NACIONAL

La síntesis noticiosa del día: Cuarentena total en algunas comunas de la capital, fijación de precios y el rol de los privados en la crisis

uno de los hechos del día estuvo en la declaración de cuarentena total en 7 comunas de la capital.

El Covid-19 ha acaparado prácticamente toda la agenda noticiosa del acontecer nacional hace más de una semana. En dicho contexto, hoy se han anunciado importantes medidas para combatir esta pandemia que parece no tener freno en un futuro próximo dentro del país.

Quizás la medida más notoria y radical adoptada hoy por el gobierno para frenar la ascendente curva de contagios en el territorio nacional ha sido la declaración de cuarentena total para 7 comunas de Santiago, entre las que se encuentran Providencia, Ñuñoa, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Santiago Centro e Independencia. Esta medida establece como objetivo dichas comunas por poseer el mayor número  de contagiados dentro de la capital, intentando frenar una mayor propagación del virus hacia otros sectores.

La anterior medida deja en evidencia la necesidad de declarar cuarentena total para todo el territorio nacional, ya que mientras los habitantes de las comunas señaladas deberán cumplir su cuarentena millones de trabajadores y trabajadoras tendrán que asistir de igual forma a sus lugares de trabajo, exponiéndose a posibles contagios.

Otra de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir esta pandemia ha sido la entrada en vigor del decreto que limita los precios de insumos básicos, fármacos y exámenes necesarios para detectar y paliar los síntomas del coronavirus. Entre estas limitantes se encuentra el precio máximo del examen P.C.R para detectar el virus, que no podrá superar los 25.000 pesos. A este precio se suma la bonificación que pueda realizar el Fondo Nacional de Salud o institución previsional que corresponda según sea el caso.

Cabe preguntarnos cuánto tiempo más debe pasar para que el examen de detección de Covid-19 pase a ser gratis, como lo es en gran parte de Latinoamérica, sin mediar el beneficio de entidades privadas en medio de la crisis.

No sólo el Ministerio de Salud ha dicho presente el día de hoy en el acontecer noticioso, también se ha pronunciado el Ministerio de Educación para señalar la extensión en un mes de la suspensión de clases en establecimientos educacionales de todo tipo, debido a lo cual las y los estudiantes permanecerán sin clases durante todo abril.

Esta extensión de la suspensión de clases se dará en una modalidad mixta, ya que las primeras dos semanas de abril regirá la suspensión como tal, mientras que en las últimas dos semanas del mes serán adelantadas las vacaciones de invierno, estipuladas inicialmente para el mes de junio. Con esta obligatoria modificación del calendario escolar el Mineduc anunció también una extensión del mismo, estipulando que las clases deberían terminar “a finales del mes de diciembre”.

El conjunto de estas medidas irá en directo desmedro de profesoras, profesores y trabajadores de la educación en general, ya que tendrán que tomarse sus vacaciones de invierno en medio de la crisis sanitaria generada por el Covid-19.

Mientras el gobierno anunciaba este paquete de medidas otros actores del Estado y sectores privados adquirían también relevancia por sus acciones y/o declaraciones durante el día. Por un lado, adquirió relevancia el dictamen de la Corte de Apelaciones para mantener en prisión preventiva a 13 imputados de la “Primera Línea”, luego de que en horas de la mañana el juez Daniel Urrutia dictaminara de oficio el cambio de medidas cautelares para estos 13 imputados, de prisión preventiva a arresto domiciliario total. 

La decisión del magistrado perteneciente al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago de revocar la prisión preventiva para estos 13 imputados se explicaba en base al riesgo que los mismos corrían de contraer Covid-19 dentro del recinto penitenciario, debido a las paupérrimas condiciones de higiene y sanidad existentes dentro de las cárceles.

La Corte de Apelaciones no sólo dejó sin efecto la resolución del juez Urrutia, sino que además inició una investigación sumaria en su contra suspendiéndolo temporalmente de sus funciones, justificando su decisión en base “a las consecuencias que medidas de este tipo pudiesen generar”.

A todas luces la decisión de este órgano judicial obedece a intereses políticos más que pertenecientes al ámbito jurídico, en consideración de la baja penalidad de los delitos imputados, volviéndose excesiva la prisión preventiva para un delito que no pasa de considerar desórdenes públicos.

Por último, desde el sector privado las voces en torno al Covid-19 se han hecho sentir, marcando su postura respecto a la mejor manera de combatir esta crisis sanitaria. En este aspecto, han tomado relevancia las declaraciones de Bernardo Larraín, presidente de la SOFOFA. 

El representante del mundo empresarial, en declaraciones emitidas a Cooperativa señaló que no se cierra a “semi nacionalizaciones” de grandes empresas por parte del Estado, argumentando que la crisis invita a ser “pragmáticos, no ideológicos”. 

Larraín entregaba como ejemplo a empresas del rubro hotelero o turístico, fuertemente golpeadas a nivel global por la urgencia del Covid-19, señalando que una semi nacionalización podría mantenerlas a flote para afrontar la crisis, devolviendo la ayuda prestada por el Estado una vez superada la misma.

Gran relevancia cobran estas declaraciones, puesto que marcan una posición clara por parte del gran empresariado nacional, abriéndose a la ayuda e intervención estatal para salvaguardar sus propios intereses.

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