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Haití | Cómo las mujeres sacuden el mundo político

La originalidad del movimiento feminista haitiano radica en el hecho de que no cabe pensarlo en términos de ola (primera, segunda o tercera) 1/ ni en términos de corriente definida (liberal, negra, descolonial…)

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Documento escrito por Sabine Lamour*

La originalidad del movimiento feminista haitiano radica en el hecho de que no cabe pensarlo en términos de ola (primera, segunda o tercera) 1/ ni en términos de corriente definida (liberal, negra, descolonial…). Este movimiento, a contrapelo de los demás movimientos feministas, contribuye enormemente a la identificación de las realidades nacionales problemáticas, como por ejemplo las violencias cometidas contra mujeres y niñas, la participación política, la impunidad, la soberanía nacional y la lucha contra el oscurantismo.

Me parece que la metáfora de la sacudida es más apropiada para hablar del movimiento feminista haitiano. Cada vez que se plantea un problema a escala nacional, las feministas se sitúan en la primera fila del escenario para plantear reivindicaciones y definir orientaciones, como ocurrió en 1915 (ocupación de Haití por EEUU), 1957 (ascenso de Duvalier al poder), 1986 (caída de Duvalier), 1991 (golpe de Estado militar contra el gobierno de Jean Bertrand Aristide) y en 2004 (desalojo del poder del partido Fanmi Lavalas). El movimiento se estructura en situaciones críticas en que son atacados los fundamentos de la convivencia por las fuerzas dominantes, tanto internas como externas.

Estas luchas se organizan en torno a pilares estratégicos basados en reivindicaciones populares como el derecho de autodeterminación, el reparto igualitario de los lotes entre hombres y mujeres, el derecho a los recursos. El movimiento feminista lucha contra las asimetrías entre los sexos en una perspectiva popular global. Las feministas han participado siempre en las efervescencias que agitan nuestra sociedad. Fiel a esta tradición, el movimiento se alzó, después del seísmo, contra un conjunto de derivas que ponían en peligro su existencia y que se oponían a la reconstrucción real de la sociedad.

Para hablar de sus acciones en el plano político durante estos últimos diez años, pondremos el acento en los siguientes puntos. En primer lugar, las pérdidas sufridas durante el seísmo. En segundo lugar, la exclusión de las feministas haitianas impulsada por actores internacionales presentes en Haití tras el seísmo. En tercer lugar, las acciones de establecimiento de la realidad y, finalmente, las luchas contra las medidas machistas o antifeministas emprendidas por los gobiernos haitianos desde entonces.

Las pérdidas del movimiento feminista

La década de 2010 comenzó con el terrible terremoto del 12 de enero. La catástrofe golpeó duramente a todo el país. Entre las víctimas hubo varias feministas, entre ellas tres líderes históricas del movimiento, a saber: Magalie Marcelin, dirigente de Kay Fanm; Myriam Merlet, dirigente de EnfoFanm y Anne Marie Coriolan, la instigadora de la SOFA (Solidaridad de Mujeres Haitianas). Fue un momento duro para el movimiento. Las feministas ni siquiera tuvieron tiempo de llorar por sus hermanas. La llegada al país de gentes de fuera tras la catástrofe, que por su número carecía de precedentes, en forma de fuerzas militares extranjeras, contingentes humanitarios de las ONG y misioneros, vino acompañada de toda su carga de problemas y agresiones.

Estos nuevos actores se instalaron con todo un aparato imponente en la sociedad y aprovecharon la ocasión para reforzar su influencia en la maquinaria estatal con la complicidad de las autoridades nacionales (Lamour 2019) 2/. Peinaron el territorio nacional en función de las competencias que se atribuyeron a sí mismos esos actores e impusieron la urgencia como modo de gestión empresarial de los problemas sociopolíticos y económicos suscitados por el seísmo. Al establecer este dispositivo, impusieron la perspectiva coyuntural como modo de administración del territorio, ignorando el peso de la sociedad civil haitiana a la hora de abordar determinados problemas. Las ONG aprovecharon para adoptar decisiones, unas más inadecuadas que otras para la población haitiana.

Una lucha ideológica impuesta por los actores externos

En esta lógica, estos nuevos actores se interesaron por la cuestión de las violencias cometidas contra las mujeres, despreciando el saber hacer desarrollado desde hacía más de dos décadas por las organizaciones feministas tras el fin de la dictadura. A fin de imponer su legitimidad para abordar las violencias, los actores internacionales utilizaron el concepto de epidemia de violaciones para hablar de las violencias cometidas contra las mujeres en el campo. De ahí se derivó una idea de los haitianos como predadores sexuales y de las haitianas como sus presas. Estos planteamientos despolitizaron la violación y las violencias sexuales sufridas por las mujeres, cuando la construcción política de la violación constituye un enfoque estructural fundamental del movimiento feminista desde 1915.

Las organizaciones feministas creadas a partir de 1986 se rebelaron contra esta situación. Refutaron el discurso construido y rechazaron asimismo la colaboración propuesta por determinadas ONG, denunciando en los medios estas intrusiones insanas. Para neutralizar a las feministas y continuar con sus planes, estos actores propagaron a escala mundial el rumor de la «muerte del movimiento» (Magloire, 2018; Côté, 2018) 3/. El resultado fue una valoración negativa del feminismo haitiano, que quedó así descalificado como interlocutor para la resolución de la crisis nacional tras la catástrofe. La circulación de este rumor facilitó la difusión de un discurso victimizante, encaminado a negar toda forma de reconocimiento con respecto a la labor ya realizada por las feministas dede el fin de la dictadura. La palabra de las feministas supervivientes de la catástrofe también quedó deslegitimada. En esta lucha por la información, las feministas vieron restringido el acceso a las plataformas mediáticas y su visibilidad se redujo en beneficio de organizaciones de mujeres creadas tras el cataclismo.

En esta lucha, que pretendía ignorar a las personas organizadas sobre el terreno, las ONG dejaron de financiar los programas de las organizaciones o propusieron a estas últimas unas sumas exageradas, que debían gastar en un tiempo récord so pretexto de la urgencia (el Estado haitiano no financia a su sociedad civil). Las organizaciones que rechazaron estas condiciones sufrieron una caída vertiginosa de su financiación durante los primeros años posteriores al seísmo, pese a que prosiguieron con su labor política de acompañar a mujeres. El movimiento quedó postergado. Al emprender esta vía, los actores externos reafirmaron la subordinación de las mujeres en el debate sobre la reconstrucción del país.

En esta fase, el dispositivo creado por los actores internacionales facilitó la domesticación de la sociedad civil al invadir los espacios de debate y controlar los recursos disponibles: por un lado, afirman el principio discursivo de reconocimiento de los derechos de las mujeres, y por otro impiden el acceso de las feministas a los foros mediáticos y a los recursos para continuar esa misma lucha. En esta tesitura, el dispositivo asegura que las organizaciones que componen el movimiento aparezcan más como objetos que no sujetos de un discurso construido en el plano interno.

Las acciones de afirmación sobre el terreno

Para luchar contra estas derivas y refutar el discurso de impotencia de las feministas, las feministas haitianas retomaron su labor de acompañamiento y apoyo a las mujeres víctimas de violencia en condiciones extremadamente difíciles desde febrero de 2010. Conmemoraron las principales jornadas del movimiento, a saber, el 8 de marzo y el 3 de abril. En efecto, en marzo de 2010 crearon una estructura móvil de atención psicológica con miras a acoger a mujeres en refugios provisionales 4/, sin dejar de llevar a cabo la labor de sensibilización contra las violaciones en el campo. Además de estas acciones, sus esfuerzos fueron múltiples, acogieron en sus casas a mujeres violentadas y apoyaron el relanzamiento de actividades generadoras de ingresos junto con otras mujeres.

La primera gran batalla después del terremoto que libraron las mujeres fue la relacionada con el PDNA (Evaluación de necesidades después de la catástrofe), el documento que definía las acciones encaminadas a la reconstrucción. El PDNA fue el resultado de un procedimiento de dos meses que aplicó el gobierno haitiano y que reunió a más de 250 personas que representaban a Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo. A pesar del número de agentes implicados, el documento no integraba la dimensión de género en las estrategias propuestas por el gobierno haitiano para la recuperación de las políticas macroeconómicas, sociales, medioambientales, infraestructurales y de gobernanza.

Durante ese mismo periodo, las feministas haitianas impulsaron, con el apoyo de Gérandal Thélusma -política haitiana, diputada en la 48ª legislatura-, la lucha por la aprobación de la ley de paternidad responsable por el parlamento haitiano. Y ganaron la batalla.

Una información más realista sobre las condiciones de las mujeres

Para contrarrestar el PDNA, las feministas elaboraron, con la ayuda de aliadas internacionales, un contrainforme en el que denunciaban la ausencia en el documento de toda referencia a los problemas específicos que afrontaban las mujeres. El 3 de abril 5/ de 2010, la CONAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Derechos de las Mujeres) publicó una nota para denunciar las relaciones de dependencia estructural del país con respecto a las potencias imperialistas, cuestionando la legitimidad de la CIRH (Comisión Temporal de Reconstrucción de Haití) como órgano encargado de la reconstrucción. En un artículo publicado en la página web de Radio Kiskeya, el 3 de abril de 2010, la CONAP anunció lo siguiente:

Para este 3 de abril de 2010, la CONAP proclama su independencia de agentes oportunistas o de cualquier planteamiento populista implicados en gestiones encaminadas a recoger las migas de un pastel envenenado y cuya receta, como siempre, se cocinó sobre las espaldas de las mujeres y, una vez más, en detrimento del pueblo reivindicativo y, por tanto, en contra de los intereses de la nación hatiana 6/.

En otra declaración del 31 de marzo de 2010, la misma organización explicó:

«La CONAP está más decidida que nunca a retomar la pluma de Mireille Neptune-Anglade, para reivindicar las aportaciones de La seconde moitié du développement a la creación de riquezas en nuestro país, y de este modo continuar el combate reivindicativo por imponer el reconocimiento de las ladrès fanm, las marginadas entre las obreras del polígono industrial, las trabajadoras domésticas, las comerciantes del sector informal y las productoras del mundo rural, expuestas más que nunca al fenómeno de la feminización de la pobreza y de la violencia de género. El impacto devastador del seísmo del 12 de enero ha comportado pérdidas económicas inconmensurables ante la situación económica de las familias, debilitando los resortes de las fanm potomitan, de las que siguen dependiendo el 80 % de los hogares de la nación y de las que un 48 % están encabezadas por mujeres. Estas familias sobreviven con menos de dos dólares al día, comprometiendo igual de drásticamente el bienestar de varias generaciones» 7/.

Cuota femenina o responsabilidad de los hombres

En 2012, las organizaciones feministas se entregaron en cuerpo y alma a rechazar la promesa de que en el gobierno de Lamothe/Martelly habría un 40 % de mujeres. Para Danièle Magloire, «lo más importante no es la presencia de mujeres. Hay que ver sobre todo la orientación del gobierno en las cuestiones sociales, económicas y del Estado de derecho». Michaëlle Desrosiers, por su parte, dijo lo siguiente: «La presencia de [estas] mujeres en un gobierno de extrema derecha -por muy popular que sea- refleja la visión y el posicionamiento ideopolítico y económico de estas últimas en lo tocante a la apertura de Haití a los inversores asociados a los neocolonos» 8/.

En mayo de 2012, la SOFA reclamó que el presidente Michel Martelly publicara un informe indicando las fuentes de financiación de su campaña electoral y denunciando a los cascos azules que estaban en el origen de la epidemia de cólera en Haití. Dede entonces, la SOFA se dedicó a llamar la atención de la sociedad sobre la corrupción que gangrenaba el espacio político y las derivas institucionales del parlamento. Asimismo, la SOFA hizo sonar la alarma mostrando los problemas asociados al programa Ti manman chéri, implementado por el gobierno de Martelly.

Contrariamente a esta medida, las feministas, a través de Marie Jocelyn Lasègue, exigieron la promulgación de la Ley de paternidad, maternidad y filiación, planteando el principio de la gratuidad de las pruebas de ADN para romper con la realidad de los y las menores sin padre en Haití. Esta postura se inscribe en la lucha de las feministas para conseguir que las mujeres accedan a una autonomía no controlada en Haití. En este país, las mujeres tienen libertad para desplazarse, pero esta autonomía aparente está asociada al hecho de que se hagan cargo de su progenie.

El año 2012 fue crucial para las feministas en la lucha contra el acoso sexual de las mujeres profesionales en Haití, con la denuncia del caso Josué Pierre-Louis 9/, el entonces presidente de la Junta electoral, exministro de Justicia. Fue un año clave en la lucha contra las violencias sexuales y machistas. En la misma época asistimos a la aplicación de estrategias antifeministas internas, obra de hombres periodistas en Haití. De ello dio cuenta el artículo de Danièle Magloire sobre el movimiento feminista (ibid. 2018).

En 2013, las feministas exigieron la implantación de la cuota del 30 % en la ley electoral. Hablando de este periodo, Marie Frantz Joachim (2012) 10/ señaló lo siguiente:

La institución del principio de la cuota del 30 % en la ley electoral de 2006 constituye uno de los mayores avances del movimiento feminista de aquel periodo, en la medida en que introdujo una dimensión política formal de la lucha feminista en Haití. Decimos formal porque es bien sabido que el movimiento feminista es eminentemente político, vista la lucha de lleva a cabo por derribar el sistema patriarcal y transformar económica, política, social y culturalmente las condiciones de vida de las mujeres. Se opone a todas las formas de autoritarismo.

Asimismo quieren que la ley electoral castigue a los partidos, asociaciones y confluencias políticas culpables de prácticas machistas, entre ellas el incumplimiento de la cuota. En octubre de 2013, las feministas jalonaron el año con la celebración del parlamento simbólico de mujeres. Hablando de aquella iniciativa, Marie Frantz Joachim (2015) explica 11/:

[La iniciativa] movilizó a cerca de un centenar de personas, que representaban a cuarenta (40) asociaciones y comités de mujeres de partidos políticos de todos los departamentos, salvo el del Centro y el del Noreste. En el Parlamento Simbólico de Mujeres se implicaron 150 miembras de organizaciones de mujeres y de estructuras mixtas. Simularon con todo rigor, orgullo y serenidad la función de diputadas (99), senadoras (30), primera ministra y ministras (hombres y mujeres). El proceso de organización del Parlamento Simbólico de Mujeres fue en sí misma una importante iniciativa a favor de la política inclusiva, relacionando la SOFA, las organizaciones amigas y asociaciones con las autoridades parlamentarias.

En 2014, la batalla principal del movimiento fue la aprobación de la Ley de paternidad responsable bajo el gobierno de Martelly. Fue un momento clave en la lucha contra la impunidad en Haití. Las turbulencias provocadas por las derivas políticas condujeron al sometimiento del ministerio de la Condición Femenina, que se convirtió en una institución de propaganda progubernamental.

Replegadas en sus respectivas organizaciones, durante los cinco años que siguieron al cataclismo, las feministas desarrollaron una lucha sin cuartel para que las mujeres participaran en todos los niveles en los espacios decisorios. En este contexto, la SOFA 12/ condujo un estudio en 2015 sobre los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los espacios decisorios. Esta lucha permitió que las feministas fueran reconocidas como interlocutoras en relación con cuestiones de relevancia nacional, lo que dio pie a una serie de peticiones para que más mujeres accedieran a dichos espacios.

Se formaron varias coaliciones de mujeres, entre ellas el COTEM (Comité técnico y multisectorial). Tales iniciativas dieron fruto y las feministas ganaron la batalla de la representación en los ayuntamientos y las entidades territoriales. Todas las mancomunidades de municipios tienen por lo menos una mujer entre las tres personas que las componen obligatoriamente. Esta lucha explica por qué existe la asociación de alcaldesas de Haití, la Fenafemh (Federación Nacional de Alcaldesas de Haití). Actualmente, las organizaciones feministas cooperan con las concejalas, incluidas las alcaldesas, con vistas a conservar la cuota del 30 % reconocida por la constitución modificada de 2011.

Durante todo el mandato de Michel Martelly, las mujeres denunciaron las derivas del poder, en particular los ataques del presidente contra las mujeres en la sociedad. Testimonio de ello es la campaña de apoyo Nou Tout se Lili a favor de la periodista Liliane Pierre-Paul, atacada por el presidente Martelly. Además de las luchas por la participación política de las mujeres, se mantuvo una antigua constante en el seguimiento de la aplicación de los grandes ejes estratégicos del movimiento por parte de las políticas, entre ellas las cuestiones de salud de las mujeres y la lucha sin cuartel contra las violencias cometidas contra las mujeres.

En 2016 tuvo lugar en Puerto Príncipe un coloquio internacional sobre las cuestiones de género, los feminismos y las relaciones entre los sexos. Fruto del mismo fue publicado un libro en 2018 por Éditions féministes Remue-Ménage, titulado Déjouer le silence: Contre-discours sur les femmes haïtiennes. Además, las feministas participaron conjuntamente en varios grandes eventos feministas científicos internacionales. Esta dimensión de la lucha asume la dinámica global que anima al movimiento feminista haitiano.

En efecto, debido a la posición desfavorable que ocupa el país en el escenario internacional, las feministas luchan en general en dos frentes: el nacional y el internacional. Las feministas haitianas fueron las primeras en denunciar las derivas de la MINUSTAH (Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití), las violaciones de menores y jóvenes de ambos sexos y el abandono de sus hijos por parte de los Cascos Azules. Para dejar constancia de su desacuerdo, las feministas cortaron toda relación con la MINUSTAH en Haití, emprendiendo una batalla por la retirada de los soldados de la ONU del territorio haitiano y la indemnización a las mujeres víctimas de abusos y víctimas del cólera.

Paralelamente, durante este periodo se intensificó la lucha por la despenalización del aborto. Esto tiene que ver con el hecho de que las feministas se dieron cuenta de los daños causados por este acto en la vida de las mujeres, particularmente de las más pobres. Así que montaron un colectivo, llamado DSSR (Derechos Salud Sexual y Reproductiva), que básicamente se encarga de la lucha por el acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

Entre 2018 y 2019, las organizaciones de mujeres creadas a partir de 1986, incluida la SOFA, desarrollaron una lucha encarnizada contra el gobierno de entonces, posicionándose a favor del cese del presidente actual, participando en manifestaciones, escribiendo comunicados de prensa y organizando actividades para denunciar la creciente adopción de medidas encaminadas a establecer una dictadura. Esta lucha se inscribe en un combate contra el oscurantismo y por la supervivencia de la sociedad haitiana.

Además de estas acciones realizadas durante el decenio, las feministas libran una batalla sin respiro contra el poder del PHTK (Partido Haitiano Tèt Kale), que moviliza una forma tóxica de masculinidad para gobernar. En efecto, este poder no duda en hacer llamamientos a violar a las mujeres que cuestionan a las autoridades. El PHTK no se distancia de los hombres del poder, de los responsables cuyos nombres aparecen asociados a agresiones físicas y sexuales de sus parientes y sus empleados. Los dignatarios del PHTK utilizan la denigración, el insulto, la violencia y la corrupción como modos de gobernar.

En las luchas contra la corrupción que se desarrollan en la sociedad haitiana, la violación de mujeres, especialmente en los barrios populares, se utiliza como medio de represión para neutralizar la movilización. A fin de contrarrestar estas derivas, la SOFA, Kay Fanm (Casa de Mujeres) y Fanm Deside (Mujeres Decididas) llevan a cabo sobre el terreno un conjunto de acciones de concienciación para explicar a la población el peligro que representa este poder, mostrando las similitudes que existen entre el poder del PHTK y el poder de los Duvalier, el poder que reinó en Haití a base de asesinatos, masacres, saqueos y violaciones durante 29 años, con la complicidad de un amplio sector de la comunidad internacional, como ocurre hoy con el poder del PHTK.

En conclusión, esta travesía del decenio muestra que el movimiento feminista abarca en su ímpetu un doble movimiento: la responsabilidad para con la sociedad haitiana y la esperanza de un mañana mejor. Las mujeres rechazan la resignación. Desde 1915, ellas hacen de la indignación un leitmotiv para construir en Haití una dinámica política portadora de transformación social. Fiel a sus pilares estratégicos basados en un siglo de lucha, el movimiento feminista haitiano ha logrado imponer la cuestión de la participación política en el debate nacional de los últimos diez años, a pesar de que los medios de que dispone son bastante escasos.

A lo largo de este decenio, las mujeres han reforzado su presencia en el plano político en los ayuntamientos y las entidades territoriales. Se han impuesto como interlocutoras políticas ineludibles a través de la CONAP, que ha desarrollado en la década transcurrida una lucha sin cuartel por la visibilización de la labor política de las feministas. También han logrado incluir en el debate la cuestión del acoso como forma de violencia contra las mujeres con el escándalo Josué Pierre-Louis e imponer el término tizonnay en el vocabulario haitiano para calificar el acoso sexual. Han transformado las reivindicaciones políticas de las mujeres en política pública a través del Plan Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Plan Nacional de Lucha contra las Violencias Cometidas contra las Mujeres, mostrando al mismo tiempo la necesidad de que se promulgue una ley nacional para luchar contra las violencias.

En cuanto a la salud, las mujeres han demostrado la necesidad de vincular el combate por la despenalización del aborto con el del derecho a la vida y a la salud sexual y reproductiva. Asimismo, han relanzado la lucha contra la impunidad impulsando, junto con toda la sociedad, la lucha contra la corrupción y el fraude administrativo y participando en distintos niveles en la batalla en torno a los fondos de Petrocaribe. Aparte de estas luchas, la conquista más importante es la transmisión de los saberes feministas a una nueva generación de militantes a fin de mantener viva la llama de la combatividad de las mujeres en la sociedad haitiana.

En definitiva, a través de esta presentación, la sacudida restituye la manera en que las feministas se ven obligadas a luchar en diversos espacios (internacional, nacional…) para mantener sus conquistas, al tiempo que militan para obtener nuevas. Este choque evoca la idea de un seísmo; réplica tras réplica, las mujeres responden a situaciones de agresión al tiempo que se agarran a los pilares estratégicos que sostienen las reivindicaciones sociales del movimiento, y que deben ayudarles a superar las crisis sociales y contribuir a construir la sociedad.

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* Sabine Lamour es socióloga y feminista, dirigente de SOFA (Solidaridad de Mujeres Haititanas).

Notas

1/ Bibia Pavard, «Faire naître et mourir les vagues: comment s’écrit l’histoire des féminismes», Itinéraires, 2017-2 | 2018, en línea desde el 10/03/2018, consultado el 14/01/2020. URL: http://journals.openedition.org/itineraires/3787; DOI: 10.4000/itineraires.3787

2/ Sabine Lamour, «L’irresponsabilité, une compétence de dominant», Revue Internationale des études du développement, n°239, septiembre de 2019.

3/ Danièle Magloire, «L’antiféminisme en Haïti» y Denyse Coté, «Défense des droits des femmes en Haïti: les effets déstructurants de l’aide humanitaire», en Déjouer le silence: contrediscours sur les femmes haïtiennes. Bajo la dirección de Sabine Lamour, Denyse Coté y Darline Alexis, Montréal y Puerto Príncipe: Remue-ménage, Mémoire d’encrier et Press UniQ, 2018.

4/ Ronald Colbert, «Des cellules mobiles d’intervention psychosociale pour soutenir les femmes victimes de violences», Alterpresse, https://www.alterpresse.org/spip.php?article9425#.Xh3NPEdKiM8, publicado en línea el 9/04/2010, consultado en línea el 10/01/2020.

5/ El 3 de abril es la jornada de las mujeres haitianas, en conmemoración de la manifestación del 3 de abril de 1986 organizada por las feministas tras la caída de la dictadura.

6/ Declaración de la CONAP contra el «proyecto de reconstrucción» adoptado en Nueva York, http://www.radiokiskeya.com/spip.php?article6679). Las organizaciones firmantes son Fanm Deside Jakmel, Kay Fanm, REFRAKA, SOFA; consultada en línea el 13/01/2020.

7/ Haïti-Séisme/ConférenceNY: «La CONAP s’inscrit en faux contre la tenue de la rencontre onusienne», https://www.alterpresse.org/spip.php?article9410#.Xh24skdKiM8. Consultado en línea el 10/01/2020.

8/ «Haïti: Une organisation féministe dénonce le silence de Michelle Bachelet sur la violence des casques bleus contre les femmes», Alterpresse, https://www.alterpresse.org/spip.php?article12884#.XhkatEdKiM8, publicado el 25/11/2011, consultado el 14/01/2020.

9/ «Haïti-Viol-Affaire Josué Pierre-Louis: organizaciones de derechos humanos interpelan al Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) sobre las graves amenazas proferidas contra un juez de instrucción, Carta de cuatro organizaciones y de la plataforma de organizaciones de defensa de los derechos humanos a los miembros del CSPJ», Alterpresse, publicado el 20/12/2012, consultado en línea el 9/01/2020.

10/ Marie Frantz Joachim, «Quand Fleurissent les lilas, acquis et questionnements autour de 25 ans de lutte de femmes, Alterpresse, publicado el 27/12/2012, consultado en línea el 12/01/2020.

11/ Marie Frantz Joachim, «Haïti: Le mouvement féministe est-il en hibernation?», Alterpresse.

12/ SOFA, Ankèt prezans fanm yo nan eleksyon législatif 2015 yo: Baryè avan, pandan epi apre kanpay sou direksyon Julien Sainvil, septiembre de 2016.

alter.quebec. Traducción de Viento Sur.

Opinion

Opinión | La alimentación como una pandemia invisibilizada y su disputa

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Por Diego Gutierrez

No, esto responde a que, en una sociedad fundada sobre la miseria, los productos más miserables tienen la prerrogativa fatal de servir para el uso de la inmensa mayoría. (Karl Marx. La miseria de la filosofía)

La actual pandemia que se instala ha puesto de manifiesto las brutales desigualdades a nivel global, como también ha venido a profundizar la crisis política y económica que se venía desarrollando con anterioridad, pero lo que queremos expresar en esta opinión consiste en evidenciar otras pandemias que se encuentran invisibilizadas y legitimadas por grandes corporaciones. Nos referimos a las problemáticas que se alojan en los actuales patrones de alimentación.

  1. El trastocamiento histórico neoliberal en la alimentación

Se suele profundizar la instalación del neoliberalismo a nivel global en términos de privatizaciones, anulación de derechos sociales, precarización laboral, la instauración del Estado subsidiario, etc. Pero también debemos entender la arremetida histórica del capital en otras dimensiones, dando cuenta de su complejidad en la mercantilización de las esferas de la vida y de su reproducción.

La alimentación constituyó una dimensión esencial que se vio brutalmente trastocada en este sentido. Si la ofensiva profundizó las dimensiones de las relaciones de explotación en expresiones de precariedad, la instalación de la “comida rápida” se volvió su complemento. Entre la vorágine de la sobrevivencia las grandes cadenas de comida rápida se posicionaron como una solución al tiempo acotado para almorzar, a un bajo costo. “De todos modos, en última instancia la función de la globalización neoliberal encabezada por Estados Unidos es destruir no solo las cocinas y las culturas, sino también las vidas y los medios de vida”[1].

En este trastocamiento histórico la dictadura cívico militar vino a materializar la ofensiva global del neoliberalismo. No es casual que desde “los años 1980 se experimentaron los primeros cambios en los patrones de consumo de la población chilena, lo que redundó en el aumento de la obesidad. Esto se debió al aumento de la comida procesada, alta en contenido de azúcar y grasas. De acuerdo con diversos estudios la ingesta de calorías pasó de 2.630 calorías en 1965 a 2.872 a comienzos de los años 2000”[2].

En esta destrucción de la vida y de los medios de vida, el trastocamiento de la alimentación es clave. Las privatizaciones de las semillas es justamente la profundización de la mercantilización de la vida en la tendencia de la desposesión que instaura la violencia del capital.

La destrucción de la vida en manos del capitalismo

El dogma que dominó la década de los 90, en torno a que las fuerzas del mercado autorregulado deben organizar la realidad política nacional y global hoy devela sus profundas fisuras a la luz de la crisis integral del capital a nivel mundial. Nos interesa posicionar las consecuencias en la esfera de la alimentación bajo los mandatos del libre mercado.

Marx nos proporciona una crítica profunda al modo de producción capitalista en cuanto se aleja de una dimensión moral. La dislocación social y política que constituye la irrupción del capitalismo implicó la centralidad en el principio de ganancia, generando todo tipo de deformaciones en el proceso productivo con tal de conseguir dicho objetivo. No estamos frente a un problema moral, estamos frente al comportamiento y desenvolvimiento de la naturaleza del capital. “En los talleres de mezcla, scribling [carmenado] y cardado, el polvo y la suciedad que se desprenden irritan todos los orificios de la cabeza, producen tos y dificultan la respiración. Como las fibras son muy cortas, se les agrega una gran cantidad de apresto, y precisamente todo tipo de sustituto en lugar de la harina, usada antes. De ahí las náuseas y la dispepsia de los tejedores. Debido al polvo, la bronquitis está generalizada, así como la inflamación de la garganta y también una enfermedad de la piel ocasionada por la irritación de ésta, a causa a su vez de la suciedad que el surat contiene.”[3]

Las formas de abaratar los costos en la dimensión productiva han llevado desde la alteración genética para acelerar procesos hasta el uso de hormonas. ¿Constituyen estas prácticas un problema moral, constituyen estas características una excepción? Evidentemente no, estamos frente a una constante histórica que es parte del modo de producción capitalista.

La adulteración y alteración de los procesos productivos en el área de la alimentación trae consecuencias en la salud de la clase trabajadora y el mundo popular que debe resignarse a la alimentación de bajo costo para reproducir su fuerza de trabajo. Los padecimientos se ven en una doble exposición, en primera instancia en la manipulación de sustancias tóxicas (pesticidas, exposición a gases, etc.) y luego en la esfera del consumo. La muerte se fabrica en la sociedad capitalista y la alimentación constituye una de sus expresiones.

 Monopolización en la industria alimentaria

El idealismo del libre mercado es defendido con una hipocresía histórica que se distancia de sus nefastas consecuencias. Lejos de un mundo armónico e idílico de libre competencia y de libertad individual, la industria alimenticia ha sido devorada por brutales monopolios. Dicha consumación histórica la podemos ver expresada específicamente en la privatización de semillas: “Tres empresas controlan más de la mitad (53 por ciento) del mercado mundial de semillas. Monsanto (26 por ciento), DuPont Pioneer (18,2) y Syngenta (9,2). Entre el cuarto y décimo lugar aparecen la compañía Vilmorin (del francés Grupo Limagrain), WinField, la alemana KWS, Bayer Cropscience, Dow AgroSciences y las japonesas Sakata y Takii. Entre las diez empresas dominan el 75 por ciento del mercado mundial de semillas”[4] ¡Sorprendente libre competencia!

¿Estamos frente a una nueva excepcionalidad? La concentración de la riqueza y el surgimiento de colosales monopolios deben ser leídos como consecuencia del desenvolvimiento del capital y la consumación histórica del capitalismo.

Ley de etiquetado y la continuidad del eufemismo de la libre elección

Tras la década de los ochenta los patrones de alimentación sufren evidentes transformaciones lo que ha tenido como resultado que el 74,2% de la población tiene exceso de peso y lo que es peor, el problema afecta a más de un 30% de los niños menores de 7 años. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que hoy Chile es el tercer país del continente con más personas con sobrepeso. Lo superan solo México y Estados Unidos[5]

En este sentido la ley de etiquetado de alimentos tuvo como propósito poder evidenciar los componentes de los productos bajo el sello “Alto en grasas saturadas, alto en azúcares, alto en calorías” respondiendo tímidamente a la alarmante realidad que evidencian las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Sentenciamos que esta medida constituye el respeto absoluto a las lógicas del libre mercado, dejando la alimentación a un asunto de elección del consumidor.

Así como en todos los ámbitos de nuestra vida en el marco del neoliberalismo, lo que termina imperando es una lógica de “libre elección individual”. Lejos se está de las medidas que posicionen restricciones y prohibiciones de ciertos productos, como por ejemplo la medida tomada el mes de agosto en el estado mexicano meridional de Oaxaca que prohibió la venta de comida basura y de bebidas azucaradas a niños menores de 18 años[6].

Si la “ley de etiquetado de alimentos” consuma el libre mercado, podemos evidenciar otro ejemplo en donde la respuesta del gobierno consiste en movilizar la precariedad, nos referimos a las “canastas de alimentación”.

En la continuidad de asumir la precariedad como política pública, frente al contexto de crisis económica que profundiza la pandemia y ante el estado de confinamiento, la propuesta del gobierno fue montar un espectáculo en torno a la entrega de canastas de “alimentación”. Lo que evidencia el contenido de las canastas es justamente la promoción de enfermedades mediante productos refinados y vacíos en su aporte nutricional. Además, podemos consignar que dichas propuestas han constituido oportunidades para continuar beneficiando a las grandes cadenas de proveedores y supermercados.

  1. Experiencias históricas en torno a la alimentación y su actualidad como propuestas

La dimensión de la alimentación en su núcleo constituye nuevos lazos para afrontar la crisis integral del capital, su reapropiación desde el protagonismo popular significa un impulso político que abre la disputa en cuanto autonomía para resolver la vida. No es casualidad que desde los cerros se levanten Panaderías populares, Ollas comunes y experiencias de abastecimiento bajo la consigna “El pueblo cuida al pueblo”. Dichas experiencias son señales que la alimentación es protagónica al momento de subvertir el orden social existente.

Desde una lectura histórica las Ollas Comunes se han constituido en una respuesta genuina del pueblo frente a procesos de crisis económicas cuyas consecuencias se afrontan desde la solidaridad de clase.  Desde ese lugar se reestablecen lazos comunitarios y de resistencia que permiten no tan sólo responder a una necesidad concreta, sino también impulsar la agitación política. Dichas manifestaciones las podemos ver graficadas en los “mítines del hambre” organizado por la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (Argentina) o su pliego de peticiones que podía resumirse en siete grandes puntos: supresión del impuesto al ganado argentino; limitación a la exportación de los cereales; liberación de aranceles a los alimentos importados; abaratamiento de los medios de transporte; colonización de tierras baldías y fomento de la agricultura; abolición de las concesiones pesqueras; y fijación del tipo de cambio a 18 peniques de libra esterlina[7].

Por otro lado, podemos referenciar el levantamiento del Primer Congreso Popular realizado en Valparaíso 1931, movilizado e intencionado por la sociedad médica con el fin de avanzar en la política pública en materia de alimentación. Nos interesa rescatar alguna de sus conclusiones, debido a su evidente actualidad en el debate político en la construcción de organización popular.

  • Recomendar la sindicalización obligatoria de las industrias extractivas, agrícolas y manufactureras.
  • Que se hagan efectivas las franquicias que las leyes vigentes acuerdan a las diversas clases de cooperativas, por ser éstas la mejor organización y defensa contra el encarecimiento de la vida.
  • La formación del mayor número posible de Restaurantes económicos cooperativos.
  • Estimular la enseñanza escolar, la difusión del sistema cooperativo, como el mejor medio de satisfacer las necesidades sociales[8].

En estas experiencias que se han desarrollado históricamente, podemos precisar la irrupción de las JAP (Juntas de Abastecimiento y control de precios) durante la Unidad Popular, que pueden ser leídas como una experiencia en donde el mundo popular organizado responde a los problemas políticos alojados en la dimensión de la alimentación. Una política impulsada desde el Gobierno, pero resignificada desde abajo en clave de control popular desde el protagonismo de mujeres pobladoras.

El elemento central en la evaluación de las JAP es que no logran constituirse en organismos de lucha eficaz frente a la amplitud de la especulación y del acaparamiento cuando su acción es débil en una amplia gama de productos esenciales para las capas populares. Sin embargo, ellas siembran los gérmenes de una interesante movilización de los barrios populares en torno al problema del abastecimiento, tema que no tardará en resurgir con fuerza a mediados de 1972[9]

Este breve recuento de experiencias históricas en torno a la alimentación desde el protagonismo popular nos hace evidenciar que, frente a los períodos de crisis económica y política, la clase trabajadora y el mundo popular asume el protagonismo en transformar la realidad existente asumiendo prácticas que posicionan la solidaridad y el control de las dimensiones más vitales de la vida en conjunto con el despliegue de la protesta, en definitiva, asume la construcción de poder.

El período actual también se ve caracterizado por una profunda crisis política evidenciada en la desorientación y ausencia de proyecto de las clases dominantes, como también una sostenida crisis económica que se ve agudizada por la arremetida de la pandemia. Desde ese contexto el protagonismo popular asumido en la rebelión de octubre se ha ido materializando en diversas experiencias que tienen como centralidad la alimentación: ollas comunes, redes de abastecimiento, huertos comunitarios.

Si la alimentación implica asumir la construcción de poder desde los territorios en cuanto control, organización y respuesta, es necesario abrir este debate asumiendo las diversas aristas a considerar desde la relación existente con la problemática del agua en cuanto a su saqueo hasta la especulación, la alteración de los procesos productivos a través de la utilización de agrotóxicos y el desarrollo de la movilización y la protesta frente al encarecimiento de la vida.

Respecto a las experiencias que hoy se despliegan creemos que tanto las ollas comunes, redes de abastecimiento, huertos comunitarios son portadoras de la revitalización del ejercicio político comunitario y de plantear alternativas al agónico capitalismo.

Frente al período revolucionario que enfrentamos, la centralidad radica en la construcción de poder mediante experiencias que nos lleven a la defensa de los territorios, pero también a su organización desde principios comunistas. Si la irrupción del capitalismo en términos históricos significó la escisión de las dimensiones económicas, políticas y sociales, dejando a la primera prevalecer en sus intereses particulares y mezquinos quedando como centralidad el principio de ganancia, en las experiencias colectivas que surgen vemos que esta fractura de la sociedad se contrapone concibiendo que toda la dimensión de la vida es un problema político y en cuanto reapropiación colectiva violenta constituye ejercicio revolucionario. Nuestros sueños y anhelos de vivir en una sociedad digna no se entienden bajo las fuerzas irracionales y desenfrenadas de los intereses capitalistas que han llevado al mundo a un proceso de colapso.


[1]Fernández. Belén. Obesidad neoliberal y coronavirus en México. 2020.

[2] Yáñez Andrade, Juan Carlos. Gobernar es alimentar. Discursos, legislación y políticas de Alimentación Popular. Chile, 1900 – 1950. América en Movimiento. Valparaíso, 2018.

[3] Marx. Karl. El Capital. El proceso de producción del capital. Tomo I Vol II. Editorial siglo XXI. Buenos Aires. 2012.

[4] olca.cl/articulo/nota.php?id=105516

[5] https://www.ciperchile.cl/2018/06/28/ley-de-etiquetado-lobby-de-industria-alimentaria-se-confronta-con-estudio-que-revela-alta-confianza-en-sellos/

[6] https://rebelion.org/obesidad-neoliberal-y-coronavirus-en-mexico/

[7] Grez Soto, Sergio. Historia del comunismo en Chile. LOM. 2011. Santiago.

[8] Yáñez Andrade, Juan Carlos. Gobernar es alimentar. Discursos, legislación y políticas de Alimentación Popular. Chile, 1900 – 1950. América en Movimiento. 2018. Valparaíso.

[9] Gaudichaud, Franck. Chile 1970 – 1973. Mil días que estremecieron al mundo. LOM. 2016. Santiago.

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Opinion

Las fuerzas del régimen a las puertas del 18 de octubre: con más dudas que certezas

El régimen enfrenta los días cruciales del 18 y el 25 de octubre con la legitimidad por el suelo en la mayoría de sus instituciones, carente de brújula política e impotente ante la reactivación de la protesta popular. ¿Cuáles son sus dudas y certezas frente al período que se avecina?

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Se viven días vertiginosos en el país. Nos encontramos a las puertas del primer aniversario del inicio de la Rebelión Popular, y a menos de dos semanas de la realización del Plebiscito para una nueva constitución. En este marco de acciones, el curso de los hechos ha ido decantando y tensionando las posturas y apuestas políticas de los distintos sectores políticos, refrendándose muchas de estas en las calles y la protesta popular.

En medio de esta reactivación de la protesta callejera, y por consiguiente de la masividad de distintas manifestaciones, las fuerzas del régimen observan impotentes el peor escenario al cual esperaban enfrentarse: el reposicionamiento de la “violencia” como herramienta válida en el desarrollo de las reivindaciones políticas y sociales. Ni la pandemia, ni el aparataje mediático de los medios del régimen para desprestigiar la protesta popular ni los llamados eunucos a “guardarse” en miras al plebiscito han detenido el creciente empuje de las masas, que comienzan a desbordar con furia el espacio público de cara a días cruciales para el devenir del país.

¿En qué estado enfrentan las fuerzas del régimen este escenario? ¿Qué sostiene aún al gobierno de Piñera si perdió la brújula hace mucho tiempo? Preguntas todas que trataremos de responder en esta breve nota, a modo de “constatación de hechos” que permitan explicar las principales dudas formuladas.

Debemos señalar, en primera instancia, que comprendemos como “fuerzas del régimen” a todos aquellos sectores sociales, instituciones, organizaciones, sectores empresariales y partidos políticos que se constituyen como un conjunto unificado, atravesado por diferencias importantes pero alineados respecto al objetivo común que persiguen, que no es otro que la preservación del estado actual de cosas, la prevalencia de la burguesía como clase dominante.

Por lo mismo, nuestras diferenciaciones conceptuales respecto a las categorías de “oposición” y sectores oficialistas no serán más que representaciones formales, ya que de fondo los consideraremos como partes integrantes de un mismo régimen.

Hecha esta aclaración, se vuelve necesario caracterizar mediante hechos y cifras la actual composición del régimen comandado por Piñera, para así fundamentar nuestras aseveraciones.

Posicionándonos temporalmente en las últimas dos semanas, para el gobierno de Piñera estos días no han hecho más que refrendar el total rechazo que existe hacia su gestión. La llama de descontento que se encendió por todo lo alto con el inicio de la rebelión en el país no hizo más que alimentarse con el pésimo manejo de la pandemia, y lo que fueron protestas localizadas en los meses de mayo y julio por reivindaciones concretas – como las protestas del hambre o las protestas por el retiro del 10% – terminaron masificándose con nuevos bríos una vez las medidas sanitarias comenzaron a flexibilizarse. El pueblo volvió a tomarse las calles.

Con Plaza de la Dignidad como mayor baluarte, pero esparcidas en un sinfín de territorios a lo largo de Chile, las protestas y manifestaciones populares han ido acrecentándose durante el último mes, alcanzando niveles de movilización similares a los existentes en los días previos al inicio de la pandemia. Estas movilizaciones han levantado consignas centrales que vienen repitiéndose desde hace meses. A la ya sabida exigencia para que Piñera sea derrocado y abandone el gobierno, se han sumado también consignas por el Apruebo y el fin de Carabineros como la institución que actualmente conocemos, a tenor de los gravísimos hechos de uso desmedido de la violencia que han protagonizado durante los últimos días – y que ha encontrado su punto más álgido con el criminal accionar en contra de Anthony Araya el pasado 2 de octubre –. Consignas todas que superan aspectos meramente reivindicativos, ya que apuntan en algunos de los casos hacia elementos centrales de la estructura actual del régimen político chileno, por lo que no son absorbibles dentro del actual estado de cosas.

El gobierno y las fuerzas que lo respaldan saben muy bien esto, y saben muy bien que la apuesta por el plebiscito como herramienta de descomprensión de la rabia popular es una de sus últimas bazas de cara al porvenir, a la espera de calmar las aguas frente a una más que segura reactivación de la Rebelión Popular.

Los hechos antes mencionados son refrendados también en las encuestas, las que muchas veces suelen ser modificadas a favor de quienes se ven en entredicho, pero que no poseen la capacidad de desmentir lo que salta evidentemente a la vista. Según los resultados de la última encuesta Cadem[1] la aprobación a la gestión de Piñera continúa en picada, y sólo un 18% de los encuestados respalda la gestión piñerista. En dicha encuesta también se expresa la aprobación hacia las labores de Carabineros de Chile, con un escuálido 36% de aprobación a nivel nacional, el más bajo desde los días posteriores al 18 de octubre pasado.

En otra encuesta, específicamente en la encuesta Criteria publicada hace algunos días[2], se dejó entrever que 7 de cada 10 chilenos, un 71% expresado en términos porcentuales, cree que las protestas se reactivarán con la misma o más fuerza que los primeros días de Rebelión Popular, mientras que prácticamente la mitad de los encuestados ve “con entusiasmo” esta reactivación de las movilizaciones.  En consideración de las últimas movilizaciones y la creciente masividad que han ido adoptando las concentraciones en Plaza de la Dignidad y otros territorios, los resultados de esta encuesta parecen confirmarse con creces.

Si el régimen se ve cuestionado desde su gobierno hasta sus instituciones, si tanto en las calles como en las encuestas existe un tremendo rechazo al actual estado de cosas, si todo parece indicar que el Apruebo será la opción ganadora en el plebiscito por condensar grandes ilusiones de cambio para el pueblo, ¿Qué lo sostiene entonces? ¿Por qué el gobierno de Piñera permanece aún de pie a pesar de los diversos embates?

Creemos que muchos elementos pueden reseñarse para explicar su resistencia a pesar de la crisis integral, pero nos enfocaremos en dos: el apoyo de los partidos políticos “tradicionales” y el poder coercitivo del Estado, reflejado sobre todo en la figura de una institución como Carabineros.

En nuestra primera afirmación sólo cabe hacer un poco de memoria para recordar cómo los partidos del régimen, independiente de su posicionamiento como “oposición” u “oficialismo”, han sido el mayor garante institucional del gobierno de Piñera desde el inicio de la Rebelión.

Desde el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”, firmado por la mayoría de partidos de oposición el 15 de noviembre para descomprimir la lucha de clases en el país y así llevar la protesta callejera sobre los canales institucionales, pasando por la tristemente célebre “Ley Anti Barricadas” aceptada incluso por integrantes del Frente Amplio y de Oposición en las distintas cámaras, con el claro fin de perseguir y encarcelar la protesta callejera; hasta el reciente fracaso de la Oposición por no lograr acusar constitucionalmente a Mañalich por desavenencias dentro de sus propios partidos, logra evidenciarse que existe un acuerdo tácito entre la mayoría de partidos del Régimen por permitir a Piñera terminar con su mandato.

Las recientes palabras de Heraldo Muñoz, presidente del PPD, y Gabriel Boric, diputado de Convergencia Social, no hacen más que reafirmar esta tesis, al llamar a cacerolear en lo que será la conmemoración del 18 de octubre. Nefasto, por donde se le mire, ya que intentan aislar y desmontar las apuestas de aquellos sectores que buscan reposicionar la protesta popular con un enfoque integral, posicionándolos en la vereda de los “irresponsables” en medio de una brutal pandemia.

 Su preocupación por los posibles casos de contagios – que de todas maneras no han aumentado tras la reactivación de las protestas en Chile – no se condice con su mutismo frente al habitual hacinamiento en el que viajan millones de chilenos y chilenas todos los días en el transporte público, absolutamente expuestos a un posible contagio.

Desviar la atención hacia el Plebiscito y una salida “institucional” a la enorme fisura que existe actualmente en el régimen es la mejor apuesta de los partidos de oposición, quienes intentan desmarcarse de la violencia y la protesta popular, catalogándola incluso de elementos nocivos para la salud de la democracia. Mientras, las fuerzas de la ultraderecha se reactivan y organizan con total impunidad, tanto en la capital como entre los sectores más reaccionarios de la Araucanía.

Hablando de fuerzas reaccionarias, en nuestra segunda tesis sostenemos que uno de los principales bastiones que mantiene a flote al régimen de Piñera es el poder coercitivo del Estado, del cual ellos poseen total dominio. La hegemonía de la violencia y todo su aparataje está en manos exclusivas de las FF.AA., quienes, tensionadas por el período de lucha abierto en la Rebelión Popular no han hecho más que tomar postura en defensa del régimen, como históricamente ha pasado en el país. La ilusoria consigna de la “imparcialidad” de las Fuerzas Armadas se presenta como un tigre de papel, absolutamente frágil, probada por hechos tan concretos como la intervención de militares y policías en retiro dentro de la franja del Rechazo.

Si bien las distintas Fuerzas Armadas han re oxigenado la capacidad de gobernabilidad del régimen con su presencia en las calles gracias al Estado de Excepción, hay una en particular que ha develado toda la desintegración a la cual se ve enfrentada desde el 18 de octubre pasado: esa es Carabineros de Chile. Asesinatos, mutilaciones, torturas, encubrimientos, mentiras, desfalcos y montajes han sido parte del repertorio que ha dejado ver esta institución en el transcurso de los últimos meses, y que hoy los tiene como una de las instituciones peor evaluadas por las chilenas y chilenos.

La descomposición a la cual se ve enfrentada Carabineros se explica por razones históricas, pero actualmente se ha visto agudizada en todas las divisiones de la institución, que ha perdido capacidad de mando y control debido a la salida de más de 30 generales y planas mayores a causa de los conocidos casos de corrupción del “Pacogate”, y que explotaron hace ya dos años. En esta situación enfrentaron el estallido de la Rebelión Popular, y frente a los cuestionamientos generalizados de la sociedad por su actuar represivo optaron por cohesionarse como un conjunto unitario, casi como una cerrada banda criminal, amparados por el general director Mario Rozas y la venia silente del gobierno de Piñera.

Desde el momento en que Mario Rozas afirmó que “a nadie daría de baja por procedimiento policial… aunque lo obliguen”[3], Carabineros comenzó a actuar de forma desatada con la seguridad de quien está impune por sus actos. Todo terminó por decantar en una excesiva violencia que no ha tenido parangón, y que a pesar de la pandemia ha vuelto a reactivarse a la par de las protestas masivas. En estos momentos podemos afirmar, sin vacilaciones, que Carabineros actúa como la banda criminal más grande de Chile, desapegados de cualquier respeto a los procedimientos y las leyes, en total descomposición de sus estructuras, lo que ha sido identificado por el grueso de la población que comienza a levantar las consignas en torno a su disolución.

La condena hacia el actuar represivo de Carabineros ha sido constante en distintas ONG internaciones, entre las que se puede contar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[4], Amnistía Internacional[5] y Humans Right Watch[6], por lo que el gobierno se ha visto en la obligación de tomar cartas en el asunto y prometer una profunda reforma a la institución, sin especificar en detalle respecto a qué y cómo será implementada dicha reforma, la que evidentemente no modificará un ápice su actuar, ya que es este mismo el que ha permitido que su mandato continúe a flote.

El régimen, por lo tanto, enfrenta el primer aniversario del 18 de octubre en un profundo estado de descomposición que linda elementos integrales, ya que ninguna de sus fuerzas logra salir del pantano. El gobierno totalmente desprestigiado y sin brújula política ni capacidad de gobernabilidad, las Fuerzas Armadas sosteniéndolo mediante la violencia pero sumamente cuestionadas por su actuar en medio de la Rebelión, los partidos políticos tradicionales cuestionados, desprestigiados y faltos de apoyo – a los que se suma el Frente Amplio, que ha dejado caer su verdadera careta por el peso de los hechos – y los sectores empresariales apostando por el Plebiscito como principal bastión para dar cierre a la Rebelión abierta en octubre pasado.

El oportunismo de estos sectores empresariales no posee límites, ya que, cual camaleones, apuestan por la opción que mejor represente la posibilidad de mantener intactos sus intereses, sin soslayar en tal o cual posición política mientras esta permita mantener oxigenado al régimen. Las declaraciones de Andrónico Luksic jugando sus cartas por una participación masiva de la gente en el Plebiscito o la editorial lanzada por La Tercera, diario que es propiedad de Álvaro Saieh, llamando a votar Apruebo, no son más que expresiones concretas de la desesperación a la cual se han visto enfrentados debido a la rebelión en ciernes. Para su desgracia, y la de todas las fuerzas de este régimen que se desmorona, no tienen otra manera de reposicionarse políticamente en el actual estado de la lucha de clases, debido a la profunda desconfianza de las masas hacia su gestión y un contexto internacional de absoluta incertidumbre económica y política.

Mientras, el pueblo ha vuelto a salir a las calles con la misma fuerza que en los tiempos más álgidos de la Rebelión, manteniendo un sentido de totalidad apuntalado por la crisis económica que devela todas las falencias del sistema.

El Plebiscito encapsula muchas de estas demandas parciales dotándolas de un falso sentido de totalidad, ya que la respuesta a dichas demandas no se encuentra dentro de los márgenes del régimen, y por lo tanto no se encontrará simplemente con el cambio de constitución. Pero aun así el pueblo, con desconfianzas de por medio, cree en esta posibilidad, lo que se ha revalidado con las masivas movilizaciones a favor del Apruebo y la Convención Constitucional, por lo cual las fuerzas del régimen intentarán jugar sus cartas en la cancha “constitucional” para así cooptar dichas demandas dentro de un plano definido, a sabiendas de la legitimidad perdida hace ya mucho tiempo.

Nuestro deber es develar dichas intentonas, trabajar concienzudamente junto al pueblo por lograr la victoria del Apruebo este 25 de octubre y perspectivar la lucha que se avecina en los meses venideros, develando las limitantes del proceso constituyente y su incapacidad de resolver por sí mismo las demandas enarboladas por las masas en pie de lucha. Debemos construirnos, como fuerzas vivas de la Rebelión, en un referente para los más amplios sectores de masas, ocupar el espacio que ya no logran llenar ninguna de las fuerzas de la política tradicional, quienes han develado su carácter servil al régimen, por más que se vistan de “oposición” mediante declaraciones y acusaciones constitucionales totalmente truncas.

Este espacio desborda todos los planos de la institucionalidad, nuestro objetivo no persigue como fin último el posicionar tal o cual candidato para la constituyente, el buen estado de salud de la Rebelión no depende solamente de aquel proceso, ya que puede complementarse y agudizarse gracias a este y no terminar con éste.

 Por lo tanto, el llamado es a aprovechar las dudas del régimen, develar su falta de capacidad y brújula política, y la peligrosa necesidad que tienen de preservarse mediante el desproporcionado uso de la violencia. Como Diario Venceremos iremos a votar Apruebo, nos la jugaremos por acompañar al pueblo en este histórico proceso y no soltaremos un ápice de las calles, ya que en el desenvolvimiento de las fuerzas vivas de la Rebelión se ciernen las capacidades concretas para ir asestando golpes precisos con el fin último de derribar este régimen, que demostró hace mucho tiempo que ya no da para más.


[1] Gallegos, Patricio. (12 de octubre de 2020). “Encuesta Cadem: Aprobación del Presidente Piñera baja a un 18% en tanto Carabineros alcanzó un 36%”. Diario La Tribuna. https://www.latribuna.cl/noticias/2020/10/12/encuesta-cadem-aprobacion-del-presidente-pinera-baja-a-un-18-en-tanto-carabineros-alcanzo-un-36.html

[2] Primera Nota. (13 de octubre de 2020). “Criteria: 7 de cada 10 personas creen que las protestas seguirán con la misma o más fuerza”. Primera Nota. http://www.primeranota.cl/web/pais/criteria-7-de-cada-10-personas-creen-que-las-protestas-seguiran-con-la-misma-o-mas-fuerza/

[3] Herrera, César. (13 de noviembre de 2019). “Aunque me obliguen”: General Rozas afirma que no dará de baja a ningún carabinero. Diario Concepción. https://www.diarioconcepcion.cl/pais/2019/11/13/aunque-me-obliguen-general-rozas-afirma-que-no-dara-de-baja-a-ningun-carabinero.html#:~:text=El%20general%20director%20de%20Carabineros,respaldo%2C%20de%20este%20general%20director.

[4] Nash, Claudio. 12 de diciembre de 2019).  “Informe CIDH condena las violaciones graves, masivas y repetitivas de derechos humanos en Chile”. CIPER Chile. https://www.ciperchile.cl/2019/12/10/informe-cidh-condena-las-violaciones-graves-masivas-y-repetitivas-de-derechos-humanos-en-chile/

[5] El Mostrador. (14 de octubre de 2020). “Rozas y la plana mayor de Carabineros en la mira: Amnistía Internacional pide investigar a altos mandos policiales por violaciones a DD.HH.”. El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/14/rozas-y-la-plana-mayor-de-carabineros-en-la-mira-amnistia-internacional-pide-investigar-a-altos-mandos-policiales-por-violaciones-a-dd-hh/

[6] El Mostrador. (6 de octubre de 2020). Director para las Américas de Human Rights Watch: “Hay un doble estándar en la conducta de Carabineros”. El Mostrador. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2020/10/06/director-para-las-americas-de-human-rights-watch-hay-un-doble-estandar-en-la-conducta-de-carabineros/

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Opinion

Opinión | ¿Distanciamiento social como medida de excepción sanitaria o condición histórica del capitalismo?

Se nos presenta el distanciamiento social como una medida para afrontar la crisis sanitaria, se nos dice que debemos estar al menos a un metro y medio de distancia para disminuir las probabilidades de contagio y, por último, el mandato de quedarnos en casa, confinarnos. La supuesta excepcionalidad con la cual se expresa la pandemia, no es más que el rostro más explícito de la constante histórica del capitalismo en su desorden social sustentado en el dislocamiento y fractura de la sociedad.

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Por Diego Gutierrez

Se nos presenta el distanciamiento social como una medida para afrontar la crisis sanitaria, se nos dice que debemos estar al menos a un metro y medio de distancia para disminuir las probabilidades de contagio y, por último, el mandato de quedarnos en casa, confinarnos. La supuesta excepcionalidad con la cual se expresa la pandemia, no es más que el rostro más explícito de la constante histórica del capitalismo en su desorden social sustentado en el dislocamiento y fractura de la sociedad.

Lo que queda de manifiesto en las respuestas emanadas desde el gobierno para enfrentar la pandemia es el aislamiento de los individuos que no es más que la consumación del ideal del libre mercado, es decir, resolvernos en la individualidad de la indiferencia y la competencia.

La obra Robinson Crusoe de Daniel Defoe (1719) fue asumida por Marx para elaborar exquisitas metáforas que dan cuenta del advenimiento de la sociedad burguesa, justamente en la proyección de resolvernos en la ruptura de los lazos sociales y en el desenvolvimiento del espíritu de la libertad individual y la libertad de empresa que domina la naturaleza, la cual ya no se presenta como un obstáculo o barrera histórica.

La instauración del capitalismo como proceso histórico despliega un ejercicio violento de desposesión constante que desarticula el ejercicio político de resolvernos colectivamente, trastoca la experiencia comunitaria y toda práctica histórica alejada de los principios tiránicos de la propiedad privada y la primacía de la ganancia. Tal como devela Karl Polanyi “a pesar del coro de encantamientos académicos tan persistentes en el siglo XIX, la ganancia y el beneficio obtenidos en el intercambio no desempeñaron jamás una parte tan importante en la economía humana. Aunque la institución del mercado era bastante común desde finales de la Edad de piedra, su papel era sólo incidental en la vida económica”[1].

Primero debemos consignar que el mercado no constituyó una expresión angular o fundamental en la organización de la sociedad, sino más bien una expresión marginal, que no resolvía la reproducción de la vida propiamente tal. Por lo tanto, su advenimiento es desde una expresión estructural una distorsión y dislocamiento de las lógicas comunitarias de organización y reproducción de la vida, generando una sociedad atomizada de individuos aislados resolviéndose en la precariedad frente a la omnipotencia del mercado.

Las medidas sanitarias promulgadas se han presentado en la apariencia como excepción, pero constituyen la condición histórica del capitalismo, en cuanto fortalece el aislamiento como principio del libre mercado. No podemos sorprendernos por la agudización de la realidad capitalista que implica el contexto de pandemia, ésta viene a agudizar e intensificar no tan sólo la crisis integral del capital, sino también sus principios y directrices[2].

La realidad dominante en su apariencia se presenta como excepción, recordemos la tan referenciada tesis VIII de Walter Benjamin “la tradición de los oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en el cual vivimos es la regla. Debemos llegar a una concepción de la Historia que corresponda a ese estado”[3]. En esa línea la pandemia no inaugura un estado de excepción sanitario, sino más bien evidencia las irracionalidades del modo de producción capitalista. El distanciamiento social o el confinamiento no es más que la realidad distópica que asumimos cotidianamente. De este modo, pensar radicalmente el desconfinamiento no es augurar por el retorno de la normalidad, ya que esa normalidad tiene una expresión material, que son las relaciones de explotación capitalista. Pensar y proponer desde la noción de desconfinarnos es asumir la vigencia y urgencia del comunismo como el ejercicio de superación que constituye la apropiación radical de resolvernos comunitariamente y no por las dinámicas desenfrenadas del capital a la cual nos sometemos.


[1] Polanyi, Karl. La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo. Fondo de Cultura Económica. México, 2008.

[2] Es relevante posicionar como respuesta la acción subversiva de la solidaridad de clase organizada en ollas comunes y Comités de resistencia, las cuales constituyen experiencias que se anteponen a las lógicas de la dominación centradas en el aislamiento y las pautas de comportamiento que dan forma al libre mercado.

[3] Lowy, Michael. Walter Benjamin: aviso de incendio. Una lectura “Sobre el concepto de historia”. Fondo de cultura económica. Buenos Aires. 2012

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