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Llamado al distrito 20 a apoyar una candidatura independiente y del pueblo: Daniela Guzmán Huenchuleo

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Como Trabajadoras y Trabajadores al Poder hemos sido desde un principio críticos con el proceso constituyente, condenamos y criticamos abiertamente el Pacto por la Paz elaborado por los partidos del régimen a espaldas del pueblo, entendemos que aquel pacto significó que todos los partidos firmantes actuaran como un solo bloque del poder con el propósito evitar la caída del gobierno de Piñera, un escenario que en propias palabras de los voceros del régimen parecía probable después de las masivas jornadas de huelgas de octubre y noviembre.

Sin embargo, también debemos ser capaces de interpretar el sentir del pueblo que manifestó el 25 de octubre pasado su voluntad de iniciar un proceso constituyente con un voto masivo histórico que demostraba el rechazo de la sociedad a la constitución pinochetista. Si el pueblo votó por incidir en el proceso constituyente, las organizaciones revolucionarias debemos realizar el esfuerzo por llevar las ideas y el programa de la Rebelión Popular a todos los frentes de lucha, incluida la Convención Constitucional, no podemos quedarnos de brazos cruzados permitiendo que dicha instancia se convierta en un «salón de té» de los representantes de la burguesía local, de los partidos políticos tradicionales, los mismos que hoy se disfrazan de falsos independientes, debemos convertir la instancia en otro escenario más de la lucha de clases; denunciar la mentira y las trampas políticas de los delegados del régimen, promover un programa político revolucionario que recoja las más sentidas carencias del pueblo y que remueva las bases económicas de la institucionalidad neoliberal.

Para poder lograrlo es una tarea imperiosa apoyar candidaturas independientes nacidas del pueblo y la clase obrera. Considerando que estamos en un contexto histórico revolucionario a nivel global, no debemos abandonar al pueblo ni la lucha en las calles bajo ninguna circunstancia, por otro lado, este proceso debe servir al campo popular para ir encontrándose, limar asperezas y constituirse como un Frente Político y Social que aglutine a todas las organizaciones revolucionarias, populares, comunitarias, sociales y las y los delegados constitucionales consecuentes en torno a un programa político que incluya entre otras cosas la exigencia de libertad incondicional para las y los presos políticos. También debemos ser capaces de preparar una gran huelga general por fuera de la burocracia de la CUT que busque derribar a través de un golpe duro y fulminante al gobierno de Piñera. Hoy, a más de un año de las históricas jornadas de octubre y noviembre sabemos que es posible, que se puede hacer si se confía en la capacidad del pueblo autoorganizado.

Es por eso que como Trabajadoras y Trabajadores al Poder apoyaremos la candidatura de la dirigenta vecinal Daniela Guzman Huenchuleo mujer, mapuche y consecuente; pobladora de la boca sur del Biobío, madre, feminista y activista que se ha ganado su legitimidad a gracias a años de ser partícipe de la experiencia de lucha y organización popular en su territorio quien va por el Distrito 20 (Chiguayante, San Pedro de la Paz, Penco, Concepción, Florida, Coronel, Hualpén, Hualqui, Santa Juana, Talcahuano y Tomé) dentro de la lista «Asamblea Popular Distrito 20».

Esta candidatura sin el apoyo ni financiamiento de ningún partido político tradicional se sustenta en el propio esfuerzo de vecinos y vecinas de la población Boca Sur, organizados a través del Centro Cultural Víctor Jara, Junta de Vecinos 8R, la Unión de Pobladores y Pobladoras de Boca Sur, Comedor Popular Claudio Benedito, Comité de vivienda La Dignidad, entre otras. Es decir, una candidatura que surge del mismo pueblo organizado que al igual que en el resto del país el 25 de octubre se volcó en masa a rechazar la constitución de la dictadura. Una vez alcanzada la victoria del apruebo se generó una interrogante por parte de las y los pobladores: ¿Por qué no llevamos a alguien de nuestro propio barrio para que nos represente en la convención constitucional y ponga en la discusión los verdaderos problemas que tenemos las y los pobladores de Boca Sur?

¡Sabemos que si no está el pueblo presente el proceso constituyente es solo un espectáculo que no resolverá ninguna de las carencias más sentidas por la población, por eso no podemos dar la batalla por perdida antes de librarla!

Por último, hacemos un llamado al resto de las organizaciones políticas revolucionarias, comunitarias, sociales, al movimiento popular en general a apoyar las candidaturas constituyentes honestas e independientes, a superar «la parcela», el sectarismo, el purismo ideológico, el «camino propio» y ponernos a la altura del proceso histórico que estamos viviendo, en pos de conseguir lo más valioso; la unidad del movimiento popular, que no se queden solo en denunciar las trampas de la cocina política, sin hacer el intento por revertirlas, esto teniendo en consideración que las candidaturas del régimen ya están casi inscritas, mientras que las candidaturas independientes deben aprovechar al máximo el poco tiempo que queda para reunir las firmas necesarias.

Para apoyar la Candidatura deben acceder a la plataforma https://patrocinantes.servel.cl/auth/login iniciar sesión con su clave única y buscar a Daniela Guzmán Huenchuleo para patrocinarla.

¡A patrocinar a las candidaturas independientes y del pueblo!

¡Sin el pueblo no habrá proceso constituyente!

¡El pueblo despertó, construyamos juntxs la revolución!

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AL PODER BÍOBÍO

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Guetos verticales se trasladan a Maipú

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Un gigantesco mega proyecto inmobiliario amenaza con instalarse en Avenida Pajaritos a la altura del 4600. Así lo promociona la inmobiliaria Icalma, quien pretende construir un complejo de torres de más de 20 pisos en el sector.

La voz de alarma y preocupación la dieron los vecinos del sector, que ven en este proyecto una amenaza grave a su calidad de vida futura, pues la envergadura de las obras supondrá un colapso ya conocido con los guetos verticales que invadieron la comuna de Estación Central hace un par de años.

Desde ya los vecinos y vecinas están recabando información para emprender las acciones necesarias para impedir la construcción de las torres.

El sector donde se pretende intervenir ofrece un atractivo inmejorable para las inmobiliarias, cercano a la estación Monte Tabor de la línea 5 del Metro y a grandes centros comerciales.

Los negocios inmobiliarios: Zonas de sacrificio urbanas

El actual ministro del Interior, el UDI Rodrigo Delgado, fue el gestor y responsable por la proliferación de estos mega edificios en la Comuna de Estación Central, del cual fue alcalde en tres periodos consecutivos (2008 al 2020). En esos años las inmobiliarias se hicieron el pino construyendo una especie de “Sanhattan ”  (nombre formado a partir de conjunción de Santiago y Manhattan, denominación popular que recibe el barrio financiero ubicado en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes), pero más barato y precario. El negocio no apuntaba a solucionar el déficit habitacional del sector, sino más bien está dirigido a inversionistas que luego arriendan los departamentos, especialmente a extranjeros.

La mayoría poseen un metraje cuadrado ínfimo, con un solo ambiente y con infraestructura mínima (espacios comunes, ascensores, etc.), lo que provocaba un caos las 24 horas del día, al no dar abasto para los cientos de residentes de las torres.  El hacinamiento en que viven más de cuatro personas por departamento, provocó para sus residentes la pérdida total de la privacidad, la ausencia de luz natural, afectación de las señales de televisión abierta y de celular, por la altura de los edificios.

Pero estos monstruos de metal y cemento provocaron estragos en la calidad de vida de los vecinos y vecinas aledaños a las moles de altura. Con el aumento en las construcciones, aparecieron problemas de agua y alcantarillado, congestión vehicular, de basura, etc. asociados a que las constructoras no realizaron las mitigaciones necesarias, ocupando la infraestructura ya existente y ante el aumento explosivo en la densidad poblacional, simplemente colapsó.

Las torres  de 30 a 40 pisos y 100 metros de altura, representan una locura y una aberración arquitectónica absurda, que privilegió el negocio por sobre la calidad de vida de sus habitantes; lo más parecido a una zona de sacrificio abandonada a la depredación capitalista y al mercado.

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Piñera apaga el fuego con bencina: enviará el Tercer Retiro de AFP al TC

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Esta mañana, en una conferencia de prensa realizada desde la moneda afirmó que el gobierno acudirá al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro del 10%, que el día de ayer fue aprobado en la cámara baja.

En la conferencia de prensa Sebastián Piñera señaló que esta acción obedecía a que «siempre defenderemos el respeto a la Constitución», agregando que «quiero decir fuerte y claro que siempre vamos a cumplir ese deber como Gobierno».

«Nosotros siempre defenderemos el respeto a la Constitución, puesto que es esencial en un Estado de derecho», añadió. Agregó además que buscarán frenar la iniciativa en el Senado.

A pesar de la crítica que ha recibido de todos los sectores, el ejecutivo defendió los bonos y las ayudas señalando que «con el IFE fortalecido y nuevo Bono Clase Media tenemos casi el doble de cobertura que el tercer retiro: 12,2 millones versus poco más de 7 millones de posibles beneficiados».

No obstante, las redes sociales y la respuesta popular no se ha hecho esperar ante esta arremetida de Piñera contra este tercer retiro, pues expresan que las ayudas y que los recursos que ha puesto el gobierno son insuficiente para la profunda crisis económica que azota al país.

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La crisis humanitaria que se nos viene: 81.643 familias viviendo en campamentos

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  Por Iñaki Vizcarra

El catastro sobre Campamentos de la Fundación Un techo para Chile (2020-2021), estableció un aumento dramático de las personas viviendo en ocupaciones precarias. A la fecha se registran 969 campamentos  – la cifra más alta desde 1996 – que se traduce en 81.643 familias ocupando asentamientos irregulares a lo largo del país. Este explosivo crecimiento se debe al aumento sostenido de la cesantía – acrecentado por la Pandemia – y la crisis migratoria. Una bomba de tiempo a punto de estallar.

En términos globales hay un 73,52% más de campamentos y tomas que el año 2019. La institución calcula que si se suman los allegados, las personas que viven en la calle y arrendatarios en condiciones de hacinamiento absoluto, son más de 500 mil familias las que necesitan un hogar con urgencia, lo que se traduce en más de 1 millón y medio de personas.

En Chile los datos no se actualizan con la rapidez en que crece la demanda de viviendas.  De acuerdo con la encuesta CASEN del año 2017, sólo en la Región Metropolitana, el déficit habitacional era de 270.714 viviendas, mientras que el hacinamiento alcanzaba un 8,1%. En el resto de las regiones la mayor tasa correspondía a Tarapacá, con un 13,5%.

De las 81.643 familias que viven actualmente en campamentos 57.384 corresponden aniñas y niños menores de 14 años. El 21% de las familias llegó a causa de la pérdida del trabajo o la caída de sus ingresos. De ellas, 25.000  son familias migrantes, lo que equivale a un 30% del total de hogares.

En el informe de Un Techo para Chile,  4 regiones experimentaron alzas preocupantes y dramáticas: Arica y Parinacota, encabeza la lista con un aumento en los campamentos del 42,86%, mientras la cantidad de familias creció en un 234,25%. Le sigue la región Metropolitana, con un aumento de un 224,55% familias y un 53,33% de campamentos. En tercer lugar está La Araucanía, con 315,38% más de familias y un alza de campamentos del 128,57%. Finalmente  Valparaíso, con un incremento de un 112,35% de familias y un 24,31% de campamentos.

Las condiciones de vida a nivel nacional, nos muestran que sólo un 6,72%  tiene acceso a agua potable de manera formal y un 31,27% a través de camiones aljibe. En cuanto a electricidad, un 60,13% accede a ella a través de conexiones informales y sólo un 19,94% cuenta con electricidad en sus viviendas de manera regular. Del total, un 43,7% no tiene alcantarillado, sólo pozos negros, acequias o canales y un 7,03 tiene el privilegio de estar conectado a una red pública formal.

Pero no sólo crecen las tomas y campamentos, también lo hacen las personas que viven en la calle, habitando carpas y pequeños cuartos de nylon y cartón  (bautizadas eufemísticamente desde la institucionalidad como personas en situación de calle), colocando en evidencia que la crisis la están pagando los más pobres. Entre las causas de este explosivo aumento está la cesantía y la baja en las remuneraciones producto de la Pandemia, factores que provocaron no poder seguir pagando arriendos. Por otro lado, hay una fuerte población migrante pobre, quizás el sector más vulnerable y golpeado por las restricciones y las cuarentenas, especialmente por encontrarse en situación irregular y con ello, excluido de cualquier beneficio o ayuda estatal.

Si analizamos indicadores de género, podemos concluir que las mujeres están más expuestas y vulnerables. Según datos de la encuesta CASEN 2017, el 42% de los hogares a nivel nacional tienen como cabeza de familia a una mujer, cifra que aumenta, según el Catastro Nacional de Campamentos (MINVU 2019), que indican que el 55,3% de los hogares de campamentos cuentan con una mujer como jefa de hogar.

La cosa se ve fea por donde se mire, sobre todo porque las promesas del gobierno ni siquiera se están cumpliendo y es poco probable que así sea. En el aire queda lo expresado en Febrero del año 2019 a El Mercurio el entonces ministro de Vivienda y Urbanismo de Piñera, Cristián Monckeberg Bruner:El Minvu espera que de aquí al 2022, año en que finaliza el período del actual Gobierno, se concrete el cierre de más 260 campamentos, es decir cerca del 32% de los 822 que actualmente hay en Chile”.

En el último llamado del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S 49), postularon 200 mil familias, con el objetivo de acceder a uno de los 3000 cupos que el Ministerio de Vivienda ofrecía. 197 mil familias quedaron fuera. En promedio, las familias se demoran de 10 a 15 años en recibir una solución habitacional.  

La realidad de las personas sin casa es una bomba de tiempo insostenible, que lejos de mejorar aumenta día a día. Así lo demuestran las numerosas tomas de los últimos tiempos, movilizaciones que sólo han tenido desalojos y represión como respuesta, pero que no terminarán, porque el derecho a la vivienda digna es una lucha de todo el pueblo.

Recuadro:

La expansión de la ciudad y la historia de la segregación

En el gobierno de la Unidad Popular la vivienda se entendió como un derecho social, del mismo modo que la educación y la salud. A su llegada al poder, Allende se encuentra con una realidad insostenible. El déficit era de aproximadamente 600 mil viviendas y 85.000 familias viviendo en campamentos (situación parecida a la actual, pero con una población de 9.738 millones de habitantes, menos de la mitad de la actual). Mediante un proceso centralizado se logran avances significativos. Durante  todo el periodo se logran construir casi 200 mil viviendas, en su mayoría a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI) y la autoconstrucción, especialmente en las incipientes poblaciones formadas en las denominadas “operación sitio”, impulsadas en el gobierno de Frei padre y que consistía en dotar de infraestructura básica a terrenos agrícolas o baldíos ubicadas en la periferia de Santiago para ser ocupados por miles de familias sin casa. 

A pesar del esfuerzo, las necesidades eran de tal envergadura que las tomas de terrenos no decaen en gran parte del país, impulsadas en su mayoría por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otros partidos de izquierda.

A modo de ejemplo, el historiador Mario Garcés consigna durante  los años 1970 – 1972 en la región del Bío Bío numerosas tomas de sitios, a saber: 4 campamentos en Concepción, 22 en Talcahuano, 1 en Tomé, 4 campamentos en Dichato, 20 en Lirquén y Penco, 22 en Chiguayante y Manquimávida, 1 en Coronel y 1 campamento en San Pedro. Situación similar ocurren en otras regiones del país.

Todo cambia con la Dictadura de Pinochet, donde la lógica que predomina son las acciones subsidiarias del Estado y la incorporación del mundo privado en las soluciones de viviendas sociales. En este periodo, el Estado se aleja de la responsabilidad en materia habitacional, impulsando la idea que la “casa propia” debe ser fruto del esfuerzo individual, transformando a las familias en clientes inmobiliarios y a la vivienda en un bien de mercado.

Así aparece el negocio inmobiliario, de la mano de la especulación del suelo urbano, la baja calidad de las viviendas y el endeudamiento bancario.

La Dictadura comienza una política habitacional de segregación, funcional a su estrategia de control social. Las zonas urbanas se expanden hacia la periferia, ocupando suelos agrícolas. Los nuevos habitantes no pueden vivir en el lugar en que nacieron y sólo pueden optar a subsidios fuera del cono urbano tradicional. Con ello pierden identidad y pertenencia al barrio, se rompen los lazos de territorialidad que antes los organizaban y permitía el desarrollo de la protesta y las acciones de resistencia al régimen militar.

La misma lógica es profundizada por los gobiernos de la Concertación. Enclaves sin historia se establecen en Puente Alto, San Bernardo, Quilicura, La Pintana, entre otras comunas. Proliferan las construcciones de 28 a 40 m2, en  entornos sin infraestructura básica, como escuelas, hospitales, comercio, áreas verdes, etc. Aparecen en el horizonte las casas Copeva, las Chubi, la Villa El Volcán, Bajos de Mena, la población Parinacota, entre muchas. La ciudad se expande, pero crece bajo el manto brutal de la segregación, el hacinamiento, marginalidad y la pobreza absoluta.

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