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Ingreso Mínimo Garantizado: el beneficio que suspende el pago del «Bono a la Mujer Trabajadora» y el «Subsidio al Empleo Joven»

En ayuda de las familias más vulnerables, el beneficio no solo anula otros bonos, sino que llega en cifras irrisorias para algunas trabajadoras.

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Por Kathia Cancino Rojas

El «Ingreso Mínimo Garantizado» (IMG), es un subsidio estatal que entrega una ayuda económica por el plazo de un año para trabajadores dependientes con jornada ordinaria mayor a 30 y menor a 45 horas, y con un monto máximo de hasta $59.200. Así, más o menos, lo definen tanto su página de postulación como chileatiende.gob.cl.

De esta manera, este bono se piensa como una ayuda divina por parte del Gobierno hacia aquellas familias vulnerables que reciben un monto mensual menor a $384.363. Así, pareciera ser casi imposible que, aún en 2020, y en medio del llamado oasis latinoamericano en el que se supone vivimos, existan trabajadore/as que reciban ingresos menores al dicho anteriormente o, inclusive, menor al ingreso mínimo actual ($320.000).

Sin embargo, de ayuda divina este bono no tiene nada, pues no solamente sus recientes pagos son montos irrisorios -en muchos casos- para los y las beneficiadas, sino que su mera adquisición anula otros pagos de forma automática; para el caso, el “Bono al Trabajo de la Mujer” (BTM) y el “Subsidio al Empleo Joven” (SEJ).

No obstante, el problema no sólo se enmarca en los dos puntos mencionados anteriormente, sino que también en la casi nula real visibilización de la información que las páginas de difusión del Gobierno pusieron a disposición de los y las postulantes.

Una por otra

El día 2 de junio del presente año, María José Rojas Opazo -Constitución, región del Maule- se encuentra en su trabajo cuando, al ingresar a su aplicación Banco Estado, se da cuenta de que aún no le han depositado el monto mensual que recibe por el “Bono al Trabajo de la Mujer” que, sin contar el mes de junio, recibe hace un año y fracción -de un máximo de cuatro-.

Inmediatamente, se comunica con una operadora y le explica lo sucedido, entre el desconcierto y la rabia que le causa la pérdida de un bono por el beneficio del otro. La mujer tras la línea, sin tener la culpa real de la situación, aclara que dicha cláusula sí estaba informada en las páginas oficiales del Gobierno, a pesar de las reiteraciones de la afectada de que esto no es así.

“Postulé al ingreso mínimo garantizado que dio el Gobierno y el día 29 de mayo me salió el pago; me llegaron $6.400. Antes recibía (mensualmente) entre $15.000 a $17.000 por el ‘Bono Mujer Trabajadora’ y al llamar a la ejecutiva me explica que por postular a uno pierdo el otro”. Entonces, le dijo que le parecía un chiste, “porque nos dan uno y nos quitan otro”, concluyó.

Desgraciadamente, María Rojas no es la única mujer afectada ante esta situación. En un país donde la pobreza, el hacinamiento y el endeudamiento se ven ocultos tras un falso progreso, cualquier dinero extra es una ayuda sustancial a la gente común y corriente que “para la olla” día con día. Por ello, que un bono anule al otro de manera automática no es algo menor, sobre todo para quienes se han visto mayormente afectados durante esta pandemia: los y las trabajadoras. 

Desde Rancagua, Ana María Díaz también es beneficiara del “Ingreso Mínimo Garantizado” (IMG) y, a su vez, recibía un monto mensual por BMT. Recibía, porque este 29 de mayo, fecha en la que se pagaron los bonos del mes de junio, solo recibió $34.572 correspondientes el IMG. El ingreso mensual por el bono a la mujer, de $32.548 -aproximado de lo que le correspondía cada mes-, no estaba en su cuenta bancaria como era lo habitual.

Al ingresar a Facebook para entender el por qué de la situación, se dio cuenta que al obtener el beneficio del ingreso mínimo automáticamente perdía el “Bono a la Mujer Trabajadora”. “Pero en ningún lado salió eso cuando uno postuló a lo del ingreso mínimo”, comenta.

La letra chica de la página principal

Cabe preguntarse por qué quienes postularon no parecen tener consciencia de la suspensión en el pago de uno de los bonos. Al momento de ingresar a la página de postulación es fácil obtener la respuesta, porque en su parte principal solo se explica en qué consiste el subsidio y los requisitos para postular a él. De buenas a primera, no bastaría más que con cumplir lo que allí dicta para pensarse entre las probables beneficiadas.

Sin embargo, una posible letra chica, llegaría al ahondar un poco más en la página de registro en su sección “Preguntas Frecuentes”, pregunta N°14, que dicta lo siguiente:

14. ¿Qué pasa si recibo el Bono al Trabajo a la Mujer o al Subsidio al Empleo Joven?

Si además de ser beneficiario de este subsidio (IMG), postulaste y calificaste para el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) o Subsidio al Empleo Joven (SEJ), recibirás mensualmente el IMG durante el año en curso. Sin embargo, si luego de un año hubieses recibido un monto mayor por BTM/SEJ, se te pagará la diferencia en el proceso de liquidación que realiza SENCE del BTM y SEJ al año siguiente.

Entonces, parece entendible que la ejecutiva explicase a María José que esta información se encontraba dentro de la página de postulación. De la misma manera, al buscar los requisitos del beneficio en Chile Atiende, éste enunciado aparece en primera plana, sin embargo, al momento de postular, es obvio que la gran mayoría de personas se dirigirá directamente al lugar de postulación, creyendo que allí encontrarán la información necesaria para hacerlo.

Pero, ¿qué pasa con esto? De facto, la ejecutiva tiene razón: se postula aceptando “una por otra”, pues la cláusula se encuentra disponible a quien guste leerle. Pese a ello, una condición tan importante debiese como mínimo encontrarse en primera plana. Las razones son evidentes:

María Rojas y sus compañeras de trabajo recibieron un ingreso de $6400 tras resultar beneficiadas de dicho bono que, como todo en el actual Gobierno, llega en ayuda de las familias chilenas más vulnerables, pues “entendemos sus necesidades y requerimientos”. Eso, al menos, es lo que nos dice nuestro presidente Sebastián Piñera. La realidad dista mucho de ser real. Para ella y dos compañeras más quienes reciben el “Bono a la Mujer Trabajadora” pero en modalidad anual, este aumento de $6400 es un retroceso a sus liquidaciones totales. Con variable mensual entre $15.000 a $17.000, es fácil darse cuenta que ella perderá -este año- $10.000 mensuales.

Además, la mujer comenta que sus colegas reciben el bono en agosto y que este corresponde casi al mismo ingreso mensual recibido por ella, pero multiplicado por doce meses. Es decir, bajo la lógica del IMG, este año ellas no recibirían $192.000 (si consideramos la media de $16.000 entre los valores mensuales recibidos por María Rojas), pero en reemplazo, recibirían $6400 durante los seis meses siguientes. Aunque tal vez lo más lamentable, es que ninguna de ellas se habría enterado de no ser por el llamado a una ejecutiva.

Por supuesto, ninguno de estos es un caso aislado, el repentino hallazgo de encontrarse con un bono que reemplaza a otro se ha repetido a lo largo del país. En San Miguel, Carolina documenta que el monto de $21.600 del BMT que recibía de manera mensual, fue suplantado por $20.000 y el único sentimiento que les deja esto es la sensación de burla.

“Mi mamá postuló al bono porque tiene un trabajo de medio tiempo y es la única con sueldo en la casa, nosotros somos cuatro personas (…). Nos cambiaron el beneficio por otro y más encima, $1600 menos. Tal vez para muchos no sea nada, pero a (nosotros) nos resulta una burla”.

Irregularidades a la orden del día

Esta no es la única falencia en la entrega de bonos que ha presentado actualmente el Gobierno. Al enterarnos de la suspensión de un pago por otro, realizamos un llamado como Diario Venceremos buscando testimonios que acreditasen tal actuar y, entre ellos, una testigo que prefirió mantener su nombre en el anonimato declaró lo siguiente:

“Me di cuenta hace dos meses aproximadamente, yo trabajo part-time y cuando postulé (al Bono a la Mujer Trabajadora) acepté el dinero mensual. Antes recibía $30.000, luego empezó a bajar pero mínimamente y este mes, finalmente, recibí $8.000”

Tristemente, esta irregularidad se repite con la hermana de Ana María Díaz, Camila Díaz Trujillo quien, si bien postuló al “Ingreso Mínimo Garantizado”, no fue beneficiara y, aún así, no recibió el monto mensual que le correspondía al mes de junio por el “Bono a la Mujer Trabajadora”. En sus palabras, no recibió aviso previo de la cancelación y/o suspensión temporal de dicho pago, considerando que sólo llevaba un año y fracción recibiéndolo, por tanto, este debía seguir entregándose de manera normal.

De esta manera, las falencias tanto en los casos mencionados recientemente como aquellos que responden netamente a una suspensión por el plazo de un año en el pago de sus bonos, demuestran la completa desconexión de un Gobierno que no entiende las reales problemáticas de las trabajadoras -para el caso-, no sólo por recibir un aumento irrisorio de $6400, sino por anular -casi sin avisar- la entrega de dineros que son de ayuda fundamental para quienes se alzan como sostenedoras de hogar. Así, la idea de optar a dos beneficios que llegan a aliviar los pagos de luz -que no se han interrumpido en pandemia-, el alimento, las deudas, por nombrar sólo algunos, se obnubila y reemplaza por un monto que ni siquiera da la talla del dinero anterior -y si lo hace, es en apenas $2.000 como vimos en el caso de Ana Díaz-, demostrando que tal vez, el entendimiento de las necesidades y requerimientos de las familias chilenas es inexistente. Aunque siempre podemos otorgarles a las autoridades el beneficio de la duda, quizás desde su burbuja entienden la realidad de la chilena y chileno promedios mejor que ella/os misma/os.

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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