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Día del Carabinero y violaciones a los derechos humanos

«Las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia», concluyó el informe realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras los sucesos que han acontecido desde el 17 de octubre al 30 de noviembre.

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En este informe revisaron 187 relatos entregados por las víctimas en las diversas visitas realizadas por el INDH indican que, “del total de relatos analizados (187), en 144 de ellos las personas informan haber recibido disparos (balas, balines y perdigones) o bombas lacrimógenas por parte de Carabineros de Chile o Fuerzas Armadas. Las víctimas de estos sucesos denuncian que se encontraban manifestándose, se dirigían a sus hogares desde el trabajo o iban transitando por el lugar”.

Los equipos de salud de la Cruz Roja, voluntarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Santiago y otros grupos de estudiantes de carreras de salud y voluntarios/as “han denunciado ataques directos con perdigones, gases lacrimógenos y el carro lanza agua por parte de Carabineros mientras se encontraban atendiendo a personas heridas, aun cuando contaban con las identificaciones que permitían distinguirles a distancia. Hasta la fecha de cierre del presente informe, el INDH ha presentado nueve querellas por los delitos de apremios ilegítimos (5), torturas (3) y lesiones gravísimas (1) que han afectado a personas que prestan primeros auxilios en las manifestaciones”, indicó el INDH.

En tanto se develaron casos de tortura, el INDH desde el 19 de cotubre al 30 de noviembre ha presentado 476 querellas por torturas y tratos crueles, en favor de 568 víctimas. “Del total de querellas por torturas y tratos crueles (476), 433 fueron presentadas por hechos ocasionados por funcionarios de Carabineros de Chile, 33 por la participación de algún miembro de las Fuerzas Armadas, 10 por participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones”, registro el informe.

El INDH devela que en sus nueves años de existencia y previo a la rebelión de octubre tenía archivadas 174 casos entre 2010 y primer semestre de 2019, situaciones de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con daño físico.

En los relatos que acompañan las querellas, ocurridos en unidades policiales, en la vía pública o en vehículos policiales, las víctimas refieren múltiples golpizas por parte de Carabineros, las que incluyen golpes de pies y puños, golpes con la culata de armas de fuego no letales, bastones y manoplas. Así también, hay denuncias por asfixia de parte de Carabineros. En algunos casos fueron golpeados en la vía pública o en vehículos policiales primero y luego las golpizas continúan al interior de las unidades policiales“, detalló el informe publicado por el INDH. En suma, las víctimas por estas prácticas sufren hematomas en diversas partes del cuerpo, particularmente cabeza y ojos; pérdida de piezas dentales y fracturas.

La agresión física y psicológica han sido denunciadas, amenazas de muertes, como por ejemplo, “matémoslo a puras patadas en la cabeza”. Así también, hay referencia al accionar de un Carabinero que introdujo en la boca de uno de los detenidos su arma institucional, obligando a la persona a “lamerla” y amenazándolo durante todo el tiempo con que lo iba a matar. Otros afectados refieren que se les apuntó con un arma de fuego o se les puso el arma en la sien y se los amenazó con matarlos”, precisó el informe publicado por el INDH.

El 30 de noviembre el INDH informo que, “había presentado 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual. Las víctimas totales ascienden a 135, de las cuales 71 son mujeres (equivalente al 53%) y 64 son varones (correspondiente al 47%). Estos datos demuestran que la violencia sexual afectó en mayor medida a mujeres y niñas, pues del total de víctimas representadas por el INDH tres de cada diez mujeres denunciaron este tipo de delitos, en comparación a uno de cada diez hombres”.

Dentro de las denuncias por violación sexual destacan cinco, “las personas afectadas son hombres adultos y los hechos involucran la participación de funcionarios de Carabineros de Chile. En tres de estos casos se han invocado las agravantes del artículo 12 N°21 del Código Penal, establecidas en la Ley 20.609, pues dos de las víctimas son homosexuales y la otra migrante”, informó el INDH.

Otras prácticas recurrentes denunciadas ha sido el desnudamiento al interior de las comisarías, “esto fue denunciado por 114 víctimas, de las cuales 25 son niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, se registran casos de filmaciones, burlas sexuales y presencia de funcionarios/as del sexo opuesto durante los procedimientos de desnudamiento”, indicó el INDH.

Cabe destacar, que desde el 2019 “se prohíbe estrictamente desnudar a las personas sometidas al procedimiento de registro de vestimentas”, recaló el INDH. Las denuncias por desnudez forzadas han sido denunciadas también a la Defensoría Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Human Rights Watch, y otras entidades.

Según este informe constata que “los desnudamientos, tocaciones y amenazas de violación afectan en mayor proporción a mujeres, mientras que en los casos de violación sexual todas las víctimas son varones”. Asimismo, los hechos de violencia sexual judicializados según la institución del Estado a la que pertenece el agente imputado indican que, “el 96% de los desnudamientos fueron ejecutados por Carabineros de Chile, al igual que el 89% de las tocaciones, el 80% de las amenazas de violación y el 100% violaciones”.

Previo a la rebelión popular el INDH había presentado “16 querellas por tortura con violencia sexual, por lo tanto, las cifras actuales representan un aumento sustantivo en las acciones judiciales de esta naturaleza, las cuales en el período de un mes y medio se sextuplicaron respecto al total histórico“, recalcó en su informe.

Detenciones ilegales y arbitrarias

“Las denuncias mayoritariamente responsabilizan a miembros de Carabineros de Chile, a quienes durante el período del 17 de octubre al 30 de noviembre le fueron atribuidos 313 de los 344 hechos denunciados como constitutivos de detenciones ilegales y/o arbitrarias; a las Fuerzas Armadas 21 de los 342; a miembros de Policía de Investigaciones”, evidenció el informe del INDH.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su reporte indican que, “del 19 al 27 de octubre, vigente el estado de excepción constitucional de emergencia, un total de 6.986 personas fueron detenidas fuera del horario del toque de queda, y 2.037 por el quebrantamiento de dicha medida. Tras el termino de estas medidas entre el 28 de octubre y 29 de noviembre han sido detenidas 8.898 personas.

Según las cifras entregadas por el gobierno desde el 19 de octubre al 29 de noviembre 21.267 personas fueron detenidas. Según las cifras entregadas y las que expone el INDH en su informe, ” en el período de tiempo que estuvo vigente el estado de emergencia, se llevaron a cabo 9.696 audiencias de control de detención a nivel nacional ante los Juzgados de Garantía. Del total, en 389 casos se decretó prisión preventiva y en 9.307 casos las personas quedaron en libertad. Del total de detenidos durante este lapso, 637 fueron adolescentes entre 14 y 18 años; y respecto de 778 detenciones se declaró la ilegalidad del procedimiento.

Agrega que, “terminado el estado de excepción constitucional de emergencia, se llevaron a cabo 10.887 audiencias de control de detención a nivel nacional. En 561 casos se decretó prisión preventiva y en 10.326 casos las personas quedaron en libertad. Del total de detenidos durante este período de tiempo 742 fueron adolescentes entre 14 y 18 años, de los cuales en 320 casos se declaró la ilegalidad del procedimiento.

En suma el informe indica que “el total de controles de detención para el período de tiempo referido fue de 20.583. Del total de dichos controles de detención; 1.379 fueron respecto de adolescentes; 1.098 detenciones fueron declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia; en 950 casos se decretó prisión preventiva; y en 19.633 las personas que fueron detenidas quedaron en libertad”.

El 11 de noviembre en la ciudad de Quito, el Colegio de Abogados de Chile “puso en conocimiento que a los abogados no se les ha permitido entrevistarse ni tener acceso a registro de detenidos en las comisarías”.

Según información entregada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,” hasta el 30 de noviembre, 226 cuarteles policiales han sufrido ataques, mientras que 76 unidades militares han recibido distintos embates”.

Recomendaciones y conclusiones del informe del INDH

“El Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos. Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas”, concluyó en el informe.

En suma, “la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros es un problema que se explica , entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de gran magnitud, por lo que se hace imperativo un abordaje integral a dicho problema, con medidas consistentes con la gravedad y profundidad de las irregularidades detectadas”, recalcó en la síntesis del informe.

Dentro de las conclusiones que emanó el informe que recoge la situación en el país desde el 17 de octubre hasta el 30 de noviembre es que “a partir de antecedentes robustos, es posible señalar que el país está frente a situaciones de graves y muy numerosas violaciones, las que no pueden entenderse como simples abusos o excesos aislados. En este lapso se han conculcado numerosos derechos humanos, especialmente, aquellos relativos a la vida y a la integridad personal. Asimismo, se han constatado, de parte de Carabineros de Chile, conductas que se reiteran en el tiempo desde hace muchos años, como lo ha dicho el INDH, pero cuyo contexto e intensidad actual han causado serios perjuicios a las personas, tales como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamientos en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes –prácticas que incluyen actos de connotación sexual– y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos. Obviamente será tarea de los tribunales de justicia la investigación y sanción de los culpables, según corresponda”, concluyó el INDH.

Dentro del desempeño de las instituciones responsabiliza a Carabineros de “varios incumplimientos a los estándares internacionales de Derechos Humanos y, en consecuencia, los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, así como de la Circular 1832 sobre uso de la fuerza: detenciones arbitrarias de personas que se estaban manifestando pacíficamente; uso excesivo de la fuerza en las detenciones; uso de sustancias lacrimógenas indiscriminadas ante la presencia de personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; disparos con la carabina lanza gases en dirección al cuerpo de manifestantes, incluso al rostro; disparos de perdigones en dirección al cuerpo, cuello y rostro de manifestantes; acciones de dispersión y represión a manifestantes sin motivo ni provocación alguna, ni ocupación de calzada ni hechos de violencia; dirección del chorro, a alta presión, del vehículo lanza agua directamente contra los/as manifestantes; detención de periodistas o comunicadores sociales desempeñando su trabajo en manifestaciones; y presencia de agentes policiales sin estar debidamente identificados”, afirmó el INDH tras la realización del informe.

Ante los sucesos descritos el INDH “recomienda al Poder Ejecutivo, especialmente a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponer de todos los esfuerzos para que la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en especial el uso de la fuerza, se realice, efectivamente y desde ya, con estricto apego al respeto de los derechos humanos, de manera que responda a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Agrega el INDH la necesidad de “instruir a Carabineros de Chile que las detenciones que se realicen en contexto de las actuales manifestaciones se ajusten a la legalidad vigente y que las personas detenidas sean tratadas dignamente, excluyendo de modo absoluto la aplicación de torturas ya sean físicas, sexuales o psicológicas, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como desnudamientos y/o la realización de actividades físicas de variada consideración.

Dentro del qué hace antes las violaciones de derechos humanos solicita al Poder ejecutivo y al Poder Legislativo “una profunda reforma de la policía uniformada para que, en el contexto de una democracia, desempeñe sus labores con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos”, enfatizó el INDH en su informe. Asimismo, “recomienda a los poderes del Estado realizar las acciones correspondientes para que Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas, presten absoluta colaboración en los procesos penales que se lleven respecto de sus efectivos, especialmente en las diligencias que se orienten a identificar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, así como avanzar en las investigaciones y sanciones administrativas, con miras a determinar las eventuales responsabilidades de sus funcionarios en las violaciones de derechos humanos”.

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Opinion

MANDU, PRESO POLÍTICO DE PUNTA ARENAS: CONSIGUE LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA POR CINCO AÑOS

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por Ivonne, Militante Trabajadores y Trabajadoras al Poder

Este martes 1 de diciembre, desde las 13:30 horas, se llevó adelante la audiencia de lectura de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria de Marcelo Mandujano, por los delitos de incendio de un edificio en donde funcionaba la AFP Hábitat y por el delito de desórdenes públicos relativos a la jornada del 12 de noviembre del 2019, imputaciones que lo han mantenido en prisión preventiva desde el 10 de enero del 2020.

En la pasada audiencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal decidió condenarlo como autor del delito de incendio a cuatro años y 324 días de presidio menor en su grado máximo, a la pena accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de sus derechos políticos y a la inhabilitación absoluta del ejercicio de cargos públicos mientras dure la condena y, como autor del delito de desórdenes públicos a la condena de 41 días de prisión en su grado máximo, sumando una condena de 5 años.

Registro de actividad durante una de las jornadas de ayuno, en Punta Arenas, por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta

Sin embargo, hoy, el Tribunal determinó la aplicación de la pena sustitutiva de Libertad vigilada intensiva, por un plazo de cinco años, debiendo dar cumplimiento al plan de intervención individual que determinará en los próximos días Gendarmería de Chile, además del imperativo de que Mandu fije un domicilio permanente y que, en caso de modificaciones de dirección, debe informarlo oportunamente.

En virtud de esta sentencia, Mandu es condenado al pago de 660 UF más los intereses, suma que supera los 19 millones de pesos, por concepto de las rentas de arrendamiento que la dueña habría dejado de percibir producto del incendio del inmueble.

En esta audiencia se dio curso a la revisión de oficio de la medida cautelar de prisión preventiva, al haber transcurrido más de 6 meses desde su inicio. La defensa solicitó que, entendiendo que aún no está ejecutoriada la sentencia que se lee en dicha instancia (lo que significa que pudiera modificarse el resultado por la vía de la impugnación, ya sea por la interposición de un recurso por parte de la fiscalía o por parte de algún otro querellante) el escenario cambia con la lectura de la sentencia definitiva que no tiene como consecuencia la aplicación de una condena de prisión efectiva, por lo que esta medida cautelar es reemplazada por otras 3 de menor intensidad: arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo regional, las que permanecerán vigentes hasta que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, hasta que se agote el plazo para interponer recursos o que, habiendo interpuesto algún recurso, no se haya acogido a las pretensiones de modificar el contenido de la sentencia.

Registro de actividad durante una de las jornadas de ayuno, en Punta Arenas, por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta

Es motivo de celebración que Mandu pueda gozar de libertad, y aunque no será completa, ya que estará sujeto a un plan de intervención de gendarmería, sí estará fuera de las condiciones de aislamiento e indignidad de los recintos penales de Chile y lejos de los 11 años que estaba pidiendo el Ministerio Público por un proceso con bastas irregularidades ya mencionadas en notas que este periódico ya ha publicado.

Resulta manifiestamente injusto que Mandu haya tenido que pasar 326 días privado de libertad para que finalmente en el procedimiento se determinara que no sería condenado a prisión por los 11 años de condena que el ministerio público majaderamente sostenía.

Esto confirma lo que hemos venido sosteniendo: el carácter político de los procesos que caen sobre nuestros compañeros y compañeras aprisionados injustamente por luchar, ya que durante un año Fiscalía hace un festín mediático respecto de su gestión al lograr identificar y aprisionar a uno de los responsables de las acciones de protesta dadas en la región, en donde ya vemos que su posibilidad de neutralización está limitada a la aplicación de la prisión preventiva, pero no a una sentencia condenatoria de prisión, y  que por otro lado, tampoco se traduce en el aplastamiento de la protesta, sino todo lo contrario. No se logra intimidar represivamente al pueblo organizado, muestra de esto es la red de apoyo que se ha tejido alrededor de los casos de prisión política, en donde se han generado distintas acciones de visibilización, denuncia y apoyo.

Apoyo que será fundamental sostener de manera nacional e internacional, ya que debemos asumir la responsabilidad de pelear en la calle la libertad total e incondicional para todos y todas los presos/as políticas de la rebelión popular.

Este 10 de diciembre, a propósito de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, se está convocando a una Huelga Nacional por la libertad de las y los presos/as políticas de la rebelión popular, en el marco de la discusión sobre la posibilidad de una salida política de estos/as. Es de vital importancia que las y los comprometidos con esta justa lucha por la libertad de las y los presos nos aboquemos a la agitación y organización de esta jornada, dejando atrás los sectarismos y los traspiés que lamentablemente se han visto, mostrando unidad, organización y determinación y tensionando a los sectores organizados de trabajadores y trabajadoras a solidarizar y a ponerse a disposición de la combatividad que exige la jornada.

¡10 DE DICIEMBRE HUELGA GENERAL POR LA LIBERTAD TOTAL A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA REBELIÓN POPULAR!

¡AMNISTÍA YA, SIN CONDICIONES Y SIN TRANSAR CON LA IMPUNIDAD DE LOS REPRESORES!

¡FUERA PIÑERA, ABAJO EL PARLAMENTO CORRUPTO! ¡POR UN GOBIERNO DE LAS Y LOS TRABAJADORES QUE DISUELVA LAS FF AA Y DE ORDEN!

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Nacional

“Que la CNI devuelva a mis hijos”: 37 años desde la inmolación de Sebastian Acevedo

Un viernes 11 de Noviembre de 1983, el obrero de Coronel se quemó vivo frente a la Catedral de la Plaza de Independencia de Concepción. Su acto fue motivado por la desesperación ante el aprisionamiento de sus hijos por la CNI.

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Por Diego Chacano

Se cumple otra fecha desde la muerte de Sebastian Acevedo Becerra, el hombre que, a sus 52 años, se prendió fuego frente a la Catedral de la Santísima Concepción en plena dictadura militar.

El hecho que desencadenó esta inmolación fue la detención de sus hijos María Candelaria y Galo, apenas dos días antes por civiles armados desde su casa en Coronel.

Tanto María (quien fuera militante de Las Juventudes Comunistas) como su hermano fueron llevados a un centro de detención en Playa Blanca. Sebastian, sospechando que se encontraban en poder de la CNI se encaminó en su búsqueda por diversos recintos de la Región del Bío Bío, sin embargo no encontró respuesta de ninguna autoridad.

El día viernes 11 de Noviembre, Acevedo se cubrió de gasolina e inmoló su cuerpo frente a la Plaza de la Independencia de Chile.

Sus hijos, quienes habrían sido liberados momentáneamente pudiendo despedirse de su padre moribundo, nuevamente fueron encarcelados durante algunos años hasta que consiguieron su libertad (en gran parte gracias al movimiento y revuelo causado a raíz del caso.)

Su hija Erika declaró: “(…) La inmolación de Sebastián sacudió la conciencia de todo Chile, desnudó el drama de las detenciones secretas y las torturas. El impacto de esta acción fue tal que la dictadura se vio obligada a reconocer la detención de Galo y María Candelaria Acevedo, para días más tarde dejarlos en libertad.”

Ante los hechos se conformó un movimiento llamado “Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo” quienes protestaban contra las torturas cometidas por la CNI y que, hasta día de hoy, siguen remomerando el acto desesperado del padre de familia.

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Nacional

“Hasta vencer o morir”: 32 años desde el asesinato de los comandantes Raúl Pellegrin y Cecilia Magni

Un día 28 de octubre de 1988, fueron asesinados en el poblado Los Queñes (VII Región del Maule) los altos rangos del Frente Patriotico Manuel Rodríguez: Cecilia Magni y Raúl Pellegrin.

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Por Diego Chacano

Cecilia Magni, conocida popularmente como “Comandanta Tamara” (apodo puesto en memoria de la guerrillera Tamara Bunke) fue de vital importancia en diversas operaciones de la organización guerrillera Frente Patriótico Manuel Rodriguez. Sus años de experiencia y fuerte liderazgo la llevaron a ser la única mujer en llegar a dirigir a los frentistas.

Raúl Pellegrin, por su parte, fue uno de los comandantes fundadores de la organización. Formado militarmente en Cuba, lideró algunas de las actividades más peligrosas del grupo, como el atentado fallido a Pinochet en septiembre de 1986, del cual también participó Cecilia.

Luego del fracaso en la “Operación Siglo XX” y la posterior separación entre el Partido Comunista de Chile y el FPMR, se comenzó a idear el proyecto denominado “Guerra Patriótica Nacional”, la cual pretendía llevar a las masas a sublevarse contra el régimen ante la desconfianza en un eventual plebiscito o cualquier tipo de “retorno a la democracia” pactada por las castas políticas.

Raúl y la Comandanta Tamara lideraron personalmente las diversas acciones planificadas para la “Guerra Patriótica Nacional”, tomando diversos poblados rurales: La Mora, Pichipellahuén y Los Queñes.

Sin embargo, fue en este último lugar donde, luego de haber ocupado exitosamente el terreno, un grupo de carabineros detuvo a los frentistas. Ambos fueron torturados y asesinados por efectivos policiales.

El día 30 de octubre sus cuerpos fueron encontrados con notorias marcas de tortura en las cercanías del río Tinguiririca. Según los informes se les habría aplicado electricidad y también fueron golpeados brutalmente.

El año 2014 la Corte Suprema absolvió a los principales acusados del asesinato de Raúl y Cecilia. “Dejaron a los asesinos libres. El juicio se fue por el lado de la autopsia y no por el de todo el operativo que hubo detrás. Le quitaron el peso político”. Así dijo Carla Pellegrin, hermana del comandante Raúl.

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