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La represión se intensifica contra el pueblo colombiano. Civiles contra manifestantes para frenar la protesta popular

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La violencia vivida en las calles no ha cesado desde el inicio de las protestas el pasado 28 de abril. Sistemáticas violaciones a los derechos humanos, torturas, muertes y desapariciones marcan cada jornada de movilización, mientras el gobierno guarda absoluto silencio frente a las situaciones de abuso por parte de la policía. 

Exactamente a un mes del inicio de las protestas, Colombia registró uno de los días más violentos desde que el pueblo se volcó a las calles. En tan sólo una noche (el 28 de mayo), en la localidad de Cali, hubieron al menos 14 muertos y 36 personas heridas por parte de la policía. Ese mismo día, el Presidente ordenó un máximo despliegue de asistencia militar en los territorios y anunció más de 7 mil efectivos policiales para desbloquear las vías de accesos cortadas producto de las manifestaciones.

Pero la jornada también estuvo marcada por el tiroteo con uso de armas de fuego por parte de agentes de civil (resguardados por la policía) que disparaban directamente a las personas que se encontraban protestando. Decenas de videos e imágenes demuestran la brutalidad con la que se está actuando para dispersar a los/as manifestantes y detener la protesta. 

El paramilitarismo que se ha extendido por Colombia en las últimas jornadas se define como un “comportamiento extremista autoritario” y que viene a legitimar la violencia de la policía avalada por el gobierno. La motivación de los sectores civiles armados ha tomado fuerza para defender el capital y los intereses de los más poderosos del país que actúan en completa impunidad. 

La responsabilidad política en estos hechos no ha sido asumida por el gobierno de Iván Duque, quien no ha salido a condenar públicamente los actos de violencia cometidos por civiles y la policía nacional, sino más bien -al igual que en Chile- actúan en complicidad para matar al pueblo colombiano. 

Desde las organizaciones sociales denuncian que en gran parte del país se ha sustituido la autoridad civil por agentes militares, decisión por parte del gobierno que ha servido para normalizar las desapariciones, muertes y torturas que está efectuando la policía con civiles y personas encubierta.

Una violencia desmedida contra un pueblo que clama justicia y dignidad

La fuerte represión no ha permitido tener cifras exactas sobre las víctimas de violaciones a los derechos humanos, muertes y desapariciones. En el último balance se consideran 48 muertes en contexto de protesta, sin embargo desde la ONG Temblores se habla de 70 personas asesinadas y más de 300 desapariciones.

La Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo de Colombia han informado sobre la localización de 308 personas que se habían reportado como desaparecidas, sin embargo el Mecanismo de Búsqueda Urgente aún continúa buscando a otros 111 casos activos, abriendo investigaciones para esclarecer por qué civiles armados -en conjunto con la policía nacional- dispararon contra los/as manifestantes.

Frente a estas situaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que viajará a Colombia entre el 8 y 10 de junio para investigar y observar la situación de derechos humanos en medio de las protestas.

El vocero del Comité de Paro y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores/as, Francisco Maltés, señaló que “la presión internacional y las constantes movilizaciones en todo el país, generó que el Ejecutivo permitiera la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país (…) el Gobierno se vio obligado a dar la anuencia para que la CIDH  haga presencia el próximo lunes».

Con esta visita se espera que exista una denuncia internacional en la Comisión para frenar la violencia y muertes de manifestantes en manos de la policía, pues como lo han manifestado públicamente el Comité de Paro en conjunto con las organizaciones sociales y sindicales del país llaman a mantener la protesta popular en las calles, pues los acuerdos mínimos para comenzar a negociar se deben cumplir en su totalidad.

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Las acusaciones que involucran a Mauricio Macri en el golpe de Estado en Bolivia durante 2019

El ex presidente argentino ha sido acusado de proporcionar, durante su gobierno, armamento para reprimir al pueblo boliviano tras el golpe de 2019.

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El golpe de Estado en Bolivia, ocurrido durante los últimos meses del año 2019, fue una de las peores noticias vividas por los pueblos de nuestra América durante aquel año. No sólo por el derrocamiento de un gobierno de izquierda por parte de los sectores reaccionarios de aquel país, sino que, sobre todo, debido a la crudeza de las consecuencias hacia el pueblo que salió a resistir en las calles el avance de las fuerzas reaccionarias.

Una expresión de la crudeza de aquellos días fueron las masacres de Senkata y Sacaba, en las cuales murieron decenas de bolivianos a manos de las fuerzas armadas del país. Dichos hechos, dos años después, siguen aún calando hondo en la memoria de los pueblos y develando sus consecuencias.

Entre las más reconocidas, se pueden encontrar la reelección del MAS en la presidencia del país, que cayó en manos de Luis Arce, y el apresamiento de Jeanine Áñez en marzo de este año, debido a su rol activo en el golpe de Estado y responsabilidad directa en la represión que sufrió el pueblo boliviano durante aquellos días. A pesar de los meses transcurridos, aún a día de hoy se siguen conociendo mayores antecedentes respecto a los hechos que decantaron en la salida de Evo Morales de la presidencia de Bolivia, como la noticia que llegó desde Argentina.

En los hechos concretos, el día de hoy fue denunciado oficialmente Mauricio Macri por parte del Gobierno Argentino, debido a una supuesta responsabilidad de este último en los hechos antes descritos, cuando aún ejercía como presidente de Argentina.

Según la acusación emanada por los organismos del país trasandino, Macri envió, durante aquellos días y en su calidad de presidente, material bélico – mortal y disuasivo – para ser utilizado en la represión al pueblo boliviano que se enfrentaba en las calles a las fuerzas policiales.

La acusación no carece de peso y fundamentos, ya que está respaldada por importantes personeros del actual gobierno trasandino, entre ellos la actual Ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. Incluso, hace cuatro días, el presidente Alberto Fernández envió una misiva a su par de Bolivia, Luis Arce, pidiendo disculpas, “con dolor y con vergüenza”, por la colaboración ejercida por el gobierno de Macri hacia las fuerzas que perpetraron el Golpe de Estado.

Twitter oficial de Alberto Fernández, en el cual pide disculpas al pueblo boliviano por el envío de armamento desde Argentina para reprimir las protestas posteriores al golpe de 2019.

Por tanto, y según la fuerza de los antecedentes, el rol ejercido por Mauricio Macri no está en entredicho.

¿Cuál es el correlato que precede a la oficialización de esta acusación en su contra?

Las primeras acusaciones las ubicamos directamente en el país altiplánico, cuando el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, acusó el 8 de julio al gobierno de Mauricio Macri de haber enviado cartuchos de escopeta, gases lacrimógenos y granadas de gas a la Fuerza Aérea Boliviana, respaldando su acusación con una carta fechada tres días después del golpe y firmada por Jorge Terceros Lara, por aquel entonces Comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, quien agradecía la “colaboración prestada” por parte del gobierno argentino frente a la “situación conflictiva” que vivía Bolivia por aquel entonces. Cabe destacar que Terceros Lara fue detenido el pasado 3 de julio en Santa Cruz, por su participación directa en el Golpe de Estado perpetrado durante 2019.

La carta presentada por el Canciller Mayta, y firmada por Terceros Lara.

La acusación del Canciller incluso va más allá, hablando hasta de 70.000 cartuchos enviados y de munición y armamento de carácter mortal, ya que existen evidentes inconsistencias en el curso de los hechos durante aquellos días.

En lo concreto, se sabe que el día 11 de noviembre, apenas un día después del golpe de Estado y cuando la resistencia popular comenzaba a copar las calles de Bolivia, la Agencia de Materiales Controlados de Argentina – encargada de registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego del país – autorizó el envío de un cargamento que iba destinado, supuestamente, a proteger la Embajada Argentina en La Paz. El problema de esta decisión es el montante de las armas y materiales considerados, ya que incluía pistolas semiautomáticas, carabinas, ametralladoras, chalecos antibalas, escudos y municiones, sumándose posteriormente la petición de 70.000 cartuchos anti tumulto, gas pimienta y granadas de mano. Cifras evidentemente exageradas, considerando que el objetivo primordial era proteger un edificio de apenas dos plantas.

Todo se vuelve aún más turbio e inconsistente si se considera que los registros oficiales de Bolivia solo constan el ingreso de 1.350 cartuchos desde Argentina con esos fines, por lo que las sospechas son fundadas al pensar que el resto del armamento fue utilizado para reprimir, por ejemplo, al pueblo que falleció en Sacaba y Senkata. Si a estos hechos se suma que el gobierno de Mauricio Macri fue el primero en reconocer a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia y se negó rotundamente en asilar a Evo Morales tras escapar de Argentina, parece conformarse un cuadro totalmente lógico.

Estos antecedentes generaron la respuesta de personeros de gobierno y justicia argentinos, quienes se lanzaron a investigar los hechos para presentar la acusación de hoy, investigaciones que están siendo llevadas por la Unidad Fiscal Especializada en investigar ilícitos con armas de fuego y la Dirección General de Aduanas.

Por tratarse de acciones que habrían apoyado actos genocidas, es muy probable que esta investigación traspase las fronteras de los países involucrados, adquiriendo características internacionales debido a que son hechos gravísimos, que pasan a llevar tratados y convenciones de carácter internacional.

La defensa de Macri y los involucrados

Por su parte Mauricio Macri ha intentado, de todas las formas, de desvincularse de dichas acusaciones, junto a sus ex ministros de Seguridad, Relaciones Exteriores y Defensa, quienes eran Patricia Bullrich, Jorge Faurie y Óscar Aguad, en orden correlativo.

Su mayor argumento se basa en que la firma de González Terceros en la misiva presentada por el Canciller Mayta está falsificada, pero ha sido la propia Fuerza Aérea Boliviana quien desmintió este argumento, aclarando que dicha carta y su respectiva firma son absolutamente reales.

Además, en una carta recientemente publicada, el ex presidente Mauricio Macri negó todas las acusaciones, expresando que su rol en el conflicto de aquel entonces sólo se limitó al envío de ayuda humanitaria debido a lo que estaba sucediendo en el país vecino, y que las mismas son mentiras creadas por el gobierno de Alberto Fernández para salvaguardar sus intereses y desviar la atención respecto a lo que ha sido su manejo de la pandemia.

En lo concreto, falta mucho “paño que cortar” aún en este hecho, y el curso de las investigaciones debe ir entregando nuevos antecedentes para un hecho gravísimo, que puede incluso llevar al ex presidente Mauricio Macri a enfrentar la justicia de ser ciertas todas las acusaciones vertidas en su contra.

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Colombia: la lucha se cambia a los barrios populares y Duque insiste en criminalizar la protesta

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Luego que el Comité de Paro anunciara la suspensión temporal de las manifestaciones, el pasado 15 de junio, debido a un cambio de estrategia para convertir en proyectos de ley las demandas del pliego y acelerar su aprobación, las protestas se trasladaron a los barrios más populares del país, donde la lucha sigue más viva que nunca.

Las movilizaciones en Colombia no han cesado desde su inicio, los/as colombianos/as han salido a manifestar su completo rechazo ante las medidas impuestas por el gobierno y la nula respuesta a las necesidades más urgentes para el pueblo. Si bien desde las organizaciones que lideraban las manifestaciones y que conforman el Comité Nacional declararon detener la movilización, al menos por un tiempo, el descontento no abandonó las calles, sino que detonó un alzamiento popular desde distintos frentes y barrios que constantemente se encuentran en lucha.

Fuera del interés público y los medios de comunicación nacionales e internacionales, la policía, los militares, agentes de civil y el ESMAD han desatado toda su brutalidad para reprimir fuertemente al pueblo, especialmente en sectores apartados del foco de atención mediática, registrando hechos de violencia desmedida hacia quienes salen a manifestarse, situaciones que no han sido investigadas ni condenadas por las autoridades correspondientes.

Usme como zona de guerra

El sector más crítico en el país ha sido Usme, al sur de la ciudad de Bogotá, donde la policía nacional, el ESMAD y los paramilitares han salido a las calles con el único objetivo de reprimir y matar al pueblo para terminar con las manifestaciones. Durante los últimos tres días se han registrado al menos dos muertes en dicho sector, además de un gran número de personas desaparecidas, torturadas y arrestadas bajo montaje, sumando también más de 40 personas heridas.

Uno de los muertos fue un joven de 33 años, identificado como Jaime Fandiño, quien se encontraba participando de las manifestaciones en el barrio de Yomasa (en Usme), cuando fue impactado por una granada de gas lacrimógeno directo en su tórax. Según mencionan los testigos, la fuerza pública lanzó gases lacrimógenos impidiendo que el afectado sea trasladado de inmediato a un servicio de atención médica, lo que provocó su rápida muerte.

Ante aquel hecho y las demás situaciones de violencia que se viven en Usme, las autoridades locales y nacionales han guardado silencio y no se han pronunciado con respecto al tema, dejando que la policía actúe sin criterio para frenar la protesta en los barrios populares, lugares donde hoy se concentra gran parte de las manifestaciones.

Cambios arbitrarios para detener la lucha

El pasado viernes 18 de junio, el Ministro del Interior, Daniel Palacios, modificó el Decreto 003 de 2021 (que determina el protocolo para las manifestaciones) para limitar la protesta pacífica, lo que implica la subordinación por parte del gobierno de lo que se considera legítimo o no. 

El cambio hecho por las autoridades señala que “no constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, así como las que se convocan con fines ilegítimos, violencia, estigmatización y reitera el uso legítimo de la fuerza bajo principios de necesidad”.

Con la alteración del documento, se establece como movilización no pacífica, por ejemplo, el bloqueo de vías, concentraciones y marchas que alteren el normal funcionamiento, por lo que el gobierno puede permitir el uso inmediato de la fuerza pública para dispersar y frenar las manifestaciones.

En el anuncio las autoridades señalaron además la creación de un Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos, presidido por el Presidente Iván Duque y diferentes Ministerios del gobierno, en conjunto con el Alto Comisionado por la Paz, dejando completamente fuera del proceso a las organismo que han levantando las demandas populares del pueblo y que en reiteradas ocasiones han manifestado estar abiertas al diálogo sin represión en las calles.

El malestar generalizado con la decisión gubernamental

Desde las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han condenado las resoluciones del gobierno puesto que no entrega garantías para el derecho a la protesta, lo que significa más represión en las calles justificada por el gobierno, el cual incluso destinó más de 34 millones de pesos para fortalecer la Policía Nacional.

Por otro lado, acusan que la medida es inconstitucional, puesto que esta debe realizarse bajo una ley estatutaria y no a través de una ley ordinaria, siendo así, la regulación no puede ser por medio de un decreto, mucho menos si se habla de límites legales en las protestas. Dicho argumento se sustenta también en la creación del documento, el cual fue emitido en una mesa de negociación con organizaciones que entregaron garantías a la manifestación pacífica, por lo que cualquier modificación debe ser por medio de la misma modalidad y no de manera arbitraria por parte del gobierno.

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Perú: el escenario político que se avecina frente a un gobierno de izquierda

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A dos semanas desde que se desarrolló la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, el pasado 6 de junio, el conteo de votos llegó al 100%, dando una leve mayoría a Pedro Castillo por sobre Keiko Fujimori.

Aunque los sufragios estuvieron estrechos desde el inicio, a pocas horas del cierre de mesas los medios de comunicación peruanos ya informaban la victoria de Castillo, puesto que se impuso fuertemente con el voto de provincias y el sector rural, lo que le entregó la ventaja para liderar los sondeos.

Según el informe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Pedro Castillo obtuvo el 50,125% de los votos, mientras que Keiko Fujimori el 49,875%, es decir, el candidato de izquierda por Perú Libre superó por 44.058 votos a la derecha de Fuerza Popular.

Sin embargo, a pesar de que el conteo y los resultados ya entregan un ganador, éste no ha podido ser proclamado oficialmente, puesto que se deben resolver los pedidos de nulidad de actas de la votación hecho por los/as adherentes al fujimorismo.

¿Por qué se exige la nulidad de los votos?

En medio de su detención por corrupción, Keiko Fujimori denunció fraude en el proceso de elecciones. Durante una conferencia de prensa, la candidata de la derecha señaló que el proceso electoral tenía una serie de irregularidades, entre ellas estaría la impugnación de 1200 actas en las que Fujimori lleva más votos que su contrincante, la denuncia de una persona que marcó 87 células de forma fraudulenta y una supuesta capacitación impartida desde Perú Libre para asegurar los votos. Sin embargo, desde la organización encargada de velar el correcto funcionamiento de las instituciones y democracia en el país manifestaron que la denuncia no tiene sustento que la acredite y que sólo existen casos aislados que ya están siendo investigados.

Una detención en medio de la polémica

El pasado jueves 10 de junio la Fiscalía de Perú pidió por tercera vez prisión preventiva para Keiko Fujimori, enfrentando una acusación penal con la que solicitan hasta 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, entre ellos, recibir dineros ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para costear parte de la campaña presidencial en el 2011. La misma empresa, en febrero de 2018, declaró haberle entregado $1,2 millones de dólares al partido de Fujimori para costear su candidatura. Por otro lado, para la campaña de ese mismo año y para la posterior en el 2016, varios empresarios peruanos le entregaron otros $14 millones de dólares, situación que finalmente Keiko reconoce no haber declarado ante los organismos correspondientes.

¿En qué va el proceso?, Keiko ya ha cumplido dos períodos, anteriores al actual, de prisión preventiva entre el 2018 y 2020. En marzo de este año, el fiscal a cargo del caso, Domingo Pérez, presentó más de 13 mil folios con pruebas de los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo, por lo que además de pedir cárcel efectiva, la fiscalía solicita la disolución del partido derechista Fuerza Popular.

El origen de las propuestas de gobierno

Pedro Castillo, profesor rural socialista, conocido en Perú por liderar una huelga de maestros/as que duró 75 días en el año 2017 y que exigía principalmente el aumento de sueldo de los/as docentes.  Su programa convenció mayoritariamente a las clases trabajadoras, rurales y que viven al interior del país. Dentro de sus propuestas destaca un cambio radical en el modelo económico peruano con la iniciativa de una Constitución Política a través de una asamblea constituyente que le entregue al Estado un rol regulador dentro del mercado, es decir, nacionalizar el sector minero, gasífero y petrolero. 

A pesar de venir de un escenario de lucha social, Castillo se ha pronunciado en contra del aborto, del matrimonio igualitario y de la inclusión con enfoque de género en el curriculum escolar, lo que genera alta desconfianza en lo que será su gobierno, puesto que nuevamente las mujeres y disidencias serán invisibilizadas/os al momento de la toma de decisiones, siendo marginadas/os y apartadas/os de un proceso que debiera ser democratico y equitativo, más aún considerando la lucha histórica que llevan las mujeres y disidencia en este sistema capitalista y patriarcal. 

Desde el otro sector, Keiko Fujimori, empresaria, hija del ex mandatario Alberto Fujimori (quien cumple una condena de 25 años por corrupción y delito de lesa humanidad) y representa la ultraderecha autoritaria. Dentro de sus propuestas estaban entregar el indulto a su padre, para que este pueda salir de la cárcel a sus 81 años. Buscaba además mejorar el nivel de los/as profesores/as, destinando incluso más de 3 mil computadores para las clases virtuales en pandemia (lo que sólo beneficiaría a unos/as pocos/as), aumentar los subsidios en los alimentos, bajar el costo de la luz y generar nuevas redes de agua potable. 

El escenario actual de la crisis política

Las elecciones marcaron un precedente claro con respecto a la crisis política que se vive en distintos países de Latino América, donde los/as candidatos/as y gobiernos actuales no han podido estar a la altura y ofrecer una alternativa distinta al régimen histórico al que ha estado sometida la clase trabajadora.

Las pasadas elecciones en el país vecino fueron las más polarizadas en décadas, ¿por qué?, el pueblo ya no cree en el proceso político para resolver las demandas sociales que se levantan a raíz de las reales necesidades que aquejan a la ciudadanía. Los altos porcentajes de votos blancos y nulos dejaron en evidencia la enorme desconfianza que existe en quienes intentan liderar el país, lo que además se ve forzado por el voto obligatorio, donde muchos/as optan por el “mal menor”.

Años de corrupción han marcado la pauta de los/as distintos/as candidatos/as que han querido llegar al poder, imponiendo una política social que vende un discurso apropiado desde las calles y lucha popular, pero que en la práctica no se ejerce a favor del pueblo. En Perú tenemos por un lado una derecha que viene arrastrando una historia de delitos y corrupción, y por el otro, una izquierda que fue incapaz de imponerse ampliamente ante un discurso derechista reiterado que, para muchos/as, ya no estaba en concordancia con la mayoría de la ciudadanía. ¿Qué pasó?Creció la desconfianza a los operadores políticos, un fenómeno que se replica en todos los países que históricamente han sido oprimidos. La actual elección presidencial en Perú demuestra cómo, desde los dos extremos, se busca una popularización de las necesidades de la gente, con promesas y acciones que en lo concreto no se van a solucionar bajo la vía institucional, sino que sólo a través de la lucha y alzamiento popular de los pueblos.

Ad portas de proclamarse oficialmente el nuevo Presidente de Perú, quién deberá asumir el próximo 28 de julio, la tarea y reflexión es grande para los países que se encuentran en procesos similares de elecciones presidenciales, como es el caso de Chile, donde los representantes del régimen busca posicionarse aún frente a un escenario de constante desigualdad y crisis económica, que tiene a la clase trabajadora luchando en las calles y territorios pese a la dictadura sanitaria impuesta por el gobierno criminal. Es importante que el camino sea claro, la movilización y protesta será la alternativa para alcanzar la victoria popular.

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