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Daniela Guzmán Huenchuleo – Distrito 20

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Precandidatura impulsada por la Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz y el Centro Cultural Víctor Jara de la población Boca Sur en Concepción

¿Desde dónde surge la precandidatura de Daniela Guzmán Huenchuleo?

Es impulsada desde el Centro Cultural Víctor Jara, que nace hace más de 20 años con el legado histórico de dirigentes y dirigentas que dieron las primeras luchas en la Boca Sur del Biobío, la lucha contra la dictadura en la década de los 80’. La población es el resultado de las políticas habitacionales de la dictadura, donde se configuró una ciudad para los ricos y otra muy diferente para las familias trabajadoras. Boca Sur es el resultado de erradicaciones ilegales y forzosas en la dictadura cívico-militar de Pinochet.

La organización comenzó a trabajar en la Junta de Vecinos 8R, desde ahí se hace un llamado a la juventud a integrarse a este proyecto que alcanzó popularidad a través de las acciones artísticas-culturales, como es el Festival de Todas las Artes Víctor Jara (2001-2020), acciones de educación popular como lo fue la Escuela Libre y Popular Víctor Jara (2008-2012), acciones de memoria recuperando la historia de nuestra población (libro y documental “Construyendo Población”, obra de teatro “La Marea: Mujeres Pobladoras” , primer informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Boca Sur 2019), la articulación con organizaciones a nivel comunal y territorial, activando luchas por la defensa del Humedal Los Batros y Laguna Grande, el fin de la contaminación en nuestra playa y la defensa de la democracia participativa en nuestra población.

Así fue avanzando este proyecto, en un primer momento se planteó “fortalecer la identidad a través del arte y la cultura”, luego, fue avanzando a formas más complejas al vincular lo anterior con el “proyecto político territorial”. La necesidad de adelantarnos en la construcción de formas comunitarias de la sociedad futura que queremos construir.

En este contexto llegó la revuelta de octubre de 2019, desde ahí nos dispusimos de forma inmediata para el domingo 20 de octubre estar levantando la Asamblea Popular la Boca Sur del Biobío, la cual impulsó la unidad a nivel comunal y provincial con el fin de articular los impulsos de un Chile que se disponía a la lucha contra la desigualdad y por la dignidad.

Tras el ya comentado “pacto por la paz y la nueva constitución” del 15 de noviembre de 2019, donde la clase política impone una salida institucional, como asamblea territorial nos pronunciamos ante la desconfianza que generaba este proceso, que nacía con el pueblo chileno en las calles y donde muchas y muchos perdieron la vida o sufrieron la brutal represión estatal de esos días de revuelta. La asamblea siguió articulando la resistencia hasta que llega marzo de 2020 con la pandemia del Coronavirus.

Desde este momento las asambleas ven dificultades en el trabajo ante las medidas sanitarias y muchas de ellas entran en un receso. Desde el Centro Cultural Víctor Jara se promueve la formación de la Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz ante el impacto inmediato que tuvo en nuestro borde costero las consecuencias de la crisis sanitaria y económica. Desde este espacio se articulan junta de vecinos, comités de vivienda y comedores populares que fueron la respuesta inmediata ante el abandono histórico que en contexto de pandemia se hacía más evidente aún.

Con el paso de los meses, con el trabajo volcado en la Unión de Pobladores y Pobladoras, el proceso por una nueva constitución impuesto por la clase política continuó hasta llegar al 25 de octubre de 2020 donde nuestros vecinos y vecinas salieron en masa a rechazar la constitución de Pinochet y aprobar una nueva constitución, pero dejando en claro que esta debe ser escrita sin la presencia de la clase política corrupta y asesina. Esto queda en evidencia en nuestra comuna, la cual siendo la segunda comuna más desigual de Chile y teniendo uno de los índices de abstención más altos a nivel nacional en las elecciones municipales del 2016 decidió salir a votar masivamente dejando en claro que si se trata de una nueva constitución es con el pueblo o no será.

La decisión de apoyar la opción apruebo fue una decisión que se toma en respuesta al ejercicio democrático con nuestros vecinos y vecinas que conformamos la Unión de Pobladores y Pobladoras. Desde la Asamblea Popular la Boca Sur del Biobío ya se había planteado la desconfianza en el proceso y el entendimiento que esto es otra salida de la clase política para asegurar sus intereses, pero a pesar de ello se plantea desde la decisión colectiva que es indispensable intervenir en este proceso y disputar todos los espacios donde se quiere borrar que fue el pueblo en las calles quien tensionó y corrió los límites de lo posible al imaginar un nuevo Chile.

Es desde ahí que hoy, tras una decisión que nace de la discusión entre vecinos y vecinas que conforman los espacios de organización, sentimos la responsabilidad y la urgencia de seguir interviniendo en este proceso, ahora desde la plataforma que será la Convención Constitucional y levantando una candidatura del pueblo que asegure el “sin el pueblo no hay proceso constituyente”.

Hoy es nuestra vecina y compañera Daniela Guzmán Huenchuleo quien responde a la responsabilidad histórica de levantar una candidatura que represente el sentir de los y las pobladores de Chile, de la clase trabajadora, de los y las estudiantes que levantan este país cada día. Daniela no representa una candidatura desde lo individual, Daniela es parte de la revuelta popular, es un proyecto político en un momento histórico que viene a sintetizar la historia de lucha de nuestra población y de nuestra comuna, la continuidad de un legado de organización que debe proyectarse en triunfos y esperanzas para nuestro pueblo, el sentir que vamos por ancho camino.

¿Se nos ha preguntado del porqué de esta candidatura? o ¿hacia dónde vamos con este proyecto? Más allá del cambiante panorama aquí tenemos total claridad. Esto no es una etapa electoral de la organización, este es un momento histórico en el que la clase política corrupta y asesina que desea nuevamente ponerse al frente de este proceso, debe ser desplazada por el pueblo consciente y organizado que no puede quedar replegado una vez más a la eterna derrota de quienes deciden ser espectadores de este momento. También entendemos y compartimos la desconfianza en el proceso y por ellos entendemos esta candidatura como una irrupción con principios y valores que no se transaran por ser parte de este proceso y si es necesario desde ahí denunciar todas las trabas y vicios que se puedan dar.

Entonces, con esta candidatura no solo vemos la oportunidad de irrumpir en el proceso constituyente, sino que también levantar una fuerza a nivel local y nacional que intenciones la articulación de la clase trabajadora en nuevas organizaciones territoriales y populares que sean quienes protagonicen el despertar de Chile desde una nueva constitución para una nueva sociedad ¡SIN EL PUEBLO NO HAY PROCESO CONSTITUYENTE!

¿Quién es Daniela?

Daniela Ester Guzmán Huenchuleo tiene 23 años, es estudiante de Trabajo Social en la Universidad de Concepción, vive en la población Boca Sur, comuna de San Pedro de la Paz, mismo territorio en el cual desarrolla su trabajo político-comunitario, madre de una niña de tres años, Mapuche y cristiana de base.

Desde la infancia con una vida ligada a comunidades cristianas de Boca Sur, en el año 2019 la decisión es volcar el servicio fuera de las cuatro paredes de la iglesia e inició un camino de organización activa en su población, integró la Asamblea Popular La Boca Sur del Biobío y durante ese mismo año asume la vocería del espacio, en el mismo periodo pasa a integrar el Centro Cultural Víctor Jara con veinte años de trabajo en la comuna y el borde costero, espacio en el que igualmente asume la labor de vocería.

En el 2020 es protagonista del impulso de la Unión de Pobladores y Pobladoras, un espacio de articulación de diversas organizaciones del borde Costero de San Pedro de la Paz por barrio, casa y vida digna, desde ahí igualmente asume labores de dirigencia y educación popular. Durante el mismo periodo desde el Centro Cultural Víctor Jara se impulsan diversas experiencias, entre ellas el Noticiero Popular: La Boca Habla, instancia en la que participa como comunicadora, escuelas de dirigentes, entre otras.

La historia de su familia se inicia con una infancia de sus abuelos maternos en un campo, al sur de Chile, en un contexto de extrema violencia Estatal, siendo Mapuches son despojados de su cultura y territorio, su abuela en su infancia es entregada a cambio de trabajo en el centro de Concepción, en su juventud decide iniciar familia en una toma de terreno, la madre crece en la toma del Cerro Chepe y al igual que su padre en su adolescencia son despojados y enviados a la periferia, en el año 1983 son expulsados a Boca Sur como parte de las políticas habitacionales del régimen dictatorial, un lugar frio, carente de servicios básicos, oculto, desde entonces y junto a la historia de sus padres se gesta la historia del Chile actual, la historia de los y las pobladoras de Boca Sur. Desde entonces se configuran barrios para pobres y otros para ricos, comienza la resistencia y organización de los vecinos y vecinas como única forma de dar cara a las urgencias. Rosa Silva, Juan Orellana, Marta Silva y tantos otros dirigentes y dirigentas populares se transforman en figuras esenciales y nos heredan una historia de lucha, resistencia y organización, y por sobre todo el compromiso de luchar por construir una población y un Chile digno.

Avanzamos con memoria, con verdad y por justicia ¡Es la hora de los pueblos!

¡Nunca más sin nosotros y nosotras!

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Guetos verticales se trasladan a Maipú

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Un gigantesco mega proyecto inmobiliario amenaza con instalarse en Avenida Pajaritos a la altura del 4600. Así lo promociona la inmobiliaria Icalma, quien pretende construir un complejo de torres de más de 20 pisos en el sector.

La voz de alarma y preocupación la dieron los vecinos del sector, que ven en este proyecto una amenaza grave a su calidad de vida futura, pues la envergadura de las obras supondrá un colapso ya conocido con los guetos verticales que invadieron la comuna de Estación Central hace un par de años.

Desde ya los vecinos y vecinas están recabando información para emprender las acciones necesarias para impedir la construcción de las torres.

El sector donde se pretende intervenir ofrece un atractivo inmejorable para las inmobiliarias, cercano a la estación Monte Tabor de la línea 5 del Metro y a grandes centros comerciales.

Los negocios inmobiliarios: Zonas de sacrificio urbanas

El actual ministro del Interior, el UDI Rodrigo Delgado, fue el gestor y responsable por la proliferación de estos mega edificios en la Comuna de Estación Central, del cual fue alcalde en tres periodos consecutivos (2008 al 2020). En esos años las inmobiliarias se hicieron el pino construyendo una especie de “Sanhattan ”  (nombre formado a partir de conjunción de Santiago y Manhattan, denominación popular que recibe el barrio financiero ubicado en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes), pero más barato y precario. El negocio no apuntaba a solucionar el déficit habitacional del sector, sino más bien está dirigido a inversionistas que luego arriendan los departamentos, especialmente a extranjeros.

La mayoría poseen un metraje cuadrado ínfimo, con un solo ambiente y con infraestructura mínima (espacios comunes, ascensores, etc.), lo que provocaba un caos las 24 horas del día, al no dar abasto para los cientos de residentes de las torres.  El hacinamiento en que viven más de cuatro personas por departamento, provocó para sus residentes la pérdida total de la privacidad, la ausencia de luz natural, afectación de las señales de televisión abierta y de celular, por la altura de los edificios.

Pero estos monstruos de metal y cemento provocaron estragos en la calidad de vida de los vecinos y vecinas aledaños a las moles de altura. Con el aumento en las construcciones, aparecieron problemas de agua y alcantarillado, congestión vehicular, de basura, etc. asociados a que las constructoras no realizaron las mitigaciones necesarias, ocupando la infraestructura ya existente y ante el aumento explosivo en la densidad poblacional, simplemente colapsó.

Las torres  de 30 a 40 pisos y 100 metros de altura, representan una locura y una aberración arquitectónica absurda, que privilegió el negocio por sobre la calidad de vida de sus habitantes; lo más parecido a una zona de sacrificio abandonada a la depredación capitalista y al mercado.

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Piñera apaga el fuego con bencina: enviará el Tercer Retiro de AFP al TC

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Esta mañana, en una conferencia de prensa realizada desde la moneda afirmó que el gobierno acudirá al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro del 10%, que el día de ayer fue aprobado en la cámara baja.

En la conferencia de prensa Sebastián Piñera señaló que esta acción obedecía a que «siempre defenderemos el respeto a la Constitución», agregando que «quiero decir fuerte y claro que siempre vamos a cumplir ese deber como Gobierno».

«Nosotros siempre defenderemos el respeto a la Constitución, puesto que es esencial en un Estado de derecho», añadió. Agregó además que buscarán frenar la iniciativa en el Senado.

A pesar de la crítica que ha recibido de todos los sectores, el ejecutivo defendió los bonos y las ayudas señalando que «con el IFE fortalecido y nuevo Bono Clase Media tenemos casi el doble de cobertura que el tercer retiro: 12,2 millones versus poco más de 7 millones de posibles beneficiados».

No obstante, las redes sociales y la respuesta popular no se ha hecho esperar ante esta arremetida de Piñera contra este tercer retiro, pues expresan que las ayudas y que los recursos que ha puesto el gobierno son insuficiente para la profunda crisis económica que azota al país.

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La crisis humanitaria que se nos viene: 81.643 familias viviendo en campamentos

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  Por Iñaki Vizcarra

El catastro sobre Campamentos de la Fundación Un techo para Chile (2020-2021), estableció un aumento dramático de las personas viviendo en ocupaciones precarias. A la fecha se registran 969 campamentos  – la cifra más alta desde 1996 – que se traduce en 81.643 familias ocupando asentamientos irregulares a lo largo del país. Este explosivo crecimiento se debe al aumento sostenido de la cesantía – acrecentado por la Pandemia – y la crisis migratoria. Una bomba de tiempo a punto de estallar.

En términos globales hay un 73,52% más de campamentos y tomas que el año 2019. La institución calcula que si se suman los allegados, las personas que viven en la calle y arrendatarios en condiciones de hacinamiento absoluto, son más de 500 mil familias las que necesitan un hogar con urgencia, lo que se traduce en más de 1 millón y medio de personas.

En Chile los datos no se actualizan con la rapidez en que crece la demanda de viviendas.  De acuerdo con la encuesta CASEN del año 2017, sólo en la Región Metropolitana, el déficit habitacional era de 270.714 viviendas, mientras que el hacinamiento alcanzaba un 8,1%. En el resto de las regiones la mayor tasa correspondía a Tarapacá, con un 13,5%.

De las 81.643 familias que viven actualmente en campamentos 57.384 corresponden aniñas y niños menores de 14 años. El 21% de las familias llegó a causa de la pérdida del trabajo o la caída de sus ingresos. De ellas, 25.000  son familias migrantes, lo que equivale a un 30% del total de hogares.

En el informe de Un Techo para Chile,  4 regiones experimentaron alzas preocupantes y dramáticas: Arica y Parinacota, encabeza la lista con un aumento en los campamentos del 42,86%, mientras la cantidad de familias creció en un 234,25%. Le sigue la región Metropolitana, con un aumento de un 224,55% familias y un 53,33% de campamentos. En tercer lugar está La Araucanía, con 315,38% más de familias y un alza de campamentos del 128,57%. Finalmente  Valparaíso, con un incremento de un 112,35% de familias y un 24,31% de campamentos.

Las condiciones de vida a nivel nacional, nos muestran que sólo un 6,72%  tiene acceso a agua potable de manera formal y un 31,27% a través de camiones aljibe. En cuanto a electricidad, un 60,13% accede a ella a través de conexiones informales y sólo un 19,94% cuenta con electricidad en sus viviendas de manera regular. Del total, un 43,7% no tiene alcantarillado, sólo pozos negros, acequias o canales y un 7,03 tiene el privilegio de estar conectado a una red pública formal.

Pero no sólo crecen las tomas y campamentos, también lo hacen las personas que viven en la calle, habitando carpas y pequeños cuartos de nylon y cartón  (bautizadas eufemísticamente desde la institucionalidad como personas en situación de calle), colocando en evidencia que la crisis la están pagando los más pobres. Entre las causas de este explosivo aumento está la cesantía y la baja en las remuneraciones producto de la Pandemia, factores que provocaron no poder seguir pagando arriendos. Por otro lado, hay una fuerte población migrante pobre, quizás el sector más vulnerable y golpeado por las restricciones y las cuarentenas, especialmente por encontrarse en situación irregular y con ello, excluido de cualquier beneficio o ayuda estatal.

Si analizamos indicadores de género, podemos concluir que las mujeres están más expuestas y vulnerables. Según datos de la encuesta CASEN 2017, el 42% de los hogares a nivel nacional tienen como cabeza de familia a una mujer, cifra que aumenta, según el Catastro Nacional de Campamentos (MINVU 2019), que indican que el 55,3% de los hogares de campamentos cuentan con una mujer como jefa de hogar.

La cosa se ve fea por donde se mire, sobre todo porque las promesas del gobierno ni siquiera se están cumpliendo y es poco probable que así sea. En el aire queda lo expresado en Febrero del año 2019 a El Mercurio el entonces ministro de Vivienda y Urbanismo de Piñera, Cristián Monckeberg Bruner:El Minvu espera que de aquí al 2022, año en que finaliza el período del actual Gobierno, se concrete el cierre de más 260 campamentos, es decir cerca del 32% de los 822 que actualmente hay en Chile”.

En el último llamado del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S 49), postularon 200 mil familias, con el objetivo de acceder a uno de los 3000 cupos que el Ministerio de Vivienda ofrecía. 197 mil familias quedaron fuera. En promedio, las familias se demoran de 10 a 15 años en recibir una solución habitacional.  

La realidad de las personas sin casa es una bomba de tiempo insostenible, que lejos de mejorar aumenta día a día. Así lo demuestran las numerosas tomas de los últimos tiempos, movilizaciones que sólo han tenido desalojos y represión como respuesta, pero que no terminarán, porque el derecho a la vivienda digna es una lucha de todo el pueblo.

Recuadro:

La expansión de la ciudad y la historia de la segregación

En el gobierno de la Unidad Popular la vivienda se entendió como un derecho social, del mismo modo que la educación y la salud. A su llegada al poder, Allende se encuentra con una realidad insostenible. El déficit era de aproximadamente 600 mil viviendas y 85.000 familias viviendo en campamentos (situación parecida a la actual, pero con una población de 9.738 millones de habitantes, menos de la mitad de la actual). Mediante un proceso centralizado se logran avances significativos. Durante  todo el periodo se logran construir casi 200 mil viviendas, en su mayoría a través de la Corporación de la Vivienda (CORVI) y la autoconstrucción, especialmente en las incipientes poblaciones formadas en las denominadas “operación sitio”, impulsadas en el gobierno de Frei padre y que consistía en dotar de infraestructura básica a terrenos agrícolas o baldíos ubicadas en la periferia de Santiago para ser ocupados por miles de familias sin casa. 

A pesar del esfuerzo, las necesidades eran de tal envergadura que las tomas de terrenos no decaen en gran parte del país, impulsadas en su mayoría por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otros partidos de izquierda.

A modo de ejemplo, el historiador Mario Garcés consigna durante  los años 1970 – 1972 en la región del Bío Bío numerosas tomas de sitios, a saber: 4 campamentos en Concepción, 22 en Talcahuano, 1 en Tomé, 4 campamentos en Dichato, 20 en Lirquén y Penco, 22 en Chiguayante y Manquimávida, 1 en Coronel y 1 campamento en San Pedro. Situación similar ocurren en otras regiones del país.

Todo cambia con la Dictadura de Pinochet, donde la lógica que predomina son las acciones subsidiarias del Estado y la incorporación del mundo privado en las soluciones de viviendas sociales. En este periodo, el Estado se aleja de la responsabilidad en materia habitacional, impulsando la idea que la “casa propia” debe ser fruto del esfuerzo individual, transformando a las familias en clientes inmobiliarios y a la vivienda en un bien de mercado.

Así aparece el negocio inmobiliario, de la mano de la especulación del suelo urbano, la baja calidad de las viviendas y el endeudamiento bancario.

La Dictadura comienza una política habitacional de segregación, funcional a su estrategia de control social. Las zonas urbanas se expanden hacia la periferia, ocupando suelos agrícolas. Los nuevos habitantes no pueden vivir en el lugar en que nacieron y sólo pueden optar a subsidios fuera del cono urbano tradicional. Con ello pierden identidad y pertenencia al barrio, se rompen los lazos de territorialidad que antes los organizaban y permitía el desarrollo de la protesta y las acciones de resistencia al régimen militar.

La misma lógica es profundizada por los gobiernos de la Concertación. Enclaves sin historia se establecen en Puente Alto, San Bernardo, Quilicura, La Pintana, entre otras comunas. Proliferan las construcciones de 28 a 40 m2, en  entornos sin infraestructura básica, como escuelas, hospitales, comercio, áreas verdes, etc. Aparecen en el horizonte las casas Copeva, las Chubi, la Villa El Volcán, Bajos de Mena, la población Parinacota, entre muchas. La ciudad se expande, pero crece bajo el manto brutal de la segregación, el hacinamiento, marginalidad y la pobreza absoluta.

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