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La situación de los presos y presas de la revuelta en medio de una pandemia

El sistema carcelario es injusto y carece de dignidad, castiga a las personas pobres, mientras los ladrones de «cuello y cobarta» están libre y protegidos ejerciendo sus labores en el gran empresariado. Para efectos de esta nota solo nos enfocaremos en la prisión política y el acceso a la salud, ante un contexto de más de 2.500 personas presas por luchar.

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La Coordinadora 18 de octubre, espacio que agrupa a familiares de los presos y presas de la revuelta, organizaciones, amistades de las personas encarceladas, entre otros participantes ha levantado un trabajo entorno al acompañamiento a los presos y presas y exigir su libertad inmediata.

Ante la situación de pandemia y propagación del coronavirus en Latinoamérica, afectando a nuestro país dicho espacio ha impulsado una campaña por la salud para los presos y presas políticas.

«El aparato judicial ha decretado, mantenido y ratificado la prisión preventiva como medida cautelar contra la gran mayoría de ellos y ellas, transformándose en la práctica en un castigo anticipado y ejemplificador contra quienes continúan en las calles», señaló la Coordinadora 18 de octubre.

La Coordinadora 18 de octubre ha manifestado en este actual escenario de pandemia del Covid-19 que «se transforma en una nueva coyuntura donde nos encontramos, por un lado, ante una enfermedad altamente contagiosa y, por otro, ante las medidas de control social que busca imponer el Estado. Es en este contexto que el 15 de marzo el Ministerio de Justicia señaló una serie de restricciones a las cárceles, tales como el ingreso máximo de dos personas por visita, y la reducción de estas a una vez por semana, con cada vez menos tiempo. Entendemos que, como indica la experiencia en otros países, estas medidas solo tenderán a agudizarse».

Bajo este contexto de pandemia en donde espera que su mayor peak alcance a 40 mil casos para a fines de abril e inicios de mayo, la Coordinadora 18 de octubre exige el cambio de medidas cautelares para todos los y las presas de la revuelta: de Prisión Preventiva a Arresto Domiciliar y amnistía e indulto a los prisioneros y prisioneras políticas subversivas. Por último, el Cumplimiento del petitorio de los presos políticos y políticas mapuche en huelga de hambre desde el 27 de febrero.

«Con esta campaña hacemos frente a una emergencia sanitaria que es aún más grave dentro de las cárceles debido al hacinamiento, a las condiciones de higiene y al aislamiento cada vez mayor con respecto a sus familiares y amigos que los apoyan y acompañan», afirmó la Coordinadora 18 de octubre.

La Coordinadora 18 de octubre recalcó que «sabemos que la modificación de una medida cautelar no significa el fin del proceso pero sí es un cambio sustancial para nuetros compañeros prisioneros y prisioneras, para su salud e integridad».

«Hoy más que nunca es urgente sacarlos de las prisiones, por lo que el llamado sigue siendo no solo a permanecer atentos y atentas, sino también a levantar distintas iniciativas nacionales e internacionales que agiten de manera concreta en relación a esta campaña», detalló la Coordinadora 18 de octubre.

Puedes leer el comunicado completo:

Coordinadora 18 de Octubre levanta campaña por la salud de lxs presxs políticxs: Ante la coyuntura del Covid-19 y la liberación de lxs prisionerxs politicxs (Español-Ingles-Italiano)

Catastro de los presos y presas de la revuelta

Acceso a la salud y prisión política

El informe de la Comisión Valech aborda la motivación política por parte de los agentes del Estado, en cuanto a la aplicación de medidas privativas de libertad «sin juicio ni fundamento» , sino que también cuando se aplican «normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de los hechos», o «en virtud de normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado».

Además, dicha motivación se puede presentar “en la detención y juzgamiento de delitos que constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislación ordinaria de un país, que fueron cometidos con la intención de derrocar el régimen o impulsar cambios políticos”.

Julio Cortés Morales en su columna: Los presos de la revuelta y la prisión política, concluyó que, » todas las personas que están siendo criminalizadas por su participación en la revuelta son blanco de una represión abierta y explícitamente política. Y tal como ya nadie puede negar que las violaciones de derechos humanos han sido graves, masivas y sistemáticas, ahora debemos agitar para instalar la idea de que todos nuestros compañeros que están encarcelados y encarceladas por ejercer el derecho de rebelión son, en efecto, prisioneros políticos y políticas».

Las condiciones de vida al interior de las cárceles ha sido abordado por numerosos informes del Instituto de Derechos Humanos (INDH) denunciando el tema de hacinamiento, las condiciones de vida en la cárceles.

Dado al contexto actual nos enfocaremos en la situación que atraviesan los presos y presas políticas en un contexto de pandemia.

«Las personas privadas de libertad son titulares, como cualquier
ciudadano/a, del derecho a la salud, por tanto, los Estados están obligados a garantizarles ese derecho de manera oportuna y efectiva», señaló el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos «el Estado de Chile se encuentra obligado a garantizar su acceso». De no asumir estas tareas, «podría generar responsabilidad internacional en consideración a los tratados internacionales que ha suscrito, sino que también, en su caso, responsabilidad penal y civil a los agentes del Estado que hayan intervenido o dejado de intervenir y, producto de ello, se haya producido un resultado lesivo», recalcó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

El Comité de Derechos Sociales,Económicos y Culturales (en adelante, Comité DESC), ha indicado que “el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud». Por tanto, la atención y acceso a la salud de los presos y presas políticas debiese ser una prioridad ante la propagación del coronavirus.

En los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas de la CIDH se establecen, entre las siguientes obligaciones:

• El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad

• Las mujeres deberán contar con atención médica ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual no deberá realizarse dentro de los lugares de privación de libertad, sino en hospitales o establecimientos destinados para ello.

En toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios siguientes: confidencialidad de la información médica, autonomía de los pacientes respecto de su propia salud y consentimiento informado en la relación médicopaciente.

• Toda persona privada de libertad tendrá derecho a que se le
practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencial, realizado por personal de salud idóneo, inmediatamente después de su ingreso al establecimiento de reclusión o de internamiento.

• Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales

Por último, » la Corte IDH ha sido clara en indicar que la personas privadas de libertad deben gozar de una (…) provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión».

La realidad de las cárceles chilenas

Si bien los derechos están estipulados en los papeles, pero la realidad es otra al interior de las cárceles en donde los presos y presas han denunciado en el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos UDP la «privación de diagnóstico y un tratamiento oportuno».

Según el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UDP «las cárceles chilenas establecen un sistema de atención médica que prioriza la evaluación interna y, bajo determinadas reglas, se permite la derivación a los centros asistenciales del medio libre».

«En términos generales, el Reglamento determina una regulación elemental del sistema de salud para las personas privadas de libertad de los diversos recintos penitenciarios del país. Principalmente, establece en forma expresa el derecho a recibir tratamiento médico, tanto dentro como fuera del recinto, sin necesidad de una orden judicial. A la vez, determina que la atención será gratuita si la persona no tiene seguro de salud y que, incluso, puede solicitar su traslado a una institución
privada, si tiene los fondos para pagar dicha atención», emanó el informe.

Una de las deficiencias del Reglamento que detectó dicho estudio es que no establece «los principales lineamientos de un procedimiento que permita a las personas privadas de libertad solicitar atención médica y recibir una respuesta en un plazo razonable, inclusive un procedimiento de reclamo ante la denegación o falta de respuesta».

El manual que mencionamos anteriormente solo rige para el Hospital Penitenciario, ubicado en la Región Metropolitana, «que es la única región del país que
cuenta con uno (…) los demás establecimientos penitenciarios del país solo cuentan con unidades de asistencia médica primaria, las cuales, según nos indicó Gendarmería, no tienen ningún manual o normativa como la del Hospital Penitenciario», señaló el informe tras entrevistas al personal.

El Centro de Derechos Humanos de la UDP recomendó que, «en esas unidades de asistencia médica primaria se requeriría también de un protocolo que definiera explícitamente las diversas actividades que debe desarrollar el personal médico y, a su vez, las circunstancias que justifican la derivación de las personas privadas de libertad a centros externos que tengan la capacidad de atender aquellas necesidades que desborden la capacidad de dichas unidades».

Cifras de personas privadas de libertad fallecidas ente 2000 y 2018:

Captura

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Esta tabla contempla cifras generales, pero si se realiza una comparación entre los valores correspondientes a hombres y mujeres, se aprecia que, durante 2018, el 98% de las personas fallecidas son hombres. En el informe contempla la cantidad de personas fallecidas por género, pero no incluye a las disidencias o personas no binaries, puedes acceder al informe y profundizar la información.

2. Las causas de muerte en los principales centros de detención

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Desde el 2010 al 2018 han muerto 1.069 personas por causa de enfermedad, bajo el contexto de pandemia las cifras podrían aumentar de forma acelerada.

Cifras por centro de detención en donde señala la causa de muerte de las personas privadas de libertad del 2010 a 2018:

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En la siguiente tabla se puede apreciar el promedio de médicos en relación con el número de personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios con mayor población penitenciario. Las regiones Metropolitana, de Valparaíso, de Antofagasta y de Los Lagos presentan altas cifras de privados de libertad por médico en la institución.

Captura8

Según Gendarmería desde 2011 a 2018, «al menos 9.115 funcionarios han prestado servicios en la asistencia médica de los privados de libertad,ya sea como funcionarios a contrata u honorarios. En suma, se puede apreciar que las principales prestaciones de salud de las personas privadas de libertad en las cárceles chilenas se realizan a través de unidades de atención primaria. Al existir un solo Hospital Penitenciario, las situaciones de urgencia o que requieren médicos especializados, deben ser, en su gran mayoría, cubiertas por centros de salud del medio exterior», publicó el Centro de Derechos Humanos UDP.

Un caso grave es lo que ocurre en Colina ll, «dicha unidad es una de las que presenta mayor hacinamiento (aproximadamente 2.351 privados de libertad en un recinto con
una densidad penitenciaria de un 158%),y altos indicadores de violencia, solo cuenta con dos paramédicos y un enfermero (…) la institución tenía 866 solicitudes de derivación pendientes», publicó el informe del Centro de Derechos Humanos UDP.

Dentro de los derechos vulnerados de las personas privadas de libertad se basan en las «barreras cuando se trata de obtener un diagnóstico rápido, acceso a exámenes médicos y, en especial, a tratamientos y controles con especialistas», detalló el informe del Centro de Derechos Humanos UDP.

La atención en el acceso a la salud está focalizada para intervenir en cuanto a las peleas al interior de las cárceles o cuando una persona está en extrema gravedad. En suma, no hay un punto fijo médico, lo cual es preocupante, ante la situación actual.

En el Primer Encuentro Nacional de Salud uno de los puntos abordados por las brigadas fue brindar una atención médica a los presos y presas de la revuelta, dado al abandono del Estado, ya que esta institución es la que los y las priva de libertad y precariza sus condiciones de vida al estar en la cárcel.

Dentro de las entrevistas realizadas para este informe las personas privadas de libertad denuncian, «los funcionarios de Gendarmería entregan los medicamentos maltratando a los privados de libertad, especialmente aquellos pertenecientes a grupos vulnerables como LGBT, mediante expresiones homofóbicas y discriminatorias (…) Gendarmería no traslada a los/ as reclusos/as y, por tanto, esas horas se pierden».

Las razones señaladas por Gendarmería de no traladar a las personas privadas de libertad se deben a que no cuentan con los equipamientos necesarios para realizar el traslado. Mientras que las personas privadas de libertad deben acudir a las acciones judiciales, «mediante recursos de protección, amparo y otros, de manera que un juez ordene el traslado a un centro de salud externo para obtener la atención médica», transparentó el informe.

Aun así, en diversas ocasiones, según las personas entrevistadas «Gendarmería no traslada a laspersonas privadas de libertad», señaló el Centro de Derechos Humanos Publicado por la UDP. Es de suma importancia observar ante el contexto actual si aumentan los recursos de protección, amparo y denuncias, si es que se priva el derecho a una atención médica.

https://www.instagram.com/p/B91cqe2JST2/

https://www.instagram.com/p/B94TXeUprNE/

Nuestro medio de comunicación adhiere al llamado de la Coordinadora 18 de octubre, libertad a los presos y presas de la revuelta, cambio de medidas cautelares para todos los y las presas de la revuelta: de Prisión Preventiva a Arresto Domiciliar y amnistía e indulto a los prisioneros y prisioneras políticas subversivas. Por último, el Cumplimiento del petitorio de los presos políticos y políticas mapuche en huelga de hambre desde el 27 de febrero.

Informe del Centro de Derechos Humanos de la UDP

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Movimiento Social

Un año del 18 de octubre

A días del 18 de octubre Diario Venceremos realizó una compilación de diferentes encuentros en las comunas de la Región Metropolitana.

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A pesar de la pandemia, el pueblo definió su propio itinerario y el 18 de octubre, día que se cumple un año de rebelión, revuelta o estallido social hay convocatorias en Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), en poblaciones y en regiones. Diario Venceremos realizó una compilación de convocatorias para que te informes de las actividades de dicha jornada.

Sector centro: Plaza de la Dignidad

https://www.instagram.com/p/CF7drcfpQLT/
https://www.instagram.com/p/CFYTOZGlJFB/

Sector norte de la Región Metropolitana:

https://www.instagram.com/p/CGPvQmMJOq2/
https://www.instagram.com/p/CGSahXZpr8k/

Sector poniente de la Región Metropolitana

https://www.instagram.com/p/CFzdnYAph4_/
https://www.instagram.com/p/CGTFU0sFXze/

Sector sur y sur oriente de la Región Metropolitana

https://www.instagram.com/p/CGS9us8JvCr/
https://www.instagram.com/p/CGNeKC9JmQb/
https://www.instagram.com/p/CGGUyIzp_lK/
https://www.instagram.com/p/CGOsMkTpJE0/

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Movimiento Social

Defensoría de la Niñez va a presentar una querella por homicidio frustrado

La Defensoría de la Niñez anunció que va a presentar una querella por homicidio frustrado tras el caso del adolescente, quien se encuentra estable en la Cínica Santa María.
En marzo del 2019 la Defensoría de la Niñez advirtió al ministro del Interior, Andrés Chadwick sobre las falencias de la Circular N°1832, que actualiza el protocolo sobre el uso de la fuerza en Carabineros.

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Estos meses de pandemia no han sido fáciles para la población, las protestas por el hambre y el 10% han removido la agenda del gobierno en Chile, mientras que para el pueblo mapuche la noche de odio y racismo en Curacautín intensificó las movilizaciones por los presos políticos con tomas de municipios, cortes de ruta y encuentros entre las comunidades. Así han transcurrido los meses ad portas de cumplir un año tras el 18 de octubre.

En este primer viernes primaveral de octubre, entre rabia y esperanza se congregó la población a protestas, pero nuevamente apareció el horror: la difusión de un vídeo de un joven boca abajo en el río Mapocho, las imágenes estremecen a cualquiera.

Según la versión publicada por Radio ADN, dos testigos ante observadores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), informaron que el funcionario policial «habría tomado de los pies al manifestante, tras lo cual se produjo la caída. Además, indicaron que ya se hizo la denuncia ante el Ministerio Público». En tanto, el reportaje publicado por La Voz De Los Que Sobran entrevistó a un integrante del equipo de Rescatistas Voluntarixs y junto a la Brigada Dignidad, quien estuvo presente en los sucesos y asistió al joven.

«Lo encontramos con múltiples fracturas en las extremidades inferiores. Tenía fracturas en las dos muñecas, corte craneal con harto sangramiento. Un colega lo “taponeó” (vendaje compresivo para cortar el sangrado) y le hizo las primeras intervenciones. Lo estabilizamos, revisamos y podría tener una posible fractura de cadera. Lo sacamos del agua, gracias a Dios no corría mucha agua en el río. Estaba consciente, nos dijo su nombre…tenía 16 años. Eso fue lo que nos afectó más. Decía que le dolían los brazos, relató el rescatista a La Voz De Los Que Sobran.

Actualmente el adolescente se encuentra en la Clínica Santa María y el director del INDH, Sergio Micco, llegó hasta el recinto para conocer su estado de salud.

Los cambios de protocolos sin participación civil

El 4 de marzo de 2019 el Diario Oficial publicó la Circular N ° 1.832, que actualiza las instrucciones respecto al uso de la fuerza de Carabineros. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), también publicó sobre las recomendaciones realizadas a Carabineros en materia del Protocolo sobre uso de la fuerza : Niveles de resistencia y fuerza.

Extraído de Ciper: Protocolo sobre uso de la fuerza : Niveles de resistencia y fuerza.

Tras 10 días de la publicación de la Circular N°1.832 la Defensoría de la Niñez envío un oficio al ministro del Interior, Andrés Chadwick. «Lamenta que los cambios en los protocolos internos de la institución, que dicen relación al uso de la fuerza, respecto de niños, niñas, y adolescentes, hayan sido adoptados sin participación de este organismo autónomo de derechos humanos, así como también agentes dela sociedad civil«, consignó la abogada Patricia Muñoz en el oficio.

«Preocupa a esta Defensoría de la Niñez que la Circular N° 1.832 (…) Presenta falencias y ausencias graves en lo que respecta a la protección de los derechos humanos de todo niño, niña y adolescente en territorial nacional», agregó la abogada Muñoz en el oficio.

Leer oficio de la Defensoría de la Niñez presentada al ministro Chadwick

El viernes 27 de julio de este año, el Diario Oficial publicó una nueva actualización sobre el empleo de escopeta antidisturbios empleada por Carabineros. «El funcionario policial debiese usar la escopeta antidisturbios para repeler o evitar un ataque, lo hará intentando causar el menor perjuicio posible a quien o quienes ejecuten la agresión o acto que se intenta evitar o repeler (…) Deberá por todos los medios posibles, evitar apuntar su disparo al rostro, a la cabeza o al torso sobre la parta baja del abdomen», consignó la actualización del protocolo.

Además, el protocolo insta que en el caso de haber ocasionado una lesión a una persona debe prestar «asistencia al afectado dejando constancia de lo anterior en el parte policial respectivo o, en su caso, de las circunstancias que no hubieran posibilitado hacerlo, dar cuenta al Mando».

El primer viernes de octubre culminó con protestas y en las próximas horas se esperan concentraciones en la Clínica Santa María y en Plaza de la Dignidad para brindar apoyo al adolescente.

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Semana política en Wallmapu

Una convulsionada semana de movilizaciones y de encuentros en el Wallmapu, las comunidades fijan una ruta para movilizarse por los presos políticos mapuche.

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Estas fotografías corresponden a Matías Arias KallFu y fueron tomadas en el trawun de Curacautín.

Una semana agitada ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera en el marco de la intensificación de las movilizaciones por los presos políticos mapuche y por los actos de racismo acontecidos en Curaucatín.

Como un tablero de ajedrez el gobierno mueve las piezas, al igual que el pueblo mapuche, que ha definido una ruta a seguir en este conflicto. El pasado viernes el intendente de la Región Araucanía, Víctor Manoli cito a sus antecesores para analizar la contingencia. Según radio Universidad de Chile de los 10 invitados asistieron sólo 6 personas, entre ellos destacan: Eduardo Klein, Luis Mayol, Ricardo Celis, Andrés Molina, Jorge Atton, Andrés Jouannet y Miguel Hernández. En general hay un consenso de las ex autoridades para la instauración de una mesa de diálogo.

Una opinión diferente tiene Jorge Burgos, ex ministro del Interior de Bachelet, quien en la misma línea de Peréz aseguró que «no hay presos políticos en La Araucanía, no los hay en Chile. Nadie está preso por expresar un pensamiento o porque una autoridad política lo decidió. Las prisiones preventivas o condenas han sido dictadas por los tribunales en función de hechos previamente tipificados en la ley como delitos. Tenemos muchos problemas como para inventar los que no existen«.

En tanto, durante esta semana diversos gremios de camioneros han advertido un paro que se realizaría los próximos días, paralelo a ello las comunidades se han reunido a realizar un trawun.

Una de las resoluciones publicadas tras el gran encuentro de comunidades mapuche en Curacautín sobre racismo y prisión política consta en repudiar las agresiones recibidas durante las movilizaciones, además exigir la liberación de los presos políticos mapuche y la recuperación de territorios. «Nuestros presos son secuestrados por el estado, en la medida en que su detención se realiza con tortura de parte de las policías y sus condenas no responden al derecho internacional que, al ser suscrito por Chile obliga al estado a aplicarlo. Por ello, un primer paso es la aplicación del Convenio 169 de OIT que ordena medidas alternativas a la alternativas a la cárcel y coherentes con la cultura de cada pueblo», recalcaron las comunidades.

«Seguiremos movilizados hasta que el estado y el gobierno cumplan con sus compromisos internacionales en este ámbito. Los presos están en la cárcel por una razón, y esto es por luchar contra las empresas forestales, mineras, energéticas, que destruyen la tierra y con ello el futuro de todos, mapuche y no mapuche en el planeta. El futuro los reconocerá como los héroes que son», agregaron las comunidades sobre la continuidad de las movilizaciones por los presos políticos en huelga de hambre en Angol, Lebu, Temuco y el Machi Celestino.

https://www.instagram.com/p/CDr-fvNlucs/

Durante el fin de semana la Fiscalía de La Araucanía confirmó el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres muertas, quienes la encontraron al interior de una vivienda en su comunidad, Juan Pinoleo ubicada en Ercilla. Ambas mujeres mapuche son: Iris Rosas Quiñilen (53) y Rosa Quintana Rosales (17), madre e hija.

«Las hipótesis hablan de suicidio. Ambas, fueron encontradas colgadas sin lesiones corporales atribuibles a terceros, explicaron desde Fiscalía. Sin embargo, de inmediato, se pidió una autopsia confirmatoria de la causa de muerte al Servicio Médico Legal de Ángol. Nadie quiere recordar el caso de Macarena Valdés, pero para ello es imprescindible descartarlo», consignó el Diario Universidad de Chile.

https://www.instagram.com/p/CDo_EH2FVr9/

https://www.instagram.com/p/CDoYUdZJBvN/

https://www.facebook.com/pg/radiokurruf/posts/?ref=page_internal

El domingo fue el día internacional de los pueblos originarios y el Presidente Sebastián Piñera emitió un mensaje y se refirió a la situación con el pueblo mapuche. “El gobierno está abierto al diálogo con quienes quieran hacerlo, respetando el estado de derecho, renunciando a la violencia y colaborando en avanzar en las soluciones”, aseveró el Ejecutivo. En contraste los prisioneros políticos de Angol, quienes se encuentran en huelga de hambre seca están en una situación crítica.

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