, este es un conflicto político, ya que el pueblo Nación Mapuche exige la restitución de sus tierras y que se respete el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales.

Durante los años 2000, muchos Mapuche fueron encarcelados bajo los cargos de terrorismo en el marco del conflicto por las tierras, el caso más conocido fue el del año 2003 en donde ocho Mapuches fueron encarcelados e imputados por la Ley Antiterrorista, Norín Catrimán, Pascual Huentequeo Pichún, Florencio Marileo Saravia, Juan Marileo Saravia,  José Huenchunao Mariñán, Juan Millacheo Lican, Patricia Troncoso Robles y Victor Ancalaf Llaupe, ya que no existían pruebas en su contra el 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, condena al estado de Chile por violar el Principio de Presunción de Inocencia, y le prohibió aplicar dicha ley en conflictos de demandas sociales, prueba irrefutable de que se ocupó la prisión de forma política y arbitraria contra las comunidades indígenas. Pero la prisión política Mapuche siguió y se aplica en cárceles con trabajos forzados como en la “esclavitud”, dice el Machi Celestino Córdova, único condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay, pese a que no existen pruebas científicas en su contra, la bala que lo hirió no era de la escopeta de Wener Luchsinger y ademas de encontrarse a kilómetros del lugar de los hechos, fue condenado a 18 años de cárcel. Pero el Machi Celestino Córdova no fue el único Mapuche imputado y encarcelado en este caso, los otros 11 imputados fueron absueltos Francisca Linconao Huircapan, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Jose Córdova Tránsito, Jose Manuel Peralino Huinca, Jose Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel y Luis Tralcal Quidel. Pero aún hay muchos más privados de libertad por cargos similares, testimonios de carabineros y pruebas insuficientes, son el argumento para mantener injustamente encarcelados a más de 26 Mapuches en la actualidad.

Finalmente, debemos mencionar a los más de 4.771 condenados que reconoce la fiscalía, desde el 18 de Octubre del 2019 hasta la fecha, en donde se vió un claro aumento de las detenciones arbitrarias, como de los montajes y de la prisión preventiva como condena anticipada nunca antes visto, antes fue la Ley Antiterrorista ahora se aplica la Ley N°12.927 o Ley de Seguridad Interior del Estado, cabe recalcar que todos los imputados por esta ley han sido absueltos, ya que ni policías, ni fiscales, ni tribunales han podido probar ese cargo, pero aun así los jóvenes han sido condenados por otros cargos, como también se ha visto un aumento en los procedimientos abreviados, dejando como única salida del encierro el tener que aceptar una cargo, reconocerse como culpables para poder salir de la cárcel en un procedimiento abreviado, abogados no sólo empujan a declararte culpable, si no, que también insisten en desmarcarse de la prisión política, esperando obtener un juicio justo, reconociendo así que es más duro el criterio y el castigo por ser preso político. Las familias y abogados de los jóvenes encarcelados desde la revuelta social del 2019 denuncian el incumplimiento del Derecho al Debido Proceso, la violación del Principio de Presunción de Inocencia y la nula contemplación de la Irreprochable Conducta Anterior, estos tres puntos, han sido claves para identificar y denunciar que en Chile si existe una prisión política.

Se debe mencionar que la fiscalía también reconoce a 127 personas absueltas desde la revuelta, algunos de ellos estuvieron más de un año presos y sin pruebas, uno de los casos más relevantes y que quedó expuesto a la opinión pública es el de Mauricio Cheuque, quien fue cargado por carabineros y acusado de portar un bomba molotov, solo por tener apellido Mapuche, dejando en claro la discriminación que existe en las policías hacia los Mapuches, también está el caso de Mauricio Allende quien fue acusado de portar un arma de fuego, arma que según número de serie estaba declarada como robada desde una comisaría, dicha arma desapareció en la investigación y no entró en la cadena de custodia, hecho por el cual Mauricio finalmente fue absueltos después de casi un año y medio preso sin pruebas. Así mismo se debe hablar del caso de Cristian Cayupán quien fue baleado por carabineros y luego acusado de homicidio frustrado, imputación por la cual fue condenado a cumplir 15 años de cárcel efectiva. Como el caso de Felipe Santana preso en Puerto Montt acusado de quemar una banca en una barricada, pero se le imputó el delito de incendio consumado de una iglesia, dicha iglesia sigue en pie no fue quemada, aun así, Felipe fue condenado a 7 años de cárcel efectiva. Oh el caso de Jordano Santander en San Antonio, quien fue condenado de homicidio frustrado, bajo la declaración de un PDI que dijo; “haber visto en los ojos de Jordano su ánimo homicida”, pese a no existir ninguna prueba científica en su contra y de haber sido absuelto de los 3 cargos, igual fue condenado a casi 7 años de cárcel efectiva, por la declaración de un PDI como ministro de fe. Lamentablemente estos casos no son aislados, ni errores del sistema, se han visto repetidos los patrones de agentes del estado como testigos en las condenas de los jóvenes presos la revuelta, y así como ellos existen muchos más condenados, sólo por nombrar algunos; Cristian Briones 3 años, Danilo Valderrama 4 años, Cesar Marín 5 años, Francisco Hernández 5 años, Jesus Zenteno 6 años, Benjamín Espinoza 5 años, Matías Rojas 6 años, entre muchos más, además de los cientos de condenados en procedimientos abreviados a 5 años de libertad vigilada intensiva, quienes accedieron a firmar bajo la presión como la única salida de la cárcel, expuestos a ser condenados sin pruebas en un juicio oral como los casos anteriores, más los cientos de formalizados que están esperando juicio o condena, tanto en prisión preventiva como en arresto domiciliario total.

Santiago, junio 2021.

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Nueva irregularidad: niegan las salidas esporádicas a los prisioneros políticos José y Luis Tralcal pese a contar con todas las condiciones

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José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron detenidos en marzo de 2016 y condenados en el 2018 a 18 años de cárcel por los delitos de incendio con resultado de muerte del siniestro en un fundo de Vilcún, región de La Araucanía, el 4 de enero de 2013, donde el matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay mueren producto de las llamas.

Desde ese momento, comenzó una ardua persecución por encontrar a los supuestos responsables, llegando a 11 personas bajo pruebas injustificadas y constantes hostigamientos. Sin embargo, ocho de los/as involucrados/as fueron absueltos/as, como la Machi y actual constituyente Francisca Linconao. Entre los cuatro condenados están José y Luis Tralcal, el Machi Celestivo Cordova y José Peralino Huinca, este último cumpliendo cinco años de libertad vigilada.

Los abogados/as defensores/as, durante el 2019, evidenciaron algunas irregularidades en el caso, por lo que ese mismo año solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observar todo el proceso que se llevó a cabo para encarcelar injustamente a los primos Tralcal. Ante ello, el pasado 22 de marzo de este año, la Comisión oficializó que el requerimiento presentado por la defensa de los prisioneros políticos implicados en el caso pasaría a examen de admisibilidad, lo que involucra que el Estado tendrá que presentar observaciones.

Es importante recordar que a los presos políticos, José y Luis Tralcal, se les abonaron los años de prisión preventiva, desde el 2009 al 2013, que pasaron producto del Caso Tur Bus (donde resultaron absueltos), por lo tanto se le suman los periodos completando casi 9 años de arresto. 

Entre una de las pruebas a las que se aferra la Fiscalía para inculpar a José y Luis en el Caso Luchsinger Mackay, es el relato bajo tortura de José Peralino, quien manifetó ser hostigado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), afirmando que la declaración que entregó era falsa, además de firmar papeles sin previa lectura, pues no se le permitió la presencia de un abogado.

Otro fundamento fue la georeferenciación por las señales que emiten los teléfonos celulares, que operan como radar a través de antenas, para localizar a quienes estuvieron cerca del lugar de los hechos al momento del incendio, sin embargo, en este caso, no pone a las personas en puntos específicos, puesto que el radio abarcaba un amplio terreno, en el cual se incluía la casa de José Tralcal, por lo que su “presencia” en el radar se debe únicamente a eso.

Actual situación de los presos políticos

El lunes 19 de julio, los familiares y amigos/as de José y Luis Tralcal publicaron un comunicado evidenciando las graves irregularidades que se han presentado para optar a beneficios. Ambos primos condenados en el caso cumplen con todos los requisitos solicitados por Gendarmería, como el tiempo de prisión y buena conducta para acceder a salidas esporádicas, tanto trimestral como transitoria.

La medida ha sido negada en tres ocasiones por el equipo técnico del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, (donde se encuentran recluidos desde el 20 de noviembre de 2020),  ya que ha sido la propia institución de Gendarmería la que se ha negado a entregar el beneficio a pesar de que ambos llevan ocho meses en el Centro, siendo que a todos/as los/a presos/as comunes tienen la oportunidad de optar a la ayuda con sólo tres meses dentro, siendo que José y Luis ya llevan ocho meses.

Juan Tralcal, hijo de José Tralcal Coche, señala que la medida ha sido negada “producto de las presiones políticas, bajo burdos argumentos como aceptar y arrepentirse de un hecho del cual ellos no participaron, como fue el incendio con producto de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay (…) En este caso hay un discriminación racial por ser parte de la recuperación y lucha de la causa mapuche”.

En el comunicado la familia señala que el 18 de junio de este año pudieron asistir, en conjunto con la red de apoyo, a una reunión con el Director Regional de Gendarmería, Leonardo Barrientos, quien responsabilizó al CEP por negar el beneficio. Sin embargo, durante la misma instancia se comprometió a entregar respuestas a la solicitud antes del Wiñol Xipantu, lo que finalmente terminó sucediendo el 16 de julio, negando la solicitud de salida con el argumento del supuesto “incremento de los hechos de violencia ocurridos en la zona, lo que podría poner en riesgo al personal de Gendarmería que formaría parte del dispositivo”. Esta prueba no concuerda con lo solicitado, puesto que la salida que se ha pedido es sin la custodia de gendarmes, como pasa con cualquier preso/a que cumple con el régimen en la CEP y opta a salidas sin resguardo.

Ante ello Juan Tralcal señala que hay otras personas del CEP que sí han podido optar al beneficio de salidas esporádicas y dominicales, por lo que negarlo en este caso responde a “a discriminación racial y sesgo de Gendarmería por ser presos políticos. Desde el mismo Centro y conversaciones entre pasillos le han reconocido a mi padre que hay presiones para que él no salga, para que no vuelva a su tierra, a su casa, esto viene de parte de los gremios (donde está Luchsinger) y altos mandos de la política, altos funcionarios de Gendarmería”.

La familia declara además que las salidas esporádicas son solicitadas con el objetivo de que ambos puedan asistir al Rewe de su Machi, lo que resulta ser sumamente necesario luego de toda la presión que han pasado bajo la prisión política, el tiempo en clandestinidad y la huelga de hambre que afectó considerablemente la salud física y psicológica, generando secuelas que han afectado su integridad y que son necesarias de ser atendidas por su Machi en la privacidad que eso conlleva.

El llamado de Juan Tralcal es a respetar los protocolos para optar a beneficios, “que se fiscalice a las instituciones represivas, la cárcel, a Gendarmería, el Ministerio de Justicia y del Interior, porque no están haciendo válidas las leyes y reglamentos que ellos mismos imponen. Hay que hacer presión contra Gendarmería por los casos de prisión política mapuche y no mapuche, por extender prisiones, maltratos, vulneración de derechos, donde los Tribunales se quedan callados. Hay que hacer presión a las Instituciones y funcionarios del gobierno, para que funcionen correctamente, sin sesgo político, sin interferir en los beneficios. El llamado es a manifestarse, a seguir atentos a la situación de ellos (José y Luis Tralcal), ahora se puso un recurso de amparo por medio de Tribunales a la Corte de Apelaciones, esperamos que la próxima semana pueda haber respuesta para que Gendarmería respete sus propios protocolos establecidos, como otorgar salidas esporádicas y dominicales, ya que ellos cumplieron todos los requisitos y no tienen porqué aceptar que se les haga responsable de un juicio, de una condena, de un delito del que no fueron parte, ese no es un item para que puedan acceder al beneficio”.

La lucha por la liberación absoluta y sin condiciones de José y Luis Tralcal, que han sido injustamente encarcelados y perseguidos por el Estado, se hace sumamente necesaria de seguir impulsando, más aún bajo el contexto que enmarca la demanda popular que exige la libertad de todos/as los/as presos/as políticos. Es necesario seguir visibilizando las gravísimas faltas que se han cometido en este caso y que ha tenido por años tras las rejas a dos luchadores mapuche inocentes. 

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Portuarios de San Antonio: mantienen huelga indefinida por mejoras y aumentos salariales

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Desde el pasado lunes 12 de julio más de 200 trabajadores portuarios de San Antonio, organizados en la Federación Estraporfed, iniciaron una huelga indefinida, paralizando el 90% de las faenas e impidiendo el ingreso de camiones al puerto.

La negociación colectiva entre DP WORLD y la Federación, que agrupa a cinco sindicatos, de los cuales dos concretaron levantar una huelga legal indefinida, lleva más de dos meses sin tener respuestas concretas al petitorio, situación que ha dilucidado la intransigencia de la empresa que cuenta con nueva gerencia, la cual ha cambiado la temática de trabajo en situaciones de paralización, perjudicando a todo el sector movilizado.

La demanda principal de la huelga tiene directa relación con los porcentajes de reajuste salarial, exigiendo un 25% para empezar a conversar, cifra que se justifica considerando que en la negociación anterior la empresa cumplió con un 19% de aumento. Sin embargo, hasta el momento la oferta no alcanza ni la mitad, ya que ofrecen sólo un 8,5%

Uno de los voceros de los trabajadores señaló que la huelga se mantiene hasta concretar acercamientos con la empresa, situación que alterará directamente el quehacer diario y la transferencia de carga, pues se proyecta que al menos la paralización siga por toda la semana.

La infaltable represión

Durante la mañana del lunes, en medio del inicio de la huelga y las manifestaciones en el sector de Espigones, al norte de Valparaíso, Fuerzas Especiales de Carabineros reprimió fuertemente a los trabajadores que protestaban en el lugar, con el objetivo de dispersar la movilización y debloquear el acceso al puerto.

Felipe Rodríguez, dirigente de uno de los sindicatos, denunció la brutalidad con la que actuó la policía, disparando bombas lacrimógenas directo al cuerpo, generando contusiones en las piernas y tobillos de varios trabajadores.

A ese hecho se suma el abuso policial que sufrió un dirigente portuario luego de ser apuntado con un arma. En el video difundido por redes sociales se observa como un grupo de carabineros se acerca a los trabajadores portuarios sacando sus armas de servicio para reprimir y amedrentar a quienes se manifestaban en el puerto. 

Proyecciones para la movilización

Rodríguez se refirió además al avance en las negociaciones, manifestando que desde el sindicato tienen plena voluntad de diálogo, sin embargo la empresa no responde a las demandas, “hemos trabajado en pandemia casi doblando la carga y con menos personal, entonces la gente no se siente valorada y ve cómo crece el puerto mientras los trabajadores siguen donde mismo”.

Además de no tener buenas condiciones laborales, los trabajadores denuncian la falta de protocolos y normas sanitarias, pues no cuentan con lugares que puedan usar durante su hora de colación, no se respetan los aforos y no entregan vestimenta adecuada para desempeñar sus labores.

Los sindicatos, a través de sus dirigentes, hacen el llamado a la empresa a mantener el diálogo para lograr las demandas y retomar las funciones de la industria portuaria, pues de lo contrario mantendrán la manifestación, la cual ha sumado gran apoyo desde otros sindicatos y puertos del país.

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Caso UdeC: los 11 prisioneros políticos que siguen luchando por su libertad

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“Los 11 de la UdeC” es uno de los casos de prisión política donde una institución educacional ha participado de manera activa con el fin de encarcelar y “castigar” a quienes se manifiestan en las calles. El hecho ha marcado la pauta en cómo la universidad ha sido cómplice directa de la violencia estatal que hoy reprime al pueblo, lo que además ha generado numerosas situaciones de vulneración a los Derechos Humanos.

El 7 de septiembre de 2020 se detuvieron a 11 personas, entre ellas 6 menores de edad, debido a las protestas en el marco de la Rebelión Popular entre los meses de febrero y marzo del mismo año.  El arresto se hizo efectivo luego que la Universidad de Concepción facilitara las cámaras de seguridad del campus (más de 250 horas de grabación) colaborando con la Policía de Investigaciones (PDI), quienes le atribuían más de 100 delitos por presuntos desórdenes públicos.

Luego de la detención, los seis menores de edad fueron enviados al centro de detención del Sename, mientras que los otros cinco pasaron a prisión preventiva en la cárcel El Manzano de Concepción. En diciembre de 2020, la medida logró ser cambiada pasando a cumplir arresto domiciliario hasta que dure la investigación. Actualmente los 11 presos políticos se encuentran cumpliendo distintas medidas cautelares que les impide tener completa libertad, arriesgando hasta 25 años de cárcel.

Acciones para el retiro de la querella

Gracias a la presión que han realizado las familias y las distintas redes de apoyo anticarcelaria de la zona, en junio de este año se dio por cerrado el periodo de investigación, lo que implica que el Ministerio Público no pueda agregar más pruebas para los siguientes procedimientos del caso.

Pero esto no es suficiente, la Universidad de Concepción aún mantiene la querella que impulsó la detención de los 11 jóvenes, por lo que la visibilización de este hecho es clave para que la institución haga retiro de las acusaciones.

La acción más mediática se llevó a cabo el viernes pasado luego de que manifestantes  se tomaran el frontis de la Casa Enrique Molina como medida de presión para acceder a conversar con el Rector Carlos Saavedra, quien en reiteradas ocasiones se ha negado a conversar con las familias. Sin embargo, el objetivo principal se cumplió, puesto que luego de una hora en el lugar, la máxima autoridad universitaria accedió a agendar un encuentro para el día lunes 12 de junio.

Fotografía de @el_mundo_en_mi_ojos

La reunión contó con la presencia del Secretario General de Rectoría, Marcelo Troncoso y Jaime Soto, Jefe de Gabinete, quienes se reunieron con representantes de los 11 prisioneros políticos.

Elena, vocera de las familias, señaló que “las impresiones que dejó la reunión fueron un buen diálogo, que podemos seguir conversando. La idea es que se sigan haciendo con la finalidad de contarles a ellos sobre las 11 personas que están detrás de las acusaciones que mantiene la universidad. La única opción es que ellos (Rectoría) puedan conocer qué hay detrás de la rabia que llevó a los jóvenes a manifestarse y hacer lo que hicieron”.

Con respecto a las impresiones, Elena comenta que “es un avance que nos hayan recibido, lo más probable es que la próxima reunión sea a fines de julio y ver si ellos insisten en llevar adelante la acusación”.

El rol del estamento estudiantil

Por su parte, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), han manifestado su compromiso con la lucha social y en pos de la libertad de los/as presos/a políticos/as de la Rebelión Popular, a pesar de haber estado ausente del proceso judicial y de agitación con respecto a los 11. Felipe Herrera, Secretario de Comunicaciones de la FEC, señala que una de la medidas que tomaron en diciembre del año pasado fue “entregar una carta a Rectoría en el marco del día internacional de los Derechos Humanos, donde además de solicitar que se retire la querella se les exige un pronunciamiento con respecto a la vulneración de derechos de los 11 jóvenes. No hubo respuesta, por lo que en junio de este año se envió nuevamente otra carta, la que tuvo mala llegada por parte de las autoridades, puesto que manifestaron que la postura de la universidad sería la misma”.

Ante el llamado de las colectividades y familiares de los presos políticos, la Federación de Estudiante, el pasado viernes 9 de julio, en plenaria extraordinaria del Consejo General de Estudiantes, decidió convocar a paralización general para este jueves 15 de julio con el objetivo de seguir presionando a las autoridades universitarias para retirar la querella.

Es importante señalar que históricamente la Universidad de Concepción ha expresado una supuesta conexión con el medio y trabajo en el territorio, lo que en la práctica resulta ser inexistente. El caso de los 11 presos políticos de la UdeC ha demostrado cómo la institución defiende sus interés y la propiedad privada por sobre las injusticias que vive el pueblo. En todos los años, la universidad nunca se ha expresado públicamente con respecto al ingreso de Fuerzas Especiales de Carabinero al campus, quienes han reprimido y agredido a estudiantes, e incluso han generado destrozos que posteriormente no son denunciados ni condenados.

El llamado de Elena, y las colectividades a favor de los 11 presos políticos, es que los estudiantes de la casa de estudios sigan apoyando, no sólo por ser parte de la universidad sino como pueblo en general, y a todas las organizaciones a seguir levantando la lucha por los/as presos/a políticos/as, con el fin de alcanzar la libertad total para todos/as.

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