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Día del Carabinero y violaciones a los derechos humanos

«Las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia», concluyó el informe realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras los sucesos que han acontecido desde el 17 de octubre al 30 de noviembre.

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En este informe revisaron 187 relatos entregados por las víctimas en las diversas visitas realizadas por el INDH indican que, “del total de relatos analizados (187), en 144 de ellos las personas informan haber recibido disparos (balas, balines y perdigones) o bombas lacrimógenas por parte de Carabineros de Chile o Fuerzas Armadas. Las víctimas de estos sucesos denuncian que se encontraban manifestándose, se dirigían a sus hogares desde el trabajo o iban transitando por el lugar”.

Los equipos de salud de la Cruz Roja, voluntarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Santiago y otros grupos de estudiantes de carreras de salud y voluntarios/as “han denunciado ataques directos con perdigones, gases lacrimógenos y el carro lanza agua por parte de Carabineros mientras se encontraban atendiendo a personas heridas, aun cuando contaban con las identificaciones que permitían distinguirles a distancia. Hasta la fecha de cierre del presente informe, el INDH ha presentado nueve querellas por los delitos de apremios ilegítimos (5), torturas (3) y lesiones gravísimas (1) que han afectado a personas que prestan primeros auxilios en las manifestaciones”, indicó el INDH.

En tanto se develaron casos de tortura, el INDH desde el 19 de cotubre al 30 de noviembre ha presentado 476 querellas por torturas y tratos crueles, en favor de 568 víctimas. “Del total de querellas por torturas y tratos crueles (476), 433 fueron presentadas por hechos ocasionados por funcionarios de Carabineros de Chile, 33 por la participación de algún miembro de las Fuerzas Armadas, 10 por participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones”, registro el informe.

El INDH devela que en sus nueves años de existencia y previo a la rebelión de octubre tenía archivadas 174 casos entre 2010 y primer semestre de 2019, situaciones de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con daño físico.

En los relatos que acompañan las querellas, ocurridos en unidades policiales, en la vía pública o en vehículos policiales, las víctimas refieren múltiples golpizas por parte de Carabineros, las que incluyen golpes de pies y puños, golpes con la culata de armas de fuego no letales, bastones y manoplas. Así también, hay denuncias por asfixia de parte de Carabineros. En algunos casos fueron golpeados en la vía pública o en vehículos policiales primero y luego las golpizas continúan al interior de las unidades policiales“, detalló el informe publicado por el INDH. En suma, las víctimas por estas prácticas sufren hematomas en diversas partes del cuerpo, particularmente cabeza y ojos; pérdida de piezas dentales y fracturas.

La agresión física y psicológica han sido denunciadas, amenazas de muertes, como por ejemplo, “matémoslo a puras patadas en la cabeza”. Así también, hay referencia al accionar de un Carabinero que introdujo en la boca de uno de los detenidos su arma institucional, obligando a la persona a “lamerla” y amenazándolo durante todo el tiempo con que lo iba a matar. Otros afectados refieren que se les apuntó con un arma de fuego o se les puso el arma en la sien y se los amenazó con matarlos”, precisó el informe publicado por el INDH.

El 30 de noviembre el INDH informo que, “había presentado 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual. Las víctimas totales ascienden a 135, de las cuales 71 son mujeres (equivalente al 53%) y 64 son varones (correspondiente al 47%). Estos datos demuestran que la violencia sexual afectó en mayor medida a mujeres y niñas, pues del total de víctimas representadas por el INDH tres de cada diez mujeres denunciaron este tipo de delitos, en comparación a uno de cada diez hombres”.

Dentro de las denuncias por violación sexual destacan cinco, “las personas afectadas son hombres adultos y los hechos involucran la participación de funcionarios de Carabineros de Chile. En tres de estos casos se han invocado las agravantes del artículo 12 N°21 del Código Penal, establecidas en la Ley 20.609, pues dos de las víctimas son homosexuales y la otra migrante”, informó el INDH.

Otras prácticas recurrentes denunciadas ha sido el desnudamiento al interior de las comisarías, “esto fue denunciado por 114 víctimas, de las cuales 25 son niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, se registran casos de filmaciones, burlas sexuales y presencia de funcionarios/as del sexo opuesto durante los procedimientos de desnudamiento”, indicó el INDH.

Cabe destacar, que desde el 2019 “se prohíbe estrictamente desnudar a las personas sometidas al procedimiento de registro de vestimentas”, recaló el INDH. Las denuncias por desnudez forzadas han sido denunciadas también a la Defensoría Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Human Rights Watch, y otras entidades.

Según este informe constata que “los desnudamientos, tocaciones y amenazas de violación afectan en mayor proporción a mujeres, mientras que en los casos de violación sexual todas las víctimas son varones”. Asimismo, los hechos de violencia sexual judicializados según la institución del Estado a la que pertenece el agente imputado indican que, “el 96% de los desnudamientos fueron ejecutados por Carabineros de Chile, al igual que el 89% de las tocaciones, el 80% de las amenazas de violación y el 100% violaciones”.

Previo a la rebelión popular el INDH había presentado “16 querellas por tortura con violencia sexual, por lo tanto, las cifras actuales representan un aumento sustantivo en las acciones judiciales de esta naturaleza, las cuales en el período de un mes y medio se sextuplicaron respecto al total histórico“, recalcó en su informe.

Detenciones ilegales y arbitrarias

“Las denuncias mayoritariamente responsabilizan a miembros de Carabineros de Chile, a quienes durante el período del 17 de octubre al 30 de noviembre le fueron atribuidos 313 de los 344 hechos denunciados como constitutivos de detenciones ilegales y/o arbitrarias; a las Fuerzas Armadas 21 de los 342; a miembros de Policía de Investigaciones”, evidenció el informe del INDH.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su reporte indican que, “del 19 al 27 de octubre, vigente el estado de excepción constitucional de emergencia, un total de 6.986 personas fueron detenidas fuera del horario del toque de queda, y 2.037 por el quebrantamiento de dicha medida. Tras el termino de estas medidas entre el 28 de octubre y 29 de noviembre han sido detenidas 8.898 personas.

Según las cifras entregadas por el gobierno desde el 19 de octubre al 29 de noviembre 21.267 personas fueron detenidas. Según las cifras entregadas y las que expone el INDH en su informe, ” en el período de tiempo que estuvo vigente el estado de emergencia, se llevaron a cabo 9.696 audiencias de control de detención a nivel nacional ante los Juzgados de Garantía. Del total, en 389 casos se decretó prisión preventiva y en 9.307 casos las personas quedaron en libertad. Del total de detenidos durante este lapso, 637 fueron adolescentes entre 14 y 18 años; y respecto de 778 detenciones se declaró la ilegalidad del procedimiento.

Agrega que, “terminado el estado de excepción constitucional de emergencia, se llevaron a cabo 10.887 audiencias de control de detención a nivel nacional. En 561 casos se decretó prisión preventiva y en 10.326 casos las personas quedaron en libertad. Del total de detenidos durante este período de tiempo 742 fueron adolescentes entre 14 y 18 años, de los cuales en 320 casos se declaró la ilegalidad del procedimiento.

En suma el informe indica que “el total de controles de detención para el período de tiempo referido fue de 20.583. Del total de dichos controles de detención; 1.379 fueron respecto de adolescentes; 1.098 detenciones fueron declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia; en 950 casos se decretó prisión preventiva; y en 19.633 las personas que fueron detenidas quedaron en libertad”.

El 11 de noviembre en la ciudad de Quito, el Colegio de Abogados de Chile “puso en conocimiento que a los abogados no se les ha permitido entrevistarse ni tener acceso a registro de detenidos en las comisarías”.

Según información entregada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,” hasta el 30 de noviembre, 226 cuarteles policiales han sufrido ataques, mientras que 76 unidades militares han recibido distintos embates”.

Recomendaciones y conclusiones del informe del INDH

“El Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos. Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas”, concluyó en el informe.

En suma, “la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros es un problema que se explica , entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de gran magnitud, por lo que se hace imperativo un abordaje integral a dicho problema, con medidas consistentes con la gravedad y profundidad de las irregularidades detectadas”, recalcó en la síntesis del informe.

Dentro de las conclusiones que emanó el informe que recoge la situación en el país desde el 17 de octubre hasta el 30 de noviembre es que “a partir de antecedentes robustos, es posible señalar que el país está frente a situaciones de graves y muy numerosas violaciones, las que no pueden entenderse como simples abusos o excesos aislados. En este lapso se han conculcado numerosos derechos humanos, especialmente, aquellos relativos a la vida y a la integridad personal. Asimismo, se han constatado, de parte de Carabineros de Chile, conductas que se reiteran en el tiempo desde hace muchos años, como lo ha dicho el INDH, pero cuyo contexto e intensidad actual han causado serios perjuicios a las personas, tales como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamientos en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes –prácticas que incluyen actos de connotación sexual– y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos. Obviamente será tarea de los tribunales de justicia la investigación y sanción de los culpables, según corresponda”, concluyó el INDH.

Dentro del desempeño de las instituciones responsabiliza a Carabineros de “varios incumplimientos a los estándares internacionales de Derechos Humanos y, en consecuencia, los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, así como de la Circular 1832 sobre uso de la fuerza: detenciones arbitrarias de personas que se estaban manifestando pacíficamente; uso excesivo de la fuerza en las detenciones; uso de sustancias lacrimógenas indiscriminadas ante la presencia de personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; disparos con la carabina lanza gases en dirección al cuerpo de manifestantes, incluso al rostro; disparos de perdigones en dirección al cuerpo, cuello y rostro de manifestantes; acciones de dispersión y represión a manifestantes sin motivo ni provocación alguna, ni ocupación de calzada ni hechos de violencia; dirección del chorro, a alta presión, del vehículo lanza agua directamente contra los/as manifestantes; detención de periodistas o comunicadores sociales desempeñando su trabajo en manifestaciones; y presencia de agentes policiales sin estar debidamente identificados”, afirmó el INDH tras la realización del informe.

Ante los sucesos descritos el INDH “recomienda al Poder Ejecutivo, especialmente a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponer de todos los esfuerzos para que la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en especial el uso de la fuerza, se realice, efectivamente y desde ya, con estricto apego al respeto de los derechos humanos, de manera que responda a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Agrega el INDH la necesidad de “instruir a Carabineros de Chile que las detenciones que se realicen en contexto de las actuales manifestaciones se ajusten a la legalidad vigente y que las personas detenidas sean tratadas dignamente, excluyendo de modo absoluto la aplicación de torturas ya sean físicas, sexuales o psicológicas, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como desnudamientos y/o la realización de actividades físicas de variada consideración.

Dentro del qué hace antes las violaciones de derechos humanos solicita al Poder ejecutivo y al Poder Legislativo “una profunda reforma de la policía uniformada para que, en el contexto de una democracia, desempeñe sus labores con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos”, enfatizó el INDH en su informe. Asimismo, “recomienda a los poderes del Estado realizar las acciones correspondientes para que Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas, presten absoluta colaboración en los procesos penales que se lleven respecto de sus efectivos, especialmente en las diligencias que se orienten a identificar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, así como avanzar en las investigaciones y sanciones administrativas, con miras a determinar las eventuales responsabilidades de sus funcionarios en las violaciones de derechos humanos”.

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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