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La violencia desmedida del Estado: un hecho que afecta a los/as reporteros/as que salen a las calles

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Durante la romería realizada el pasado miércoles 7 de julio, en el funeral de Luisa Toledo, cientos de uniformados, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones (PDI), salieron a las calles a reprimir a quienes acompañaban el cortejo fúnebre que se dirigía hacia el Cementerio de Santiago.

Mientras el recorrido pasaba frente al Cuartel General de la PDI, ubicado en calle Mackenna, al menos 30 policías armados salieron al frontis para violentar e “intimidar” a quienes circulaban por el lugar y cubrían la masiva despedida a la compañera Luisa Toledo.

Ante eso, el reportero Felipe García fue atacado por funcionarios de la policía, recibiendo disparos de perdigones directo al rostro (tiroteo que pudo afectar a más personas que se encontraban en las cercanías) dejándolo con graves heridas en su nariz debido al gran tamaño de las municiones.

Frente al hecho, la Asociación de Reporteros Independientes (SIR), Red de Medios Libres y Populares, levantó un comunicado rechazando la violenta represión que afectó al fotógrafo en terreno. El reportero, miembro del sindicato, decidió querellarse judicialmente contra la institución policial por el violento actuar que le dejó consecuencias permanentes y le implicó gastos médicos, de los cuales nadie se hizo responsable.

En el documento exigieron poner fin “a la represión genocida a los reporteros independientes, realizada en forma sistemática por el Estado chileno durante todo el gobierno de Sebastián Piñera”.

El sindicato solicitó además que la situación sea difundida y denunciada a nivel nacional e internacional para visibilizar los hechos ocurridos y cómo los agentes represores del Estado siguen violentando a quienes se manifiestan e informan de manera transparente lo que pasa en las calles.

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Miguel Enríquez, el PRT Argentino y el movimiento de masas

Ya pasados 47 años de la Muerte en Combate de Miguel Enríquez, nos damos el espacio en reflexionar de manera general a una de las cartas que Miguel Enríquez envío con sus apreciaciones políticas hacia el PRT argentino y despliegue político en la situación revolucionaria en el país trasandino.

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A dos meses antes de su caída en combate, Miguel Enríquez escribía una carta al PRT Argentino, organización hermana junto con la cual emprendían la construcción del «pequeño zimmerwald» de las y los revolucionarios latinoamericanos, lamentablemente solo existen fragmentos del texto, aunque goza de mayor suerte que muchos balances y escritos del MIR y Miguel que aún siguen ocultos.

En la carta, Miguel se propone entregar una serie de consideraciones respecto de la táctica —abordando inevitablemente aspectos estratégicos— de sus compañeros y compañeras transandinas, basándose en la experiencia acumulada por el MIR durante el proceso de la Unidad Popular. En este sentido, plantea de forma concisa la concepción revolucionaria del marxismo sobre las tareas militantes en el movimiento de masas en un momento dado de su desarrollo. Afirma respecto de la actividad del MIR:

Desarrollamos entre septiembre de 1970 y mediados de 1972 un enorme esfuerzo en el seno del movimiento de masas, el que desarrollado en pleno ascenso de sus movilizaciones nos dio resultados que entonces y hoy valoramos como casi espectaculares. Pero solo cuando, desde 1972 impulsamos entre las masas nuevas formas de organización cristalizó y se multiplicó el crecimiento de nuestra influencia entre las masas y su ascenso difuso, constituyéndose entonces, en fuerza social, y no diluyéndose después de cada ascenso o conflicto puntual. Lo hicimos empíricamente, pues los clásicos, fundamentalmente Lenin y Trotsky, vieron surgir los soviets espontáneamente ya en 1905 […] comprendimos, aunque tardíamente, que debíamos construirlos (p. 328).

Esta construcción no se entendió ni desarrollo de forma mecánica, basándose en el nivel de conciencia de las masas y en sus problemas concretos, el MIR impulso en el movimiento sindical, de pobladores, de campesinos y de estudiantes una línea y trabajo que apuntó a articularlos en base a sus propios procesos de lucha, si bien advierte que en sus inicios estas articulaciones tendían a adquirir un carácter burocrático, las mismas bases y el impulso militante las llevaban a democratizarse y a adoptar una plataforma de reivindicaciones inmediatas y de transición.

En base a lo anterior, es que señala que el PRT debía considerar plantearse «como objetivo propagandístico para el periodo, un proyecto concreto de gobierno [un Gobierno de las y los Trabajadores], y no solo la continuación de la guerra y la conquista del poder» (p. 329) puesto que comprendía que esto generaba un vacío en la táctica-estrategia del PRT, «vemos que ustedes impulsan y realizan acciones armadas mayores, nos parece, y podemos equivocarnos, que con esto se genera un vacío, un importante distanciamiento entre el carácter, extensión, la profundidad del trabajo de masas y el accionar militar del PRT que visualizamos desde acá como “adelantado”» (p. 329), de forma muy aguda puntualiza en cómo, si es que los y las revolucionarias no actuamos en el marco de las más amplias masas, el populismo y reformismo actuaran por nosotros.

Aquí yace uno de los aprendizajes más relevantes —y tercamente ignorado por muchos de sus herederos— del MIR durante el gobierno de la UP, la necesidad de subordinar el avance de las acciones militares al desarrollo de la conciencia y actividad del movimiento de masas, volcando así su accionar a los procesos concretos de acumulación de experiencia de la clase y el pueblo en perspectivas de impulsar la construcción de los órganos de poder proletario y popular, aparejando esto con una política de unidad por las bases, apoyada en una plataforma común de reivindicaciones inmediatas que apunten a la realización de una voluntad de poder: el Gobierno de las y los Trabajadores.

Referencia

Enríquez, M. (2004). Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile (P. Naranjo, M. Ahumada, M. Garcés, & J. Pinto, Eds.; 1.a ed.). LOM Ediciones.

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Proyecto Dominga: de las consecuencias ambientales al conflicto de interés de la familia Piñera

El Escandaloso suceso se dio a conocer el domingo, luego de la filtración de documentos que colocaron al mandatario en las principales portadas del mundo.

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Gran polémica ha causado la aprobación del Proyecto Dominga en el país y las posteriores revelaciones hechas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre la participación activa de la familia Piñera Morel en dicho proyecto, siendo los mayores accionistas luego del ingeniero comercial y empresario chileno Carlos Alberto Délano.

¿Qué es Dominga?

Dominga, es un proyecto minero y portuario que busca construir dos minas que tienen como fin la extracción de concentrados de hierro y cobre, además de un puerto para exportar la producción.

La construcción se llevaría a cabo a 30 kilómetros del Archipiélago de Humboldt, conjunto de ocho islas e islotes que resguarda el ecosistema reconocido en el ámbito científico como uno de los más ricos del mundo. La fundación internacional Mission Blue reconoció la zona como “lugar de esperanza” (Hope Spot) ya que tiene el 80% de los pingüinos de Humboldt, además de ballenas azules, orcas, delfines, lobos marinos y chungungos.

El proyecto minero perteneciente a la familia Délano, bajo la empresa Andes Iron, está valuado en US$2500 y quiere construirse en la comuna de La Higuera en la región de Coquimbo, en el norte del país. Este fue aprobado (con 11 votos a favor y uno en contra) por la Comisión Ambiental y el apoyo de diez secretarios regionales el miércoles 11 de agosto recién pasado, esto luego de ser rechazado en el año 2017 luego que se analizaron los riesgos que tendría al ecosistema. En dicha oportunidad el proyecto presentó una línea deficiente de base del medio marino y no caracterizó las rutas de navegación, dos fallas de alto riesgo en un ecosistema tan biodiverso como lo es el Archipiélago de Humboldt.

Esta Comisión está integrada por el delegado presidencial correspondiente a cada región; el/la director/a regional del SEA; y los seremis de Medioambiente, Salud, Economía, Energía, Obras Públicas, Agricultura, Minvu, Transportes y Telecomunicaciones, Minería y Desarrollo Social y Familia.

Bajo la Ley 19.300, la aprobación hecha el pasado 11 de agosto no significa la resolución definitiva del proyecto, sino que ahora corresponde la revisión del Comité de Ministros, integrado por Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería.

La polémica tras “Pandora Papers”

Hasta diciembre de 2010, el 56% de la propiedad del proyecto pertenecía a la familia Piñera Morel (con el 33%, siendo el mayor accionista) y Carlos Alberto Délano, sin embargo, en dicho mes, este último “compró todos los otros socios en US$152 millones”, según la información entregada por CIPER.

La operación de la firma del contrato fue en las Islas Vírgenes Británicas, paraíso fiscal donde se estableció que el pago sería en tres millonarias cuotas, siendo la última la más importante, puesto que dependencia de las acciones del gobierno de Sebastián Piñera, el cual no debía hacer cambios regulatorios que dificulten la instalación de la mina, es decir, no establecer un área de protección ambiental en la zona donde estaría Dominga y el puerto de exportación.

La información se hizo pública luego de conocerse el trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación llamado “Pandora Papers” (donde participaron 150 medios de comunicación de todo el mundo con 600 periodistas que revisaron 1,9 millones de documentos), el cual se basó en la filtración de archivos confidenciales que indagan además a tres presidentes latinoamericanos activos (el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Laso y el dominicano Luis Abinader), además de 11 retirados que ocultaron su fortuna con el fin de no pagar impuestos.

Durante la tarde de este lunes 4 de octubre, Sebastián Piñera en cadena nacional manifestó que “no existe conflicto de interés”, además de señalar que su familia “no tiene sociedades en el extranjero”, afirmaciones que son duramente cuestionadas si se compara con el trabajo profesional que hicieron cientos de periodistas a nivel mundial para destapar no sólo el caso del Proyecto Dominga sino que a otros líderes y referentes a nivel internacional: 330 políticos y funcionarios de gobiernos, más de 130 multimillonarios, 46 oligarcas de Rusia, 14 presidentes de Latinoamérica, entre otros.

Es de esperar que el gobierno asuma su responsabilidad en un asunto que mantiene la atención internacional en el país, sumando así un caso más al extenso historial de Sebastián Piñera, quién está próximo a dejar el cargo sin haber pagado por ninguno de los delitos ni violaciones a los Derechos Humanos, situación que no sólo ha sido gracias a su propio sector político sino que también a la llamada “oposición” que hoy condena pero sin acciones concretas que impulsen la salida del mandatario y de toda la clase política corrupta.

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La autodefensa no es delito: ¡Libertad para Cinthya!

Cinthya es una mujer pobladora de la localidad de Tomé, en la octava región. Así cómo tantas en el mundo, sufrió violencia constante por parte de su conviviente, soportando por más de 16 años los ataques y agresiones de parte de éste.

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Históricamente las mujeres y disidencias han tenido que combatir contra un sistema patriarcal que las/es obliga a convertir la autodefensa en un arma de lucha para no morir. La Justicia, tanto en Chile como en el mundo, más que proteger a quienes son víctimas de violencia actúa bajo completa impunidad hacia quienes viven maltrato físico o psicológico de parte de sus agresores.

Las situaciones evidenciadas en distintos territorios del país han dejado ver cómo, a través de leyes y procedimientos judiciales, se sigue condenando a quienes se protegen de la violencia ejercida por los hombres, cuando en realidad son las propias instituciones, el Estado y los gobiernos de turno los culpables de invisibilizar la realidad que viven miles de mujeres que por miedo siguen conviviendo con sus agresores, y que por necesidad, deben ejercer autodefensa para no ser ellas quienes terminan asesinadas o desaparecidas.

Un caso de violencia que anhela la pronta libertad

Cinthya es una mujer pobladora de la localidad de Tomé, en la octava región. Así cómo tantas en el mundo, sufrió violencia constante por parte de su conviviente, soportando por más de 16 años los ataques y agresiones de parte de éste. En la tarde del domingo 1 de septiembre de 2019, Cinthya es agredida nuevamente por su pareja, sin embargo, y tras años de resistencia, decide defenderse dejando con resultado de muerte a su agresor. Frente a esto, Cinthya comienza a ser procesada, pasando aproximadamente un año en prisión preventiva para mantenerse actualmente en arresto domiciliario a la espera del juicio que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre en el Tribunal Penal de Concepción, en el cual la parte querellante pide 20 años de cárcel efectiva por el delito de parricidio, además de una millonaria indemnización a la familia del agresor.

Durante los años que Cinthya sufrió violencia acudió a todas las instituciones estatales para pedir ayuda, pero, cómo todos los casos de violencia patriarcal en el país, no recibió ninguna respuesta favorable ni protección para ella y sus hijos, puesto que además de estar en un círculo de constante violencia, ella vivía en la pobreza y marginación de un sistema que castiga y golpea fuertemente a las mujeres que luchan por salir adelante.

Desde la organización de mujeres “Libertad para Cinthya”, señalan que “al igual que muchos casos de mujeres en el país y el mundo, tiene un largo historial de violencia y maltrato, frente a los cuáles Cinthya busca apoyo en instituciones y realiza denuncias a carabineros. Sin embargo, cómo suele suceder, estas medidas no tienen los resultados esperados (porque no pueden tenerlos pues la esencia misma de dichos organismos es patriarcal y violenta con las mujeres). Asimismo, durante estos años busca alejarse de su agresor apoyándose en redes más cercanas, que tampoco logran salvarla de la violencia constante que vivía. Ante este panorama, y un contexto de nueva agresión, Cinthya decide defenderse y su agresor termina muerto”.

Yo también me defendería”

Luego de conocerse el caso, y ad portas del juicio que busca encarcelar a Cinthya, nace una colectividad de feministas autónomas que tienen como objetivo principal trabajar en impulsar la demanda por su pronta liberación y visibilizar los antecedentes.

Desde la colectividad enfatizan que la solidaridad entre mujeres es un pilar principal para combatir el abandono de las instituciones. “Reconocemos que la violencia hacia las mujeres es un hecho constitutivo del patriarcado y no una mera consecuencia que se pueda solucionar dentro del marco legal que este nos otorga. Creemos que, ante la ineficacia de todas las instituciones, la autodefensa no puede ser considerada delito, pues estamos en riesgo inminente de la vida de ella o de su agresor. Sabemos que el hecho de que una mujer se defienda constituyen una afrenta a este modelo, pues es más esperable una mujer víctima, y es por ello que ponemos atención a estos casos pues el juicio puede transformarse en “ejemplificador” para otras mujeres”.

El 29 de agosto recién pasado, la colectividad participó de la Jornada Cultural por la libertad de los/as presos/as políticos/as de la Rebelión Popular, realizada en Lorenzo Arenas. En la instancia, participaron con un stand informativo para difundir el caso, no sólo a quienes asistieron a la actividad desde otros lados de la ciudad, sino que a los/as vecinos/as que se agruparon en el sector.

Con respecto a la recepción de los/as pobladores/as, señalan que “la campaña de difusión comenzó con altos niveles de impacto. Han surgido varias muestras de solidaridad, muchas personas han ofrecido apoyo en distintos aspectos”.

Como proyecciones futuras se espera realizar una completa campaña digital acompañada de distintas acciones en el territorio del Gran Concepción y Tomé, como lienzos, murales y difusión del caso en las distintas actividades que se levanten.

El llamado de la colectividad es a seguir difundiendo el caso que tiene injustamente encarcelada a Cinthya, una mujer pobladora que a consecuencia de la violencia sistemática se vio obligada a defenderse, situación que no puede ser condenada ante ninguna circunstancia, menos aún si son las mismas instituciones las culpables y cómplices de un sistema patriarcal que oprime y castiga a las mujeres.

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