NACIONAL

Los presos políticos de la Rebelión: El caso de los militantes del MJL

La argumentación dada por la Fiscalía siempre rondó en la imagen del MJL, tildándola de “organización criminal” organizada en pandilla de carácter “extremo comunista” y “marxista-leninista”.

En la mañana del miércoles 30 de octubre, Esteban Bustos, Rubén Rivas y Gilberto Mendoza, tres jóvenes pertenecientes al Movimiento Juvenil Lautaro que tras una reunión se preparaban para irse a sus respectivos trabajos, fueron detenidos junto a otros dos sujetos por carabineros de la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda en la Av. La Feria, en la zona sur de Santiago. Según indican los familiares de uno de los detenidos, en ningún momento carabineros explican la razón de la detención.

Al llegar a la comisaría, fueron interrogados por efectivos del OS9 de carabineros que, ignorando cualquier tipo protocolo de detención y en una clara flagrancia de violación de sus Derechos Humanos, entraron encapuchados, sin identificación alguna y sin presencia de un abogado, acusando a los tres jóvenes que pertenecen al MJL (llamándolos por sus nombres y apellidos y reconociendo la organización de la cual formaban parte, o sea, ya los tenían identificados desde antes del hecho) de haber levantado barricadas en la línea férrea del Tren Central de Santiago que conecta el tramo de Nos con el de la Alameda, amenazándolos con sus familias e indicándoles que serán formalizados por el artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles. Las otras dos personas que fueron detenidas fueron puestas en libertad.

El artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles señala que: “El que voluntariamente destruya o descomponga la vía férrea o que coloque en ella obstáculos que puedan producir el descarrilamiento o que de cualquiera otra manera trate de producir éste, será castigado con presidio menor en su grado mínimo a medio” (una pena que en su tramo mínimo va desde 61 días a 301 días y en su tramo máximo va desde 302 días 540 días).

Posterior a esto, fueron trasladados al Centro de Justicia de Santiago para su formalización bajo la acusación de este artículo. En un primer momento, se asomaba una posible libertad con alguna medida cautelar, ya que dicha ley invocada solicita una pena de grado menor a medio, lo que no implica prisión preventiva, pero tras un proceso bastante engorroso en el que los acusados debían ser juzgados por el 10° Juzgado de Garantía, termina siendo una jueza del 12° Juzgado quien los formaliza y dictamina la prisión preventiva y una investigación de 90 días en vez de los 30 días solicitados por Fiscalía.

La argumentación dada por la Fiscalía siempre rondó en la imagen del MJL, tildándola de “organización criminal” organizada en pandilla de carácter “extremo comunista” y “marxista-leninista”, pero el motivo final de la resolución fue que, dada la presencia de panfletos del MJL en las líneas férreas y la existencia de una carpeta investigativa previa, además de la tenencia de encendedores por parte de los tres sujetos –que fueron tomados como evidencia– debía haber una investigación del caso.

Tras el dictamen, son llevados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). Siendo que a la mayoría de las personas que están en prisión preventiva los mandan a Santiago 1, Gendarmería argumento que fueron puestos ahí para evitar una relación entre ellos y los más jóvenes en una posible influencia en la población penal, dado su nivel académico y su participación en el MJL.

Una vez ahí, fueron ubicados en la sección de máxima seguridad, el cual es un módulo de castigo que tiene un régimen carcelario de 21 horas de encierro, de una hora y media de pasillo y otra hora y media de patio. Sin embargo, ellos contaron que estuvieron tres días sólo paseando por el pasillo, sin posibilidad de salir al patio. Por fortuna, los tres se encuentran en el mismo módulo, lo que hace que el pasar las horas sea más llevadero.

El día 6 de noviembre, el abogado defensor de los tres jóvenes –Lorenzo Morales– realizó los alegatos correspondientes contra la medida cautelar de prisión preventiva en la Corte de Apelaciones de San Miguel. En dicha audiencia, y de forma unánime, los magistrados rechazaron la apelación presentada, lo que significó que la prisión preventiva siguiera su curso de 90 días según lo sentenciado por el 10° Juzgado de Garantía. Tras esto, se apeló -como segunda instancia- a la Corte Suprema donde se es ratificada la prisión preventiva.

El día 25 de noviembre, se lleva a cabo una audiencia en el mismo juzgado, pedida por la defensa para revisar la medida cautelar. En esa ocasión, el juez concluye que efectivamente la prisión preventiva no es coherente con el delito cometido, por lo que baja la medida a arresto domiciliario total.

Dos días después, el Ministerio del Interior se suma a la causa, solicita la querella que pide la invocación de la Ley de Seguridad del Estado (con la que arriesgan penas que van desde los 3 años y un día a 10 años de presidio), siendo reformalizados los acusados, ya que en ese momento no estaban siendo juzgados por aquella ley, y apela a la reinstalación de la prisión preventiva. El día 30, tres días después, se lleva a cabo la audiencia en la Corte de Apelaciones y los tres jóvenes vuelven a prisión preventiva a la Cárcel de Alta Seguridad el 2 de diciembre.

El martes 10 de diciembre, los tres jóvenes se declaran en huelga de hambre líquida, exigiendo: su libertad inmediata y la de todos los prisioneros políticos de la Revuelta Popular; reconocimiento de los prisioneros políticos por parte de organismos nacionales e internacionales y de las autoridades políticas del país; garantía de un juicio justo (que se retire la querella por ley de seguridad interior del Estado); fin a la persecución política; cese a toda forma de violación a los Derechos Humanos del Pueblo de Chile; y otras exigencias en el plano del régimen interno.

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El 26 de diciembre es cambiada la medida cautelar y son llevados a sus hogares para que cumplan arresto domiciliario total. El 31 de diciembre, el Ministerio del Interior nuevamente apela y pide la reformalización de los acusados por la Ley de Seguridad del Estado.  El viernes 3 de enero, Rubén es detenido por la policía de investigaciones en su hogar y el lunes 6 son detenidos, también por la policía de investigaciones, Gilberto y Esteban.

 

Presos políticos

En una entrevista realizada por El Desconcierto, Rubén Rivas, uno de los acusados, apuntó directamente a que ciertas organizaciones que velan por los Derechos Humanos no se han pronunciado con respecto a la prisión política. Según él “muchas de las organizaciones de derechos humanos están relacionadas con partidos políticos que son del poder. Invisibilizar la prisión política es parte de este acuerdo por la paz. Los organismos de derechos humanos en vez de estar respondiendo a los derechos humanos del pueblo –que no tienen color político– están respondiendo a ciertas voluntades políticas y del poder”. Esto tras los diversos llamados de familiares y amigos que se han acercado a conversar con estas organizaciones y no ha habido respuesta. “Todos saben y están informados, pero nadie quiere pronunciarse acerca de los presos políticos”.

Como el de Rubén, Gilberto y Esteban, este es uno de los tantos casos de personas detenidas y procesadas injustamente desde el comienzo del la Rebelión Popular en nuestro país. Según el informe de la Fiscalía Nacional de Chile, desde el 18 de octubre al 30 de noviembre, la cifra de personas que pasaron por audiencia de control y detención fue de 30.102 personas. De ellas, 20.217 fueron formalizadas, y 1.957 han quedado en prisión preventiva.

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Ante esto, han nacido diversas organizaciones que apelan a la libertad de los presos políticos en Chile y que exista una cifra clara con respecto al número de estos, como es el caso de la Coordinadora por la libertad de los presos políticos 18 de octubre que surge tras la rebelión social y busca la libertad de las personas que han sido formalizadas, prestando apoyo jurídico y de acopio tanto para los detenidos como para sus familias y que buscan instalar en el diálogo que se reconozca que el Estado chileno tiene prisioneros políticos.

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Por su parte, observadores de DDHH de la Casa José Domingo Cañas, quienes estuvieron presentes en la última audiencia de los acusados, señalaron que: “No hay una cifra clara de cuantas personas efectivamente están en prisión preventiva en este minuto a raíz del estallido social. Nosotros entendemos que son presos políticos, lo sabemos, pero no hay claridad en la cifra. De hecho, estamos haciendo una solicitud por la ley de transparencia para tener el dato de cuantas personas están en prisión preventiva en este contexto (…) en concreto, al parecer, no hay pruebas -por lo que se habló en el Tribunal- de lo que lo que se está acusando y algo que nos parece inconcebible como derechos humanos es que estén en una cárcel de alta seguridad. Lo que vemos en este minuto habla de un Chile en que claramente los derechos humanos y las garantías de juicios al parecer no están funcionando”.

 

Estado actual

Los acusados fueron reformalizados el día de ayer por Ley de Seguridad del Estado. El fiscal Álex Meza pidió aumentar a 60 días el plazo para investigar, el abogado defensor solicitó 5, pero finalmente la jueza determinó que serán 40 los días que durará la investigación, donde los imputados deberán continuar en prisión preventiva, por lo menos hasta el 21 de enero que es cuando se realizará la audiencia para estudiar la medida cautelar de la prisión preventiva.

Lorenzo Morales, abogado defensor, al ser consultado sobre si los detenidos corresponden a prisioneros políticos dijo: “Tiene que ver con una inducción de la policía, en este caso, de carabineros del OS9 que los siguieron desde mucho antes ocurrido este hecho que se está investigando. Es un hecho bastante raro, porque la penalidad es muy chica, pero finalmente están en prisión preventiva por más de 50 días, nos parece gravoso. Este caso, por lo menos objetivamente, cumple con la prisión política”.

Por ahora habrá que esperar hasta la audiencia de este 21 de enero para saber cual será el destino de estos tres jóvenes juzgados injustamente por un Estado que no les brinda las garantías necesarias con relación a sus derechos humanos, donde el mayor delito de estos hombres fue el buscar la manera de hacer este un país mejor.

Prohibido olvidar a los más de 2.500 prisioneros políticos que este gobierno pretende ocultar bajo penas injustas e invocando la Ley de Seguridad del Estado por delitos que no han cometido. Que no hagan pasar al gato por liebre.

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