MOVIMIENTO SOCIAL

Univ. Andrés Bello expulsa a alumnos por manifestarse en el marco de la Rebelión popular.

A pesar de las represalias por parte de la universidad, los estudiantes no darán marcha atrás. Independiente del reglamento interno de esta, los alumnos no dudaron en manifestarse ante la situación actual del país, y la actitud tomada por parte de la institución, la indiferencia e irresponsabilidad que reinó desde el momento en que se les avisó sobre el retorno a las actividades normales, ignorando los enfrentamientos que día tras día tomaron lugar en Plaza Dignidad, plaza que se encuentra a metros de la universidad y ha sido campo de batalla desde el primer día. Luego de 3 meses, los resultados son nefastos: alumnos expulsados, suspendidos, desalojo con matonaje y prontos procesos judiciales, frente a una institución privada sin principios, que continuará pasando a llevar los derechos de sus alumnos a cambio de millonarios aranceles de cientos de alumnos que, desagradablemente y sin lugar a  dudas, seguirán siendo oprimidos en y por su casa de estudios.  

No es secreto que los principales (si es que no el principal) precursores de la Rebelión son los estudiantes. Jóvenes llenos de energía, con ideas frescas en la cabeza y rabia en el corazón que, incluso desde antes del 18 de Octubre, salen a las calles a luchar por un pasar digno y un futuro gratificante. Es así como las grandes avenidas de las ciudades de Chile se ven repletas de compañerismo que, peleando hombro a hombro, dejan constancia del cansancio y la ira que el pueblo, hasta hace unos meses, mantenía en silencio.

Luego de unos días, cientos de miles de estudiantes dejaban de tener sus actividades académicas normales debido a la Rebelión del pueblo. Hubo decretos en las diversas regiones del país, en donde las autoridades suspendieron indefinidamente las clases en los establecimientos de educación básica, media y superior, apelando a la seguridad de los estudiantes y los funcionarios.

La UNAB y la organización de sus estudiantes

Fue este el caso de la Universidad Andrés Bello, universidad privada ubicada en barrio Bellavista, Santiago: clases suspendidas durante dos semanas, para luego ser notificados -el 30 de Octubre- que el 4 de noviembre retomarían sus actividades académicas. Es indispensable mencionar que el campus de la universidad se encuentra a calles de la Plaza Dignidad, siendo separada de la universidad por la costanera norte y el río Mapocho.

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Ante esta inesperada e inconsciente decisión tomada por parte de las autoridades de la universidad, los alumnos indignados resolvieron mediante una asamblea con micrófono abierto, convocada por el decano y el centro de los estudiantes, tomarse las dependencias de la institución. Esta decisión no fue respetada, sin embargo, se les dio el permiso de llevar a cabo un paro de estudiantes y a su vez, libertad de hacer uso del espacio universitario durante la noche para trabajar en un petitorio que sería presentado al día siguiente -5 de Noviembre-. Dentro del acuerdo pactado, se estipuló que el director general administrativo, Ricardo Berardi, debía dar aviso a través de un correo electrónico sobre la paralización de actividades a los estudiantes que no participarían de la conformación del petitorio. 

Dicho correo nunca fue enviado, lo que provocó que la decisión tomada en la asamblea se llevara a cabo: en la madrugada del día martes 5 de noviembre, la universidad Andrés Bello fue tomada por sus estudiantes. Alrededor de las 8:00 A.M, don Ricardo llegó a las dependencias de la universidad, donde ya habían estudiantes reunidos. Al encontrarse con el recinto tomado procedió a amenazar a los estudiantes.

“Saltó la reja y muy prepotente nos amenazó a todos: ´Que nos iba a cagar el futuro, que nos íbamos a arrepentir toda la vida de lo que estábamos haciendo porque iba a destruir nuestra carrera´. Se lo dijo a todos los que estábamos ahí, independiente de si estuvimos de acuerdo con la toma o no.” Relata Paz Guzmán, estudiante de publicidad.

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El mismo día en la tarde se convocó a una segunda asamblea, esta vez compuesta por sólo estudiantes para así acordar el cierre del semestre. Se manifestó que éste se programará para marzo del 2020, dejando así el inicio del año académico para el mes de abril. Como era de esperarse, su propuesta fue a parar a oídos sordos, provocando el nulo diálogo entre el alumnado y las autoridades, siendo este último totalmente dictatorial frente a la situación.

Sin importar la respuesta proporcionada por las autoridades, la universidad continuó tomada, sirviendo como refugio para miles de estudiantes que asistían a marchas y convocatorias, debido a la ubicación privilegiada de esta, la cual permitía a los compañeros tener un lugar de albergue al cual retornar luego de las concentraciones en la Plaza Dignidad.

Es importante señalar que también existían otros motivos internos por los cuales paralizar las actividades académicas: casos de acoso sexual por parte de profesores y alumnos hacia los mismo estudiantes. Éstos últimos no fueron sancionados por parte de la casa de estudios. En el caso de los profesores, si bien fueron desvinculados de la institución, se reincorporaron a ella en un corto periodo de tiempo.

Arbitrariedad e investigación por parte de la universidad

La toma duró aproximadamente un mes, y es antes del desalojo de los estudiantes que se les informa que ha comenzado un proceso de sumario para determinar el grado de responsabilidad de cada alumno.

Paz Guzmán, alumna de la UNAB mencionada anteriormente, alega que las sanciones que surgieron a raíz de la toma del recinto son arbitrarias.

“Muchas pruebas no hay. Las pruebas que hay, son de la asamblea del día lunes (4 de noviembre) en donde no fue la toma, entonces, las pruebas quedan desestimadas pero a ellos les da lo mismo. Otra prueba que tienen en mi contra es haber asistido a una asamblea convocada por el centro de alumnos, donde hay por lo menos unas 60 personas más, y nadie de ellos, a excepción de mí y 2 compañeros más, estamos en proceso de sumario.”

Paz también acusa una persecución política por parte de la institución, puesto que el año 2016 también se realizó una toma, en la cual no hubo sancionados, pero ahora, quienes participaron en ella, están siendo sancionados 4 años después.

“El año pasado formé parte del centro de alumnos, también hubo una toma, que duró más o menos un mes, y ahora estoy expulsada. Una compañera que formó el colectivo “Fuerza creativa”, que se encargaba de visibilizar todos los temas de abusos dentro de la universidad, también está expulsada. Nosotras creemos que es extraño que se nos sancione, puesto que habían otros compañeros con mayor participación política dentro de la universidad y no han tenido repercusiones.”

Además de esto, relata que el día 26 de noviembre, sin previo aviso fue llamada a declarar su participación y su punto de vista de los hechos. “Me pasaron una hoja en blanco y un lápiz. Sin abogados, sin supervisión, nada. Todo muy irregular e informal. Me negué y pregunté si podía hacerlo mediante un PDF, me dijeron que sí, pero que lo hiciera llegar durante la semana, porque si no, estaría dilatando el proceso.”

Después de esto, siguió el proceso de apelación, el cual fue exclusivamente por correo electrónico, Paz denuncia que en ningún momento existió una instancia de diálogo presencial. Al término de la semana, se le notificó que estaba expulsada.

En esta notificación, todos los alumnos sumariados tenían la misma sentencia. Tanto así, que el nombre de Paz aparecía en la sentencia de una de sus compañeras. “Es como si hubiesen redactado un documento y lo copiaron y pegaron para todos, ni siquiera se dieron cuenta de que aparecía mi nombre en el documento que era para otra compañera”.

Junto con lo anterior, desde la Dirección General de Estudiantes de la universidad, la fiscal a cargo del caso habló con la abogada que orienta a los estudiantes, y le indicó que este era un plan de contingencia, señalando que quieren desligar a los alumnos más “revolucionarios” para evitar posibles tomas y revueltas en marzo.

El día jueves 23 de enero era el plazo final para la universidad para entregar una respuesta definitiva en cuanto a la sanción, a lo que la institución no dio pie atrás: los alumnos fueron expulsados y suspendidos por activismo político y toma de las instalaciones.

Toma facultad de derecho

En paralelo a esta toma, la facultad de derecho de la misma universidad fue tomada en la misma fecha por sus mismos estudiantes. Las peticiones y razones de la toma eran las mismas que la de sus compañeros sumariados, pero esta manifestación tuvo un final diferente: el pasado 23 de enero los estudiantes fueron violentamente desalojados con una decena de guardias aproximadamente. Alumnos golpeados, insultados y heridos fue el saldo dejado por el desalojo, acción que además, provocó la entrega de falsa evidencia a efectivos policiales: supuestos elementos para confección de bombas molotov y líquidos acelerantes, los cuales, según dichos de los mismos estudiantes, eran aceite para cocinar, leche de magnesia, agua con bicarbonato y de laurel.

Se han hecho diversas declaraciones por parte de los estudiantes junto con una rueda de prensa, pero lamentablemente, la represión no se ve pronta a terminar.

A pesar de las represalias por parte de la universidad, los estudiantes no darán marcha atrás. Independiente del reglamento interno de esta, los alumnos no dudaron en manifestarse ante la situación actual del país, y la actitud tomada por parte de la institución, la indiferencia e irresponsabilidad que reinó desde el momento en que se les avisó sobre el retorno a las actividades normales, ignorando los enfrentamientos que día tras día tomaron lugar en Plaza Dignidad, plaza que se encuentra a metros de la universidad y ha sido campo de batalla desde el primer día. Luego de 3 meses, los resultados son nefastos: alumnos expulsados, suspendidos, desalojo con matonaje y prontos procesos judiciales, frente a una institución privada sin principios, que continuará pasando a llevar los derechos de sus alumnos a cambio de millonarios aranceles de cientos de alumnos que, desagradablemente y sin lugar a  dudas, seguirán siendo oprimidos en y por su casa de estudios.  

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