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REGIONES

Presos por luchar: Audiencia de Ignacio Matus Carrasco

Tanto la familia de Matus como la Asamblea Popular, invitan a las asambleas populares, territoriales y a todas las organizaciones presentes en la lucha social a sumarse a la defensa de los presos y presas políticas de esta Rebelión Popular

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En el marco de la audiencia de Ignacio Matus Carrasco, detenido por la 6ta Comisaría de Carabineros el pasado 21 de octubre, familia, vecinos y participantes de la Asamblea Boca Sur se hacen presente para exigir su liberación.

La mañana de este viernes 17 de Enero, alrededor de las 8:30 horas, se congregaron en las afueras del Juzgado de Garantía Local de San Pedro de la Paz una multitud de personas exigiendo la liberación de Ignacio Matus Carrasco, detenido el 21 de octubre en el contexto de una movilización en San Pedro de la Costa cuando se encontraba con dos amigos manifestándose en un »cacerolazo» de manera pacífica, según señalan familia y vecinos.

Es en este marco que, tras la represión de Fuerzas Especiales en el lugar, el joven es arrestado e imputado por el porte de dos casquillos de balas en sus carteras quien, en palabras de su madre, utilizaba un pantalón sin carteras al momento de la detención. Por su parte, los compañeros con quienes se encontraba son impactados por municiones del personal policial, conforme lo afirmado por la hermana de Matus.

Asimismo, su madre testifica que el joven recientemente operado de una pierna presentaba dificultades para correr, por lo cual fue el único detenido de la manifestación. Agrega además que: “No me dejaron ver a Ignacio hasta una semana después. Cuando lo fui a ver estaba imposible”, haciendo alusión a la serie de golpes que el joven había recibido en comisaría por parte de los efectivos de la Institución.

Luego de eso fue trasladado a la cárcel El Manzano encontrándose a la espera de una posible audiencia. “A mi hijo le cambiaron tres fiscales y el martes pasado había audiencia, pero dijeron que tenían papeles que no eran de él por tanto ésta no pudo realizarse”.

 

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A más de dos meses y medio de su detención, familia y vecinos pertenecientes a la Asamblea Popular Boca Sur esperaron un poco más de una hora a las afueras del recinto para saber la resolución del Juzgado, la cual resultó negativa, manteniendo la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Ignacio.

Daniela Guzmán, miembro de la Asamblea Popular Boca Sur del Bío Bío y presente en la audiencia de Matus expresa que se encuentran en el lugar para brindar su apoyo como familias pobladoras y familias mapuches pues “se está cometiendo un error y una injusticia tremenda. Hoy el abogado defensor alega que no se cumplen los requisitos para que Ignacio se encuentre en prisión preventiva, sin embargo, la jueza hace caso omiso a esto y decreta que no se cumplen los requisitos para que salga en libertad”.

Sin embargo, tanto Daniela Guzmán como Juan Pablo, amigo del joven y presente dentro de la audiencia, manifiestan su descontento con la defensa del imputado pues no se alega la inocencia de Ignacio ni se presentan pruebas y/o argumentos nuevos que aseguren su libertad.

Es así como finalmente, tanto la familia de Matus como la Asamblea Popular, invitan a las asambleas populares, territoriales y a todas las organizaciones presentes en la lucha social a sumarse a la defensa de los presos y presas políticas de esta Rebelión Popular, además de emplazar al alcalde de San Pedro Audito Retamal Lazo por la nula acción frente a los casos de violencia causados por el represivo.

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Opinion

MANDU, PRESO POLÍTICO DE PUNTA ARENAS: CONSIGUE LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA POR CINCO AÑOS

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por Ivonne, Militante Trabajadores y Trabajadoras al Poder

Este martes 1 de diciembre, desde las 13:30 horas, se llevó adelante la audiencia de lectura de la parte resolutiva de la sentencia condenatoria de Marcelo Mandujano, por los delitos de incendio de un edificio en donde funcionaba la AFP Hábitat y por el delito de desórdenes públicos relativos a la jornada del 12 de noviembre del 2019, imputaciones que lo han mantenido en prisión preventiva desde el 10 de enero del 2020.

En la pasada audiencia, el Tribunal de Juicio Oral en lo penal decidió condenarlo como autor del delito de incendio a cuatro años y 324 días de presidio menor en su grado máximo, a la pena accesoria de la inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de sus derechos políticos y a la inhabilitación absoluta del ejercicio de cargos públicos mientras dure la condena y, como autor del delito de desórdenes públicos a la condena de 41 días de prisión en su grado máximo, sumando una condena de 5 años.

Registro de actividad durante una de las jornadas de ayuno, en Punta Arenas, por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta

Sin embargo, hoy, el Tribunal determinó la aplicación de la pena sustitutiva de Libertad vigilada intensiva, por un plazo de cinco años, debiendo dar cumplimiento al plan de intervención individual que determinará en los próximos días Gendarmería de Chile, además del imperativo de que Mandu fije un domicilio permanente y que, en caso de modificaciones de dirección, debe informarlo oportunamente.

En virtud de esta sentencia, Mandu es condenado al pago de 660 UF más los intereses, suma que supera los 19 millones de pesos, por concepto de las rentas de arrendamiento que la dueña habría dejado de percibir producto del incendio del inmueble.

En esta audiencia se dio curso a la revisión de oficio de la medida cautelar de prisión preventiva, al haber transcurrido más de 6 meses desde su inicio. La defensa solicitó que, entendiendo que aún no está ejecutoriada la sentencia que se lee en dicha instancia (lo que significa que pudiera modificarse el resultado por la vía de la impugnación, ya sea por la interposición de un recurso por parte de la fiscalía o por parte de algún otro querellante) el escenario cambia con la lectura de la sentencia definitiva que no tiene como consecuencia la aplicación de una condena de prisión efectiva, por lo que esta medida cautelar es reemplazada por otras 3 de menor intensidad: arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo regional, las que permanecerán vigentes hasta que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, hasta que se agote el plazo para interponer recursos o que, habiendo interpuesto algún recurso, no se haya acogido a las pretensiones de modificar el contenido de la sentencia.

Registro de actividad durante una de las jornadas de ayuno, en Punta Arenas, por la libertad de las y los presos políticos de la Revuelta

Es motivo de celebración que Mandu pueda gozar de libertad, y aunque no será completa, ya que estará sujeto a un plan de intervención de gendarmería, sí estará fuera de las condiciones de aislamiento e indignidad de los recintos penales de Chile y lejos de los 11 años que estaba pidiendo el Ministerio Público por un proceso con bastas irregularidades ya mencionadas en notas que este periódico ya ha publicado.

Resulta manifiestamente injusto que Mandu haya tenido que pasar 326 días privado de libertad para que finalmente en el procedimiento se determinara que no sería condenado a prisión por los 11 años de condena que el ministerio público majaderamente sostenía.

Esto confirma lo que hemos venido sosteniendo: el carácter político de los procesos que caen sobre nuestros compañeros y compañeras aprisionados injustamente por luchar, ya que durante un año Fiscalía hace un festín mediático respecto de su gestión al lograr identificar y aprisionar a uno de los responsables de las acciones de protesta dadas en la región, en donde ya vemos que su posibilidad de neutralización está limitada a la aplicación de la prisión preventiva, pero no a una sentencia condenatoria de prisión, y  que por otro lado, tampoco se traduce en el aplastamiento de la protesta, sino todo lo contrario. No se logra intimidar represivamente al pueblo organizado, muestra de esto es la red de apoyo que se ha tejido alrededor de los casos de prisión política, en donde se han generado distintas acciones de visibilización, denuncia y apoyo.

Apoyo que será fundamental sostener de manera nacional e internacional, ya que debemos asumir la responsabilidad de pelear en la calle la libertad total e incondicional para todos y todas los presos/as políticas de la rebelión popular.

Este 10 de diciembre, a propósito de la conmemoración del día internacional de los Derechos Humanos, se está convocando a una Huelga Nacional por la libertad de las y los presos/as políticas de la rebelión popular, en el marco de la discusión sobre la posibilidad de una salida política de estos/as. Es de vital importancia que las y los comprometidos con esta justa lucha por la libertad de las y los presos nos aboquemos a la agitación y organización de esta jornada, dejando atrás los sectarismos y los traspiés que lamentablemente se han visto, mostrando unidad, organización y determinación y tensionando a los sectores organizados de trabajadores y trabajadoras a solidarizar y a ponerse a disposición de la combatividad que exige la jornada.

¡10 DE DICIEMBRE HUELGA GENERAL POR LA LIBERTAD TOTAL A LAS Y LOS PRESOS POLÍTICOS DE LA REBELIÓN POPULAR!

¡AMNISTÍA YA, SIN CONDICIONES Y SIN TRANSAR CON LA IMPUNIDAD DE LOS REPRESORES!

¡FUERA PIÑERA, ABAJO EL PARLAMENTO CORRUPTO! ¡POR UN GOBIERNO DE LAS Y LOS TRABAJADORES QUE DISUELVA LAS FF AA Y DE ORDEN!

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REGIONES

FF.EE. desalojan a 40 familias de toma de terreno en Viña del Mar

Desalojo de tomas de terreno en ciudad jardín termina con un vecino detenido.

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Por Diego Chacano

A eso del mediodía, en Avenida Milán, Viña del mar, personal municipal acompañados de un número significativo de efectivos de FF.EE. procedieron a desalojar una toma de terreno ubicada a un costado de calle Merlín.

El desalojo de la toma dejó a 120 pobladores (aprox. 40 familias) en la calle a horas de comenzar a regir la cuarentena total que mantendrá a Valparaíso y Viña del Mar en confinamiento total, producto del aumento de casos locales de coronavirus.

Primeramente se acercó personal de la municipalidad de Viña del Mar a advertir a los vecinos que tendrían 1 semana para el retiro voluntario de la toma, no obstante, al cabo de un corto periodo de tiempo volvieron al lugar con camiones y mayor número de efectivos policiales para comenzar a desmantelar las estructuras y quitar los cercos que delimitaban el terreno.

Producto de esta situación, se generaron enfrentamientos entre el personal municipal y los y las vecinas que se resistían a abandonar sus hogares. La jornada acabó con la detención de un vecino que se opuso al desalojo de sus construcciones. Es preciso mencionar que Valparaíso se mantiene, a día de hoy, como la región con mayor número de campamentos y tomas de terreno a nivel nacional.

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REGIONES

Coronel, la eterna zona de sacrificio

La organización popular y territorial permite a las comunidades progresar en conjunto; así ha quedado demostrado desde el surgimiento de diferentes coordinadoras y asambleas posteriores a la Rebelión Popular acaecida el pasado 18 de octubre. Para Coronel, la eterna zona de sacrificio de la octava región, la situación organizacional no dista mucho de lo ya mencionado. Hoy, en medio de una pandemia mundial, el popular dicho “el pueblo ayuda al pueblo” cobra más sentido que nunca.

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Por Kathia Cancino Rojas

Gracias a la organización territorial ha sido posible hacer frente al negligente actuar del Gobierno, donde ha primado el resguardo de la economía por sobre la vida de las personas. No fue hasta que la situación empeoró drásticamente, que las medidas de las autoridades se volcaron a escuchar lo que se venía gritando desde marzo: cuarentena total.

Desgraciadamente, ésta solo llegó para la región Metropolitana y no garantizó bajo ningún caso el congelamiento en el pago de los servicios básicos, ni tampoco un ingreso mensual para los más desfavorecidos en esta crisis mundial y nacional: los y las trabajadoras.

Debido al centralismo que corroe el país, las demás regiones son dejadas a la deriva, al menos hasta que la situación en ellas empeore a tal grado que no haya más remedio que decretar cuarentena total. Entonces, bajo estas premisas, la idea de una zona de sacrificio parece no existir.

Organización popular como otra forma de lucha

Surgida a raíz de la Rebelión, la “Coordinadora Popular Lagunillas Coronel” busca las mismas demandas que el pueblo ha levantado desde el pasado 18 de octubre: el término del actual sistema que rige al país, además de una vida digna e íntegra para todas y todos. Sin embargo, su lucha primordial se avoca a la reivindicación de las demandas históricas de su territorio: el término de las zonas de sacrificio.

Estefanía Vera, partícipe de la asamblea, comenta que su articulación busca, entre otras cosas “acabar tanto con la muerte gradual a la que se somete nuestra gente como a las altas tasas de cesantía en el territorio que habitamos”.  Aunque en la actualidad, la ciudad no sólo se enfrenta a estas problemáticas, sino también a la nula protección del Gobierno de turno.

 Ante el nuevo escenario, menciona que: “Decidimos trabajar a través de asambleas virtuales para evitar focos de contagios al interior del espacio, sacamos campañas de abastecimiento popular, realizamos canastas populares y levantamos una campaña de creación de mascarillas para abastecer a las personas de nuestro territorio”.

Por lo mismo, la reorganización de la coordinadora trató de ser rápida y efectiva, entendiendo la difícil y transversal situación en la que se encuentra el país.  Para ello, se desarrollaron catastros dentro de la población de manera que la ayuda llegase especialmente a adultos mayores y a vecinas y vecinos con problemas económicos.

No obstante, no se han tomado las mismas medidas sanitarias en Coronel como en el resto del gran Concepción. Si bien en los sectores más cercanos al territorio -San Pedro de la Paz y la capital penquista- existen y existieron cordones sanitarios con el fin de fiscalizar la entrada y salida de individuos, la ciudad no presenta ningún tipo de restricción en sus movilizaciones.

La principal razón podría ser el sector estratégico en que se encuentra emplazada, pues conecta las forestales en Arauco con el Bypass, de manera que camiones y maquinarias empresariales deben pasar por parte de Coronel para acceder a él.

Escuela Rosa Medel, Coronel

Tristemente, esta sensación de abandono no es algo nuevo. Las termoeléctricas, el parque industrial y el vertedero cenizas, son tres problemáticas con las que la población ha debido lidiar durante largos años. Los movimientos sociales clamando “No + zonas de sacrificio” parecen ser mermados ante la necesidad de trabajo de quienes residen en el sector, encontrando en las tres termoeléctricas activas su principal fuente de ingresos.

La precarización de la vida en la comunidad encuentra directa relación en un sistema que defiende los intereses de la empresa privada. En 2018, un estudio realizado en la escuela Rosa Medel -cercana a la termoeléctrica “Bocamina I”-, detectó metales pesados en 14 niños y siete adultos, donde las medidas fueron reubicar a los alumnos. Si bien en 2017 Enel -empresa italiana dueña de la termoeléctrica- anunció la reubicación y construcción sustentable del nuevo recinto, tras estudios realizados entre 2014 y 2016 que delataban la presencia de metales en quienes se desenvolvían alrededor de ésta, la reubicación del establecimiento educacional aun no es efectiva

Pese a ello, existe un plan de descarbonización impulsado por el Gobierno, que instaura cierres para las tres termoeléctricas en cuestión. “El plazo de cierre para Bocamina 1 está programado para más tardar el 31 de diciembre de 2023, mientras que para el caso de Bocamina 2 se estima su cierre para el 31 de diciembre del año 2040. En el caso de Santa María de Colbún, la clausura también está programada para el año 2040”, así lo consignó El Mostrador en entrevista con el edil Boris Chamorro el pasado 11 de junio de 2019.

Intervención de «Delight Lab»

Sin embargo, queda más que claro lo insuficiente de estas medidas que solo llegan para apaciguar el duro cuestionamiento hacia las zonas de sacrificio, sumándole a ello el abandono casi total del Estado hacia su propia gente.

“Somos personas que están en contra del falso progreso que impone el capitalismo, porque nosotros pagamos los costos (de éste) con nuestra salud (…). El progreso solo ha llegado para empobrecer y precarizar nuestra comuna que es un territorio histórico y que debemos defender cueste lo que cueste”, concluye Estefanía Vera.

La realidad de Coronel se asemeja a una eterna pandemia, donde la vida de las personas vale lo mismo que puedan producir, y la negligencia y abandono por parte del Gobierno y Estado de Chile solo parecen aminorar al verse acorralados contra las cuerdas, obligados a tomar medidas y actuar. De lo contrario, sigue el pueblo ayudando al pueblo por la pura convicción de sobrevivir.

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