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Los vicios de la clase política Chilena: el caso del concejal calerano Karim Chahuán

Distintas investigaciones entregan información concreta de la relación de entre Chahuán y el narcotráfico.

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La degeneración de los partidos del régimen se ve expresada en múltiples dimensiones. Una de las manifestaciones más representativas de la descomposición de la clase dominante se materializa en el hecho de que nuestra clase política ya no sabe, o no le interesa, ocultar su enfermiza adicción al poder político, a la vida de lujos y al crimen. Uno de los casos icónicos, y que más ha sacudido la opinión pública, es la del concejal Karim Chahuán, investigado por coordinar saqueos a centros comerciales, por vínculos corruptos con carabineros e inclusive con el narcotráfico.

  1. Las narco aventuras del concejal.

El 30 de diciembre, ante el tribunal de la calera, la justicia reviso y confirmó la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Chahuán, por un saqueo que coordino junto a 2 personas el 29 de octubre del 2019. Pero en esta misma audiencia se revelaron múltiples líneas investigativas que involucran al concejal en diversos delitos.

 De partida el teléfono celular del concejal estaba siendo “pinchado” aproximadamente desde comienzos de septiembre, ya que, a través de llamadas, habían salido a la luz las conexiones del concejal con una banda a la que le habían llamado “los falsos PDI”, que se dedicaban al robo de autos, asalto a locales comerciales, residencias y tráfico de drogas, muchas veces vestidos con uniformes de la PDI.

Esto quedaría en evidencia en una llamada efectuada el 26 de agosto, a dos días de un enfrentamiento entre bandas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazzar de La Calera. Resulta que la hermana del “Leo” uno de los miembros de los “falsos PDI”, llama a la pareja del “Picho”-también miembro de la banda- para expresarle su preocupación frente a los hechos ocurridos en el estadio y que involucrarían a ambos personajes. En el transcurso de la llamada se refieren a que un tal “Karim” podría solucionar esto, ya que los más probable era que las cámaras del estadio hayan captado el tiroteo y a sus participantes[i]. Sumado a esto, hay que considerar que en aquel entonces el concejal era presidente de la comisión de deportes del municipio y además integraba el consejo comunal de seguridad pública.

La segunda trama de sucesos  tiene que ver con que el 29 de agosto en otras de las llamadas interceptadas por la PDI, se confirma que el concejal  facilitaba autos a la banda de los “falsos PDI”, desde la automotora “Chahuán cars”, que cabe destacar, es patrimonio de su familia, lo que incluye a su padre Roberto Chahuán, ex alcalde de la calera y actual CORE de la mencionada ciudad; y también al senador y actual candidato a la presidencia Francisco Chahuán. Sumado a esto, se descubre que Karim también había llamado al carabinero jefe de la tenencia de nogales, para que impidiera que uno de los autos de su automotora, manejado por el “Leo”, e involucrado en el transporte de marihuana y pasta base, fuera incautado por fiscalía, logrando desviarlo al corral municipal con una simple infracción de tránsito[ii].

Otra de las pruebas expuesta en la audiencia del 30 de diciembre, indaga sobre la relación entre Karim Chahuán, y un connotado traficante de nombre Pedro Melo Cartagena, alias “guatón Pemo”. Esta información se abre gracias a la declaración anónima de un imputado entrevistado también por CIPER. Supuestamente el imputado anónimo y el concejal tenían un asunto pendiente en referencia a un auto que Chahuán le había vendido, por lo que en reiteradas ocasiones visita la automotora. El testigo cuenta que en varias oportunidades vio que el concejal hacia pasar a su oficina al “guatón Pemo”, y que cuando esto ocurría, siempre bajaba las persianas, para que dentro de la oficina pesaran la mercancía que Melo Cartagena le traía. Si bien el relato del mismo Chahuán no negaba que conociera a Melo, aclaraba que se conocían desde niños y que era un cliente más de la automotora. Pero las indagaciones de la PDI nuevamente dan cuenta de que el concejal le había vendido varios autos a Melo, y que incluso en más de una oportunidad, Melo le habría pagado en cocaína. Sumado a esto, se encontraron en el celular del concejal, una serie de fotografías que dan cuenta de cómo se pesaba marihuana en el mesón del escritorio de la automotora[iii].

En lo que respecta a Pedro Melo Cartagena, sabemos que el 2011 la PDI en el marco de la “operación ballena”, decomiso 258 kilos de cocaína, luego de desbaratar a una organización compuesta de 15 personas, que distribuía la mercancía a la zona sur de la capital, y que tenía su centro de operación en Santiago[iv]. Entre los integrantes de esta red se encontraba el “guatón Pemo”, quien en aquel entonces tenía una joyería, y un negocio de tragamonedas en la Calera, que era el que le permitía “lavar” los ingresos producidos por la narco empresa.

  1. Algunas palabras para finalizar

La crisis de legitimidad de la política parlamentaria, y con ello del sistema democrático liberal, es un fenómeno que ya ha nadie sorprende. Son las propias dinámicas de la lucha de clases y las tendencias autodestructivas del capital, las que desde octubre del 2019 han terminado por asestar un golpe histórico al pacto de dominación chileno. Con esto se hacen cada vez más visibles las fisuras estructurales del proyecto post dictatorial, y el cómo los partidos de la burguesía de la mano con la supuesta oposición han demostrado su total desconexión con las necesidades de nuestra clase, legislando propuestas emanadas desde un gobierno asesino, y con prácticamente nula aprobación popular.

Resulta irrisorio que políticos pertenecientes a los sectores más moralista de la derecha chilena: UDI y RN, estén involucrados en casos de corrupción de tal magnitud. En realidad la respuesta a esto es clara, una cosa son los ilusorios discursos que le venden a nuestro pueblo llenándose la boca de promesas democráticas y haciendo llamados al respeto del orden y la paz ciudadana; pero lo que se esconde tras esta cortina de humo discursiva, son los verdaderos fines que les impulsan,  que no son otros que los de la clase a la que pertenecen, y que desde que existe el Estado, han sido básicamente valerse de la institucionalidad para: robar, oprimir y aprovecharse de nuestro pueblo. El camino a seguir para nuestra clase se hace cada vez más claro: rechazar las formas viciosas de ejercicio político y sus representantes, y con ello continuar la ardua labor de construir desde abajo y para los de abajo, las fuerzas de la rebelión.

[i] Sepúlveda, Nicolás; Miranda, Benjamín; “La conexión narco del concejal RN detenido por saqueos” en; CIPER Chile; 20-12-2019 https://ciperchile.cl/2019/12/20/la-conexion-narco-del-concejal-rn-detenido-por-saqueos/

[ii]Sepúlveda, Nicolás; Miranda, Benjamín; “Las operaciones del concejal Chahuán con uno de los narcos más poderosos de la zona central” en; CIPER Chile; 14-01-2020 https://ciperchile.cl/2020/01/14/las-operaciones-del-concejal-chahuan-con-uno-de-los-narco-mas-poderosos-de-la-zona-central/

[iii] Ídem

[iv] Agencia UPI; “Operación La Ballena: PDI desbarata banda de narcotraficantes y decomisa 258 kilos de drogas” en; Bio- Bio Chile; 9-05-11 https://www.biobiochile.cl/noticias/2011/05/09/operacion-la-ballena-pdi-desbarata-banda-de-narcotraficantes-y-decomisa-258-kilos-de-drogas.shtml

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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