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Familiares y amigos de PP.PP exigen amnistía para los presos políticos de la rebelión popular

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Entrevista a familiar del preso político de la revuelta Luis Corvalán, recluido en la cárcel de Limache

Luis Corvalán es un obrero de la construcción, de 48 años, vive en Quilpué, es padre de 2 hijos. Luis padece de una discapacidad auditiva.

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Luis Corvalán es un obrero de la construcción, de 48 años, vive en Quilpué, es padre de 2 hijos.  Luis padece de una discapacidad auditiva. Además, se dedica a fotografiar de manera independiente los movimientos sociales como forma de apoyar a la causa.

Don Luis se encuentra haciendo prisión preventiva en la cárcel de Limache desde marzo del 2020. Se le acusa sin pruebas, y mediante suposiciones falsas y erradas de incendiar la municipalidad de Quilpué. El corrupto alcalde de Quilpué Mauricio Viñambres es el acusador.

Mientras gran parte de la población se mantiene distraída por el voladero de luces de la constituyente y las elecciones municipales; existen aún muchas familias con presos políticos, personas sin ojos, muertos o vulnerados de diferentes maneras por las fuerzas armadas y de orden. La lucha del pueblo continua, porque nada ha cambiado, sigue reinando la impunidad, la injusticia y el abuso.

 El ejemplo de la compañera que nos concede esta entrevista es una de las llamas que mantiene viva la revuelta de octubre, y que nos sigue dando la fuerza para continuar en pie.

Entrevistador: De partida agradecerle por habernos concedido esta entrevista. Bueno la idea es que esto después pueda salir en el “Boletín Popular Marga-Marga” y otros medios de comunicación como el Diario Venceremos. El objetivo es que pueda ser difundido a nivel provincial y se dé a conocer ampliamente. ¿Le parece bien?

Familiar Luis Corvalán: Claro, no hay problema, mientras todo sea por ayudar a Luis no hay problema.

E: bien, comenzamos entonces.

E: ¿Qué es lo que paso el día del incendio de la municipalidad de Quilpué, que se encontraba haciendo Luis aquel día?

F: Ya mira, ese día – esto fue el 19 octubre- él estaba trabajando, y bajo en la micro… La micro pasa donde está la municipalidad de Quilpué, y en ese momento la municipalidad se estaba incendiando. Entonces se baja a mirar y sacar fotos, porque como es sordo y no habla muy bien, entonces el todas sus cosas las sube a redes sociales, es su comunicación eso, al menos con sus amigos que son sordos, porque él tiene muchos amigos así… Entonces lo que pasa es que se bajó y empezó a sacar fotos y se acercó demasiado a la municipalidad. Las cámaras lo enfocaron justo, porque no andaba “tapado”, incluso andaba con la ropa de trabajo, y paso por ahí y les dijo a los cabros que había una cámara. De hecho, cuando lo llevaron detenido, en las pruebas que salen, se ve que apunta a una cámara, sale que el saca una botella de su mochila, pero es agua porque siempre ha sido alérgico y toma remedios y por eso siempre anda con agua. Entonces la cámara lo enfoca y lo acusan que saco un químico para tirar adentro de la municipalidad para que el fuego encendiera más; pero el no hizo eso, solo fue a sacar fotos…

Se demoraron 4 meses en pillarlo, porque lo buscaron… Un día en la mañana, en marzo, Luis va saliendo a trabajar y lo estaba esperando afuera la PDI, había dos autos y eran como 6 o 7 personas de la PDI, el justo estaba cerrando el portón y lo agarran por detrás, lo esposan y lo hacen entrar a su casa. Luis en ese momento me llama gritando, y yo bajo para ver qué pasaba, y de repente vemos harta gente de la PDI toda encapuchada, no se les veía la cara, andaban todos de negro, lo tenían dentro de la casa esposado, él no tenía idea porque lo estaban llevando preso.

En ese momento yo le pregunto a uno de los PDI que es lo que estaba pasando, porqué lo tenían esposado y porqué estaban registrando su casa, y entonces uno se acerca con un papel y me dice: “Luis está acusado por el incendio de la municipalidad, hay pruebas que la inculpan a él y dos jóvenes más, uno menor de edad”. Entonces yo le explico a Luis con lenguaje de señas lo que estaba pasando, y él me dice: “yo no, yo no” … Luego de eso, los tiras se lo llevan y me dicen: “si usted quiere verlo, a las doce del día le hacen un juicio en la fiscalía, para que se presente”.

Yo fui ese día acompañada. A La persona que le tomo el caso, una abogada, yo le dije: “el juicio de Luis debe ser con un intérprete, porque él no escucha, y no va a poder entender a la magistrada.  Ella me dijo: “no se puede porque todo es muy rápido por el momento, se va a hacer el juicio así no más”. Así que en el juicio mostraron pruebas, mostraron las fotos donde Luis salía parado frente a la municipalidad, apuntando a la cámara. Según el querellante, Luis apuntaba para que hicieran “tira” las cámaras, y dijeron que le paso la botella a uno de los cabros, y que al tirarla esta hizo más explosión en la municipalidad.

E: Bien, ahora me gustaría que nos pudiera hablar sobre la situación actual de Luis en términos de salud física y mental y también en términos judiciales. ¿Él se encuentra siendo asesorado por algún abogado?

F: Luis en marzo de este año ya cumple 1 año detenido. En un principio el caso fue llevado por un abogado público por aproximadamente 6 meses, y la verdad es que no se avanzó nada, según el abogado por el tema de la epidemia… Entonces yo hable con el abogado por teléfono y él me explicaba que el juicio estaba muy grave, que le querían “tirar” 20 años, y que lo iban a procesar y que la idea era que en el juicio se echara la culpa para que le bajaran la condena; yo recuerdo que en ese momento le dije que: “¡cómo se iba a echar la culpa de algo que no hizo ¡” y el abogado insistía en que poco se podía hacer ya que las pruebas lo acusaban…Y eso que Luis tenía los papeles intachables, era la primera vez que estaba preso…

 Luego de todo eso, la exesposa de Luis cambio este abogado por uno particular, y el lleva el caso actualmente. Pero el tema es que a la exesposa de Luis yo no la veo hace mucho tiempo, de hecho, la he llamado por teléfono y no me contesta… Pero después paso que ella me llama y me dice que el abogado le había pedido que yo no involucrara el caso de Luis con grupos de apoyo a presos políticos, ya que esto podía ser perjudicial para el caso.  Yo en ese momento le dije que Luis ya estaba preso, y le pregunté qué otra cosa peor podía pasar, y que nosotros estábamos pidiendo su libertad… También en esa oportunidad le dije que necesitaba hablar con el abogado, y ella no me quiso dar su número, pero después igual me lo conseguí, lo contacté, pero él se negó rotundamente a darme una respuesta sobre Luis, ya que la exesposa de Luis le había prohibido divulgar información a cualquier persona. Pero insistí, y le dije que yo no era cualquier persona, y que de hace mucho tiempo que no sabía nada de Luis … De hecho, lo último que supe es que a él lo iban a procesar el 20 de diciembre, y después dijeron que lo cambiaban para el 11 de febrero; y después lo vuelven a cambiar para el 11 de junio.  Y resulta que Luis lo ha pasado mal en la cárcel: le han robado, hay peleas, pero él no se mete, tiene miedo, está mal psicológicamente. El de hecho me dice: “yo no quiero hacer nada, para no tener problemas, para poder salir luego de acá, no me importa que me roben, yo no peleo”, pero chuta la gracia tampoco es que lo dejen desnudo y le quiten sus cosas…

E: ¿En qué momento se acercan a usted las organizaciones sociales, de DDHH o políticas?

F: Nos comunicamos por el wzp, y antes que empezara la pandemia en Quilpué, nos juntábamos en la plaza y poníamos afiches de Luis, protestábamos y hacíamos actividades como sopaipillas, empanadas; porque todo eso que se recolectaba era para Luis, ya que económicamente yo no estoy bien, y cada vez que lo voy a ver es un gasto de plata, y ellos me han ayudado harto en ese sentido, me han apoyado económicamente.  

A Luis ya no lo veo hace un año. Yo antes le llevaba las cosas a la cárcel de Limache, se las pasaba por gendarmería, y ahora estoy complicada ya que hay cuarentena total en Quilpué, me va a costar mucho salir y poder irlo a ver. Y además que el está constantemente necesitando cosas, porque como te digo los reos se la están robando, y el no hace nada por el miedo de que le puedan pegar, o hacerle daño; pero no se queja tanto, solo a veces me dice: “me robaron el jabón, no tengo shampo” cosas así…

E: Para finalizar, quería preguntarle cómo ve usted la lucha por los presos políticos en el país y con todo lo que ha pasado este último tiempo desde la revuelta de octubre.

F: Yo veo que está mal, porque no tienen ayuda, los dejan así nomás y además que no hay motivo para que les atrasen su proceso. O sea, los meten presos, pero los tienen como abandonados, lo digo por Luis igual, porque cuando no hay dinero olvídate, no es mucho lo que se puede hacer…

E: Bueno quería agradecerle nuevamente por esta entrevista.  Cabe destacar que tiene mi apoyo personal y la solidaridad de las organizaciones sociales, medios de comunicación y organizaciones dd. hh en las que me desenvuelvo. Ya es tiempo que cerremos la entrevista y nos despidamos, pero nos vamos a continuar viendo, porque vamos a estar dando la pelea por Luis y por todos los presos políticos de la revuelta y ppm.

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LO GALINDO: VIVIENDO UNA INCIERTA NORMALIDAD

Las condiciones de vivienda en Chile antes y durante la pandemia oscilan entre el empeoramiento y el olvido; el día a día en una Toma de terreno.

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Durante el desarrollo de la rebelión popular el 2019, una de las consignas claves fue el rechazo a la «normalidad», la cual se caracterizaba como la indiferencia por parte del estado hacia las demandas del pueblo, quien expresaba su descontento antes y durante la pandemia. En todo este proceso de cambios aparece una aparente «nueva normalidad», idéntica a la anterior, pero adaptada a la crisis pandémica que azota el mundo, y donde la desigualdad social se hace mucho más evidente. Como medio de comunicación popular, nos preguntamos cómo se vive el día a día en esta nueva «normalidad» dentro de uno de los sectores más vulnerables de la antigua normalidad, un Chile invisibilizado; las Tomas.

Para poder comprobar el estado de los asentamientos, decidimos visitar la Toma Lo Galindo, de la comuna de Concepción, la cual se estableció aproximadamente el Año 2016. Esta, a pesar de la contingencia sanitaria, sigue luchando por un comité de vivienda, así como al mismo tiempo se enfrenta a una denuncia por quienes alguna vez vivieron una condición similar.

PIR promedio (Price Income Ratio, Índice de acceso a vivienda) para Chile y Ciudades principales, entre ellas el Gran Concepción. Para adquirir una vivienda, una familia debería destinar el 100% de los salarios por 7,6 años para pagarla, lo que equivale a un crédito de más 45 años si se quiere gastar un 25% del ingreso mensualmente para el dividendo.
Fuente: Cámara Chilena de la Construcción (2019), CASEN (2017).

Nos comunicamos con la dirigente de la toma, quien preside las gestiones para legalizar un comité de vivienda. Su nombre es Noelia, quien lleva viviendo en el territorio incluso antes de que se estableciera la toma el año 2016, y fue también testigo de cómo se asentaron las tomas aledañas hasta constituirse como poblaciones. Su calidad de organizadora y dirigente, nos permitió conocer como ha podido recoger las demandas de los vecinos y vecinas, ha organizado las actividades como la enumeración de las casas, la retroexcavación para la sede, rifas para la construcción de la misma, entre otras actividades.

La dirigente nos comenta que en conversaciones con las dirigencias vecinales de Barrio Modelo, se confirmó que la misma población presentó una demanda de desalojo hacia la toma lo Galindo en el año 2019 bajo la premisa de «querer ayudar a presionar» para que ellos también se consoliden como población. Noelia nos comenta que como vecinos vienen recién a enterarse de esta demanda el presente año 2021, y esta denuncia podría ser continuación de quejas anteriores por parte de poblaciones de Barrio Norte.

«Ha habido presión y acoso de parte de barrio modelo, han venido a sacar fotos, videos, han venido a gritarnos a la toma. […] recién como vecinos nos enteramos de esta denuncia.»

Vista aérea del cerro Lo Galindo. Al centro, el asentamiento. Al oeste Villa Comercio, al norte Barrio Modelo y al sur la laguna del mismo nombre. Google Maps.

«Somos como 60 familias en la toma, debe haber unas 20 arriba. […]

Queremos hacer varias cosas, pero tenemos miedo del desalojo.»

Noelia nos comenta de distintas situaciones complejas que han debido enfrentar y sortear en la toma. Una de ellas llega con el invierno mismo, donde problemas con la Infraestructura provocó que gran parte de las viviendas perdieran sus techos. También deben lidiar con el barro (greda) debido a la falta de pavimentación, y en donde la Municipalidad de Concepción llevó retroexcavadoras para intentar reducir el impacto de este, sin embargo, no solucionó el problema de los vehículos y la peligrosa bajada de los niños y niñas.

Otro problema, e incluso más grave que el anterior, es la escasez de agua potable presente en diferentes hogares de la toma, que según señalan participantes del Comité de Vivienda, se debe a la irregularidad en las cañerías del sector Lo Galindo, la cual es diferente para cada barrio. A esto se le suman las quejas de las tomas y poblaciones cercanas como Villa Comercio o Barrio Modelo, argumentando de que “La toma de arriba [Lo Galindo] es la responsable de la falta de agua en las demás, ellos están más cerca a la planta de Essbio”. A pesar de que esto no es así, la situación ha llevado al acoso e intentos de humillación de vecinas y vecinos de Barrio Modelo, nos detalló Noelia en base a su experiencia antes y después del comité.

Si no fuera suficiente, en la nueva normalidad se presenta la imposibilidad para los escolares y secundarios(as) para poder adaptarse a la modalidad Online, debido a la ausencia de Wi-Fi en la toma y el no poder contar con la cantidad de dispositivos suficientes para que todos puedan asistir regularmente a clases.

«Tenemos un solo celular y hay que turnarse para asistir a clases, tengo hijos en segundo básico, séptimo, octavo y segundo medio, y hay días que se quedan sin poder ver las clases porque les coinciden y por eso no les ha ido bien en su educación. También me preocupa los niños de la gente extranjera de acá, porque les pasa lo mismo y los papás a veces no saben tampoco como para enseñarles.»

Arriba: Porcentaje de madres, padres y tutores que reportaron que niños y niñas presentaron situaciones socioemocionales disruptivas en confinamiento, por tipo de espacio exterior de la vivienda (% siempre o muchas veces).

Abajo: Grado de acuerdo con afirmaciones sobre aprendizaje de los niños y niñas en confinamiento,
en porcentaje (%Totalmente de acuerdo y De acuerdo).

Fuente: Experiencias educativas en casa de niñas y niños durante la pandemia COVID-19 (2020), CIAE-UCHILE.

Existe dificultad para poder apelar a la municipalidad debido a la crisis sanitaria, y a esta última le complica prestar ayudar a las familias extranjeras pertenecientes a la toma, debido a su carencia de visado.

A pesar de todo lo mencionado anteriormente, dentro de la toma se mantiene un espíritu de solidaridad sin distinciones, donde a pesar de la diversidad mantienen diferentes ideas y propuestas que se tienen para mejorar la calidad de vida de todos y todas. Y aunque existe el miedo de un desalojo y que lo hecho hasta ahora no haya valido la pena, esto parece no detener a las y los vecinos en seguir organizándose para vivir dignamente, siendo uno de sus objetivos clave la construcción de una sede vecinal para diversos propósitos.

«Tenemos el sitio, pero nos faltan los materiales de construcción, estaría bueno tener una sede para hacer las ollas comunes, por ejemplo.»

Las diferentes necesidades y la adversidad del día a día ha llevado a que pobladores y pobladoras aledañas organizaran una olla común, que es realizada cada domingo, donde vecinos y vecinas de la toma participan a gusto, y muy sorprendentemente se mantiene desde agosto del 2020, como continuación de otras ollas comunes. Tuvimos la oportunidad de hablar con Alondra, una de las organizadoras de la olla y también participante de la Asamblea Territorial Andalién, quien nos contó cómo ha sido la experiencia y evolución del trabajo en el territorio. La ayuda de la asamblea y sus participantes ha sido indispensable a lo largo de este tiempo, pues no cualquier olla común se mantiene hasta hoy, ya que no es de desconocimiento que la crisis sanitaria y la falta de impulso en los trabajos de autoorganización también ha afectado el carácter o vigencia de las asambleas que proliferaron el año 2019.

Registros de la preparación de la olla común. La asamblea autogestionó gran parte de sus insumos, así como también pudo enlazar aportes y donaciones, muy importantes para el desarrollo de las mismas. La joven dirigente nos hace saber que la ayuda de la Asamblea tiene el objetivo de dotar de autonomía al comité de vivienda, formalizándolo, y que eventualmente los mismos pobladores decidan si postular a viviendas sociales o adquirir la propiedad

A pesar de estos aportes, la palabra del Ministro de Fe es la última, debido a que sin su ratificación no hay comité de vivienda, y todo parece apuntar a que no se pronunciará hasta que el panorama sanitario haya vuelto a la «normalidad».

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SOLO ARRESTO DOMICILIARIO: CARABINERO ASESINO DE MALABARISTA ESTARÁ EN SU CASA Y JUNTO A SU FAMILIA

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Por Ivonne


Este lunes 8 de febrero, pasada las 13:00 hrs. se dio comienzo a la audiencia de formalización de la investigación contra Juan González Iturra, el carabinero con grado de sargento 2do, que el día viernes 5 de febrero le disparó y dio muerte a Francisco Martinez Romero, el malabarista de Panguipulli, luego de intentar hacerle un control de identidad y ante la presencia de otros dos funcionarios de carabineros.


El juzgado de garantía de Panguipulli, en la audiencia de control de detención del día sábado, autorizó la ampliación del plazo de la detención del carabinero, a solicitud del fiscal, dado que aún no contaban con todos los antecedentes necesarios para formalizar y pedir las medidas cautelares correspondientes.
Este lunes, el fiscal formalizó la investigación contra el carabinero como autor de homicidio simple en grado consumado, debido a la serie de disparos percutidos por su arma de servicio y fundamentalmente por el sexto disparo que fue el que ocasionó la muerte del malabarista. Durante el relato de los hechos, se alega que no había necesidad de ese sexto disparo, que el joven ya se encontraba herido y en el suelo, y que ese sexto disparo fue disparado directo al corazón.


El ministerio público solicita arresto domiciliario total como medida cautelar, mientras el abogado Rodrigo Roman, quien se querella contra el asesino en representación de la hermana del fallecido malabarista, pide que sea formalizado por homicidio calificado, debido a que el carabinero actuó sobre seguro y de manera alevosa, consecuentemente con eso el sargento 2do Juan Gonzalez es un peligro para la sociedad, por lo que pide que la medida cautelar sea prisión preventiva para el carabinero homicida, y que esta sea cumplida en establecimiento penitenciario común, dado que no hay razón para darle privilegios a un uniformado homicida, más aún cuando ese privilegio desnaturaliza la medida al ser resguardado por sus mismos colegas de armas.


Además señala que al menos se habría cometido otro delito, que el ministerio público no consideró en la formalización pese a que presentó antecedentes visuales de su perpetración, esto es, el delito del artículo 253 del Código penal, cuando los funcionarios huyen del lugar sin prestar auxilio a la víctima.


Por su parte, la exposición de los abogados del INDH, institución que interviene como querellante en este proceso, señalan importantes detalles como que desde la comisaría se habría dado la instrucción de hacerle el control de identidad específicamente a Francisco, el malabarista que resultó asesinado. Respecto de los machetes que portaba el malabarista, da cuenta de cómo estos no eran aptos para generar daño como armas corto punzantes, debido a que se modificaron artesanalmente para las maniobras del malabarismo. Además estiman que no se configuraría la legítima defensa del carabinero, debido a que en el video consta que el joven fallecido, habría intentado agredir al funcionario solo después de haber sido objeto de dos disparos en sus pies. Finalizan su intervención indicando que la medida cautelar que les parece racional y proporcional frente a la pena que arriesga el carabinero asesino, es la prisión preventiva.


La defensa del carabinero Juan Gonzalez, alega que este actuó en contexto de un control de identidad ajustado a la ley, y el “incidente” se generó amparado bajo la figura de la legítima defensa, y que disparó habiendo cumplido con los protocolos que la ley le prescribe para el uso del arma de servicio. Por esto, rehúsa de la necesidad de la aplicación de una medida cautelar para el homicida.
Finalmente en esa audiencia, el juez de garantía de la localidad de Panguipulli resuelve que el disparo del funcionario que dio muerte al joven malabarista no se encuentra amparada por el derecho, por lo que no le asiste la causal de justificación de legítima defensa, por lo que si le es reprochable esta conducta, sin embargo estaría amparado por 3 atenuantes, lo que permitiría incluso optar a beneficios de sustitución de pena en caso de ser condenado. Además resuelve que la medida cautelar será la de arresto domiciliario total, desestimando la medida prisión preventiva, por el plazo de 4 meses que durará en principio la investigación.


El querellante Rodrigo Roman además de los abogados del INDH, apelaron verbalmente a esta resolución que deniega la prisión preventiva, el resultado de esta pretensión será dado a conocer en los plazos legales.


Para esta tarde existen múltiples convocatorias a nivel nacional en repudio a la violencia policial y a la impunidad del asesino en complicidad con el poder judicial y el ministerio público.

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