MOVIMIENTO SOCIAL

Asambleas y brigada de salud de la Pincoya denuncian la represión en la población

Tras los acontecimientos sistemáticos de represión y violación a los derechos humanos ocurridos en el sector de la Pincoya (Huechuraba), la asamblea emite una declaración realizada por realizada por pobladores, pobladoras y organizaciones comunitarias que hacen vida en el territorio.

La Asamblea Movilizada de La Pincoya,
Asamblea de Estudiantes y Jóvenes de La Pincoya, Brigada de Primeros Auxilios Luchando Por la Dignidad emitieron comunicado en donde denuncian los “graves hechos de represión”.

Tras el 18 de octubre del 2019 los poblabores y pobladoras de la Pincoya manifiesta que desde la fecha han debido afrontar la vulneración de sus derechos humanos por parte de diversos agentes del Estado (Ejército, Carabineros y la PDI), “solo por el hecho de manifestarnos y luchar por un futuro mejor para nuestra comunidad y nuestras familias”, recalcan los vecinos y vecinas.

Según las asambleaa y brigada de salud de la Pincoya, la violencia injustificada de los organismos represivos se ha man manifestado en:

– Los ataques con bombas lacrimógenas, perdigones de acero, balines (disparados por pistolas de aire comprimido), postones, piedras y fragmentos de bolitas (canicas) lanzadas con hondas desde el interior de la 54 Comisaría fuera de todo protocolo, afectando a manifestantes, transeúntes y niños y niñas.


– Los ataques al SAPU del sector (el que ha sido gaseado más de tres veces con pacientes en su interior) y a las brigadas de primeros auxilios constituidas por vecinos y vecinas para prestar ayuda a heridos y afectados por la represión.


– Las bombas lacrimógenas lanzadas intencionalmente a los techos de nuestras casas, con el objeto de provocar incendios, los cuales han estado a punto de consumir por completo algunas de las viviendas afectadas.


– Los controles de identidad basados en la mera sospecha discriminatoria, las detenciones injustificadas en contra personas que nada tenían que ver con las manifestaciones, los ingresos ilegales a viviendas en busca de manifestantes y las golpizas a detenidos; como el caso de un vecino que tras ser detenido fue abandonado en Ciudad Empresarial, u otros casos similares donde se les dejó abandonados en lugares alejados.


– Los ataques a menores de edad, incluyendo a los estudiantes secundarios y a niños y niñas, que han debido soportar bombas lacrimógenas en sus escuelas, la persecución de vehículos de Carabineros al grito de “corre más rápido o te atropellamos”,  o las amenazas de ser internados en el Sename para no ver más a sus padres.


– Los intentos de atropellos a manifestantes, el uso de vehículos policiales con lacrimógenas amarradas para gasear pasajes con y sin manifestaciones y la presencia permanente de drones y helicópteros que atentan contra nuestra salud física y mental y nuestro derecho a la privacidad.


– La misoginia en contra de las mujeres de La Pincoya, a las cuales Carabineros de manera permanente tratan de prostitutas u otros apelativos similares, cargados de sexismo discriminatorio (por decirlo de manera suave) y realizan comentarios denigrantes refiriéndose a su aspecto físico, como su peso, edad, apariencia.


– El robo y/o destrucción de cédulas de identidad y pases escolares, la aplicación de gas pimienta en los espacios públicos para evitar que se reúna la comunidad, el uso de agentes  y vehículos de civil para vigilar y detener a vecinos y vecinas, entre otros ejemplos del accionar represivo.

Según lo descrito por las asambleas y brigada de salud “lo anterior es una muestra de una realidad cotidiana en los últimos cuatro meses y medio, y que demuestran que existe una política planificada para acabar con las manifestaciones en La Pincoya a través de la represión y el miedo”. En el cual se ejece un política y aplicación del “Terrorismo de Estado” en la población.

En la declaración abordan la criminalización de la protesta y el clasimo en la mensa “en estos meses, los grandes medios solo se han referido a nuestra población para tacharnos de delincuentes e intentar vincularnos al narcotráfico, desconociendo las reales causas del descontento social. Por otra parte, ningún organismo estatal ni internacional de Derechos Humanos se ha hecho presente para escuchar nuestra voz, por lo que los pobladores y pobladoras hemos debido constituir nuestras propias brigadas de Derechos Humanos, estableciendo vínculos y relaciones con grupos de abogados para buscar la orientación necesaria en estos momentos de tanta violencia policial”.

Agregan que sobre el abandono de las autoridadea en donde señalan “la existencia de un municipio y un alcalde ausente que ha preferido encerrarse en los sectores acomodados de la comuna, dejando a los y las pobladoras a su suerte. Ni el alcalde, ni la OPD, ni nadie ha hecho nada por resguardar nuestros Derechos Humanos, al contrario, han trabajado de la mano con Carabineros para fortalecer la vigilancia sobre los manifestantes (con las cámaras, por ejemplo), impedir las protestas estudiantiles y fomentar la impunidad represiva (con un SAPU que se ha rehusado en varias ocasiones a completar en los datos el detalle específico de “lesiones provocadas por carabineros” aun cuando las heridas o contusiones son observables a simple vista)”.

“Abandonados por el Estado, el municipio y la institucionalidad en general, los pobladores y pobladoras de La Pincoya resistiremos y seguiremos en las calles peleando por nuestros derechos y hacemos directamente responsables al Presidente Sebastián Piñera, al Ministro del Interior Gonzalo Blumel, al General Director de Carabineros Mario Rozas, al alcalde de Huechuraba Carlos Cuadrado Prats y a los miembros del Consejo Municipal, por todos los abusos, atropellos, maltratos y violaciones a nuestros derechos políticos, sociales y humanos”, detallaron en la declaración.

La Pincoya.
La Pincoya.
La Pincoya.
La Pincoya.
La Pincoya.
La Pincoya.

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