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Grúa colapsa y cae al mar en Chacao: Trabajadores de la construcción laboran sin condiciones mínimas de seguridad

Este martes 29 de Mayo, el Alcalde de Ancud, Carlos Gómez, tras la visita de Ministro de Obras Públicas, declaraba ante la prensa que el avance de la construcción del Puente del canal de Chacao debe ser un motivo de alegría para los chilotes, mostrándose conforme con la materialidad de la obra, todo esto en la misma línea de la Asociación de dueños de camiones de Castro, los principales interesados en la pronta concreción de este megaproyecto.

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Este martes 29 de Mayo, el Alcalde de Ancud, Carlos Gómez, tras la visita de Ministro de Obras Públicas, declaraba ante la prensa que el avance de la construcción del Puente del canal de Chacao debe ser un motivo de alegría para los chilotes, mostrándose conforme con la materialidad de la obra, todo esto en la misma línea de la Asociación de dueños de camiones de Castro, los principales interesados en la pronta concreción de este megaproyecto.

Tras estas declaraciones, la tarde del miércoles 30 de mayo  deja de manifiesto la total ignorancia y desconsideración de las reales condiciones en las que se encuentran los trabajadores en la misma obra, ya que mientras se intentaba maniobrar una grúa con mareas altas y medidas de seguridad insuficientes, esta colapsó y cayó al mar, en donde afortunadamente el operario resultó ileso ya que alcanzó a saltar para salvar su vida.

La obra, según afirman los mismos trabajadores, tiene condiciones muy peligrosas para operar, ya que las corrientes del canal son muy fuertes y se sabe que en 100 años, éste ha logrado hundir a más de 20 embarcaciones. Sin embargo, las constructoras a cargo de la obra, la empresa coreana Hyundai, cuestionada internacionalmente por un juicio arbitral que actualmente mantiene por negocios oscuros con otra empresa constructora brasileña, y la empresa italiana subcontratada Trevi, no se han mostrado interesadas en proporcionarles condiciones de seguridad mínimas a los trabajadores, manteniéndolos aislados, sin contar con helicópteros ni ambulancias en caso de emergencias, infringiendo gravemente sus deberes como empleadores, más aún las empresas extranjeras quienes, en los hechos, se arrogan el privilegio de no ceñirse a la ya precaria legislación chilena.

Este desprecio hacia la vida e integridad de los trabajadores, es fiel representación del actuar general de los empresarios de la construcción, quienes privilegian sus propios intereses en desmedro de los de los trabajadores. Podemos afirmarlo sin ir más lejos, el mismo martes 29 de Mayo, en la misma Región de Los Lagos, un obrero de 40 años, José Polanco, quien laboraba en la construcción del que será el nuevo hospital de Ancud, casi muere electrocutado luego de recibir una descarga eléctrica de 23.000 voltios mientras operaba una grúa, afortunadamente en estos momentos se encuentra fuera  de riesgo vital, pero está gravemente lesionado pues tiene quemaduras importantes en sus cuatro extremidades, además otros dos obreros, Eliot Jaramillo y Miguel Aravena, resultaron lesionados en menor medida. BESALCO, es el nombre de la constructora que hoy está siendo tardíamente investigada, ya que quienes tienen el deber de fiscalizar y garantizar que nuestros derechos mínimos como trabajadores se respeten NO están actuando de manera efectiva y oportuna.

No se trata para nada de hechos aislados, basta con recordar la situación de una faena de la ciudad de Concepción a inicios de mayo, en la que quedaron dos trabajadores atrapados debido a la falta de prevencionistas en la obra, y tristemente tampoco olvidamos a los jóvenes compañeros de la construcción que en el verano de este año perdieron la vida mientras trabajaban, Maurice Mirá Carriel, para la constructora Altius, y Sergio Hurtado Ponce, quien se encontraba construyendo la mansión de un futbolista.

¡No queremos más muertos en las obras! Tenemos muy presente que los trabajadores de la construcción cumplen con una de las labores más importantes de nuestra sociedad, son ellos y ellas quienes construyen nuestras casas, caminos, puentes, hospitales, universidades y toda la ciudad, son quienes arriesgan su vida por sueldos miserables, bajo pésimas condiciones de seguridad, estando subcontratados, trabajando bajo la presión de los millonarios intereses empresariales, sin tener derecho a una vivienda, ni a vacaciones, ni a pensiones dignas.

Por todo esto es necesario reivindicar la dignidad de los trabajadores de la construcción, no podemos aceptar que las muertes de los obreros sean acalladas por la prensa a cambio del sucio dinero de las empresas constructoras, no podemos permitir que los medios de comunicación de propiedad de los grandes empresarios sigan empeñándose en impulsar una campaña de estigmatización contra los obreros de la construcción, al abusar de su imagen en las noticias sobre la regulación del piropo callejero, al hostigar a nuestros hermanos y hermanas migrantes que trabajan en la construcción, al emitir lamentables declaraciones como las que hemos visto en Las Últimas Noticias, de que los obreros de la construcción de nuestro país serían “flojos y poco productivos”. (LUN, 02 de Octubre de 2017)

¡NO MAS MUERTOS EN LAS OBRAS!

¡NUESTRAS VIDAS VALEN MÁS QUE SUS NEGOCIOS!

¡FIN A LA ESTIGMATIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA CONSTRUCCIÓN!

¡NO PERMITIREMOS MAS HUMILLACIONES A NUESTRA CLASE!

Karina González, integrante de Coordinadora Obrera Estudiantil. Concepción.

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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