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Denuncian por violaciones a los DDHH a autoridades municipales de San Bernardo

La denuncia de este hecho ha sido emanada por un grupo de dirigentes de la salud de dicha comuna, quienes se enteraron de la situación mediante un audio de Whatsapp.

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Diversos dirigentes de la salud de San Bernardo han hecho llegar a la redacción de Diario Venceremos una querella por delitos en contra de altos representantes de la Municipalidad y Corporación Municipal de dicha comuna, entre quienes se encuentran la alcaldesa y presidenta de la Corporación Nora Cuevas; la secretaria general de la Corporación de Salud y Educación de San Bernardo Dina Herrera; la directora de Salud Lorna Suazo; y la Directora de la Red de Urgencia Myrtha Gárate.

La querella, que sitúa como “autores, cómplices o encubridores” a las personas antes mencionadas y al personal de la 14° Comisaría de San Bernardo, por los delitos contemplados en los artículos 255[1] y 256[2] del Código Penal concernientes a abusos contra particulares, relata una serie de vejaciones y protocolos mal ejecutados por parte de Carabineros y personal médico de la Corporación hacia gran cantidad de detenidos en el marco de las protestas iniciadas a mediados de octubre de este año. Dichos hechos serán relatados en este artículo de denuncia, el cual ha sido construido gracias a los elementos presentes en la querella y los antecedentes entregados por uno de los denunciantes, Cristián Rodríguez, dirigente de la salud de la comuna de San Bernardo.

LOS HECHOS

                Los hechos de esta denuncia se sitúan en la comuna de San Bernardo a mediados de noviembre, entre los días 12 y 14 en el contexto de protestas nacionales en todo el país. En dicho contexto, una serie de funcionarios de la salud en San Bernardo toman conocimiento mediante un audio enviado a un grupo de Whatsapp, que la Directora de la Red de Urgencia de esta comuna – Myrtha Gárate – estaba solicitando médicos de su dependencia para acudir a constatar lesiones a los detenidos dentro de la 14° Comisaría de San Bernardo, recientemente reubicada en el centro de la ciudad.

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                Cabe señalar, según palabras de Cristián Rodríguez, que dicha situación había sido evidenciada anteriormente por algunos funcionarios, ya que desde el primer gobierno de Sebastián Piñera era regularmente enviada una ambulancia perteneciente a Urgencias a la antigua 14° Comisaría. En variadas oportunidades se les había explicado a estos funcionarios que aquella ambulancia prestaba servicios de apoyo para un traslado más rápido de los heridos desde la Comisaría, aunque en los hechos no habían podido corroborarlo de forma fehaciente.

                Volviendo a los acontecimientos situados a mediados de noviembre, frente a la irregularidad constatada en el grupo de Whatsapp un grupo de 6 dirigentes afiliados a CONFUSAM exijieron a la Secretaria General de la Corp. de Educación y Salud – Dina Herrera – que dejara sin efecto estas acciones, ya que dicha orden administrativa quedaba fuera de todo protocolo institucional y reglamentado por ordenanzas de salud.

                Frente a la interpelación interpuesta por este grupo de dirigentes, el día 15 de noviembre la Directora de Salud de la Corporación decide no continuar con las constataciones de lesiones en la mencionada Comisaría, a sabiendas que estas venían realizándose desde algunos días atrás.

Pese a esta decisión, muchos testigos afirman que entre los días 12 y 14 de noviembre se realizaron constataciones de lesiones en la 14° Comisaría, las cuales bordearon entre 40 y 50 personas constatadas por cada noche, llenas de irregularidades tales como personas esposadas mientras se les constataba lesiones, otras lesiones registradas como leves en el parte médico en circunstancias que se trataba de menos graves o el impedimento por parte de Carabineros a un imputado para sacarse la polera y así poder constatar las agresiones recibidas.

En la querella interpuesta se argumenta que todas estas constataciones fueron llevadas a cabo en contra de la voluntad de los detenidos y sin respetar los protocolos clínicos sobre la materia, violentando sus derechos humanos como detenidos y contraviniendo el Decreto Exento N° 2.534 del Ministerio de Justicia, el cual en el marco de la constatación del estado de salud de los detenidos aprueba en una de sus cláusulas que “se practicará la constatación de lesiones, certificación que hará un médico EN UN CENTRO ASISTENCIAL”.

La misma querella cita también la ley 20.584 sobre los derechos y deberes de los pacientes[3], argumentando que toda persona tiene derecho a que los miembros de salud y los prestadores cumplan las normas y protocolos vigentes en el país para garantizar una buena y oportuna atención.

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Para los dirigentes que interpusieron la querella esto no se trata de un tema político ni de aprovechamiento, sino de dar cuenta de la reiteración de delitos del orden administrativo en contra de particulares que fueron tratados al margen del Estado de Derecho por funcionarios municipales y policiales.

En aquel sentido, los mismos dirigentes califican como “inaceptable e intolerable” que sean las propias autoridades comunales quienes ordenaran la realización de estas prácticas irregulares e ilegales, poniendo en peligro no sólo la integridad de los detenidos sino que también la del personal de salud de San Bernardo, debido a amenazas del personal policial y posteriores represalias en su contra de las y los manifestantes, al enterarse de estas malas prácticas visadas por las autoridades de la comuna.

A pesar de la gravedad de la situación y los pasos institucionales seguidos por parte de este grupo de dirigentes – notificar la situación a sus superiores directos, entrevista con la directora de Salud de la Corporación, entrevistas con INDH, consultas a asesores jurídicos de CONFUSAM –, la demanda elevada fue calificada por las esferas comunales como una “movida política” para desprestigiar a la Corporación y al actuar de Carabineros, quitándole el peso a la misma.

Esta situación obligó a interponer la querella antes mencionada como última medida para buscar las debidas consecuencias a quienes resulten culpables de permitir una situación que los querellantes describen como “un afecto directo a la tranquilidad pública y el ejercicio de derechos fundamentales”.

La querella en sí busca que aquellos sindicados como autores materiales e intelectuales de esta situación sean condenados con el máximo de la sanción penal establecida, pero quienes interpusieron la misma buscan también marcar un precedente a nivel nacional, ya que existen fundadas sospechas de este tipo de prácticas en otros centros de salud, y por lo mismo se vuelve total y absolutamente necesario detenerlas mediante acciones  como esta u otras que se estimen convenientes.

Es sabido además por la opinión pública que las irregularidades y malas prácticas han sido “pan de cada día” en Carabineros de Chile en los más de dos meses de Rebelión, arrastrándose estas malas prácticas desde mucho antes del estallido de la misma. Instamos por lo mismo a toda o todo aquel que posea antecedentes de este tipo a hacerlos públicos por este u otro medio, ya que el amparo y validación de dichas malas prácticas proviene desde el Presidente hacia abajo, por lo que sólo queda confiar en los medios populares y sus capacidades para hacer frente a ellas.

Como Diario Venceremos estamos en total disposición de acoger demandas o relatos de este tipo para denunciarlas frente a la opinión pública, ya sea de quienes han sido testigos de ellas como de aquellas personas que se han visto directamente afectadas por el actuar desmedido e irregular de Carabineros en distintos centros de salud.

[1] Código Penal, referente a la ley 20.968. Ubicable en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984

[2] Código Penal, referente a la ley 20.968. Ubicable en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984

[3] Disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1039348

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Actualidad

Ajusticiamiento en La Araucanía: muere el fascista Orwald Casanova Cameron

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Durante la tormentosa jornada vivida en las comunidades mapuches de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, el empresario -ex Patria y Libertad- fue asesinado de un disparo en la comuna de Victoria.

Por Diego Chacano

Orwald Casanova Cameron, empresario y terrateniente de 70 años, recibió un impacto de bala que causó su muerte mientras se encontraba fumigando en el sector de Selva Oscura, a las afueras de su fundo.

El hecho ocurrió en un contexto que aún no se esclarece de parte de las fuentes oficiales. Esto mientras que, en diversos puntos de La Araucanía, se vivía la resistencia del pueblo ante la represión y allanamientos de la policía.

¿Pero quién era Orwald Casanova Cameron?

Durante el día se pudo ver cómo los medios tradicionales chilenos intentaron mostrar la imagen de Orwal como un viejo agricultor de la zona. Pero Casanova estaba lejos de solo ser reconocido por su trabajo agrícola.

El actual militante y candidato a concejal de la UDI en la comuna de Victoria, era un conocido empresario y dueño ilegítimo de tierras mapuches en el Wallmapu, un verdadero -según palabras de otro ex Patria y Libertad- terrorista empresarial.

Una entrevista concedida por el ex secretario de Patria y Libertad a The Clinic en 2014, nos muestra una descripción en profundidad del sujeto: 

“Empecé a unir cabos, a juntar nombres de personajes que tengo recuerdos, con una visión antichilena, antimapuche, y ahí aparece- ni siquiera un gran terrateniente- un militante de Patria y Libertad que se fue al pinochetismo, que defiende a la DINA, que le hubiese gustado que mataran a todos los comunistas. Este personaje se llama Orwal Casanova Cameron. Él y su grupo son de temer, tienen armas y están respaldados por los terratenientes de la zona y carabineros. Y su panfleto es parte de una campaña del terror.

También se refirió a las actividades de Casanova: “Tengo información confidencial desde la región sobre las actividades anti mapuche de Casanova y su grupo. Porque igual que en los crímenes, siempre hay un móvil, un interés, y el terrorismo en este caso favorece a la militarización de la política (…)”

Es de esperar, lamentablemente, que en las próximas jornadas un amplio número de refuerzos policiales lleguen a La Araucanía a allanar comunidades bajo la orden de investigación por el asesinato del empresario.

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Movimiento Social

Cambio de medida cautelar para presas políticas en Punta Arenas

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El 14 de diciembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria para el juicio oral en contra de Camila e Isabella -presas políticas de la revuelta- por rayados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes y desórdenes públicos durante la manifestación.

Por Patricia Mancilla Care

Camila e Isabella fueron detenidas bajo una ardua operación policial en el centro de la ciudad de Punta Arenas el 4 de noviembre de 2019, en el contexto de las masivas manifestaciones producidas por la Rebelión Popular.

La detención irregular -bajo una ardua y desmedida operación policial- fue producto de los daños causados a la Intendencia Regional -decretada como monumento nacional- y desórdenes públicos. La acusación es sostenida por cámaras de seguridad del lugar, las cuales no entregan material audiovisual en buena calidad, convirtiéndose en una prueba poco verídica para sustentar dichas acusaciones.

Posterior a la detención, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas dejó a Camila e Isabella con arresto domiciliario nocturno a la espera de una sentencia que no ha podido concretarse. Cabe destacar además que el fiscal a cargo de la causa es Felipe Aguirre, el mismo que buscó encarcelar y sentenciar injustamente a Marcelo Mandujano, preso político que el pasado 1 de diciembre quedó con libertad vigilada intensiva por cinco años.

En la audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre, mediante la plataforma zoom y con más de 100 asistentes como público, la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto y fue sustituida por firma mensual y arraigo regional.

La próxima audiencia quedó fijada para el 31 de marzo de 2021 a las 12:30 horas, donde los abogados de todas las partes continuarán con los alegatos para buscar una salida a tan eterno e injustificado periodo.

La Fiscalía pide para Camila e Isabella, 3 años por daños calificados a la Intendencia Regional y 2 años por desórdenes públicos, condena extremadamente desmedida, pues dicho edificio fue restaurado el día siguiente de los incidentes señalados y en ningún caso amerita la prisión de las compañeras.

A pesar que la medida de arresto domiciliario nocturno quedó sin efecto, la lucha por la libertad total de Camila e Isabella continúa, pues tanto ellas como Mandu han sido víctimas de la violencia política estatal, persecución constante y hostigamiento por parte de las fuerzas represivas del Estado.

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Actualidad

Presa política de Punta Arenas: La prisión domiciliaria nocturna que tiene encarcelada a Camila

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Camila Vera Sandoval es una de las presas políticas de Punta Arenas acusada injustamente de los rayados efectuados en el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes, situación que ha tenido a la compañera en prisión domiciliaria nocturna por más de un año, siendo víctima de hostigamiento y persecución.

Por Patricia Mancilla Care

Camila es mamá de una pequeña de 10 años, se dedica a la orfebrería hace 15 años, siendo su principal herramienta de trabajo para sustentarse. Es joyera, mesera, cocinera, dibujante autodidacta, aprendiz de carpintería y maestra ceramista, trabaja y ayuda en el taller de mueblería ecológica de palet en Punta Arenas.

El 4 de noviembre de 2019 en una manifestación de rebelión popular en el centro de la ciudad de Punta Arenas, Camila es detenida bajo una ardua operación policial donde se le hizo una encerrona por carabineros de civil, carabineros que se desplazaban en motocicletas junto a dos patrullas de la institución y dos autos de la Policía de Investigaciones (PDI).

La causa de dicha detención irregular la calificaron como daños a monumentos nacionales y desórdenes públicos. La criminalización por el “daño” causado fue desproporcionada, pues sólo se trataba de una acusación por cámaras seguridad pixeladas, lo que no ameritaba en ningún caso la persecución y violenta detención de la compañera, pues era una acción -rayado pequeño en una parte del edificio de la Intendencia Regional- que en un día se vio solucionada.

Al día siguiente de las acusaciones y de la primera audiencia donde se formaliza a Camila e Isabella -compañera que está bajo la misma situación-, la empresa constructora Bravo e Izquierdo “repara” y pinta la Intendencia Regional, sin ningún tipo de permiso.

El trabajo del Ministerio Público

La (in)justicia chilena fue determinante y dejó inmediatamente a Camila con una cautelar de arresto domiciliario nocturno a espera -supuestamente no más de tres meses- de una sentencia hasta la fecha no se ha llevado a cabo, lo que ha resultado sumamente tormentoso tanto para Camila como para todo su entorno familiar.

La insistente represión de Carabineros ha generado que vivan bajo un contexto de constante hostigamiento por parte del sistema político estatal que no ha respetado el debido proceso, siendo víctimas de un “castigo” policial que va más allá de una posible condena que podría recibir. Todas esas situaciones de visitas a cualquier hora de la madrugada han provocado un desgaste físico y emocional de la compañera y su círculo más cercano, pues la demora en la supuesta investigación ha causado traumas permanentes en la vida de Camila.

Por su parte, el Ministerio Público direccionó la investigación por los cargos de desórdenes públicos y daños calificados. El fiscal a cargo que lleva las acusaciones por desórdenes públicos, Felipe Aguirre -el mismo que buscó encarcelar bajo pruebas irregularidades a Marcelo Mandujano-, alude en reiteradas ocasiones, durante las 3 primeras audiencias, que la investigación no se ha cerrado porque existe una “supuesta información”, encontrada en el teléfono celular de Camila, que la vincula con la quema de las dependencias ocupadas por AFP Hábitat en Punta Arenas, situación ocurrida el 12 de noviembre de 2019 bajo el contexto de las masivas manifestaciones por el Estallido Social.

Dicha “información” se uniría a las pruebas falsas e irregularidades presentadas en el caso de Marcelo Mandujano, pues se apunta a Camila como un peligro para la sociedad y parte de una organización anarquista y violentista.

El teléfono celular  de Camila, revisado por el Ministerio Público, efectivamente encontró grupos de Whatsapp sobre organizaciones, pero netamente vinculadas al trabajo territorial, medio ambiental, ecológicos y ollas comunes, en ningún caso organismos terroristas como lo menciona el fiscal Felipe Aguirre.

Ninguna de las acusaciones hechas por el fiscal, y que repetía en las primeras audiencias, se pudieron comprobar. El tema asociado a la quema de las dependencias de AFP Hábitat y la supuesta banda delictual organizada se descartaron, pues no existían pruebas de dichas acusaciones.

¿A qué pruebas se aferra nuevamente el fiscal Felipe Aguirre?, un video que deja en evidencia un tipo de zapatillas que Camila tenía puestas el día de la detención y una fotografía del video de las cámaras de seguridad de la calle, la cual fue sacada con bajos niveles de pixeles y que no se puede apreciar correctamente ni persona involucrada ni las pertenencias que utilizaba.

La Intendencia Regional de Magallanes se querella por daños calificados a monumentos nacionales -justificando que el edificio pertenece al patrimonio de la región- pidiendo un monto de 50 millones de pesos.

La defensa de Camila

Los abogados que ofreció la defensoría penal pública no trabajaron correctamente con el caso, pues nunca estuvieron a la disposición de Camila -teniendo que pasar por 4 abogados-  no les entregaron las carpetas investigativas, audios ni videos solicitados por la compañera, situación que llevó a gestionar dicho material directamente con el juzgado. Está situación resulta ser sumamente preocupante, pues otros compañeros que se encontraban acusados bajo los mismo cargos fueron absueltos al poco tiempo de ser acusados.

Camila actualmente está siendo asesorada por el abogado José Luis Correa, quien trabaja desde Santiago con el caso a través de videollamadas, lo que ha resultado ser un buen mecanismo para ir avanzando a lo que será la preparación del juicio oral el próximo 14 de diciembre.

La protesta continúa en Magallanes

La situación por la que ha tenido que pasar Isabella, Camila y toda su familia responde a las acciones represivas de un sistema que atenta contra quienes se manifiestan, privando de libertad a cientos/as de compañeros/as que luchan por acabar con la doctrina capitalista y patriarcal.

Punta Arenas fue el primer territorio en iniciar la huelga de hambre y ayuno colectivo por la libertad de todos/as los/as presos/as políticos/as de la revuelta, el cual tiene por objetivo impulsar el proyecto de amnistía que libere a todos/as los/as compañeros/as encarcelados/as o en proceso de formalización.

La movilización en la ciudad más austral apunta además a visibilizar sus casos locales, como es el caso de Isabella y Camila, presas políticas que siguen pagando los costos de un sistema represivo, político, policial y estatal que hostiga y persigue a quienes se manifiestan.

El reciente caso de Marcelo Mandujano abrió la puerta para seguir luchando por obtener la libertad de todos/as, no sólo a quienes se encuentran privados/as de libertad en las cárceles, sino también para todos/as aquellos/as que están prisioneros/as en sus hogares, recibiendo visitas a cualquier hora bajo operativos que hostigan no sólo a quienes se encuentran “acusados/as”, sino que a todo un núcleo familiar.

Ad portas de la jornada de protesta nacional del 10 de diciembre se hace urgente seguir con la lucha, por nuestras compañeras Camila e Isabella, por la libertad y por derrocar las prisiones políticas levantadas por el Estado represivo chileno.

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