Conecte con nosotros

NACIONAL 2

Ingrid Neira, dirigente de la salud : «Le vamos a pasar la cuenta a todos, porque no vamos a permitir que nadie más de nuestro pueblo muera en estas condiciones»

Izkia Siches anunció que el peak de contagios se manifestará durante los meses de mayo y junio, dentro de sus preocupaciones está la capacidad de los centros de atención pública para enfrentar esta pandemia.

Publicado

el

image-2

Nuevamente la atención de los grandes medios de comunicación está centrada en el Hospital San José, debido al colapso en urgencias para el tratamiento de los y las pacientes con Covid-19.

Durante el 2019 a inicios de invierno los y las funcionarias del Hospital San José denunciaban el colapso de atención de urgencias, la falta de equipamientos, la falta de especialistas, la falta de medicamentos y las constantes imágenes circulando en redes sociales en donde se evidenciaba la precarización del sistema de salud pública, en el cual los y trabajadoras debían improvisar camillas en pleno pasillo. Muchas veces las personas fallecían esperando para recibir una atención.

Tras estos antecedentes la unidad de urgencias del Hospital San José levantó una movilización exigiendo una atención digna para los y las pacientes. Además, un nuevo centro de atención pública en el sector norte de la Región Metropolitana. Gloria Pinto en diversas ocasiones denunció la situación y manifestó su preocupación que el hospital construido para cubrir la atención de 400 mil personas debía en el presente atender a más de 900 mil personas diarias, siendo el único hospital público en el sector norte.

La movilización duró varios meses y debió enfrentarla el ministro Mañalich, al mismo tiempo que la ministra Cubillos afrontaba el paro docente.

La promesa de un nuevo hospital público se desvanecía con el pasar del tiempo y nuevamente el lucro estaba sobre el derecho a la salud, el recinto hospitalario se construiría por medio de la Asociación Pública-Privada, que mantenía vigente el sistema de concesiones, que se encarga de enriquecer a consorcios privados nacionales e internacionales. En la actualidad no poseemos información sobre el avance del nuevo hospital.

Una de las principales problemáticas del sistema de salud en Chile es primero el rol que tiene el Estado como un ente subsidiario. Luego, el cuoteo político en el nombramiento de los directores. Por último, la gestión en las redes asistenciales.

Anualmente en los informes anuales del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales se realizan recomendaciones al Estado chileno para incorporarlas en el sisma de salud público.

Así llegó el Covid-19 a Chile, no es ninguna sorpresa la situación actual en la red de atención pública, tanto los funcionarios y funcionarias del recinto hospitalario como los y las pobladoras llegaron al punto de realizar barricadas para denunciar que «Urgencias está colapsada».

Apenas llegó el primer caso de Covid-19 en el país Mauricio Navarro, dirigente de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Salud del Hospital San José comenzó a mostrar su preocupación y denunciar las diversas precariedades que debían asumir los funcionarios y funcionarias de salud.

Asimismo lo realizaba Claudia Sepúlveda, presidenta del Capítulo del Hospital San Jose, en donde señaló que «el actual director del hospital Dr. Luis Escobar no toma las medidas necesarias para asegurar la continuidad y óptima atención a las mujeres embarazadas y puérperas”

Ciper en sus investigaciones comprobó que el gobierno no realizó la compra de los ventiladores mecánicos a tiempo y los casos de Covid-19 van aumentando, llegando a este sábado a 1.247 nuevos contagios de Covid-19, mientras que en total hay 27 mil 219 casos.

El gobierno ha tenido que cambiar su línea comunicacional, pues hace unos días atrás anunciaba una «nueva normalidad o retorno seguro», mientras que en el presente Mañalic indicó que se está enfrentando la «batalla de Santiago». Puesto que el 80% de los casos de Covid-19 se concentran en la región Metropolitana.

El 5 de mayo Interferencia publicó que en El Hospital San José «durante todo el día la urgencia de dicho hospital se encontraba funcionando sin urgenciólogos» y que «tuvo que funcionar ayer con médicos de medicina general a cargo de la urgencia».

Interferencia agregó que, «esto se da en un contexto general en que los turnos se encuentran muy disminuidos debido a la gran cantidad de funcionarios con Covid-19 que hay en ese centro asistencial, además de aquellos que se encuentran en cuarentena preventivas, según cuentan las fuentes consultadas. Al menos 38 de estos funcionarios dieron positivo por Covid-19 y más de 140 se encuentran con cuarentena.».

En conversaciones con Mauricio Navarro, ya nos advertía que en el Hospital San José carecía de un personal de resguardo, debido a que no se estaba realizando nuevas contrataciones.

«La situación en este momento es crítica lo vimos hace un par de días como los pacientes y las ambulancias ya no están pudiendo ingresar. Tenemos la incertidumbre y la preocupación por la improvisación de este gobierno (…) todavía no tenemos la certeza qué tipo de pacientes van a trasladarse a Espacio Riesco», indicó Mauricio Navarro.

Ingrid Neira, vicepresidenta del Consejo Consultivo del Hospital San José y dirigenta de la salud manifestó que «renuncie Piñera y Mañalich».

Siches en Cooperativa enfatizó que en el Hospital San José «ha tenido harta dificultad (…) estamos muy preocupados y esperamos que la gente, la ciudadanía nos acompañe en este desafío y logre entender que por más ventiladores que compremos, el impacto de los pacientes que ingresan a la UCI igual es complejo y en general no tienen una evolución muy favorable”.

[wpvideo xmRlc316 data-temp-aztec-id=»327c2745-caa0-4174-bf4d-08ed482589d0»]

Gentileza de Mauricio Navarro.

Seguir Leyendo
Haga clic para comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

Publicado

el

Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

Seguir Leyendo

Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

Publicado

el

El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

Seguir Leyendo

Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

Publicado

el

Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

Seguir Leyendo

Lo más visto