Durante la romería realizada el pasado miércoles 7 de julio, en el funeral de Luisa Toledo, cientos de uniformados, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones (PDI), salieron a las calles a reprimir a quienes acompañaban el cortejo fúnebre que se dirigía hacia el Cementerio de Santiago.

Mientras el recorrido pasaba frente al Cuartel General de la PDI, ubicado en calle Mackenna, al menos 30 policías armados salieron al frontis para violentar e “intimidar” a quienes circulaban por el lugar y cubrían la masiva despedida a la compañera Luisa Toledo.

Ante eso, el reportero Felipe García fue atacado por funcionarios de la policía, recibiendo disparos de perdigones directo al rostro (tiroteo que pudo afectar a más personas que se encontraban en las cercanías) dejándolo con graves heridas en su nariz debido al gran tamaño de las municiones.

Frente al hecho, la Asociación de Reporteros Independientes (SIR), Red de Medios Libres y Populares, levantó un comunicado rechazando la violenta represión que afectó al fotógrafo en terreno. El reportero, miembro del sindicato, decidió querellarse judicialmente contra la institución policial por el violento actuar que le dejó consecuencias permanentes y le implicó gastos médicos, de los cuales nadie se hizo responsable.

En el documento exigieron poner fin “a la represión genocida a los reporteros independientes, realizada en forma sistemática por el Estado chileno durante todo el gobierno de Sebastián Piñera”.

El sindicato solicitó además que la situación sea difundida y denunciada a nivel nacional e internacional para visibilizar los hechos ocurridos y cómo los agentes represores del Estado siguen violentando a quienes se manifiestan e informan de manera transparente lo que pasa en las calles.

Este viernes 2 de julio recién pasado, Fabiola Campillay se dirigió a la Dirección de la Institución de Carabineros, en compañía de su familia y el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, para reunirse con el General Ricardo Yáñez, encuentro que tenía como objetivo saber los motivos de la extensa demora que han tenido los sumarios administrativos.

Recordamos que Fabiola, el 26 de noviembre de 2019, sufrió la fuerte represión de las Fuerzas Especiales de Carabineros mientras se dirigía a un paradero en la comuna de San Bernardo para llegar a su trabajo. Fue impactada a corta distancia con una bomba lacrimógena disparada por carabineros, lo que le provocó ceguera total y varios problemas debido al daño en sus ojos, además de la pérdida de olfato y el sentido del gusto.

La investigación realizada por la Fiscalía estableció prisión preventiva para Patricio Maturana, uniformado responsable de disparar contra Fabiola y no prestarle asistencia posterior a la agresión. Sin embargo, la medida sólo duró 90 días, ya que la defensa del carabinero logró el arresto domiciliario.

El junio de este año, el Ministerio Público aceptó la prórroga solicitada por la defensa de Maturana para ampliar los plazos de investigación (aún cuando todas las pruebas lo señalan como el responsable) por un tiempo indeterminado, recibiendo respuestas hasta el mes de septiembre.

En el encuentro con el General de Carabineros, éste señaló “empatizar” con lo que sucedió, sin entregar mayores antecedentes ni respuesta al nulo compromiso por parte de la institución (más que sacar de sus filas al autor) para acelerar los procesos correspondientes que impulsen una pronta condena a Maturana.

Fabiola declaró, posterior a la reunión, que el General “no pidió perdón, no hay perdón de nadie (…) queremos justicia y aquí no hay apoyo”. A casi dos años de cumplirse el brutal hecho que dejó ciega a Fabiola, no hay justicia ni acciones que permitan entregar sanciones en contra de todos los responsables, ni trabajo efectivo en la investigación, lo que deja en evidencia la falta de colaboración en el caso de parte de todas las instituciones, tanto de Carabineros como del Poder Judicial.

Nicole Saavedra Bahamondes fue vista por última vez la mañana del 18 de junio de 2016 en la ciudad de Quillota mientras esperaba locomoción colectiva para dirigirse a su casa, desde ese momento se le perdió el rastro. La investigación comienza el 20 de junio, dos días después de su desaparición, con la denuncia presentada por la familia en la Comisaría de Carabineros de El Melón por presunta desgracia. La búsqueda fue intensa, por todos los medios posibles se esperaba dar con el paradero de la joven, ya  que a esa fecha su rostro estaba pegado por todas las paredes de Quillota, sin embargo la Policía de Investigaciones no la buscó.

Una semana después, el sábado 25 de junio, el dueño de un terreno agrícola de la comuna de Limache encontró el cuerpo de Nicole en el embalse Los Aromos, atada de manos y con claros signos de abuso y tortura (registró una data de muerte de 30 horas). La joven había sido asesinada con odio, la mataron por ser lesbiana. 

Desde ese momento comenzó una ardua agitación desde familiares y cercanos para dar con el paradero de los responsables. El primer fiscal que tomó el caso fue Juan Gatica, quien no tuvo interés ni urgencia por llegar a la verdad, no se reunía permanentemente con la familia ni les entregaba información. No habían datos que entregarán mayores antecedentes e incluso la investigación quedó bajo reserva, retrasando diligencias como la toma de ADN y las declaraciones de testigos.

La familia solicitó el cambio de fiscal para poder avanzar en la investigación, pero no recibieron respuestas favorables, lo que mantuvo el caso estancado por un año y medio. En el segundo aniversario de la muerte de Nicole, su prima, María Bahamondes, junto a un grupo de mujeres, se encadenaron en la Fiscalía Nacional. Gracias a esa acción lograron hablar con el fiscal nacional Jorge Abott para expresarle todo lo que sucedía en el caso y el temor a que éste se cerrara. Luego de una semana, se les informó que el fiscal a cargo sería removido debido a algunas negligencias y que además la causa estaría a cargo de la Fiscalía de Limache. Fue así como llegó al caso Ymay Ortiz, quien luego de algunos meses fue trasladado a Santiago, por lo que Ulises Meneses sería el nuevo encargado de la causa.

La toma de la Fiscalía de Quillota

El 22 de junio de 2019, y sin ningún avance en el caso, se desarrolló una masiva marcha por las calles de Quillota por el tercer año de la muerte de Nicole. La movilización terminó con la toma de la Fiscalía de Quillota, donde un grupo de mujeres hicieron ingreso al recinto con el objetivo de exigir justicia y acelerar la investigación. María Bahamondes, prima de Nicole, declaró en ese entonces que a tres años del asesinato “no hay sospechosos ni nada. Nicole era lesbiana y pobre, vivía en un pueblo que nadie conoce. La Fiscalía sabe perfectamente lo que tienen que hacer y no lo han hecho, ellos son los que tienen que trabajar, no nosotros como familia”.

La toma fue desalojada ese mismo día por Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes detuvieron a 15 mujeres, 10 por desórdenes públicos y 5 por ingresar a la fuerza al Ministerio Público. Ese mismo día el desaparecido fiscal Meneses confirmó que se iniciarian acciones legales en contra de las responsables, con respecto al caso de Nicole, nada, ninguna declaración de avances ni del trabajo que venía desarrollando desde que se hizo responsable del caso. Posterior a la investigación, la Fiscalía de Quillota pidió 3 años de cárcel por la toma del edificio, 300 días por desórdenes públicos y una multa de 11 Unidades Tributarias, es decir, más de 600 mil pesos.

En febrero de este año las imputadas llegaron a una resolución reparatoria que consistía en pintar un mural en memoria de Nicole Saavedra en la Fiscalía de Quillota, sin embargo, en abril, el acuerdo se deshizo, puesto que la medida debía contar con la autorización de la Fiscalía Regional de Valparaíso y el mismo organismo debería ver el diseño, contenido y tamaño, descartando completamente que se hiciera al interior o en el frontis de las dependencias. Ante esta situación, se agendó una nueva jornada para seguir con la audiencia y permitirle a la Fiscalía tomar otras acciones.

El pasado 23 de junio de este año se realizó la audiencia de preparación de juicio oral donde el Ministerio Público insistió en la acusación contra las cinco mujeres, considerando como una prueba “clave” la declaración del fiscal César Astudillo, quien es presentado como “testigo” en la causa pese a que en el 2019 fue él quien detuvo y formalizó a las activistas posterior a la toma.

María Bahomondes manifestó, a través de un registro audiovisual, su enojo ante la injusta situación que están viviendo luego de haber radicalizado la movilización en pos de llegar a la verdad. “¿Quién va a pagar primero? ¿Víctor Pulgar o nosotras cinco que exigimos justicia? ¿Por qué no se gastaron todos esos recursos y horas en buscar a Nicole hace cinco años? Porque les dio miedo en ese momento, pero no hoy para criminalizarnos a nosotras”.

Se llegó a un sospechoso

Tras un largo periodo de espera y tras haber pasado por cuatro fiscales a cargo, recién después de tres años y tres meses, en octubre del 2019, la Fiscalía de Valparaíso informó sobre la detención del primer y único sospechoso en la muerte de Nicole: Víctor Pulgar, hombre de 40 años, conductor de micro del recorrido El Melón- Limache.

Pistas claves

La primera tiene relación al teléfono celular de Nicole, el cual se mantuvo funcionando días después de su muerte -lo que primeramente había sido ignorado por la Fiscalía de Limache-, e incluso había estado operativo dos veces entre el 2016 y 2019 en las mano de una joven de Quilpué, quien resultó ser la sobrina del sospecho. La segunda corresponde a los peritajes de ADN, los que coinciden con los que fueron hallados en el cuerpo de la joven.

Los antecedentes de Pulgar

El 22 de septiembre de 2007 atacó a dos mujeres en la localidad de Illapel para robar sus pertenencias. Durante la audiencia se demostró que el sujeto actuó violentamente causando lesiones graves y agresión sexual. 

Entre el 2012 y 2014 Víctor Pulgar abusó y violó en reiteradas ocasiones a la hija menor (9) de su pareja. Por este hecho fue condenado a 10 años de cárcel, el 5 de agosto de 2019, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota.

A lo anterior se suma un tercer caso, violación a una menor de 12 años en noviembre de 2016, (cinco meses después del asesinato de Nicole), la cual abordó en el bus que el imputado manejaba en el sector de El Melón. En esa ocasión, Pulgar atacó a la víctima cuando era la única pasajera, para posteriormente dejarla abandonada en la vía pública. Por este hecho fue condenado a ocho años de cárcel.

Un cuarto caso a su lista

La sorpresa de la familia de Nicole fue enorme cuando descubrieron que el único sospechoso ya se encontraba cumpliendo prisión preventiva  en el centro penitenciario de Limache debido a casos similares, y que incluso uno de ellos se pudo haber evitado si las diligencias de fiscalía para dar su paradero se hubieran realizado a tiempo.

Desde su detención se han establecido largos periodos para seguir con las diligencias del caso, mostrando los primeros avances con la formalización de Pulgar. En dicha ocasión se establecieron 180 días más de investigación para dar inicio a la siguiente etapa jurídica. 

El pasado 2 de junio se llevó a cabo audiencia de preparación de juicio oral en contra de Víctor Pulgar, imputado por secuestro, violación y homicidio de Nicole Saavedra. Dicha instancia ya había sido aplazada en mayo pasado a petición de la defensa del imputado debido a la presentación de una prueba documental.

En esta oportinidad, la Fiscalía de Quillota solicitó presidio perpetuo calificado por los delitos de violación y homicidio, 15 años de cárcel por secuestro y 540 días por hurto simple. 

Una lucha que no termina

La presión de la familia y apoyo de las organizaciones feministas, lesbofeministas y disidentes fueron quienes impulsaron un proceso judicial para llegar a la verdad. Siempre lo dijeron, el trabajo era fácil, rastrear el teléfono celular de Nicole, diligencia que durante tres años ningún fiscal realizó, ¿por qué?, numerosas irregularidades, negligencia y nulo compromiso por un caso de lesboodio en una localidad pequeña al interior de la quinta región, donde ser lesbiana no es permitido y mucho menos aceptado.

La violencia estructural obligó a que Nicole aguantara malos tratos e insultos por el simple hecho de no responder a lo socialmente aceptado. Sufrió discriminación y hostigamiento, pero se mantuvo en pie de lucha, resistiendo en un sistema patriarcal que la mantuvo siempre alerta.

Después de cinco años, Victor Pulgar aún no es condenado por la tortura, violación y lesbofemicidio de Nicole. Por su parte, la Fiscalía busca criminalizar y perseguir a quienes exigen justicia, acelerando procesos para que la familia y cercanas paguen por actos de radicalización que fueron necesarios para dar con el responsable. 

En este caso todas las instituciones y el propio Estado de Chile fallaron, Carabineros y la Policía de Investigaciones no desplegaron una búsqueda intensiva que permitiera dar con Nicole antes de ser asesinada (considerando que tuvo una data de muerte de 30 horas antes de ser encontrada por un trabajador).  La Fiscalía jamás trabajó con el objetivo de llegar a la verdad, ¿que tan dificil era hacer un seguimiento al teléfono celular, unir la información que se sabía, investigar a los/as trabajadores/as de locomoción colectiva que pasaron esa mañana por la ruta o incluso conversar más con la familia para llegar a datos que permitiera facilitar el transcurso de la investigación?.

A ninguna institución le importó que asesinaran a una mujer lesbiana ni encontrar a su asesino, mucho menos que éste pague por el crimen. ¿Por qué?, la justicia patriarcal responde constantemente a un sistema que oprime a las mujeres y disidencias, que las castiga por el simple hecho de ser como son y las oprime hasta matarlas. ¿Ser lesbiana?, peor, los cánones de lo “femenino” no permiten la libertad, mucho menos si estos no responden a los establecidos en una sociedad capitalista y patriarcal, que a pesar de estar “avanzando” aún falta mucho.

El Ministerio Público ha sido claro reflejo de cómo el sistema sigue respondiendo a los grandes intereses por sobre el bienestar del pueblo. La Fiscalía insiste en criminalizar a las 5 activistas que lucharon incansablemente por llegar a la verdad, y que sin ellas el asesino nunca hubiera aparecido. Se agilizó un proceso para encarcelar a estas mujeres pero no así a quien mató a Nicole, se gastó dinero en perseguir a las 5 y no en la investigación, y así un sin fin de irregularidades cometidas de las que nadie se ha hecho cargo.

Esta lucha ha sido ardua, por Nicole y tantas otras mujeres que han vivido femicidios y lesbofemicidios, por cada una de ellas se exige justicia y no más impunidad. Las organizaciones que se han movilizado constantemente por este caso han señalado que nada ha terminado, y el llamado ha sido claro, velatones y jornadas de agitación han marcado los últimos cinco años desde la desaparición de Nicole Saavedra, para que nunca más se repita y para que la justicia llegue a tiempo, no más lesbofemicidios en impunidad.