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Claudio Katz |Venezuela define el futuro de la región

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La autoproclamación de Guaidó es la apuesta golpista más ridícula y peligrosa de los últimos años. Con el descarado sostén de Washington, la derecha pretende colocar a un desconocido en la primera magistratura.

Esta vez la señal de largada no fue un acto terrorista, ni otro intento de asesinato de Maduro. Trump puso al frente de la escalada a varios expertos en conspiraciones (Abrams, Pence, Bolton, Rubio) y decidió capturar la empresa venezolana que opera en Estados Unidos (CITGO). Sepultó todos los principios de la seguridad jurídica, para comenzar la apropiación del petróleo de un país que concentra la principal reserva mundial de crudo.

Los gobiernos derechistas de Sudamérica propician el golpe por otras razones. Duque pretende enterrar los Acuerdos de Paz con la guerrilla, luego de encabezar el desmantelamiento de UNASUR. Ya alberga en Colombia al contingente de marines requerido para acompañar cualquier provocación.

Bolsonaro continúa identificando a Venezuela con todas las desgracias del  “populismo”. Con esa retórica encubre su improvisado debut en la presidencia y pospone la inevitable decepción de sus votantes.

Macri es un cruzado de la primera hora, que compite con otros servidores del imperio. Por eso redobla los actos de sumisión, designando a una funcionaria de su propio equipo como embajadora de Guaidó. Exime a los inmigrantes venezolanos del hostigamiento a los extranjeros, para que no se hable de la inflación, el desempleo o las tarifas. Fractura además a la oposición, compartiendo la denigración de Venezuela con los líderes del peronismo federal (Urtubey, Massa, Pichetto).

Sin el sostén del mandante norteamericano, Duque, Bolsonaro y Macri son totalmente inefectivos. Su “Grupo de Lima” no logró siquiera boicotear la asunción de Maduro. A esa ceremonia concurrieron más delegaciones extranjeras que a la investidura del delirante capitán brasileño.

La atomizada derecha venezolana actúa bajo las faldas de un presidente de fantasía. Nunca pudo ganar la elección presidencial y fracasó en todos los intentos de impugnación de esos comicios. Aceptó sin chistar el veto yanqui a las negociaciones con el chavismo y periódicamente se desbarranca con brutales acciones de violencia. Por el momento actúa como simple marioneta del Departamento de Estado y ha quedado sujeta a los humores tuiteros de Trump.

LA DOBLE VARA

Los golpistas caribeños han reaparecido como grandes estrellas de los medios de comunicación. Cuentan con la complicidad de los periodistas, que atribuyen a Maduro una variedad de pecados visibles en otras administraciones de la región. El simple registro de esa similitud tornaría injustificable el complot o exigiría el mismo cambio de régimen en numerosos países.

Se resalta especialmente el carácter ilegítimo del gobierno venezolano, como si hubiera surgido de un fraude electoral. Pero en realidad fue ungido con la participación del 67% de la población, es decir con un porcentual superior a los últimos comicios de Chile o Colombia. Esta baja concurrencia de electores no induce a ningún comunicador a proponer el derrocamiento de Piñera o Duque.

Es cierto que un sector de la oposición convocó a la abstención, pero otro participó y los resultados finales no fueron impugnados. Tampoco se presentaron evidencias de fraude, en un sistema electoral que ha sido elogiado por varios organismos (Carter) y figuras (Zapatero) internacionales. Con la misma modalidad de votación fueron electas en el 2015 las autoridades de la Asamblea Nacional que lidera la oposición. Compartiendo un mismo cimiento electoral, Maduro es objetado y Guaidó es reconocido.

En las últimas dos décadas el régimen chavista ha celebrado 24 elecciones, que incluyen una significativa modalidad de revocatoria presidencial. Ese derecho no rige en ningún otro país de la región. La participación de los votantes no es obligatoria, pero ha sido habitualmente superior al promedio latinoamericano. La oposición nunca reconoce las derrotas y siempre justifica los resultados adversos con denuncias de fraude. Con su habitual duplicidad, los comunicadores que critican esos comicios consideran totalmente normales las elecciones brasileñas, que se desarrollaron con Lula en prisión. Impugnan el sistema judicial venezolano, enalteciendo al magistrado que persiguió al líder brasileño (Moro). Ni siquiera objetan el premio ministerial que le otorgó Bolsonaro.

Los medios también denuncian la detención de líderes opositores (Carmona, Ledesma, López), pero omiten precisar las causas de ese encierro. No fueron a prisión por emitir opiniones críticas, sino por incentivar golpes de estado o por su complicidad con las sangrientas guarimbas callejeras. Al chavismo se le exige una conducta tolerante que no impera en ningún rincón de Latinoamérica. Se supone que debería ser comprensivo con los intentos de magnicidio.

Los comunicadores tampoco mencionan la brutal violación de los derechos humanos que practican los gobiernos más enemistados con Venezuela. Desde la suscripción de los Acuerdos de Paz, los paramilitares colombianos (amparados por el oficialismo) han asesinado centenares de líderes sociales. En Argentina se multiplican los presos políticos y rige la impunidad para los responsables de los crímenes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. En Brasil aumentaron los atentados contra los cooperativistas del MST y se destaparon los vínculos de los asesinos de la luchadora Marielle Franco con el hijo de Bolsanaro.

El chavismo es también denunciado por imaginarias conexiones con el narcotráfico. Pero los acusadores ocultan el comprobado financiamiento que brinda esa mafia a la derecha de Colombia. Ningún organismo internacional penaliza tampoco a ese país por el continuado cultivo ilegal de drogas. Lo ocurrido en México es mucho más grave. Todo su territorio quedó desgarrado por una masacre de 200.000 muertos, sin que la OEA promoviera alguna intervención regional.

Ciertamente Venezuela padece una emigración masiva como consecuencia del drama económico que afronta. Pero en coyunturas semejantes, estos mismos desplazamientos se han verificado en otros países. La miseria siempre empuja a buscar refugio en algún vecindario.

Si esas desgracias constituyen “crisis humanitarias”, la misma caracterización correspondería aplicar a las migraciones equivalentes. Pero nadie presenta en esos términos la terrible huida de las familias centroamericanas hacia el Norte. Ese tormento no incentiva ninguna recolección piadosa de socorros. Sólo induce a construir un terrible muro fronterizo. Durante la guerra interna que vivió Colombia se registraron  también masivos traslados humanos, que tampoco suscitaron convocatorias a la intervención extranjera.

Los grandes medios siempre coronan sus coberturas de Venezuela con alguna imagen de violación de la libertad de prensa. Pero los trastornos que retratan son irrelevantes, en comparación al sistemático asesinato de periodistas que han padecido México y otros países centroamericanos. Los fabricantes de mentiras aplican la doble vara a su propia actividad.

CONTRADICCIONES BAJO LA SUPERFICIE

Basta recordar lo ocurrido en Irak y Libia para notar la gravedad de la amenaza actual. El imperialismo puede provocar destrucciones inimaginables. Si consuma una intervención de gran porte, América Latina perderá el resguardo que mantuvo frente a las catástrofes bélicas de África o Medio Oriente.

La derecha descarta ese peligro y supone que obtendrá un rápido triunfo, sin ningún costo. Ya anuncia la retirada del chavismo, el aislamiento de Maduro y la próxima deserción de la cúpula militar. También remarca la cohesión de su propio campo y el respaldo internacional unánime a su causa. Pero esas fábulas no resisten el menor análisis.

El propio comando de Washington está afectado por severas disidencias, en el difícil contexto político-judicial que afronta Trump. Los fiascos de Medio Oriente han multiplicado las prevenciones frente a cualquier incursión externa. Los militares yanquis están desconcertados y fueron obligados a retirar sus tropas de Siria y Afganistán. Las propuestas de repetir la ocupación de Granada o Panamá han sido desechadas y se pospone el típico ultimátum que precedió el ataque contra Hussein o Gadafi. Por ahora el Pentágono sólo evalúa operaciones acotadas, que comenzarían con el burdo pretexto de ingresar ayuda humanitaria.

Tampoco los socios europeos están dispuestos a participar en aventuras bélicas. Intervienen en el complot contra Venezuela sin emitir amenazas contundentes. Hay divergencias en el mando occidental, que han impedido consensuar la aplicación de sanciones en la OEA y en la ONU, mientras persiste la neutralidad del Vaticano.

Los conspiradores han tomado nota también del creciente protagonismo de Rusia en el aprovisionamiento del ejército venezolano. Esa presencia puede complicar la jugada petrolera de Trump, si se confirma la tenencia de acciones rusas en CITGO. No se sabe, además, quién será el principal perjudicado por esa expropiaci gobierno no entregará el poder por la simple repetición de marchas callejeras. La indefinición actual puede resultar muy problemática para la oposición.

Sus líderes afrontarán nuevamente el dilema de retomar la violencia (que los aisló en el 2017) o aceptar un status quo (que los desgasta). Por ahora evitan la repetición de las guarimbas en los barrios ricos, mientras ensayan algunas provocaciones en las zonas populares.

También el gobierno aprendió de las confrontaciones anteriores y se maneja con cautela. Tolera las fotogénicas apariciones de Guaidó, apostando a su paulatina desmoralización. Pero el derrumbe de la economía crea serios interrogantes sobre el acompañamiento popular en la batalla contra la derecha. Toda la sociedad venezolana está desgarrada por un colapso mayúsculo del ingreso.

La contracción del producto registrada en el último quinquenio ya destruyó el 30% del PBI. Esa regresión tiene el mismo alcance que la Gran Depresión sufrida por Estados Unidos en 1929-1932. La debacle golpea a todos los sectores.

La estratégica extracción de petróleo se ha reducido a la mitad y el financiamiento monetario del déficit fiscal ha provocado la mayor hiperinflación del siglo XXI. El índice de precios saltó del 300% (2016), al 2.000% (2017) y actualmente promedia una cifra incuantificable.

Esa escala demuele el salario, recrea el trueque y provoca una aguda escasez de alimentos y medicinas. Los padecimientos cotidianos son terribles y la supervivencia depende de las redes oficiales de abastecimiento (CLAPS).

Los medios de comunicación presentan este desmoronamiento como una inexorable consecuencia del “populismo chavista”. Pero omiten la responsabilidad directa de los artífices de la guerra económica. El cerco exterior y el sabotaje interno desplomaron la extracción de petróleo, achicaron las reservas internacionales y encarecieron las importaciones básicas. Los capitalistas extranjeros y locales han provocado ese desmoronamiento, para facilitar el advenimiento de un régimen político afín a sus negocios.

Esta indescriptible adversidad de la economía ha sido agravada por la improvisación, la impotencia y la complicidad del gobierno. Maduro ha tolerado pasivamente el derrumbe de la producción. Rechazó todas las propuestas del chavismo crítico para penalizar a los burócratas corruptos y a sus socios millonarios.

Estas iniciativas constituyen el punto de partida para frenar el desmoronamiento del nivel de actividad. Incluyen un control efectivo sobre los bancos para impedir la fuga de capital, cambios radicales en la asignación de divisas al sector privado, gravámenes progresivos al patrimonio, incentivos a la producción local de alimentos y numerosas medidas para involucrar a la población en el control de los precios.

Este programa requiere además un replanteo de la deuda, para lograr un anclaje de la moneda que permita contener la hiperinflación. Ningún “petro” o “bolívar soberano” podrá funcionar, mientras subsista el amparo oficial a la boliburguesía. Esa franja de privilegiados sobrefactura importaciones, transfiere fondos al exterior y se enriquece con la especulación cambiaria y el desabastecimiento. La derecha no sólo está embarcada en tumbar el chavismo. También opera al interior de un gobierno que no frena la demolición de la economía.

COMPROMISO O NEUTRALISMO

Frente al agravamiento del conflicto, muchas voces proponen generar nuevas condiciones para que los venezolanos puedan resolver democráticamente su futuro. La legitimidad de ese principio es indiscutible. Pero el gran problema radica en precisar  cómo implementarlo, puesto que si triunfa el golpe esa aspiración quedará definitivamente enterrada. La vigencia de la soberanía del país y la defensa de los derechos populares requieren ante todo la derrota de los escuálidos.

El conflicto en curso ya perdió su condición de “asunto interno” de Venezuela. La confrontación desbordó ese punto de partida territorial y actualmente involucra a  toda la región. Los dos principales fogoneros de la crisis tienen objetivos muy precisos.

Estados Unidos pretende recuperar el dominio pleno de su patio trasero y las clases dominantes locales intentan sepultar todas las demandas populares, que emergieron durante la década pasada.

Si los golpistas logran derrocar al chavismo, avanzarán inmediatamente sobre Bolivia y Cuba, para extender el autoritarismo neoliberal a todo el continente. En Venezuela se disputa el freno o la extensión de esa oleada reaccionaria.

Esta disyuntiva ha sido correctamente percibida por los partidos, organizaciones e intelectuales que rechazan el golpe en forma categórica. Esa contundencia se verifica en su impulso de movilizaciones antiimperialistas. Las vacilaciones que se observaron durante las guarimbas del 2017 han decrecido significativamente. Los propósitos de la derecha están a la vista y son evidentes los daños irreparables que causaría un Bolsonaro en la presidencia de Venezuela.

El dramatismo de esa perspectiva no atempera ninguna de las objeciones al rumbo que ha seguido el gobierno chavista. Pero resulta indispensable situar esos cuestionamientos en un campo común de batalla contra los golpistas.

Esta lucha exige superar también las posturas de ambigua neutralidad que transmiten ciertos pronunciamientos. Esas declaraciones toman distancia de los protagonistas del conflicto situándolos en un mismo plano. Cuestionan con la misma vara a Maduro y a Guadió sugiriendo una ilegitimidad compartida. Critican simultáneamente el autoritarismo del régimen y las aventuras de la oposición. Objetan tanto la amenaza militar de Estados Unidos como la presencia geopolítica de Rusia.

¿Pero esa condena conjunta de Maduro y Guaidó supone el desconocimiento de ambos? ¿Implica la abstención frente a las marchas que convoca el gobierno y la oposición? ¿Entraña una indiscriminada condena de los marines y del ejército bolivariano?

Los neutralistas elogian la actitud de los gobiernos de México y Uruguay, que promueven la inmediata reanudación de las negociaciones entre ambas partes. Esa iniciativa abre un canal de conversaciones que Maduro ya aceptó y Guaidó rechaza.

Es evidente que la concreción de esas tratativas dependerá del desenlace de la lucha. La derecha no aceptará negociar mientras vislumbre alguna posibilidad de capturar el gobierno. Derrotar esa pretensión es la condición para recomponer las tratativas. Los resultados de esas conversaciones reflejarían, además, el balance de fuerzas. Derrotar a la derecha es la categórica prioridad del momento. En esa batalla se juega el destino de América Latina.

Fuente: Claudio Katz – Lahaine

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SOLO ARRESTO DOMICILIARIO: CARABINERO ASESINO DE MALABARISTA ESTARÁ EN SU CASA Y JUNTO A SU FAMILIA

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Por Ivonne


Este lunes 8 de febrero, pasada las 13:00 hrs. se dio comienzo a la audiencia de formalización de la investigación contra Juan González Iturra, el carabinero con grado de sargento 2do, que el día viernes 5 de febrero le disparó y dio muerte a Francisco Martinez Romero, el malabarista de Panguipulli, luego de intentar hacerle un control de identidad y ante la presencia de otros dos funcionarios de carabineros.


El juzgado de garantía de Panguipulli, en la audiencia de control de detención del día sábado, autorizó la ampliación del plazo de la detención del carabinero, a solicitud del fiscal, dado que aún no contaban con todos los antecedentes necesarios para formalizar y pedir las medidas cautelares correspondientes.
Este lunes, el fiscal formalizó la investigación contra el carabinero como autor de homicidio simple en grado consumado, debido a la serie de disparos percutidos por su arma de servicio y fundamentalmente por el sexto disparo que fue el que ocasionó la muerte del malabarista. Durante el relato de los hechos, se alega que no había necesidad de ese sexto disparo, que el joven ya se encontraba herido y en el suelo, y que ese sexto disparo fue disparado directo al corazón.


El ministerio público solicita arresto domiciliario total como medida cautelar, mientras el abogado Rodrigo Roman, quien se querella contra el asesino en representación de la hermana del fallecido malabarista, pide que sea formalizado por homicidio calificado, debido a que el carabinero actuó sobre seguro y de manera alevosa, consecuentemente con eso el sargento 2do Juan Gonzalez es un peligro para la sociedad, por lo que pide que la medida cautelar sea prisión preventiva para el carabinero homicida, y que esta sea cumplida en establecimiento penitenciario común, dado que no hay razón para darle privilegios a un uniformado homicida, más aún cuando ese privilegio desnaturaliza la medida al ser resguardado por sus mismos colegas de armas.


Además señala que al menos se habría cometido otro delito, que el ministerio público no consideró en la formalización pese a que presentó antecedentes visuales de su perpetración, esto es, el delito del artículo 253 del Código penal, cuando los funcionarios huyen del lugar sin prestar auxilio a la víctima.


Por su parte, la exposición de los abogados del INDH, institución que interviene como querellante en este proceso, señalan importantes detalles como que desde la comisaría se habría dado la instrucción de hacerle el control de identidad específicamente a Francisco, el malabarista que resultó asesinado. Respecto de los machetes que portaba el malabarista, da cuenta de cómo estos no eran aptos para generar daño como armas corto punzantes, debido a que se modificaron artesanalmente para las maniobras del malabarismo. Además estiman que no se configuraría la legítima defensa del carabinero, debido a que en el video consta que el joven fallecido, habría intentado agredir al funcionario solo después de haber sido objeto de dos disparos en sus pies. Finalizan su intervención indicando que la medida cautelar que les parece racional y proporcional frente a la pena que arriesga el carabinero asesino, es la prisión preventiva.


La defensa del carabinero Juan Gonzalez, alega que este actuó en contexto de un control de identidad ajustado a la ley, y el “incidente” se generó amparado bajo la figura de la legítima defensa, y que disparó habiendo cumplido con los protocolos que la ley le prescribe para el uso del arma de servicio. Por esto, rehúsa de la necesidad de la aplicación de una medida cautelar para el homicida.
Finalmente en esa audiencia, el juez de garantía de la localidad de Panguipulli resuelve que el disparo del funcionario que dio muerte al joven malabarista no se encuentra amparada por el derecho, por lo que no le asiste la causal de justificación de legítima defensa, por lo que si le es reprochable esta conducta, sin embargo estaría amparado por 3 atenuantes, lo que permitiría incluso optar a beneficios de sustitución de pena en caso de ser condenado. Además resuelve que la medida cautelar será la de arresto domiciliario total, desestimando la medida prisión preventiva, por el plazo de 4 meses que durará en principio la investigación.


El querellante Rodrigo Roman además de los abogados del INDH, apelaron verbalmente a esta resolución que deniega la prisión preventiva, el resultado de esta pretensión será dado a conocer en los plazos legales.


Para esta tarde existen múltiples convocatorias a nivel nacional en repudio a la violencia policial y a la impunidad del asesino en complicidad con el poder judicial y el ministerio público.

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INTERNACIONAL

Protestas en Holanda el pasado fin de semana: tres claves para entender por qué estallaron

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A propios y extraños sorprendieron las protestas sucedidas el pasado 23 de enero en distintas ciudades de Holanda en contra del toque de queda, ya que en el país europeo dichas situaciones no pasan muy a menudo. Lo cierto es que, sean o no recurrentes, las manifestaciones de descontento pusieron en jaque a las fuerzas policiales de cada ciudad, y sólo pudieron apaciguarse extremando fuerzas por parte de la policía.

Ámsterdam, La Haya, Tilburg, Venlo, Apeldoorn, Breda, Arnhem, Helmond, Stein y Eindhoven fueron escenarios de protesta, en mayor o menor medida. Mientras en algunas de las ciudades antes mencionadas las manifestaciones se saldaron rápidamente con la intervención policial, en otras, como por ejemplo en Eindhoven, la rabia de las y los manifestantes escaló a otros niveles, con enfrentamientos directos frente a las fuerzas policiales, autos quemados, saqueos a tiendas comerciales e incluso algunos edificios incendiados.

Auto en llamas en pleno centro de Eindhoven, ciudad que acunó parte de las protestas más violentas sucedidas el pasado fin de semana. Fuente: EFE.

¿Sólo por la imposición de un inédito toque de queda estallaron estas protestas espontáneas? ¿Existen otros factores que permitan explicar esta situación? Acá les reseñamos tres puntos que permiten comprender, desde otra perspectiva, el porqué de los recientes acontecimientos sucedidos en los Países Bajos.

1. Toque de queda inédito en el país

Tal como mencionamos con anterioridad, la implementación del toque de queda es inédita en el país europeo, y no había sido considerada ni siquiera en los primeros meses de pandemia.

Lamentablemente, y si bien el número de contagios venía a la baja en el país, el gobierno decidió la implementación de esta medida para frenar cualquier tipo de “rebrote”, considerando la existencia de nuevas cepas aún más contagiosas, además de la llegada de turistas provenientes de países con altísimos índices de contagios.

Índice de nuevos casos de contagios por día en Holanda.

Como era de esperar, la decisión de implementar un toque de queda no fue bien recibida por las y los holandeses, sobre todo considerando que el número de contagios no venía en un alza significativa. La restricción de movilización y el gran número de multas y arrestos sucedidos en el primer día del toque de queda terminó por gatillar las protestas, aunque no fueron, como ya dijimos, el único factor que las propició.

2. Gobierno deslegitimado

El pasado 15 de enero el gobierno dimitió en conjunto, asumiendo su culpabilidad en el estrepitoso error que significó que miles de familias de escasos recursos fueran acusadas de “fraude” al recibir ayudas sociales que supuestamente no les correspondían, teniendo que devolver el dinero percibido. Entre 2013 y 2019 se dio esta situación, en la cual muchas familias que sí eran acreedoras de estas ayudas fueron injustamente obligadas a devolver todo lo recibido. Muchas de ellas poseían doble nacionalidad, y se acusa que hubo una “distinción étnica” al catalogarlas de posibles casos de fraude.

A pesar de lo injusto de la medida, el gobierno y sus personeros estuvieron silentes durante mucho tiempo, lo que terminó por decantar en serios cuestionamientos, llevando a la dimisión del primer ministro Mark Rutte y todo su gobierno. 

Aún si el gobierno completo dimitió, el sistema político holandés permite que esa misma administración permanezca al mando del país, encargándose de los asuntos nacionales tal como si no hubiesen dimitido, a la espera de que se forme un nuevo gobierno.

Evidentemente, este “gobierno dimitido” no gozaba de la mayor popularidad al momento de estallar las propuestas, y todo el sistema político holandés, incluyendo a la realeza, estaba en entredicho tras conocerse el bochornoso caso de las familias acusadas de fraude. Sólo para ejemplificar esta situación, cabe reseñar que a fines del 2020 la realeza holandesa contaba con números bajísimos de aprobación comparados con sus porcentajes históricos, fijándose en un 47% de aprobación para el rey Guillermo, mientras que la reina Máxima descendió de un 83 a un 61%, todo a causa de su gestión de la pandemia como jefes de Estado. Mark Rutte en tanto, al ser una figura sumamente cercana a los reyes durante todos sus períodos como Primer Ministro, tampoco estuvo exento del escarnio público.

Rey Guillermo a la izquierda; reina Máxima al centro y Mark Rutte, primer ministro, a la derecha; máximas autoridades de Holanda.

3. Situación económica en Holanda

Si bien la economía holandesa se sitúa entre las más pujantes de Europa, cierto es también que tras esa bonanza se esconde una realidad difícil de asimilar: las familias holandesas son de las más endeudadas del continente. Así lo afirmaba la Comisión Europea en uno de sus informes económicos de 2020, donde aseguraban que la deuda privada – familias y empresas – en el país de los tulipanes ascendía a un 242% del PIB, un índice por sobre los estándares internacionales.

Gráfico que demuestra el nivel de deuda privada de Holanda en comparación a otros países europeos, sólo superado por Dinamarca en el continente. Fuente: Eurostat.

La mayor parte de estos índices de deuda, que sitúa a las familias holandesas en niveles de deuda similares a Grecia, por sobre Italia y España y sólo superados por Dinamarca en el continente, se explica en base a préstamos adquiridos para el financiamiento de viviendas. Al no poder consumir ni invertir debido a que la mayor parte del dinero percibido por estas familias se destina al pago de deudas, la crisis del coronavirus golpeó fuerte a las arcas públicas, las encargadas de asumir el peso de la crisis económica.

Si sumamos un Estado al límite con el fin de mantener equilibradas sus arcas, junto a un sector privado y las familias holandesas impedidos de continuar con el pago de sus deudas e imposibilitados de sostener sus niveles de vida tal como eran antes de la crisis del Covid-19, se puede explicar esta “bomba de tiempo” de descontento social que terminó por explotar a cuentagotas el pasado 23 de enero. Esta excesiva deuda del sector privado, además, es una fisura que se incuba desde el mercado inmobiliario, y en cualquier momento puede estallar en forma de crisis económica.

Todos estos factores, sumados al galopante índice de contagios que encontró su cenit en las primeras semanas del 2021, permiten explicar, en parte, el porqué del malestar que estalló en las calles de Holanda el pasado fin de semana. Malestar que, apaciguado parcialmente, amenaza con volver a brotar, habida cuenta de las problemáticas reseñadas previamente en estas líneas, y que aún pasan desapercibidas para todo el panorama internacional.

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ECONOMIA_I

Jair Bolsonaro: «Brasil está en bancarrota»

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El controversial presidente de Brasil se refirió a la mala situación económica del país al ser consultado por el pago de subsidios a los más afectados por la pandemia.

Por Diego Chacano

El jefe de Estado ultraderechista, Jair Bolsonaro, respondió negativamente a un grupo de seguidores frente al Palacio de la Alvorada al ser consultado por la continuidad del pago subsidiario que se concedió hasta diciembre.

“Brasil está quebrado. Yo no consigo hacer nada. Quería modificar la tabla del impuesto de renta, pero no pude”, así afirmó Bolsonaro. 

El programa de pago de subsidios había sido fructífero para mejorar la situación de los más desprovistos del país, lo cual logró, momentáneamente, apalear la crisis producida por la pandemia. 

El subsidio en sus primeros meses llegó a ser de unos 230.8 dólares, luego, con el tiempo, se fue reduciendo.

Jair Bolsonaro, por su parte, considera que los culpables directos del desastre económico brasileño son «los gobiernos regionales y municipales» por poner restricciones y medidas preventivas ante el Covid-19.

Brasil, siendo a la fecha el segundo país más afectado negativamente por el coronavirus (considerando el número de muertes, que solo está por detrás de EEUU), aún no tiene fecha de inicio para el proceso de vacunación contra la pandemia.

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