NACIONAL

SENAME: La cárcel estatal más olvidada de todas

Durante años, el Estado chileno ha destacado por el silencio ante la constante vulneración y violación por parte de sus propios organismos, hacia los derechos humanos de niños y niñas y, en especial, quienes se encuentran “bajo sus cuidados”.

Por Isis Fuentealba

El Servicio Nacional de Menores, más conocido como “SENAME”, es un organismo del Estado dependiente del sistema judicial, que tiene como función principal “proteger y promover” los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han infringido la ley, ocupándose, además, de regular y controlar la adopción en Chile.

Por medio del funcionamiento de distintos programas especiales en centros, ya sean públicos y propios, como también los centros a cargo de organizaciones privadas, el Sename supervisa el cumplimiento de un correcto funcionamiento, apelando siempre a la vida y el cuidado de los menores que tienen a cargo, o al menos eso es lo que se supone debiera hacer. No obstante, en la mayoría de los casos -por no decir, todos- las soluciones otorgadas por la institución quedan lejos de ser óptimas, pasando por sobre los niños y niñas e incluso violando los derechos de los menores, con una inmensa carencia de transparencia en su accionar. 

LISSETTE Y ALAN

Desde el 2016, la muerte de la pequeña de 11 años, Lissette Villa, en el interior del Cread Galvarino del Sename, ubicado en la región Metropolitana, y el asesinato de Alan Peña , las investigaciones y denuncias al Sename fueron tomando espacio en la realidad del país, instaurándose así la necesidad de abordar la infancia vulnerable. 

En el caso Lissette, en un principio, de acuerdo con el testimonio de las funcionarias a cargo, la niña se habría descompensado tras una desregulación emocional y agitación, sin embargo, según las investigaciones realizadas y el informe del SML, la causa real de muerte de la pequeña fue asfixia por sofocación provocada por la comprensión mecánica externa; entre las cuidadoras la tiraron al suelo e inmovilizaron para luego subirse sobre ella, impidiendo su normal respiración por varios minutos.

Por otro lado, el caso de Alan demuestra una importante falta de preocupación y acción por parte del Sename ante el comportamiento del menor. El niño, ante el constante y gradual abandono de sus padres, sumándole a ello su condición asperguer, se fugaba regularmente del centro dependiente de Sename “La Alborada” en la región de la Araucanía, y tenía un fuerte comportamiento. Escapando a la casa de su abuela como a deambular por las calles, el joven fue brutalmente asesinado y torturado por las personas que lo tomaron en su última fuga, quienes lo encerraron y golpearon hasta matarlo, alegando una “venganza” tras un supuesto abuso del joven hacia una de las hijas de los imputados. 

CONSTANTES VULNERACIONES

Al 2016, la crisis del Sename databa de unos 40 años de vulneraciones y, aunque los dos casos mencionados conmovieron al país, el Ministerio de Justicia -con trabajo de Fiscalía y el Poder Judicial-, buscaron detener los abusos contra niños y adolescentes dentro de los hogares del Sename mediante investigaciones que desembocaron en nada. Durante el 2017 la PDI desarrolló un informe, el cual estuvo oculto durante meses y salió a luz pública durante el 2019, en el que se entregaron datos y registros de, a lo menos, 2.000 casos de violencia y maltrato grave, incluyendo en ello, más de 300 agresiones sexuales, dentro de los centros y residencias del Sename.

En Enero del 2017, se daba a conocer públicamente por parte de la Fiscalía de Freirina y PDI de Copiapó, una red de explotación sexual contra niñas del Sename entre los 11 y 17 años de edad, que databa de inicios del 2015. De acuerdo con la investigación y los datos entregados durante la formalización a los imputados, las víctimas eran interceptadas por una mujer cuando se fugaban de las residencias, quien las llevaba a fiestas clandestinas y encuentros organizados por redes sociales, en los cuales se obligaba a las menores a consumir alcohol y drogas para luego ser llevadas a un domicilio donde terminaban en encuentros sexuales, siendo la mujer quien recibía dinero por las gestiones.

El 2018, el conflicto con el Sename estaba lejos de terminar. Alrededor de 10 efectivos policiales fueron formalizados por el delito de “facilitación de prostitución de menores de edad” en la región Metropolitana, suceso ocurrido por el 2016, ya que, mientras desempeñaban sus funciones y patrullaje en la comuna de La Cisterna, identificaron a menores de edad entre el comercio sexual que se ejercía y hasta conversaron con menores de edad, más, omitieron todo tipo de procedimiento para protegerlas de seguir siendo explotadas sexualmente.

Ese mismo año, se tomaron medidas frente a la histórica vulneración de derechos humanos en el Cread Playa Ancha, cerrándose ante las denuncias por apremios ilegítimos que ejercían funcionarios de la residencia, quienes maltrataban física y psicológicamente a los menores del lugar, dañando la integridad de menores bajo la custodia del Estado.

De acuerdo con el informe que realizó la PDI, entregado al Gobierno de turno durante el 2018 y publicado el 2019, se dio a conocer que, dentro de los 240 hogares de menores investigados, en todos existían una gran vulneración sistemática a los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encontraban en ellos, agregando que, mínimo, en un 50% de los hogares constataron abusos de índole sexual contra menores, tanto por funcionarios de los centros como de externos. 

CASO NIDO

En Noviembre del 2017, una educadora diferencial de la Municipalidad de Hualpén denunció, ante la fiscalía local de Talcahuano, posibles abusos sexuales en contra de una menor de edad dentro de la residencia “El Nido” de Hualpén, no obstante, durante el 2019, sin responsables ni determinación de delitos, Fiscalía informó el cierre de la investigación. En Mayo del 2019, otra educadora municipal nuevamente ingresó una denuncia por posibles abusos sexuales ante la misma Fiscalía pero, a diferencia del caso anterior, no avanzó y sólo quedó como una denuncia más. 

Ante las denuncias anteriores, la directora del hogar, Evelyn Oñate, concurrió a la Escuela Cristóbal Colón donde los menores de la residencia cursaban sus estudios, para informar y denunciar a una profesora de la institución educacional por abusos contra menores de la residencia. Este suceso se dio a conocer tras las noticias del actual año respecto al hogar, considerado, de cierta forma, como una estrategia para desviar y ocultar las investigaciones que se estaban realizando ante el hogar. Todo esto siempre estuvo en manos del Sename, quienes a lo menos tenían conocimiento de los sucesos desde el 2017 pero jamás se pronunciaron y dejaron pasar todo lo ocurrido.

Con un bajo perfil dentro de todas las noticias respecto al funcionamiento del Sename, la residencia quedaba como una más, hasta mediados de este año. El 14 de Abril del 2020, profesionales del programa ambulatorio Refugio Esperanza de Curanilahue, denunciaron ante el Ministerio Público posibles delitos de connotación sexual en contra de menores de edad, mientras se encontraban en la residencia “El Nido” de la comuna de Hualpén, en la región del Biobío. Inmediatamente, el Seremi de Justicia, Sergio Vallejos, levantó una serie de acciones judiciales buscando resguardar a los niños que se encontraban en la residencia e interpuso una querella y medidas de protección ante el Tribunal de familia.

Los días siguientes, el organismo sacó de sus funciones a la directora de la residencia Evelyn Oñate y a las funcionarias señaladas como posibles responsables; sumado a ello, el 17 de abril se trasladaron 12 niños a otras residencias de la región, quedando 11 niños dentro de la residencia. A partir de allí, la Defensoría de la Niñez, presentó una querella por violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil contra Evelyn Oñate Caamaño, directora de la residencia que por la denuncia del 14 de abril se encontraba suspendida de sus actividades. 

El Caso Nido cada vez se despellejaba más; la acción legal contra Oñate dio a conocer la terrible situación. Como directora Evelyn permitía abusos y violaciones a las y los menores del hogar a cambio de “donaciones para el centro”, facilitando delitos sexuales contra, al menos, dos niños de seis a ocho años. El conocimiento de estos hechos resultó un duro golpe para los funcionarios y, en general, el Servicio Nacional de Menores, puesto que demostraba la nula supervisión y control ante las residencias, además de las máximas vulneraciones y violaciones ante los menores a cargo del Estado.

A partir de lo anterior, el Seremi de Justicia de la región ordenó de forma inmediata el cierre del hogar, señalando que desde el 1 de Mayo no habría más renovación a la concesión de la residencia Nido.

La historia del hogar no llegaba hasta aquí; actualmente muchas madres y familiares dan la pelea por saber dónde están sus niñas y niños, quienes desaparecieron sin dejar rastro de la residencia y no sólo durante el período de investigación, sino que, desde hace mucho antes. 

Los casos de violencia, violación y vulneración de los derechos de infantes-juveniles en cada una de las residencias que se encuentran a lo largo del país, durante décadas, demuestran la fría y dura realidad que deben vivir a manos de la negligencia, segregación y el abandono. El Sename es una de las peores armas del Estado chileno que, en silencio y de forma planificada, atenta contra la pobreza y la condena. 

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