NACIONAL

Sename, ¿reformulación o mero cambio de nombre?

El año 2018, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley que le daba término a SENAME, cuestionada institución que ha vulnerado, sistemáticamente, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero ¿es este proyecto una reformulación real al sistema o simplemente, un mero cambio de nombre?

Por Kathia Cancino Rojas

Para CIPER, en la columna de opinión publicada el 2 de junio y titulada “Hoy se termina el Sename, ¿O solo cambia el nombre?”, la realidad del término de la institución se acopla casi perfecto al titular. Sin embargo, como todo lo que envuelve a la organización, incluso la aprobación de este proyecto de ley no deja de estar exento de polémicas. 

Publicada el mismo día en que se llevaría a cabo la votación para aprobar o rechazar la ley que crea una nueva institución que reemplace a Sename, la columna de opinión daba a entender que el “Servicio a la Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia” no contaba con aristas claras que le diferenciasen del organismo anterior. 

“Se desconoce la estructura organizacional del nuevo organismo (jefaturas, funciones, divisiones, personal, perfiles de cargo, etc.) y por ende, su capacidad operativa para asumir sus funciones con el nivel de especialización necesario (…), omite algunas líneas de acción esenciales como las de intervención reparatoria especializada en maltrato grave, abuso sexual infantil y explotación sexual, además de limitar la representación jurídica y dejar sin defensa a un número considerable de niños, lo que constituye una abierta contravención a los tratados suscritos por Chile”. 

Éstas son sólo algunas de las graves falencias consignadas por el medio, dando cuenta de que la creación de un nuevo organismo encargado de niños, niñas y adolescentes, no es más que un simple cambio de nombre pues no presenta una respuesta hacia las vulneraciones de los derechos de NNA a su cargo.

No obstante, con 31 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones, la cámara del Senado aprobó y despachó el proyecto, quedando en condiciones de ser remitida al Presidente de la República, quien tiene la facultad de vetar dicha ley o dejarla tal cual para que cumpla su control de constitucionalidad. 

Empero, la polémica que envuelve al nuevo organismo responde a la “Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”, anexada por la comisión mixta al proyecto de ley a votar. Ésta, establece un sistema de garantías y protección del ejercicio de los derechos de la infancia a través de un conjunto de normas, instituciones y políticas según lo establecido en la Convención de Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales. 

Entonces, parece ser que la creación de una nueva institución no puede ser efectiva sin la ley de garantías, que protege y garantiza -aunque suene redundante- los derechos de los NNA a su cuidado. Aunque para la subsecretaria Carol Bown y algunos parlamentarios, ésta cláusula impuesta por la comisión mixta responde netamente a visiones ideológicas. 

En un artículo publicado por El Mercurio con fecha del 28 de mayo del presente año, Bown apoya la idea de desconocer el acuerdo de tramitación pues la ley de garantías “tiene temas ideológicos”, lo que puede significar un traspié en la aprobación del proyecto. Asimismo, Gonzalo Fuenzalida (RN), miembro de la comisión mixta, calificó como “chantaje político” este “amarre” -de ambas leyes- impuesto por la oposición. De la misma manera, luego de su aprobación y, otorgándole la responsabilidad de vetar o no dicha ley al actual mandatario, varios parlamentarios se inclinaron por la primera opción. 

¿Cuál es el grave problema al que se enfrenta tanto el Gobierno como la nueva ley? La conclusión es simple: la campaña de Sebastián Piñera era enfática en su slogan “los niños primeros”. A pesar de ello, las opiniones de su bancada dan a entender que una garantía a los derechos de NNA representa un sesgo ideológico y no una ley de primera necesidad.

Tal vez por ello, Francisco Consiglia, dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras subcontratadas del Sename (Sintrasub), declara a Radio Universidad de Chile que el nuevo Sename no es más que una farsa, “un show mediático orquestado bajo la consigna famosa de ‘Los niños primero‘. En 2005 hubo algo muy similar, con bombos y platillos y congresistas con los brazos arriba, directores de organismos colaboradores, Delia del Gatto, directora del Sename entonces, hablaba de un nuevo trato a la niñez, una nueva ley, la 20.032 que regula los organismos colaboradores y el sistema de subvención. 

Han pasado quince años y solo hemos visto maltratos, abusos, violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y juventud y, por cierto, maltrato a las trabajadoras y trabajadores honestos que se vinculan en los procesos de intervención en los más de 400 organismos colaboradores que hay a nivel nacional. Ahora nos encontramos con un nuevo servicio que no cambia nada, absolutamente nada, ninguna estructura”.

Durmiendo en el Congreso desde 2015, la ley de garantías parece ser la única que podría llegar a subsanar las falencias presentes tanto en el Sename como en el nuevo ente encargado de reemplazarle. Lamentablemente, así como CIPER lo menciona, la mirada del Ejecutivo y sus voceros parecen, simplemente, desconocer la importancia de garantizar los derechos humanos de aquellos que se encuentran bajo su tutela. 

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