MOVIMIENTO SOCIAL NACIONAL

La situación de los presos y presas de la revuelta en medio de una pandemia

El sistema carcelario es injusto y carece de dignidad, castiga a las personas pobres, mientras los ladrones de "cuello y cobarta" están libre y protegidos ejerciendo sus labores en el gran empresariado. Para efectos de esta nota solo nos enfocaremos en la prisión política y el acceso a la salud, ante un contexto de más de 2.500 personas presas por luchar.

La Coordinadora 18 de octubre, espacio que agrupa a familiares de los presos y presas de la revuelta, organizaciones, amistades de las personas encarceladas, entre otros participantes ha levantado un trabajo entorno al acompañamiento a los presos y presas y exigir su libertad inmediata.

Ante la situación de pandemia y propagación del coronavirus en Latinoamérica, afectando a nuestro país dicho espacio ha impulsado una campaña por la salud para los presos y presas políticas.

“El aparato judicial ha decretado, mantenido y ratificado la prisión preventiva como medida cautelar contra la gran mayoría de ellos y ellas, transformándose en la práctica en un castigo anticipado y ejemplificador contra quienes continúan en las calles”, señaló la Coordinadora 18 de octubre.

La Coordinadora 18 de octubre ha manifestado en este actual escenario de pandemia del Covid-19 que “se transforma en una nueva coyuntura donde nos encontramos, por un lado, ante una enfermedad altamente contagiosa y, por otro, ante las medidas de control social que busca imponer el Estado. Es en este contexto que el 15 de marzo el Ministerio de Justicia señaló una serie de restricciones a las cárceles, tales como el ingreso máximo de dos personas por visita, y la reducción de estas a una vez por semana, con cada vez menos tiempo. Entendemos que, como indica la experiencia en otros países, estas medidas solo tenderán a agudizarse”.

Bajo este contexto de pandemia en donde espera que su mayor peak alcance a 40 mil casos para a fines de abril e inicios de mayo, la Coordinadora 18 de octubre exige el cambio de medidas cautelares para todos los y las presas de la revuelta: de Prisión Preventiva a Arresto Domiciliar y amnistía e indulto a los prisioneros y prisioneras políticas subversivas. Por último, el Cumplimiento del petitorio de los presos políticos y políticas mapuche en huelga de hambre desde el 27 de febrero.

“Con esta campaña hacemos frente a una emergencia sanitaria que es aún más grave dentro de las cárceles debido al hacinamiento, a las condiciones de higiene y al aislamiento cada vez mayor con respecto a sus familiares y amigos que los apoyan y acompañan”, afirmó la Coordinadora 18 de octubre.

La Coordinadora 18 de octubre recalcó que “sabemos que la modificación de una medida cautelar no significa el fin del proceso pero sí es un cambio sustancial para nuetros compañeros prisioneros y prisioneras, para su salud e integridad”.

“Hoy más que nunca es urgente sacarlos de las prisiones, por lo que el llamado sigue siendo no solo a permanecer atentos y atentas, sino también a levantar distintas iniciativas nacionales e internacionales que agiten de manera concreta en relación a esta campaña”, detalló la Coordinadora 18 de octubre.

Puedes leer el comunicado completo:

Coordinadora 18 de Octubre levanta campaña por la salud de lxs presxs políticxs: Ante la coyuntura del Covid-19 y la liberación de lxs prisionerxs politicxs (Español-Ingles-Italiano)

Catastro de los presos y presas de la revuelta

Acceso a la salud y prisión política

El informe de la Comisión Valech aborda la motivación política por parte de los agentes del Estado, en cuanto a la aplicación de medidas privativas de libertad “sin juicio ni fundamento” , sino que también cuando se aplican “normas jurídicas de mayor rigor en el juzgamiento de los hechos”, o “en virtud de normas especiales, como la Ley de Seguridad Interior del Estado”.

Además, dicha motivación se puede presentar “en la detención y juzgamiento de delitos que constituyen hechos delictivos sancionados por cualquier legislación ordinaria de un país, que fueron cometidos con la intención de derrocar el régimen o impulsar cambios políticos”.

Julio Cortés Morales en su columna: Los presos de la revuelta y la prisión política, concluyó que, ” todas las personas que están siendo criminalizadas por su participación en la revuelta son blanco de una represión abierta y explícitamente política. Y tal como ya nadie puede negar que las violaciones de derechos humanos han sido graves, masivas y sistemáticas, ahora debemos agitar para instalar la idea de que todos nuestros compañeros que están encarcelados y encarceladas por ejercer el derecho de rebelión son, en efecto, prisioneros políticos y políticas”.

Las condiciones de vida al interior de las cárceles ha sido abordado por numerosos informes del Instituto de Derechos Humanos (INDH) denunciando el tema de hacinamiento, las condiciones de vida en la cárceles.

Dado al contexto actual nos enfocaremos en la situación que atraviesan los presos y presas políticas en un contexto de pandemia.

“Las personas privadas de libertad son titulares, como cualquier
ciudadano/a, del derecho a la salud, por tanto, los Estados están obligados a garantizarles ese derecho de manera oportuna y efectiva”, señaló el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos “el Estado de Chile se encuentra obligado a garantizar su acceso”. De no asumir estas tareas, “podría generar responsabilidad internacional en consideración a los tratados internacionales que ha suscrito, sino que también, en su caso, responsabilidad penal y civil a los agentes del Estado que hayan intervenido o dejado de intervenir y, producto de ello, se haya producido un resultado lesivo”, recalcó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

El Comité de Derechos Sociales,Económicos y Culturales (en adelante, Comité DESC), ha indicado que “el Pacto prohíbe toda discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y los factores determinantes básicos de la salud, así como a los medios y derechos para conseguirlo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o posición social, situación económica, lugar de nacimiento, impedimentos físicos o mentales, estado de salud (incluidos el VIH/SIDA), orientación sexual y situación política, social o de otra índole que tengan por objeto o por resultado la invalidación o el menoscabo de la igualdad de goce o el ejercicio del derecho a la salud”. Por tanto, la atención y acceso a la salud de los presos y presas políticas debiese ser una prioridad ante la propagación del coronavirus.

En los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas de la CIDH se establecen, entre las siguientes obligaciones:

• El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de libertad

• Las mujeres deberán contar con atención médica ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto, el cual no deberá realizarse dentro de los lugares de privación de libertad, sino en hospitales o establecimientos destinados para ello.

En toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar los principios siguientes: confidencialidad de la información médica, autonomía de los pacientes respecto de su propia salud y consentimiento informado en la relación médicopaciente.

• Toda persona privada de libertad tendrá derecho a que se le
practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencial, realizado por personal de salud idóneo, inmediatamente después de su ingreso al establecimiento de reclusión o de internamiento.

• Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales

Por último, ” la Corte IDH ha sido clara en indicar que la personas privadas de libertad deben gozar de una (…) provisión de revisión médica regular y, cuando así se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en cuestión”.

La realidad de las cárceles chilenas

Si bien los derechos están estipulados en los papeles, pero la realidad es otra al interior de las cárceles en donde los presos y presas han denunciado en el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos UDP la “privación de diagnóstico y un tratamiento oportuno”.

Según el informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la UDP “las cárceles chilenas establecen un sistema de atención médica que prioriza la evaluación interna y, bajo determinadas reglas, se permite la derivación a los centros asistenciales del medio libre”.

“En términos generales, el Reglamento determina una regulación elemental del sistema de salud para las personas privadas de libertad de los diversos recintos penitenciarios del país. Principalmente, establece en forma expresa el derecho a recibir tratamiento médico, tanto dentro como fuera del recinto, sin necesidad de una orden judicial. A la vez, determina que la atención será gratuita si la persona no tiene seguro de salud y que, incluso, puede solicitar su traslado a una institución
privada, si tiene los fondos para pagar dicha atención”, emanó el informe.

Una de las deficiencias del Reglamento que detectó dicho estudio es que no establece “los principales lineamientos de un procedimiento que permita a las personas privadas de libertad solicitar atención médica y recibir una respuesta en un plazo razonable, inclusive un procedimiento de reclamo ante la denegación o falta de respuesta”.

El manual que mencionamos anteriormente solo rige para el Hospital Penitenciario, ubicado en la Región Metropolitana, “que es la única región del país que
cuenta con uno (…) los demás establecimientos penitenciarios del país solo cuentan con unidades de asistencia médica primaria, las cuales, según nos indicó Gendarmería, no tienen ningún manual o normativa como la del Hospital Penitenciario”, señaló el informe tras entrevistas al personal.

El Centro de Derechos Humanos de la UDP recomendó que, “en esas unidades de asistencia médica primaria se requeriría también de un protocolo que definiera explícitamente las diversas actividades que debe desarrollar el personal médico y, a su vez, las circunstancias que justifican la derivación de las personas privadas de libertad a centros externos que tengan la capacidad de atender aquellas necesidades que desborden la capacidad de dichas unidades”.

Cifras de personas privadas de libertad fallecidas ente 2000 y 2018:

Captura

2

Esta tabla contempla cifras generales, pero si se realiza una comparación entre los valores correspondientes a hombres y mujeres, se aprecia que, durante 2018, el 98% de las personas fallecidas son hombres. En el informe contempla la cantidad de personas fallecidas por género, pero no incluye a las disidencias o personas no binaries, puedes acceder al informe y profundizar la información.

2. Las causas de muerte en los principales centros de detención

captura 3

Desde el 2010 al 2018 han muerto 1.069 personas por causa de enfermedad, bajo el contexto de pandemia las cifras podrían aumentar de forma acelerada.

Cifras por centro de detención en donde señala la causa de muerte de las personas privadas de libertad del 2010 a 2018:

captura 5

En la siguiente tabla se puede apreciar el promedio de médicos en relación con el número de personas privadas de libertad en los recintos penitenciarios con mayor población penitenciario. Las regiones Metropolitana, de Valparaíso, de Antofagasta y de Los Lagos presentan altas cifras de privados de libertad por médico en la institución.

Captura8

Según Gendarmería desde 2011 a 2018,al menos 9.115 funcionarios han prestado servicios en la asistencia médica de los privados de libertad,ya sea como funcionarios a contrata u honorarios. En suma, se puede apreciar que las principales prestaciones de salud de las personas privadas de libertad en las cárceles chilenas se realizan a través de unidades de atención primaria. Al existir un solo Hospital Penitenciario, las situaciones de urgencia o que requieren médicos especializados, deben ser, en su gran mayoría, cubiertas por centros de salud del medio exterior”, publicó el Centro de Derechos Humanos UDP.

Un caso grave es lo que ocurre en Colina ll, “dicha unidad es una de las que presenta mayor hacinamiento (aproximadamente 2.351 privados de libertad en un recinto con
una densidad penitenciaria de un 158%),y altos indicadores de violencia, solo cuenta con dos paramédicos y un enfermero (…) la institución tenía 866 solicitudes de derivación pendientes”, publicó el informe del Centro de Derechos Humanos UDP.

Dentro de los derechos vulnerados de las personas privadas de libertad se basan en las “barreras cuando se trata de obtener un diagnóstico rápido, acceso a exámenes médicos y, en especial, a tratamientos y controles con especialistas”, detalló el informe del Centro de Derechos Humanos UDP.

La atención en el acceso a la salud está focalizada para intervenir en cuanto a las peleas al interior de las cárceles o cuando una persona está en extrema gravedad. En suma, no hay un punto fijo médico, lo cual es preocupante, ante la situación actual.

En el Primer Encuentro Nacional de Salud uno de los puntos abordados por las brigadas fue brindar una atención médica a los presos y presas de la revuelta, dado al abandono del Estado, ya que esta institución es la que los y las priva de libertad y precariza sus condiciones de vida al estar en la cárcel.

Dentro de las entrevistas realizadas para este informe las personas privadas de libertad denuncian, “los funcionarios de Gendarmería entregan los medicamentos maltratando a los privados de libertad, especialmente aquellos pertenecientes a grupos vulnerables como LGBT, mediante expresiones homofóbicas y discriminatorias (…) Gendarmería no traslada a los/ as reclusos/as y, por tanto, esas horas se pierden”.

Las razones señaladas por Gendarmería de no traladar a las personas privadas de libertad se deben a que no cuentan con los equipamientos necesarios para realizar el traslado. Mientras que las personas privadas de libertad deben acudir a las acciones judiciales, “mediante recursos de protección, amparo y otros, de manera que un juez ordene el traslado a un centro de salud externo para obtener la atención médica”, transparentó el informe.

Aun así, en diversas ocasiones, según las personas entrevistadas “Gendarmería no traslada a laspersonas privadas de libertad”, señaló el Centro de Derechos Humanos Publicado por la UDP. Es de suma importancia observar ante el contexto actual si aumentan los recursos de protección, amparo y denuncias, si es que se priva el derecho a una atención médica.

Nuestro medio de comunicación adhiere al llamado de la Coordinadora 18 de octubre, libertad a los presos y presas de la revuelta, cambio de medidas cautelares para todos los y las presas de la revuelta: de Prisión Preventiva a Arresto Domiciliar y amnistía e indulto a los prisioneros y prisioneras políticas subversivas. Por último, el Cumplimiento del petitorio de los presos políticos y políticas mapuche en huelga de hambre desde el 27 de febrero.

Informe del Centro de Derechos Humanos de la UDP

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