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El «acuerdo de paz» impuesto a Palestina se acerca tras la inacción árabe con Gaza y la embajada de EEUU en Jerusalem

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Por: Alberto Cruz – CEPRID

El fin del Ramadán va a suponer el principio de una nueva era para Palestina. Si algo han puesto de manifiesto los últimos años en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Gaza es la aparición de una nueva generación que sostiene que es ya imposible mantener la idea de los dos Estados –que preservaría el carácter étnico judío, además de que sería imposible de amtnener por la discontinuidad territorial de los bantustanes- y que apuesta de forma clara y combativa por la idea de un solo Estado con los mismos derechos para todos, al tiempo que refuta el paradigma sionista de un etnoestado y pondría de nuevo sobre la mesa el derecho al retorno.

Esta nueva generación ha nacido dentro de los Acuerdos de Oslo y los rechaza en su gran mayoría (65%, según la última encuesta conocida del pasado mes de marzo), por lo que a medio plazo supone un problema tanto para los colaboracionistas de la Autoridad Palestina como para otras formaciones, apoyen o no al mini-gobierno de Ramala. Esta es una de las razones por las que a partir del verano se va a relanzar un “plan o acuerdo de paz” con el que se quiere cerrar un capítulo que molesta tanto a EEUU como a Israel y a los países árabes, deseosos de normalizar relaciones y centrarse en lo que realmente les interesa: Irán.

Aunque se viene hablando de ello desde noviembre del año pasado, cuando se conoció por una filtración un detallado plan saudita para «establecer relaciones entre Arabia Saudita e Israel sobre la base de la asociación estratégica con EEUU» (1), es ahora cuando se ha decidido ponerlo finalmente en marcha ante la inacción del resto de países árabes frente a las provocaciones israelíes. Si no ha habido postura alguna con los ataques de Israel a Siria con el pretexto de impedir la expansión de Irán allá, mucho menos los ha habido con las matanzas de manifestantes que reclamaban el derecho al retorno en Gaza y el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén escupiendo, una vez más, sobre el derecho internacional.

El traslado de la embajada no ha sido otra cosa que un globo sonda lanzado por EEUU-Israel-Arabia Saudita para ver la reacción no sólo de los gobiernos árabes, sino de la calle. La constatación de que no ha habido la menor respuesta efectiva pese a la matanza realizada en Gaza coincidiendo con su traslado, más allá de los típicos y tópicos comunicados de condena, ha puesto de manifiesto que se está en el momento oportuno para lanzar la gran apuesta: un “plan de paz” para Palestina que allane el camino para la confrontación definitiva contra Irán. Porque no se puede arremeter contra el país persa dejando en la retaguardia un problema como el palestino.

La posibilidad de que una guerra entre Israel e Irán, o entre Israel y Hizbulá (con resultados imprevisibles puesto que no hay que olvidar que en dos ocasiones este movimiento político-militar libanés derrotó al considerado “invencible” ejército israelí) y que dicha guerra vuelva a galvanizar a la calle árabe como lo hizo en el año 2006 (2) ha acelerado todos los planes. La calle árabe está anestesiada, los palestinos están solos y es el momento oportuno para cerrar el único capítulo que puede dificultar los planes agresivos contra Irán.

Este movimiento se produce, además, en un momento en el que la influencia iraní ha crecido exponencialmente en todo Oriente Próximo. El fracaso de la primera andanada para derrocar al gobierno iraní (meses de diciembre del año pasado y enero de este), el fortalecimiento de los hutíes en Yemen, la victoria electoral de Hizbulá y sus aliados en Líbano, la acelerada recuperación de territorios por parte del gobierno sirio y la alianza, cada vez más estrecha, de Hamás con Irán y Hizbulá -como reacción a la postura timorata de los países árabes al cambio de embajada estadounidense y al declarado intento de normalizar relaciones con Israel- (3), es decir, el fortalecimiento del “”Eje de la Resistencia”, obliga a acelerar todo el proceso.

Para EEUU, Israel y Arabia Saudita es necesario tener las manos libres respecto a Irán. Y para ello hay que deshacerse de Palestina. Eso es lo que está ahora a punto de concretarse con ese “acuerdo de paz” que se pretende definitivo.

Dicho plan será presentado por EEUU, ha sido co-elaborado con Israel y cuenta con el reconocimiento de los países árabes. El hecho de que Egipto y Jordania, que mantienen relaciones diplomáticas con Israel, no hayan retirado sus embajadores tras las matanzas de Gaza es un indicativo más que suficiente. El hecho de que los países árabes no hayan reaccionado ante dichas matanzas y la cumbre de emergencia islámica de rechazo a ellas haya tenido que ser convocada por Turquía (y los países árabes no han tenido más remedio que acudir, pero sin la relevancia necesaria puesto que no fue ni un solo primer ministro a excepción del jordano) indica lo que se está cociendo.

Se hace, además, en un momento en el que Hamás ha tenido que aceptar plegarse a la presión egipcia tras la matanza de la última gran movilización por el derecho al retorno. De hecho, Hamás ha suspendido dichas movilizaciones.

Egipto presionó a Hamás para que suspendiese las movilizaciones a cambio de abrir el paso fronterizo de Rafá durante todo el mes del Ramadán y así lograr que los miles de heridos puedan ser atendidos en hospitales egipcios y que la población gazatí, hundida en la miseria por el bloqueo, se abastezca. Al mismo tiempo, la presión egipcia se realiza en un momento en el que Hamás se debate ahora mismo en un duro enfrentamiento interno entre quienes quieren mantener las movilizaciones y quienes plantean que hay que llegar a una tregua de 10 años y lograr algún tipo de acuerdo para poner fin o suavizar el bloqueo a Gaza.

Egipto está siendo el policía bueno, y Hamás lo ha entendido así. El policía malo son los otros países árabes, que han amenazado con suspender todo tipo de ayuda, por simbólica que sea, si se reinician las movilizaciones. Si durante todo el mes del Ramadán la calma se mantiene será el momento de dar el paso final: el «acuerdo de paz».

Dicho acuerdo establece la transferencia a los palestinos de unos 720 kilómetros cuadrados del Sinaí egipcio (aunque este país recuperaría ese territorio con una cesión similar del Negev de la Palestina histórica) incluyendo dos ciudades, El-Arish y Sheij Zuweid, en las que se construiría un puerto marítimo nuevo y un aeropuerto, respectivamente. En la esa zona ha sido muy activo el llamado Estado Islámico y muchas de las aldeas que ahora hay en ese territorio están dañadas, o sus edificios destruidos, por los bombardeos del ejército egipcio y gran parte de su población se ha desplazado hacia otros lugares. No es una zona deshabitada, pero sí poco poblada.

El «plan» no supone una Palestina independiente. Tendría una soberanía limitada, incluiría incluso la parte de Cisjordania que ahora controla -es un decir- la llamada Autoridad Palestina, incluido el barrio árabe de Jerusalén Este, pero la ciudad vieja jerosimilitana pasaría a ser parte de Israel, así como el Valle del Jordán. La mezquita de Al-Aqsa quedaría bajo supervisión palestino-jordana y la capital sería Abu Dis, una aldea cercana a Jerusalén. Precisamente Jordania es otro país que está presionando para que este plan se ponga en marcha.

Desaparecería el derecho al retorno y se establecería un «sistema económico para compensar a los refugiados» (es decir, los países petroleros pagarían para que los casi siete millones de refugiados se quedasen en los países donde están –Jordania, Líbano y Siria principalmente- y, al mismo tiempo, se recompensaría a esos países por ello). Y por supuesto que desaparece, otra vez, el llamado derecho internacional puesto que no se recoge nada de respeto a las fronteras de 1967 como exigen las resoluciones de la ONU.

¿Y la Autoridad Palestina?

Si la llamada Autoridad Palestina se negase a aceptar este plan, desaparecería todo tipo de ayuda financiera (200 millones de dólares están ahora mismo bloqueados), así como toda la ayuda del programa de la ONU para los refugiados.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, no quiere pasar a la historia como un traidor y está intentando hacer un último y desesperado intento por enfrentar lo que se avecina. Después de negarse durante años (desde la agresión a Gaza del 2014) a llevar a Israel a la Corte Penal Internacional, ahora lo acaba de hacer. Fue el 22 de mayo y se dice sin rubor alguno ahora que «tiene que realizarse una investigación exhaustiva de los abusos contra los derechos humanos» por parte de Israel (4).

Abbas está enfermo, tiene 83 años y sabe que ya no tiene nada que perder. Al mismo tiempo, la lucha por su sucesión es muy encarnizada. Son al menos seis los personajes palestinos que aspiran a sucederle, con mayor o menor peso dentro de Fatah y con más o menos apoyos de Israel y de EEUU.

No hay que perder de vista que Fatah controla la Autoridad Palestina y gobierna las áreas de Cisjordania mientras que Hamás gobierna la Franja de Gaza. Y no hay que olvidar que fue Hamás quien ganó las elecciones en 2006, triunfo no reconocido por Fatah, ni por Israel, ni por EEUU ni por la Unión Europea. Desde ese momento, Fatah no reconoce al Consejo Legislativo Palestino pese a que en virtud de los Acuerdos de Oslo es el parlamento legal.

Cualquiera de los candidatos, todos de Fatah o próximos, que pelean por el cargo puede llegar a acuerdos por su cuenta y sancionar el “acuerdo de paz” con quienes lo patrocinan. Especialmente quien ahora ejerce de primer ministro, Rami Hamdalá, es quien cuenta con más apoyos de Israel y EEUU.

Ya se le ha ofrecido el caramelo, en forma de dinero, si sucede a Abbas y acepta el “acuerdo de paz”. Se habla de hasta 40.000 millones de dólares para “desarrollo de industria y paliar el paro”. A cambio se le pide que coopere y “estabilice la situación”. Sin embargo, no parece que sea el candidato de Egipto y Jordania.

Y mientras, Hamás también se debate en su lío haciendo un movimiento extraño: ha pedido la celebración de un nuevo Consejo Nacional Palestino bajo los auspicios de Egipto. El 30 de abril tuvo lugar la última convocatoria de esa entidad, a la que no asistieron ni Hamás, ni la Yihad Islámica, ni el Frente Popular para la Liberación de Palestina-Comando General, ni el histórico Frente Popular para la Liberación de Palestina. La anterior, celebrada en enero, había sido boicoteada por los tres primeros por entender que debería haberse hecho fuera de Palestina para que pudiesen participar en él los representantes del exilio, es decir, los refugiados.

Este movimiento es extraño porque indica que es del interés de Egipto para promover a su candidato a la sucesión de Abbas. Sobre todo, porque al no reconocer Fatah la legitimidad del Consejo Legislativo Palestino, el Consejo Nacional Palestino se convierte en la única legitimidad existente y sería determinante a la hora de elegir al sucesor. Y ahí un candidato de consenso podría estar fuera del control de Fatah y, por lo tanto, sería más manejable para Egipto.

Notas:

(1) Alberto Cruz, “La nueva estrategia de Arabia Saudita: vender a Palestina para comprar la guerra contra Irán pasando por Líbano”. https://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article2309

(2) Alberto Cruz, “El grito de la calle árabe: “sin justicia no hay paz”,->El grito de la calle árabe: “sin justicia no hay paz”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=36850

(3) Al-Mayadeen TV, “Varios mensajes enviados por el jefe de Hamas en la Franja de Gaza Yahya al-Senwar”, http://www.almayadeen.net/reports/880666/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AB-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1/

(4) Middle East Eye, “Palestinian foreign minister to press ICC on Israeli war crimes probe”, http://www.middleeasteye.net/news/palestinian-foreign-minister-press-icc-israeli-war-crimes-probe-1247363419

Fuente: https://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article2350

 

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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