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REGIONES

Coronel, la eterna zona de sacrificio

La organización popular y territorial permite a las comunidades progresar en conjunto; así ha quedado demostrado desde el surgimiento de diferentes coordinadoras y asambleas posteriores a la Rebelión Popular acaecida el pasado 18 de octubre. Para Coronel, la eterna zona de sacrificio de la octava región, la situación organizacional no dista mucho de lo ya mencionado. Hoy, en medio de una pandemia mundial, el popular dicho “el pueblo ayuda al pueblo” cobra más sentido que nunca.

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Por Kathia Cancino Rojas

Gracias a la organización territorial ha sido posible hacer frente al negligente actuar del Gobierno, donde ha primado el resguardo de la economía por sobre la vida de las personas. No fue hasta que la situación empeoró drásticamente, que las medidas de las autoridades se volcaron a escuchar lo que se venía gritando desde marzo: cuarentena total.

Desgraciadamente, ésta solo llegó para la región Metropolitana y no garantizó bajo ningún caso el congelamiento en el pago de los servicios básicos, ni tampoco un ingreso mensual para los más desfavorecidos en esta crisis mundial y nacional: los y las trabajadoras.

Debido al centralismo que corroe el país, las demás regiones son dejadas a la deriva, al menos hasta que la situación en ellas empeore a tal grado que no haya más remedio que decretar cuarentena total. Entonces, bajo estas premisas, la idea de una zona de sacrificio parece no existir.

Organización popular como otra forma de lucha

Surgida a raíz de la Rebelión, la “Coordinadora Popular Lagunillas Coronel” busca las mismas demandas que el pueblo ha levantado desde el pasado 18 de octubre: el término del actual sistema que rige al país, además de una vida digna e íntegra para todas y todos. Sin embargo, su lucha primordial se avoca a la reivindicación de las demandas históricas de su territorio: el término de las zonas de sacrificio.

Estefanía Vera, partícipe de la asamblea, comenta que su articulación busca, entre otras cosas “acabar tanto con la muerte gradual a la que se somete nuestra gente como a las altas tasas de cesantía en el territorio que habitamos”.  Aunque en la actualidad, la ciudad no sólo se enfrenta a estas problemáticas, sino también a la nula protección del Gobierno de turno.

 Ante el nuevo escenario, menciona que: “Decidimos trabajar a través de asambleas virtuales para evitar focos de contagios al interior del espacio, sacamos campañas de abastecimiento popular, realizamos canastas populares y levantamos una campaña de creación de mascarillas para abastecer a las personas de nuestro territorio”.

Por lo mismo, la reorganización de la coordinadora trató de ser rápida y efectiva, entendiendo la difícil y transversal situación en la que se encuentra el país.  Para ello, se desarrollaron catastros dentro de la población de manera que la ayuda llegase especialmente a adultos mayores y a vecinas y vecinos con problemas económicos.

No obstante, no se han tomado las mismas medidas sanitarias en Coronel como en el resto del gran Concepción. Si bien en los sectores más cercanos al territorio -San Pedro de la Paz y la capital penquista- existen y existieron cordones sanitarios con el fin de fiscalizar la entrada y salida de individuos, la ciudad no presenta ningún tipo de restricción en sus movilizaciones.

La principal razón podría ser el sector estratégico en que se encuentra emplazada, pues conecta las forestales en Arauco con el Bypass, de manera que camiones y maquinarias empresariales deben pasar por parte de Coronel para acceder a él.

Escuela Rosa Medel, Coronel

Tristemente, esta sensación de abandono no es algo nuevo. Las termoeléctricas, el parque industrial y el vertedero cenizas, son tres problemáticas con las que la población ha debido lidiar durante largos años. Los movimientos sociales clamando “No + zonas de sacrificio” parecen ser mermados ante la necesidad de trabajo de quienes residen en el sector, encontrando en las tres termoeléctricas activas su principal fuente de ingresos.

La precarización de la vida en la comunidad encuentra directa relación en un sistema que defiende los intereses de la empresa privada. En 2018, un estudio realizado en la escuela Rosa Medel -cercana a la termoeléctrica “Bocamina I”-, detectó metales pesados en 14 niños y siete adultos, donde las medidas fueron reubicar a los alumnos. Si bien en 2017 Enel -empresa italiana dueña de la termoeléctrica- anunció la reubicación y construcción sustentable del nuevo recinto, tras estudios realizados entre 2014 y 2016 que delataban la presencia de metales en quienes se desenvolvían alrededor de ésta, la reubicación del establecimiento educacional aun no es efectiva

Pese a ello, existe un plan de descarbonización impulsado por el Gobierno, que instaura cierres para las tres termoeléctricas en cuestión. “El plazo de cierre para Bocamina 1 está programado para más tardar el 31 de diciembre de 2023, mientras que para el caso de Bocamina 2 se estima su cierre para el 31 de diciembre del año 2040. En el caso de Santa María de Colbún, la clausura también está programada para el año 2040”, así lo consignó El Mostrador en entrevista con el edil Boris Chamorro el pasado 11 de junio de 2019.

Intervención de «Delight Lab»

Sin embargo, queda más que claro lo insuficiente de estas medidas que solo llegan para apaciguar el duro cuestionamiento hacia las zonas de sacrificio, sumándole a ello el abandono casi total del Estado hacia su propia gente.

“Somos personas que están en contra del falso progreso que impone el capitalismo, porque nosotros pagamos los costos (de éste) con nuestra salud (…). El progreso solo ha llegado para empobrecer y precarizar nuestra comuna que es un territorio histórico y que debemos defender cueste lo que cueste”, concluye Estefanía Vera.

La realidad de Coronel se asemeja a una eterna pandemia, donde la vida de las personas vale lo mismo que puedan producir, y la negligencia y abandono por parte del Gobierno y Estado de Chile solo parecen aminorar al verse acorralados contra las cuerdas, obligados a tomar medidas y actuar. De lo contrario, sigue el pueblo ayudando al pueblo por la pura convicción de sobrevivir.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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Opinion

MANDU, PRESO POLÍTICO DE PUNTA ARENAS: CONSIGUE LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA POR CINCO AÑOS

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por Ivonne, Militante Trabajadores y Trabajadoras al Poder

Este martes 1 de diciembre, desde las 13:30 horas, se llevó adelante la audiencia de lectura de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria de Marcelo Mandujano, por los delitos de incendio de un edificio en donde funcionaba la AFP Hábitat y por el delito de desórdenes públicos relativos a la jornada del 12 de noviembre del 2019, imputaciones que lo han mantenido en prisión preventiva desde el 10 de enero del 2020.

En la pasada audiencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal decidió condenarlo como autor del delito de incendio a cuatro años y 324 días de presidio menor en su grado máximo, a la pena accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de sus derechos políticos y a la inhabilitación absoluta del ejercicio de cargos públicos mientras dure la condena y, como autor del delito de desórdenes públicos a la condena de 41 días de prisión en su grado máximo, sumando una condena de 5 años.

Registro de actividad durante una de las jornadas de ayuno, en Punta Arenas, por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta

Sin embargo, hoy, el Tribunal determinó la aplicación de la pena sustitutiva de Libertad vigilada intensiva, por un plazo de cinco años, debiendo dar cumplimiento al plan de intervención individual que determinará en los próximos días Gendarmería de Chile, además del imperativo de que Mandu fije un domicilio permanente y que, en caso de modificaciones de dirección, debe informarlo oportunamente.

En virtud de esta sentencia, Mandu es condenado al pago de 660 UF más los intereses, suma que supera los 19 millones de pesos, por concepto de las rentas de arrendamiento que la dueña habría dejado de percibir producto del incendio del inmueble.

En esta audiencia se dio curso a la revisión de oficio de la medida cautelar de prisión preventiva, al haber transcurrido más de 6 meses desde su inicio. La defensa solicitó que, entendiendo que aún no está ejecutoriada la sentencia que se lee en dicha instancia (lo que significa que pudiera modificarse el resultado por la vía de la impugnación, ya sea por la interposición de un recurso por parte de la fiscalía o por parte de algún otro querellante) el escenario cambia con la lectura de la sentencia definitiva que no tiene como consecuencia la aplicación de una condena de prisión efectiva, por lo que esta medida cautelar es reemplazada por otras 3 de menor intensidad: arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo regional, las que permanecerán vigentes hasta que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, hasta que se agote el plazo para interponer recursos o que, habiendo interpuesto algún recurso, no se haya acogido a las pretensiones de modificar el contenido de la sentencia.

Registro de actividad durante una de las jornadas de ayuno, en Punta Arenas, por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta

Es motivo de celebración que Mandu pueda gozar de libertad, y aunque no será completa, ya que estará sujeto a un plan de intervención de gendarmería, sí estará fuera de las condiciones de aislamiento e indignidad de los recintos penales de Chile y lejos de los 11 años que estaba pidiendo el Ministerio Público por un proceso con bastas irregularidades ya mencionadas en notas que este periódico ya ha publicado.

Resulta manifiestamente injusto que Mandu haya tenido que pasar 326 días privado de libertad para que finalmente en el procedimiento se determinara que no sería condenado a prisión por los 11 años de condena que el ministerio público majaderamente sostenía.

Esto confirma lo que hemos venido sosteniendo: el carácter político de los procesos que caen sobre nuestros compañeros y compañeras aprisionados injustamente por luchar, ya que durante un año Fiscalía hace un festín mediático respecto de su gestión al lograr identificar y aprisionar a uno de los responsables de las acciones de protesta dadas en la región, en donde ya vemos que su posibilidad de neutralización está limitada a la aplicación de la prisión preventiva, pero no a una sentencia condenatoria de prisión, y  que por otro lado, tampoco se traduce en el aplastamiento de la protesta, sino todo lo contrario. No se logra intimidar represivamente al pueblo organizado, muestra de esto es la red de apoyo que se ha tejido alrededor de los casos de prisión política, en donde se han generado distintas acciones de visibilización, denuncia y apoyo.

Apoyo que será fundamental sostener de manera nacional e internacional, ya que debemos asumir la responsabilidad de pelear en la calle la libertad total e incondicional para todos y todas los presos/as políticas de la rebelión popular.

Este 10 de diciembre, a propósito de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, se está convocando a una Huelga Nacional por la libertad de las y los presos/as políticas de la rebelión popular, en el marco de la discusión sobre la posibilidad de una salida política de estos/as. Es de vital importancia que las y los comprometidos con esta justa lucha por la libertad de las y los presos nos aboquemos a la agitación y organización de esta jornada, dejando atrás los sectarismos y los traspiés que lamentablemente se han visto, mostrando unidad, organización y determinación y tensionando a los sectores organizados de trabajadores y trabajadoras a solidarizar y a ponerse a disposición de la combatividad que exige la jornada.

¡10 DE DICIEMBRE HUELGA GENERAL POR LA LIBERTAD TOTAL A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA REBELIÓN POPULAR!

¡AMNISTÍA YA, SIN CONDICIONES Y SIN TRANSAR CON LA IMPUNIDAD DE LOS REPRESORES!

¡FUERA PIÑERA, ABAJO EL PARLAMENTO CORRUPTO! ¡POR UN GOBIERNO DE LAS Y LOS TRABAJADORES QUE DISUELVA LAS FF AA Y DE ORDEN!

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