Conecte con nosotros

NACIONAL 2

Los presos políticos de la Rebelión: El caso de los militantes del MJL

La argumentación dada por la Fiscalía siempre rondó en la imagen del MJL, tildándola de “organización criminal” organizada en pandilla de carácter “extremo comunista” y “marxista-leninista”.

Publicado

el

En la mañana del miércoles 30 de octubre, Esteban Bustos, Rubén Rivas y Gilberto Mendoza, tres jóvenes pertenecientes al Movimiento Juvenil Lautaro que tras una reunión se preparaban para irse a sus respectivos trabajos, fueron detenidos junto a otros dos sujetos por carabineros de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda en la Av. La Feria, en la zona sur de Santiago. Según indican los familiares de uno de los detenidos, en ningún momento carabineros explican la razón de la detención.

Al llegar a la comisaría, fueron interrogados por efectivos del OS9 de carabineros que, ignorando cualquier tipo protocolo de detención y en una clara flagrancia de violación de sus Derechos Humanos, entraron encapuchados, sin identificación alguna y sin presencia de un abogado, acusando a los tres jóvenes que pertenecen al MJL (llamándolos por sus nombres y apellidos y reconociendo la organización de la cual formaban parte, o sea, ya los tenían identificados desde antes del hecho) de haber levantado barricadas en la línea férrea del Tren Central de Santiago que conecta el tramo de Nos con el de la Alameda, amenazándolos con sus familias e indicándoles que serán formalizados por el artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles. Las otras dos personas que fueron detenidas fueron puestas en libertad.

El artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles señala que: “El que voluntariamente destruya o descomponga la vía férrea o que coloque en ella obstáculos que puedan producir el descarrilamiento o que de cualquiera otra manera trate de producir éste, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio” (una pena que en su tramo mínimo va desde 61 días a 301 días y en su tramo máximo va desde 302 días 540 días).

Posterior a esto, fueron trasladados al Centro de Justicia de Santiago para su formalización bajo la acusación de este artículo. En un primer momento, se asomaba una posible libertad con alguna medida cautelar, ya que dicha ley invocada solicita una pena de grado menor a medio, lo que no implica prisión preventiva, pero tras un proceso bastante engorroso en el que los acusados debían ser juzgados por el 10° Juzgado de Garantía, termina siendo una jueza del 12° Juzgado quien los formaliza y dictamina la prisión preventiva y una investigación de 90 días en vez de los 30 días solicitados por Fiscalía.

La argumentación dada por la Fiscalía siempre rondó en la imagen del MJL, tildándola de “organización criminal” organizada en pandilla de carácter “extremo comunista” y “marxista-leninista”, pero el motivo final de la resolución fue que, dada la presencia de panfletos del MJL en las líneas férreas y la existencia de una carpeta investigativa previa, además de la tenencia de encendedores por parte de los tres sujetos –que fueron tomados como evidencia– debía haber una investigación del caso.

Tras el dictamen, son llevados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Siendo que a la mayoría de las personas que están en prisión preventiva los mandan a Santiago 1, Gendarmería argumento que fueron puestos ahí para evitar una relación entre ellos y los más jóvenes en una posible influencia en la población penal, dado su nivel académico y su participación en el MJL.

Una vez ahí, fueron ubicados en la sección de máxima seguridad, el cual es un módulo de castigo que tiene un régimen carcelario de 21 horas de encierro, de una hora y media de pasillo y otra hora y media de patio. Sin embargo, ellos contaron que estuvieron tres días sólo paseando por el pasillo, sin posibilidad de salir al patio. Por fortuna, los tres se encuentran en el mismo módulo, lo que hace que el pasar las horas sea más llevadero.

El día 6 de noviembre, el abogado defensor de los tres jóvenes –Lorenzo Morales– realizó los alegatos correspondientes contra la medida cautelar de prisión preventiva en la Corte de Apelaciones de San Miguel. En dicha audiencia, y de forma unánime, los magistrados rechazaron la apelación presentada, lo que significó que la prisión preventiva siguiera su curso de 90 días según lo sentenciado por el 10° Juzgado de Garantía. Tras esto, se apeló -como segunda instancia- a la Corte Suprema donde se es ratificada la prisión preventiva.

El día 25 de noviembre, se lleva a cabo una audiencia en el mismo juzgado, pedida por la defensa para revisar la medida cautelar. En esa ocasión, el juez concluye que efectivamente la prisión preventiva no es coherente con el delito cometido, por lo que baja la medida a arresto domiciliario total.

Dos días después, el Ministerio del Interior se suma a la causa, solicita la querella que pide la invocación de la Ley de Seguridad del Estado (con la que arriesgan penas que van desde los 3 años y un día a 10 años de presidio), siendo reformalizados los acusados, ya que en ese momento no estaban siendo juzgados por aquella ley, y apela a la reinstalación de la prisión preventiva. El día 30, tres días después, se lleva a cabo la audiencia en la Corte de Apelaciones y los tres jóvenes vuelven a prisión preventiva a la Cárcel de Alta Seguridad el 2 de diciembre.

El martes 10 de diciembre, los tres jóvenes se declaran en huelga de hambre líquida, exigiendo: su libertad inmediata y la de todos los prisioneros políticos de la Revuelta Popular; reconocimiento de los prisioneros políticos por parte de organismos nacionales e internacionales y de las autoridades políticas del país; garantía de un juicio justo (que se retire la querella por ley de seguridad interior del Estado); fin a la persecución política; cese a toda forma de violación a los Derechos Humanos del Pueblo de Chile; y otras exigencias en el plano del régimen interno.

Lee también: Presos políticos de la Rebelión Popular anuncian el inicio de una “huelga de hambre liquida”

El 26 de diciembre es cambiada la medida cautelar y son llevados a sus hogares para que cumplan arresto domiciliario total. El 31 de diciembre, el Ministerio del Interior nuevamente apela y pide la reformalización de los acusados por la Ley de Seguridad del Estado.  El viernes 3 de enero, Rubén es detenido por la policía de investigaciones en su hogar y el lunes 6 son detenidos, también por la policía de investigaciones, Gilberto y Esteban.

 

Presos políticos

En una entrevista realizada por El Desconcierto, Rubén Rivas, uno de los acusados, apuntó directamente a que ciertas organizaciones que velan por los Derechos Humanos no se han pronunciado con respecto a la prisión política. Según él “muchas de las organizaciones de derechos humanos están relacionadas con partidos políticos que son del poder. Invisibilizar la prisión política es parte de este acuerdo por la paz. Los organismos de derechos humanos en vez de estar respondiendo a los derechos humanos del pueblo –que no tienen color político– están respondiendo a ciertas voluntades políticas y del poder”. Esto tras los diversos llamados de familiares y amigos que se han acercado a conversar con estas organizaciones y no ha habido respuesta. “Todos saben y están informados, pero nadie quiere pronunciarse acerca de los presos políticos”.

Como el de Rubén, Gilberto y Esteban, este es uno de los tantos casos de personas detenidas y procesadas injustamente desde el comienzo del la Rebelión Popular en nuestro país. Según el informe de la Fiscalía Nacional de Chile, desde el 18 de octubre al 30 de noviembre, la cifra de personas que pasaron por audiencia de control y detención fue de 30.102 personas. De ellas, 20.217 fueron formalizadas, y 1.957 han quedado en prisión preventiva.

Lee también: Catalina Fuentes: la alumna de veterinaria UDEC encarcelada por “sacar tres adoquines”

Ante esto, han nacido diversas organizaciones que apelan a la libertad de los presos políticos en Chile y que exista una cifra clara con respecto al número de estos, como es el caso de la Coordinadora por la libertad de los presos políticos 18 de octubre que surge tras la rebelión social y busca la libertad de las personas que han sido formalizadas, prestando apoyo jurídico y de acopio tanto para los detenidos como para sus familias y que buscan instalar en el diálogo que se reconozca que el Estado chileno tiene prisioneros políticos.

Resultado de imagen para coordinadora 18 de octubre

Por su parte, observadores de DDHH de la Casa José Domingo Cañas, quienes estuvieron presentes en la última audiencia de los acusados, señalaron que: “No hay una cifra clara de cuantas personas efectivamente están en prisión preventiva en este minuto a raíz del estallido social. Nosotros entendemos que son presos políticos, lo sabemos, pero no hay claridad en la cifra. De hecho, estamos haciendo una solicitud por la ley de transparencia para tener el dato de cuantas personas están en prisión preventiva en este contexto (…) en concreto, al parecer, no hay pruebas -por lo que se habló en el Tribunal- de lo que lo que se está acusando y algo que nos parece inconcebible como derechos humanos es que estén en una cárcel de alta seguridad. Lo que vemos en este minuto habla de un Chile en que claramente los derechos humanos y las garantías de juicios al parecer no están funcionando”.

 

Estado actual

Los acusados fueron reformalizados el día de ayer por Ley de Seguridad del Estado. El fiscal Álex Meza pidió aumentar a 60 días el plazo para investigar, el abogado defensor solicitó 5, pero finalmente la jueza determinó que serán 40 los días que durará la investigación, donde los imputados deberán continuar en prisión preventiva, por lo menos hasta el 21 de enero que es cuando se realizará la audiencia para estudiar la medida cautelar de la prisión preventiva.

Lorenzo Morales, abogado defensor, al ser consultado sobre si los detenidos corresponden a prisioneros políticos dijo: “Tiene que ver con una inducción de la policía, en este caso, de carabineros del OS9 que los siguieron desde mucho antes ocurrido este hecho que se está investigando. Es un hecho bastante raro, porque la penalidad es muy chica, pero finalmente están en prisión preventiva por más de 50 días, nos parece gravoso. Este caso, por lo menos objetivamente, cumple con la prisión política”.

Por ahora habrá que esperar hasta la audiencia de este 21 de enero para saber cual será el destino de estos tres jóvenes juzgados injustamente por un Estado que no les brinda las garantías necesarias con relación a sus derechos humanos, donde el mayor delito de estos hombres fue el buscar la manera de hacer este un país mejor.

Prohibido olvidar a los más de 2.500 prisioneros políticos que este gobierno pretende ocultar bajo penas injustas e invocando la Ley de Seguridad del Estado por delitos que no han cometido. Que no hagan pasar al gato por liebre.

Seguir Leyendo
Haga clic para comentar

0 Comments

  1. Pingback: La lucha de las mujeres por la libertad de los y las prisioneras políticas – Diario Venceremos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

Publicado

el

Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

Seguir Leyendo

Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

Publicado

el

El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Seguir Leyendo

Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

Publicado

el

Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

Seguir Leyendo

Lo más visto