Conecte con nosotros

NACIONAL 2

Los presos políticos de la Rebelión: El caso de los militantes del MJL

La argumentación dada por la Fiscalía siempre rondó en la imagen del MJL, tildándola de “organización criminal” organizada en pandilla de carácter “extremo comunista” y “marxista-leninista”.

Publicado

el

En la mañana del miércoles 30 de octubre, Esteban Bustos, Rubén Rivas y Gilberto Mendoza, tres jóvenes pertenecientes al Movimiento Juvenil Lautaro que tras una reunión se preparaban para irse a sus respectivos trabajos, fueron detenidos junto a otros dos sujetos por carabineros de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda en la Av. La Feria, en la zona sur de Santiago. Según indican los familiares de uno de los detenidos, en ningún momento carabineros explican la razón de la detención.

Al llegar a la comisaría, fueron interrogados por efectivos del OS9 de carabineros que, ignorando cualquier tipo protocolo de detención y en una clara flagrancia de violación de sus Derechos Humanos, entraron encapuchados, sin identificación alguna y sin presencia de un abogado, acusando a los tres jóvenes que pertenecen al MJL (llamándolos por sus nombres y apellidos y reconociendo la organización de la cual formaban parte, o sea, ya los tenían identificados desde antes del hecho) de haber levantado barricadas en la línea férrea del Tren Central de Santiago que conecta el tramo de Nos con el de la Alameda, amenazándolos con sus familias e indicándoles que serán formalizados por el artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles. Las otras dos personas que fueron detenidas fueron puestas en libertad.

El artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles señala que: “El que voluntariamente destruya o descomponga la vía férrea o que coloque en ella obstáculos que puedan producir el descarrilamiento o que de cualquiera otra manera trate de producir éste, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio” (una pena que en su tramo mínimo va desde 61 días a 301 días y en su tramo máximo va desde 302 días 540 días).

Posterior a esto, fueron trasladados al Centro de Justicia de Santiago para su formalización bajo la acusación de este artículo. En un primer momento, se asomaba una posible libertad con alguna medida cautelar, ya que dicha ley invocada solicita una pena de grado menor a medio, lo que no implica prisión preventiva, pero tras un proceso bastante engorroso en el que los acusados debían ser juzgados por el 10° Juzgado de Garantía, termina siendo una jueza del 12° Juzgado quien los formaliza y dictamina la prisión preventiva y una investigación de 90 días en vez de los 30 días solicitados por Fiscalía.

La argumentación dada por la Fiscalía siempre rondó en la imagen del MJL, tildándola de “organización criminal” organizada en pandilla de carácter “extremo comunista” y “marxista-leninista”, pero el motivo final de la resolución fue que, dada la presencia de panfletos del MJL en las líneas férreas y la existencia de una carpeta investigativa previa, además de la tenencia de encendedores por parte de los tres sujetos –que fueron tomados como evidencia– debía haber una investigación del caso.

Tras el dictamen, son llevados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Siendo que a la mayoría de las personas que están en prisión preventiva los mandan a Santiago 1, Gendarmería argumento que fueron puestos ahí para evitar una relación entre ellos y los más jóvenes en una posible influencia en la población penal, dado su nivel académico y su participación en el MJL.

Una vez ahí, fueron ubicados en la sección de máxima seguridad, el cual es un módulo de castigo que tiene un régimen carcelario de 21 horas de encierro, de una hora y media de pasillo y otra hora y media de patio. Sin embargo, ellos contaron que estuvieron tres días sólo paseando por el pasillo, sin posibilidad de salir al patio. Por fortuna, los tres se encuentran en el mismo módulo, lo que hace que el pasar las horas sea más llevadero.

El día 6 de noviembre, el abogado defensor de los tres jóvenes –Lorenzo Morales– realizó los alegatos correspondientes contra la medida cautelar de prisión preventiva en la Corte de Apelaciones de San Miguel. En dicha audiencia, y de forma unánime, los magistrados rechazaron la apelación presentada, lo que significó que la prisión preventiva siguiera su curso de 90 días según lo sentenciado por el 10° Juzgado de Garantía. Tras esto, se apeló -como segunda instancia- a la Corte Suprema donde se es ratificada la prisión preventiva.

El día 25 de noviembre, se lleva a cabo una audiencia en el mismo juzgado, pedida por la defensa para revisar la medida cautelar. En esa ocasión, el juez concluye que efectivamente la prisión preventiva no es coherente con el delito cometido, por lo que baja la medida a arresto domiciliario total.

Dos días después, el Ministerio del Interior se suma a la causa, solicita la querella que pide la invocación de la Ley de Seguridad del Estado (con la que arriesgan penas que van desde los 3 años y un día a 10 años de presidio), siendo reformalizados los acusados, ya que en ese momento no estaban siendo juzgados por aquella ley, y apela a la reinstalación de la prisión preventiva. El día 30, tres días después, se lleva a cabo la audiencia en la Corte de Apelaciones y los tres jóvenes vuelven a prisión preventiva a la Cárcel de Alta Seguridad el 2 de diciembre.

El martes 10 de diciembre, los tres jóvenes se declaran en huelga de hambre líquida, exigiendo: su libertad inmediata y la de todos los prisioneros políticos de la Revuelta Popular; reconocimiento de los prisioneros políticos por parte de organismos nacionales e internacionales y de las autoridades políticas del país; garantía de un juicio justo (que se retire la querella por ley de seguridad interior del Estado); fin a la persecución política; cese a toda forma de violación a los Derechos Humanos del Pueblo de Chile; y otras exigencias en el plano del régimen interno.

Lee también: Presos políticos de la Rebelión Popular anuncian el inicio de una “huelga de hambre liquida”

El 26 de diciembre es cambiada la medida cautelar y son llevados a sus hogares para que cumplan arresto domiciliario total. El 31 de diciembre, el Ministerio del Interior nuevamente apela y pide la reformalización de los acusados por la Ley de Seguridad del Estado.  El viernes 3 de enero, Rubén es detenido por la policía de investigaciones en su hogar y el lunes 6 son detenidos, también por la policía de investigaciones, Gilberto y Esteban.

 

Presos políticos

En una entrevista realizada por El Desconcierto, Rubén Rivas, uno de los acusados, apuntó directamente a que ciertas organizaciones que velan por los Derechos Humanos no se han pronunciado con respecto a la prisión política. Según él “muchas de las organizaciones de derechos humanos están relacionadas con partidos políticos que son del poder. Invisibilizar la prisión política es parte de este acuerdo por la paz. Los organismos de derechos humanos en vez de estar respondiendo a los derechos humanos del pueblo –que no tienen color político– están respondiendo a ciertas voluntades políticas y del poder”. Esto tras los diversos llamados de familiares y amigos que se han acercado a conversar con estas organizaciones y no ha habido respuesta. “Todos saben y están informados, pero nadie quiere pronunciarse acerca de los presos políticos”.

Como el de Rubén, Gilberto y Esteban, este es uno de los tantos casos de personas detenidas y procesadas injustamente desde el comienzo del la Rebelión Popular en nuestro país. Según el informe de la Fiscalía Nacional de Chile, desde el 18 de octubre al 30 de noviembre, la cifra de personas que pasaron por audiencia de control y detención fue de 30.102 personas. De ellas, 20.217 fueron formalizadas, y 1.957 han quedado en prisión preventiva.

Lee también: Catalina Fuentes: la alumna de veterinaria UDEC encarcelada por “sacar tres adoquines”

Ante esto, han nacido diversas organizaciones que apelan a la libertad de los presos políticos en Chile y que exista una cifra clara con respecto al número de estos, como es el caso de la Coordinadora por la libertad de los presos políticos 18 de octubre que surge tras la rebelión social y busca la libertad de las personas que han sido formalizadas, prestando apoyo jurídico y de acopio tanto para los detenidos como para sus familias y que buscan instalar en el diálogo que se reconozca que el Estado chileno tiene prisioneros políticos.

Resultado de imagen para coordinadora 18 de octubre

Por su parte, observadores de DDHH de la Casa José Domingo Cañas, quienes estuvieron presentes en la última audiencia de los acusados, señalaron que: “No hay una cifra clara de cuantas personas efectivamente están en prisión preventiva en este minuto a raíz del estallido social. Nosotros entendemos que son presos políticos, lo sabemos, pero no hay claridad en la cifra. De hecho, estamos haciendo una solicitud por la ley de transparencia para tener el dato de cuantas personas están en prisión preventiva en este contexto (…) en concreto, al parecer, no hay pruebas -por lo que se habló en el Tribunal- de lo que lo que se está acusando y algo que nos parece inconcebible como derechos humanos es que estén en una cárcel de alta seguridad. Lo que vemos en este minuto habla de un Chile en que claramente los derechos humanos y las garantías de juicios al parecer no están funcionando”.

 

Estado actual

Los acusados fueron reformalizados el día de ayer por Ley de Seguridad del Estado. El fiscal Álex Meza pidió aumentar a 60 días el plazo para investigar, el abogado defensor solicitó 5, pero finalmente la jueza determinó que serán 40 los días que durará la investigación, donde los imputados deberán continuar en prisión preventiva, por lo menos hasta el 21 de enero que es cuando se realizará la audiencia para estudiar la medida cautelar de la prisión preventiva.

Lorenzo Morales, abogado defensor, al ser consultado sobre si los detenidos corresponden a prisioneros políticos dijo: “Tiene que ver con una inducción de la policía, en este caso, de carabineros del OS9 que los siguieron desde mucho antes ocurrido este hecho que se está investigando. Es un hecho bastante raro, porque la penalidad es muy chica, pero finalmente están en prisión preventiva por más de 50 días, nos parece gravoso. Este caso, por lo menos objetivamente, cumple con la prisión política”.

Por ahora habrá que esperar hasta la audiencia de este 21 de enero para saber cual será el destino de estos tres jóvenes juzgados injustamente por un Estado que no les brinda las garantías necesarias con relación a sus derechos humanos, donde el mayor delito de estos hombres fue el buscar la manera de hacer este un país mejor.

Prohibido olvidar a los más de 2.500 prisioneros políticos que este gobierno pretende ocultar bajo penas injustas e invocando la Ley de Seguridad del Estado por delitos que no han cometido. Que no hagan pasar al gato por liebre.

Opinion

MANDU, PRESO POLÍTICO DE PUNTA ARENAS: CONSIGUE LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA POR CINCO AÑOS

Publicado

el

por Ivonne, Militante Trabajadores y Trabajadoras al Poder

Este martes 1 de diciembre, desde las 13:30 horas, se llevó adelante la audiencia de lectura de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria de Marcelo Mandujano, por los delitos de incendio de un edificio en donde funcionaba la AFP Hábitat y por el delito de desórdenes públicos relativos a la jornada del 12 de noviembre del 2019, imputaciones que lo han mantenido en prisión preventiva desde el 10 de enero del 2020.

En la pasada audiencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal decidió condenarlo como autor del delito de incendio a cuatro años y 324 días de presidio menor en su grado máximo, a la pena accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de sus derechos políticos y a la inhabilitación absoluta del ejercicio de cargos públicos mientras dure la condena y, como autor del delito de desórdenes públicos a la condena de 41 días de prisión en su grado máximo, sumando una condena de 5 años.

Registro de actividad durante una de las jornadas de ayuno, en Punta Arenas, por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta

Sin embargo, hoy, el Tribunal determinó la aplicación de la pena sustitutiva de Libertad vigilada intensiva, por un plazo de cinco años, debiendo dar cumplimiento al plan de intervención individual que determinará en los próximos días Gendarmería de Chile, además del imperativo de que Mandu fije un domicilio permanente y que, en caso de modificaciones de dirección, debe informarlo oportunamente.

En virtud de esta sentencia, Mandu es condenado al pago de 660 UF más los intereses, suma que supera los 19 millones de pesos, por concepto de las rentas de arrendamiento que la dueña habría dejado de percibir producto del incendio del inmueble.

En esta audiencia se dio curso a la revisión de oficio de la medida cautelar de prisión preventiva, al haber transcurrido más de 6 meses desde su inicio. La defensa solicitó que, entendiendo que aún no está ejecutoriada la sentencia que se lee en dicha instancia (lo que significa que pudiera modificarse el resultado por la vía de la impugnación, ya sea por la interposición de un recurso por parte de la fiscalía o por parte de algún otro querellante) el escenario cambia con la lectura de la sentencia definitiva que no tiene como consecuencia la aplicación de una condena de prisión efectiva, por lo que esta medida cautelar es reemplazada por otras 3 de menor intensidad: arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo regional, las que permanecerán vigentes hasta que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, hasta que se agote el plazo para interponer recursos o que, habiendo interpuesto algún recurso, no se haya acogido a las pretensiones de modificar el contenido de la sentencia.

Registro de actividad durante una de las jornadas de ayuno, en Punta Arenas, por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta

Es motivo de celebración que Mandu pueda gozar de libertad, y aunque no será completa, ya que estará sujeto a un plan de intervención de gendarmería, sí estará fuera de las condiciones de aislamiento e indignidad de los recintos penales de Chile y lejos de los 11 años que estaba pidiendo el Ministerio Público por un proceso con bastas irregularidades ya mencionadas en notas que este periódico ya ha publicado.

Resulta manifiestamente injusto que Mandu haya tenido que pasar 326 días privado de libertad para que finalmente en el procedimiento se determinara que no sería condenado a prisión por los 11 años de condena que el ministerio público majaderamente sostenía.

Esto confirma lo que hemos venido sosteniendo: el carácter político de los procesos que caen sobre nuestros compañeros y compañeras aprisionados injustamente por luchar, ya que durante un año Fiscalía hace un festín mediático respecto de su gestión al lograr identificar y aprisionar a uno de los responsables de las acciones de protesta dadas en la región, en donde ya vemos que su posibilidad de neutralización está limitada a la aplicación de la prisión preventiva, pero no a una sentencia condenatoria de prisión, y  que por otro lado, tampoco se traduce en el aplastamiento de la protesta, sino todo lo contrario. No se logra intimidar represivamente al pueblo organizado, muestra de esto es la red de apoyo que se ha tejido alrededor de los casos de prisión política, en donde se han generado distintas acciones de visibilización, denuncia y apoyo.

Apoyo que será fundamental sostener de manera nacional e internacional, ya que debemos asumir la responsabilidad de pelear en la calle la libertad total e incondicional para todos y todas los presos/as políticas de la rebelión popular.

Este 10 de diciembre, a propósito de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, se está convocando a una Huelga Nacional por la libertad de las y los presos/as políticas de la rebelión popular, en el marco de la discusión sobre la posibilidad de una salida política de estos/as. Es de vital importancia que las y los comprometidos con esta justa lucha por la libertad de las y los presos nos aboquemos a la agitación y organización de esta jornada, dejando atrás los sectarismos y los traspiés que lamentablemente se han visto, mostrando unidad, organización y determinación y tensionando a los sectores organizados de trabajadores y trabajadoras a solidarizar y a ponerse a disposición de la combatividad que exige la jornada.

¡10 DE DICIEMBRE HUELGA GENERAL POR LA LIBERTAD TOTAL A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA REBELIÓN POPULAR!

¡AMNISTÍA YA, SIN CONDICIONES Y SIN TRANSAR CON LA IMPUNIDAD DE LOS REPRESORES!

¡FUERA PIÑERA, ABAJO EL PARLAMENTO CORRUPTO! ¡POR UN GOBIERNO DE LAS Y LOS TRABAJADORES QUE DISUELVA LAS FF AA Y DE ORDEN!

Seguir Leyendo

Nacional

“Que la CNI devuelva a mis hijos”: 37 años desde la inmolación de Sebastian Acevedo

Un viernes 11 de Noviembre de 1983, el obrero de Coronel se quemó vivo frente a la Catedral de la Plaza de Independencia de Concepción. Su acto fue motivado por la desesperación ante el aprisionamiento de sus hijos por la CNI.

Publicado

el

Por Diego Chacano

Se cumple otra fecha desde la muerte de Sebastian Acevedo Becerra, el hombre que, a sus 52 años, se prendió fuego frente a la Catedral de la Santísima Concepción en plena dictadura militar.

El hecho que desencadenó esta inmolación fue la detención de sus hijos María Candelaria y Galo, apenas dos días antes por civiles armados desde su casa en Coronel.

Tanto María (quien fuera militante de Las Juventudes Comunistas) como su hermano fueron llevados a un centro de detención en Playa Blanca. Sebastian, sospechando que se encontraban en poder de la CNI se encaminó en su búsqueda por diversos recintos de la Región del Bío Bío, sin embargo no encontró respuesta de ninguna autoridad.

El día viernes 11 de Noviembre, Acevedo se cubrió de gasolina e inmoló su cuerpo frente a la Plaza de la Independencia de Chile.

Sus hijos, quienes habrían sido liberados momentáneamente pudiendo despedirse de su padre moribundo, nuevamente fueron encarcelados durante algunos años hasta que consiguieron su libertad (en gran parte gracias al movimiento y revuelo causado a raíz del caso.)

Su hija Erika declaró: “(…) La inmolación de Sebastián sacudió la conciencia de todo Chile, desnudó el drama de las detenciones secretas y las torturas. El impacto de esta acción fue tal que la dictadura se vio obligada a reconocer la detención de Galo y María Candelaria Acevedo, para días más tarde dejarlos en libertad.”

Ante los hechos se conformó un movimiento llamado “Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo” quienes protestaban contra las torturas cometidas por la CNI y que, hasta día de hoy, siguen remomerando el acto desesperado del padre de familia.

Seguir Leyendo

Nacional

“Hasta vencer o morir”: 32 años desde el asesinato de los comandantes Raúl Pellegrin y Cecilia Magni

Un día 28 de octubre de 1988, fueron asesinados en el poblado Los Queñes (VII Región del Maule) los altos rangos del Frente Patriotico Manuel Rodríguez: Cecilia Magni y Raúl Pellegrin.

Publicado

el

Por Diego Chacano

Cecilia Magni, conocida popularmente como “Comandanta Tamara” (apodo puesto en memoria de la guerrillera Tamara Bunke) fue de vital importancia en diversas operaciones de la organización guerrillera Frente Patriótico Manuel Rodriguez. Sus años de experiencia y fuerte liderazgo la llevaron a ser la única mujer en llegar a dirigir a los frentistas.

Raúl Pellegrin, por su parte, fue uno de los comandantes fundadores de la organización. Formado militarmente en Cuba, lideró algunas de las actividades más peligrosas del grupo, como el atentado fallido a Pinochet en septiembre de 1986, del cual también participó Cecilia.

Luego del fracaso en la “Operación Siglo XX” y la posterior separación entre el Partido Comunista de Chile y el FPMR, se comenzó a idear el proyecto denominado “Guerra Patriótica Nacional”, la cual pretendía llevar a las masas a sublevarse contra el régimen ante la desconfianza en un eventual plebiscito o cualquier tipo de “retorno a la democracia” pactada por las castas políticas.

Raúl y la Comandanta Tamara lideraron personalmente las diversas acciones planificadas para la “Guerra Patriótica Nacional”, tomando diversos poblados rurales: La Mora, Pichipellahuén y Los Queñes.

Sin embargo, fue en este último lugar donde, luego de haber ocupado exitosamente el terreno, un grupo de carabineros detuvo a los frentistas. Ambos fueron torturados y asesinados por efectivos policiales.

El día 30 de octubre sus cuerpos fueron encontrados con notorias marcas de tortura en las cercanías del río Tinguiririca. Según los informes se les habría aplicado electricidad y también fueron golpeados brutalmente.

El año 2014 la Corte Suprema absolvió a los principales acusados del asesinato de Raúl y Cecilia. “Dejaron a los asesinos libres. El juicio se fue por el lado de la autopsia y no por el de todo el operativo que hubo detrás. Le quitaron el peso político”. Así dijo Carla Pellegrin, hermana del comandante Raúl.

Seguir Leyendo

Lo más visto