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Nicole Saavedra: 5 años sin justicia en un caso de lesbofemicidio

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Nicole Saavedra Bahamondes fue vista por última vez la mañana del 18 de junio de 2016 en la ciudad de Quillota mientras esperaba locomoción colectiva para dirigirse a su casa, desde ese momento se le perdió el rastro. La investigación comienza el 20 de junio, dos días después de su desaparición, con la denuncia presentada por la familia en la Comisaría de Carabineros de El Melón por presunta desgracia. La búsqueda fue intensa, por todos los medios posibles se esperaba dar con el paradero de la joven, ya  que a esa fecha su rostro estaba pegado por todas las paredes de Quillota, sin embargo la Policía de Investigaciones no la buscó.

Una semana después, el sábado 25 de junio, el dueño de un terreno agrícola de la comuna de Limache encontró el cuerpo de Nicole en el embalse Los Aromos, atada de manos y con claros signos de abuso y tortura (registró una data de muerte de 30 horas). La joven había sido asesinada con odio, la mataron por ser lesbiana. 

Desde ese momento comenzó una ardua agitación desde familiares y cercanos para dar con el paradero de los responsables. El primer fiscal que tomó el caso fue Juan Gatica, quien no tuvo interés ni urgencia por llegar a la verdad, no se reunía permanentemente con la familia ni les entregaba información. No habían datos que entregarán mayores antecedentes e incluso la investigación quedó bajo reserva, retrasando diligencias como la toma de ADN y las declaraciones de testigos.

La familia solicitó el cambio de fiscal para poder avanzar en la investigación, pero no recibieron respuestas favorables, lo que mantuvo el caso estancado por un año y medio. En el segundo aniversario de la muerte de Nicole, su prima, María Bahamondes, junto a un grupo de mujeres, se encadenaron en la Fiscalía Nacional. Gracias a esa acción lograron hablar con el fiscal nacional Jorge Abott para expresarle todo lo que sucedía en el caso y el temor a que éste se cerrara. Luego de una semana, se les informó que el fiscal a cargo sería removido debido a algunas negligencias y que además la causa estaría a cargo de la Fiscalía de Limache. Fue así como llegó al caso Ymay Ortiz, quien luego de algunos meses fue trasladado a Santiago, por lo que Ulises Meneses sería el nuevo encargado de la causa.

La toma de la Fiscalía de Quillota

El 22 de junio de 2019, y sin ningún avance en el caso, se desarrolló una masiva marcha por las calles de Quillota por el tercer año de la muerte de Nicole. La movilización terminó con la toma de la Fiscalía de Quillota, donde un grupo de mujeres hicieron ingreso al recinto con el objetivo de exigir justicia y acelerar la investigación. María Bahamondes, prima de Nicole, declaró en ese entonces que a tres años del asesinato “no hay sospechosos ni nada. Nicole era lesbiana y pobre, vivía en un pueblo que nadie conoce. La Fiscalía sabe perfectamente lo que tienen que hacer y no lo han hecho, ellos son los que tienen que trabajar, no nosotros como familia”.

La toma fue desalojada ese mismo día por Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes detuvieron a 15 mujeres, 10 por desórdenes públicos y 5 por ingresar a la fuerza al Ministerio Público. Ese mismo día el desaparecido fiscal Meneses confirmó que se iniciarian acciones legales en contra de las responsables, con respecto al caso de Nicole, nada, ninguna declaración de avances ni del trabajo que venía desarrollando desde que se hizo responsable del caso. Posterior a la investigación, la Fiscalía de Quillota pidió 3 años de cárcel por la toma del edificio, 300 días por desórdenes públicos y una multa de 11 Unidades Tributarias, es decir, más de 600 mil pesos.

En febrero de este año las imputadas llegaron a una resolución reparatoria que consistía en pintar un mural en memoria de Nicole Saavedra en la Fiscalía de Quillota, sin embargo, en abril, el acuerdo se deshizo, puesto que la medida debía contar con la autorización de la Fiscalía Regional de Valparaíso y el mismo organismo debería ver el diseño, contenido y tamaño, descartando completamente que se hiciera al interior o en el frontis de las dependencias. Ante esta situación, se agendó una nueva jornada para seguir con la audiencia y permitirle a la Fiscalía tomar otras acciones.

El pasado 23 de junio de este año se realizó la audiencia de preparación de juicio oral donde el Ministerio Público insistió en la acusación contra las cinco mujeres, considerando como una prueba “clave” la declaración del fiscal César Astudillo, quien es presentado como “testigo” en la causa pese a que en el 2019 fue él quien detuvo y formalizó a las activistas posterior a la toma.

María Bahomondes manifestó, a través de un registro audiovisual, su enojo ante la injusta situación que están viviendo luego de haber radicalizado la movilización en pos de llegar a la verdad. “¿Quién va a pagar primero? ¿Víctor Pulgar o nosotras cinco que exigimos justicia? ¿Por qué no se gastaron todos esos recursos y horas en buscar a Nicole hace cinco años? Porque les dio miedo en ese momento, pero no hoy para criminalizarnos a nosotras”.

Se llegó a un sospechoso

Tras un largo periodo de espera y tras haber pasado por cuatro fiscales a cargo, recién después de tres años y tres meses, en octubre del 2019, la Fiscalía de Valparaíso informó sobre la detención del primer y único sospechoso en la muerte de Nicole: Víctor Pulgar, hombre de 40 años, conductor de micro del recorrido El Melón- Limache.

Pistas claves

La primera tiene relación al teléfono celular de Nicole, el cual se mantuvo funcionando días después de su muerte -lo que primeramente había sido ignorado por la Fiscalía de Limache-, e incluso había estado operativo dos veces entre el 2016 y 2019 en las mano de una joven de Quilpué, quien resultó ser la sobrina del sospecho. La segunda corresponde a los peritajes de ADN, los que coinciden con los que fueron hallados en el cuerpo de la joven.

Los antecedentes de Pulgar

El 22 de septiembre de 2007 atacó a dos mujeres en la localidad de Illapel para robar sus pertenencias. Durante la audiencia se demostró que el sujeto actuó violentamente causando lesiones graves y agresión sexual. 

Entre el 2012 y 2014 Víctor Pulgar abusó y violó en reiteradas ocasiones a la hija menor (9) de su pareja. Por este hecho fue condenado a 10 años de cárcel, el 5 de agosto de 2019, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota.

A lo anterior se suma un tercer caso, violación a una menor de 12 años en noviembre de 2016, (cinco meses después del asesinato de Nicole), la cual abordó en el bus que el imputado manejaba en el sector de El Melón. En esa ocasión, Pulgar atacó a la víctima cuando era la única pasajera, para posteriormente dejarla abandonada en la vía pública. Por este hecho fue condenado a ocho años de cárcel.

Un cuarto caso a su lista

La sorpresa de la familia de Nicole fue enorme cuando descubrieron que el único sospechoso ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva  en el centro penitenciario de Limache debido a casos similares, y que incluso uno de ellos se pudo haber evitado si las diligencias de fiscalía para dar su paradero se hubieran realizado a tiempo.

Desde su detención se han establecido largos periodos para seguir con las diligencias del caso, mostrando los primeros avances con la formalización de Pulgar. En dicha ocasión se establecieron 180 días más de investigación para dar inicio a la siguiente etapa jurídica. 

El pasado 2 de junio se llevó a cabo audiencia de preparación de juicio oral en contra de Víctor Pulgar, imputado por secuestro, violación y homicidio de Nicole Saavedra. Dicha instancia ya había sido aplazada en mayo pasado a petición de la defensa del imputado debido a la presentación de una prueba documental.

En esta oportinidad, la Fiscalía de Quillota solicitó presidio perpetuo calificado por los delitos de violación y homicidio, 15 años de cárcel por secuestro y 540 días por hurto simple. 

Una lucha que no termina

La presión de la familia y apoyo de las organizaciones feministas, lesbofeministas y disidentes fueron quienes impulsaron un proceso judicial para llegar a la verdad. Siempre lo dijeron, el trabajo era fácil, rastrear el teléfono celular de Nicole, diligencia que durante tres años ningún fiscal realizó, ¿por qué?, numerosas irregularidades, negligencia y nulo compromiso por un caso de lesboodio en una localidad pequeña al interior de la quinta región, donde ser lesbiana no es permitido y mucho menos aceptado.

La violencia estructural obligó a que Nicole aguantara malos tratos e insultos por el simple hecho de no responder a lo socialmente aceptado. Sufrió discriminación y hostigamiento, pero se mantuvo en pie de lucha, resistiendo en un sistema patriarcal que la mantuvo siempre alerta.

Después de cinco años, Victor Pulgar aún no es condenado por la tortura, violación y lesbofemicidio de Nicole. Por su parte, la Fiscalía busca criminalizar y perseguir a quienes exigen justicia, acelerando procesos para que la familia y cercanas paguen por actos de radicalización que fueron necesarios para dar con el responsable. 

En este caso todas las instituciones y el propio Estado de Chile fallaron, Carabineros y la Policía de Investigaciones no desplegaron una búsqueda intensiva que permitiera dar con Nicole antes de ser asesinada (considerando que tuvo una data de muerte de 30 horas antes de ser encontrada por un trabajador).  La Fiscalía jamás trabajó con el objetivo de llegar a la verdad, ¿que tan dificil era hacer un seguimiento al teléfono celular, unir la información que se sabía, investigar a los/as trabajadores/as de locomoción colectiva que pasaron esa mañana por la ruta o incluso conversar más con la familia para llegar a datos que permitiera facilitar el transcurso de la investigación?.

A ninguna institución le importó que asesinaran a una mujer lesbiana ni encontrar a su asesino, mucho menos que éste pague por el crimen. ¿Por qué?, la justicia patriarcal responde constantemente a un sistema que oprime a las mujeres y disidencias, que las castiga por el simple hecho de ser como son y las oprime hasta matarlas. ¿Ser lesbiana?, peor, los cánones de lo “femenino” no permiten la libertad, mucho menos si estos no responden a los establecidos en una sociedad capitalista y patriarcal, que a pesar de estar “avanzando” aún falta mucho.

El Ministerio Público ha sido claro reflejo de cómo el sistema sigue respondiendo a los grandes intereses por sobre el bienestar del pueblo. La Fiscalía insiste en criminalizar a las 5 activistas que lucharon incansablemente por llegar a la verdad, y que sin ellas el asesino nunca hubiera aparecido. Se agilizó un proceso para encarcelar a estas mujeres pero no así a quien mató a Nicole, se gastó dinero en perseguir a las 5 y no en la investigación, y así un sin fin de irregularidades cometidas de las que nadie se ha hecho cargo.

Esta lucha ha sido ardua, por Nicole y tantas otras mujeres que han vivido femicidios y lesbofemicidios, por cada una de ellas se exige justicia y no más impunidad. Las organizaciones que se han movilizado constantemente por este caso han señalado que nada ha terminado, y el llamado ha sido claro, velatones y jornadas de agitación han marcado los últimos cinco años desde la desaparición de Nicole Saavedra, para que nunca más se repita y para que la justicia llegue a tiempo, no más lesbofemicidios en impunidad.

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Miguel Enríquez, el PRT Argentino y el movimiento de masas

Ya pasados 47 años de la Muerte en Combate de Miguel Enríquez, nos damos el espacio en reflexionar de manera general a una de las cartas que Miguel Enríquez envío con sus apreciaciones políticas hacia el PRT argentino y despliegue político en la situación revolucionaria en el país trasandino.

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A dos meses antes de su caída en combate, Miguel Enríquez escribía una carta al PRT Argentino, organización hermana junto con la cual emprendían la construcción del «pequeño zimmerwald» de las y los revolucionarios latinoamericanos, lamentablemente solo existen fragmentos del texto, aunque goza de mayor suerte que muchos balances y escritos del MIR y Miguel que aún siguen ocultos.

En la carta, Miguel se propone entregar una serie de consideraciones respecto de la táctica —abordando inevitablemente aspectos estratégicos— de sus compañeros y compañeras transandinas, basándose en la experiencia acumulada por el MIR durante el proceso de la Unidad Popular. En este sentido, plantea de forma concisa la concepción revolucionaria del marxismo sobre las tareas militantes en el movimiento de masas en un momento dado de su desarrollo. Afirma respecto de la actividad del MIR:

Desarrollamos entre septiembre de 1970 y mediados de 1972 un enorme esfuerzo en el seno del movimiento de masas, el que desarrollado en pleno ascenso de sus movilizaciones nos dio resultados que entonces y hoy valoramos como casi espectaculares. Pero solo cuando, desde 1972 impulsamos entre las masas nuevas formas de organización cristalizó y se multiplicó el crecimiento de nuestra influencia entre las masas y su ascenso difuso, constituyéndose entonces, en fuerza social, y no diluyéndose después de cada ascenso o conflicto puntual. Lo hicimos empíricamente, pues los clásicos, fundamentalmente Lenin y Trotsky, vieron surgir los soviets espontáneamente ya en 1905 […] comprendimos, aunque tardíamente, que debíamos construirlos (p. 328).

Esta construcción no se entendió ni desarrollo de forma mecánica, basándose en el nivel de conciencia de las masas y en sus problemas concretos, el MIR impulso en el movimiento sindical, de pobladores, de campesinos y de estudiantes una línea y trabajo que apuntó a articularlos en base a sus propios procesos de lucha, si bien advierte que en sus inicios estas articulaciones tendían a adquirir un carácter burocrático, las mismas bases y el impulso militante las llevaban a democratizarse y a adoptar una plataforma de reivindicaciones inmediatas y de transición.

En base a lo anterior, es que señala que el PRT debía considerar plantearse «como objetivo propagandístico para el periodo, un proyecto concreto de gobierno [un Gobierno de las y los Trabajadores], y no solo la continuación de la guerra y la conquista del poder» (p. 329) puesto que comprendía que esto generaba un vacío en la táctica-estrategia del PRT, «vemos que ustedes impulsan y realizan acciones armadas mayores, nos parece, y podemos equivocarnos, que con esto se genera un vacío, un importante distanciamiento entre el carácter, extensión, la profundidad del trabajo de masas y el accionar militar del PRT que visualizamos desde acá como “adelantado”» (p. 329), de forma muy aguda puntualiza en cómo, si es que los y las revolucionarias no actuamos en el marco de las más amplias masas, el populismo y reformismo actuaran por nosotros.

Aquí yace uno de los aprendizajes más relevantes —y tercamente ignorado por muchos de sus herederos— del MIR durante el gobierno de la UP, la necesidad de subordinar el avance de las acciones militares al desarrollo de la conciencia y actividad del movimiento de masas, volcando así su accionar a los procesos concretos de acumulación de experiencia de la clase y el pueblo en perspectivas de impulsar la construcción de los órganos de poder proletario y popular, aparejando esto con una política de unidad por las bases, apoyada en una plataforma común de reivindicaciones inmediatas que apunten a la realización de una voluntad de poder: el Gobierno de las y los Trabajadores.

Referencia

Enríquez, M. (2004). Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile (P. Naranjo, M. Ahumada, M. Garcés, & J. Pinto, Eds.; 1.a ed.). LOM Ediciones.

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Proyecto Dominga: de las consecuencias ambientales al conflicto de interés de la familia Piñera

El Escandaloso suceso se dio a conocer el domingo, luego de la filtración de documentos que colocaron al mandatario en las principales portadas del mundo.

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Gran polémica ha causado la aprobación del Proyecto Dominga en el país y las posteriores revelaciones hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre la participación activa de la familia Piñera Morel en dicho proyecto, siendo los mayores accionistas luego del ingeniero comercial y empresario chileno Carlos Alberto Délano.

¿Qué es Dominga?

Dominga, es un proyecto minero y portuario que busca construir dos minas que tienen como fin la extracción de concentrados de hierro y cobre, además de un puerto para exportar la producción.

La construcción se llevaría a cabo a 30 kilómetros del Archipiélago de Humboldt, conjunto de ocho islas e islotes que resguarda el ecosistema reconocido en el ámbito científico como uno de los más ricos del mundo. La fundación internacional Mission Blue reconoció la zona como “lugar de esperanza” (Hope Spot) ya que tiene el 80% de los pingüinos de Humboldt, además de ballenas azules, orcas, delfines, lobos marinos y chungungos.

El proyecto minero perteneciente a la familia Délano, bajo la empresa Andes Iron, está valuado en US$2500 y quiere construirse en la comuna de La Higuera en la región de Coquimbo, en el norte del país. Este fue aprobado (con 11 votos a favor y uno en contra) por la Comisión Ambiental y el apoyo de diez secretarios regionales el miércoles 11 de agosto recién pasado, esto luego de ser rechazado en el año 2017 luego que se analizaron los riesgos que tendría al ecosistema. En dicha oportunidad el proyecto presentó una línea deficiente de base del medio marino y no caracterizó las rutas de navegación, dos fallas de alto riesgo en un ecosistema tan biodiverso como lo es el Archipiélago de Humboldt.

Esta Comisión está integrada por el delegado presidencial correspondiente a cada región; el/la director/a regional del SEA; y los seremis de Medioambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Minvu, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo Social y Familia.

Bajo la Ley 19.300, la aprobación hecha el pasado 11 de agosto no significa la resolución definitiva del proyecto, sino que ahora corresponde la revisión del Comité de Ministros, integrado por Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

La polémica tras “Pandora Papers”

Hasta diciembre de 2010, el 56% de la propiedad del proyecto pertenecía a la familia Piñera Morel (con el 33%, siendo el mayor accionista) y Carlos Alberto Délano, sin embargo, en dicho mes, este último “compró todos los otros socios en US$152 millones”, según la información entregada por CIPER.

La operación de la firma del contrato fue en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal donde se estableció que el pago sería en tres millonarias cuotas, siendo la última la más importante, puesto que dependencia de las acciones del gobierno de Sebastián Piñera, el cual no debía hacer cambios regulatorios que dificulten la instalación de la mina, es decir, no establecer un área de protección ambiental en la zona donde estaría Dominga y el puerto de exportación.

La información se hizo pública luego de conocerse el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación llamado “Pandora Papers” (donde participaron 150 medios de comunicación de todo el mundo con 600 periodistas que revisaron 1,9 millones de documentos), el cual se basó en la filtración de archivos confidenciales que indagan además a tres presidentes latinoamericanos activos (el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Laso y el dominicano Luis Abinader), además de 11 retirados que ocultaron su fortuna con el fin de no pagar impuestos.

Durante la tarde de este lunes 4 de octubre, Sebastián Piñera en cadena nacional manifestó que “no existe conflicto de interés”, además de señalar que su familia “no tiene sociedades en el extranjero”, afirmaciones que son duramente cuestionadas si se compara con el trabajo profesional que hicieron cientos de periodistas a nivel mundial para destapar no sólo el caso del Proyecto Dominga sino que a otros líderes y referentes a nivel internacional: 330 políticos y funcionarios de gobiernos, más de 130 multimillonarios, 46 oligarcas de Rusia, 14 presidentes de Latinoamérica, entre otros.

Es de esperar que el gobierno asuma su responsabilidad en un asunto que mantiene la atención internacional en el país, sumando así un caso más al extenso historial de Sebastián Piñera, quién está próximo a dejar el cargo sin haber pagado por ninguno de los delitos ni violaciones a los Derechos Humanos, situación que no sólo ha sido gracias a su propio sector político sino que también a la llamada “oposición” que hoy condena pero sin acciones concretas que impulsen la salida del mandatario y de toda la clase política corrupta.

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La autodefensa no es delito: ¡Libertad para Cinthya!

Cinthya es una mujer pobladora de la localidad de Tomé, en la octava región. Así cómo tantas en el mundo, sufrió violencia constante por parte de su conviviente, soportando por más de 16 años los ataques y agresiones de parte de éste.

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Históricamente las mujeres y disidencias han tenido que combatir contra un sistema patriarcal que las/es obliga a convertir la autodefensa en un arma de lucha para no morir. La Justicia, tanto en Chile como en el mundo, más que proteger a quienes son víctimas de violencia actúa bajo completa impunidad hacia quienes viven maltrato físico o psicológico de parte de sus agresores.

Las situaciones evidenciadas en distintos territorios del país han dejado ver cómo, a través de leyes y procedimientos judiciales, se sigue condenando a quienes se protegen de la violencia ejercida por los hombres, cuando en realidad son las propias instituciones, el Estado y los gobiernos de turno los culpables de invisibilizar la realidad que viven miles de mujeres que por miedo siguen conviviendo con sus agresores, y que por necesidad, deben ejercer autodefensa para no ser ellas quienes terminan asesinadas o desaparecidas.

Un caso de violencia que anhela la pronta libertad

Cinthya es una mujer pobladora de la localidad de Tomé, en la octava región. Así cómo tantas en el mundo, sufrió violencia constante por parte de su conviviente, soportando por más de 16 años los ataques y agresiones de parte de éste. En la tarde del domingo 1 de septiembre de 2019, Cinthya es agredida nuevamente por su pareja, sin embargo, y tras años de resistencia, decide defenderse dejando con resultado de muerte a su agresor. Frente a esto, Cinthya comienza a ser procesada, pasando aproximadamente un año en prisión preventiva para mantenerse actualmente en arresto domiciliario a la espera del juicio que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en el Tribunal Penal de Concepción, en el cual la parte querellante pide 20 años de cárcel efectiva por el delito de parricidio, además de una millonaria indemnización a la familia del agresor.

Durante los años que Cinthya sufrió violencia acudió a todas las instituciones estatales para pedir ayuda, pero, cómo todos los casos de violencia patriarcal en el país, no recibió ninguna respuesta favorable ni protección para ella y sus hijos, puesto que además de estar en un círculo de constante violencia, ella vivía en la pobreza y marginación de un sistema que castiga y golpea fuertemente a las mujeres que luchan por salir adelante.

Desde la organización de mujeres “Libertad para Cinthya”, señalan que “al igual que muchos casos de mujeres en el país y el mundo, tiene un largo historial de violencia y maltrato, frente a los cuáles Cinthya busca apoyo en instituciones y realiza denuncias a carabineros. Sin embargo, cómo suele suceder, estas medidas no tienen los resultados esperados (porque no pueden tenerlos pues la esencia misma de dichos organismos es patriarcal y violenta con las mujeres). Asimismo, durante estos años busca alejarse de su agresor apoyándose en redes más cercanas, que tampoco logran salvarla de la violencia constante que vivía. Ante este panorama, y un contexto de nueva agresión, Cinthya decide defenderse y su agresor termina muerto”.

Yo también me defendería”

Luego de conocerse el caso, y ad portas del juicio que busca encarcelar a Cinthya, nace una colectividad de feministas autónomas que tienen como objetivo principal trabajar en impulsar la demanda por su pronta liberación y visibilizar los antecedentes.

Desde la colectividad enfatizan que la solidaridad entre mujeres es un pilar principal para combatir el abandono de las instituciones. “Reconocemos que la violencia hacia las mujeres es un hecho constitutivo del patriarcado y no una mera consecuencia que se pueda solucionar dentro del marco legal que este nos otorga. Creemos que, ante la ineficacia de todas las instituciones, la autodefensa no puede ser considerada delito, pues estamos en riesgo inminente de la vida de ella o de su agresor. Sabemos que el hecho de que una mujer se defienda constituyen una afrenta a este modelo, pues es más esperable una mujer víctima, y es por ello que ponemos atención a estos casos pues el juicio puede transformarse en “ejemplificador” para otras mujeres”.

El 29 de agosto recién pasado, la colectividad participó de la Jornada Cultural por la libertad de los/as presos/as políticos/as de la Rebelión Popular, realizada en Lorenzo Arenas. En la instancia, participaron con un stand informativo para difundir el caso, no sólo a quienes asistieron a la actividad desde otros lados de la ciudad, sino que a los/as vecinos/as que se agruparon en el sector.

Con respecto a la recepción de los/as pobladores/as, señalan que “la campaña de difusión comenzó con altos niveles de impacto. Han surgido varias muestras de solidaridad, muchas personas han ofrecido apoyo en distintos aspectos”.

Como proyecciones futuras se espera realizar una completa campaña digital acompañada de distintas acciones en el territorio del Gran Concepción y Tomé, como lienzos, murales y difusión del caso en las distintas actividades que se levanten.

El llamado de la colectividad es a seguir difundiendo el caso que tiene injustamente encarcelada a Cinthya, una mujer pobladora que a consecuencia de la violencia sistemática se vio obligada a defenderse, situación que no puede ser condenada ante ninguna circunstancia, menos aún si son las mismas instituciones las culpables y cómplices de un sistema patriarcal que oprime y castiga a las mujeres.

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