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INDH y el informe que ha sido ignorado por el gobierno de Piñera

"Las más graves violaciones a los derechos humanos desde el retorno a la democracia", concluyó el informe realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras los sucesos que han acontecido desde el 17 de octubre al 30 de noviembre.

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El INDH lleva nueve años de existencia, dentro sus labores destaca que cada año emana un informe y le recomienda al Estado chileno incorporar una serie de reformas o medidas para brindar, asegurar y proteger los derechos humanos. Sin embargo, ningún gobierno ha acogido las medidas que promueve la entidad autónoma del Estado.

“El INDH ha señalado desde sus inicios, advirtiendo cómo múltiples derechos humanos, especialmente los sociales, no estaban siendo adecuadamente garantizados en su acceso y ejercicio. Esta situación, a juicio del INDH, se agravó ante la desconfianza creciente de la ciudadanía en sus instituciones políticas, las que debieron haber prevenido y resuelto oportunamente el malestar que se venía incubando por lo anteriormente dicho“, recalcó el INDH.

La crisis del régimen político cada vez aumentaba más, pues “no se trata simplemente de una crisis económica agravada por el cuestionamiento a la representación política, sino de algo que parece mucho más profundo. Además, estamos frente a un proceso de larga data que excede claramente la responsabilidad de un gobierno”, acuñó el INDH. Los primeros días de protestas en Chile la consigna, “no son treinta pesos son treinta años” resume la crisis de legitimidad y gobernalidad de la clase política-empresarial en el país.

Agrega que, “durante esta última década, se mantuvieron las vulneraciones a los derechos económicos y sociales como una denegación de su acceso a importantes sectores de la población, implicando incumplimientos y omisiones del Estado respecto de sus obligaciones internacionales”, consignó el INDH.

El INDH mostraba su preocupación no solo por el grado de desigualdad, sino que también por la gran inequidad en la distribución de recursos en las regiones. En suma, manifestó la urgencia de tratar de la extrema pobreza que se encuentran los pueblos indígenas y su ” necesidad de abordar integralmente su situación”.

Dentro de los anuncios promulgado por el Ejecutivo destaca el “aumento” del sueldo mínimo “regulado a través de la Ley 21.112 asciende a 301.000 pesos bruto (240.800 pesos líquidos). Esta cifra, supera apenas en 64.000 pesos la línea de la pobreza por persona, la que asciende a 164.605 pesos, usando la metodología de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica. Este último dato puesto en relación con la realidad nacional, resulta insuficiente cuando se considera que la unidad familiar promedio es de cuatro personas. Esto implica que, para efectos de salir de la línea de pobreza, tener un ingreso total familiar líquido de 440.313 pesos, obliga a las familias a buscar alternativas adicionales de financiamiento, como trabajos complementarios”, precisó el INDH.

El endeudamiento, el encarecimiento y la precarización de la vida son los detonantes de la rebelión, en suma los altos indices de concentración de la riqueza que existe en el país, pues, un “50% de los hogares más pobres posee el 2,1% de la riqueza neta del país, mientras el 10% más rico concentra dos terceras partes (66,5%) y el 1% más rico el 26,5%.10 Dicho de otro modo, Chile es 68% más desigual que el promedio de los países de la OCDE”, cifras extraídas del informe del INDH. Asimismo, Chile figura como el cuarto país dentro de la OCDE con un alto porcentaje de pobreza infantil de un 21, 1%.

Otro aspecto que abarca este sistema es sobre la constante recomendación sobre el sistema previsional, pues la urgencia de modificar el sistema de capitalización individual bajo una perspectiva de derechos humanos basada en los principios de” “solidaridad, riesgos compartidos y financiamiento colectivo, que forman la esencia de la seguridad social”, que permitieran asegurar pensiones dignas”, indicó el INDH.

El 2017 el INDH indicaba que, “el estado actual de las pensiones es que el 50% son inferiores a la línea de la pobreza, problema que se agrava en el caso de las mujeres (56%) versus hombres (26%)”,

En relación al derecho a la salud, “se concluyó que Chile sigue con los mismos desafíos que hace 20 años, pero con la complejidad que tiene el deber de atender a una población que envejece progresivamente, según lo publicado en el informe del INDH”.Desde el 2016 la entidad recomendaba abordar la situación en el acceso de salud en las regiones, la escasez de médicos especialistas y los problemas de infraestructura.

Uno de los casos que agudizaron la crisis de las instituciones del Estado fue “el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca. En dicha oportunidad quedaron en evidencia graves problemas: la indebida autonomía de Carabineros respecto de la autoridad política, que ya se había expresado con motivo del llamado caso “Operación Huracán”, así como el desproporcionado uso de la fuerza vulnerando las propias regulaciones policiales y el ocultamiento de antecedentes”, precisó el informe del INDH.

La rebelión de octubre

Según el informe entregado por el INDH el 7 se octubre se registraron las primeras evasiones en el metro, esto aumentaría el 11 de octubre y se intensificaría el 17 de octubre con una gran adhesión por parte de la población, “durante dichos eventos, el lema principal era el rechazo al alza del transporte público de 30 pesos realizada por el Panel de Expertos del Transporte Público establecido en la Ley 20.378. Al aumentar la masividad de estas expresiones de protesta, también se evidenciaron casos de abuso de fuerza policial”, informó el INDH.

El 18 de octubre a las 19:20 horas, “por primera vez en su historia, toda la red del Metro de Santiago suspendió su funcionamiento. El Presidente de la República decidió decretar, esa noche, estado de excepción constitucional de Emergencia en la región Metropolitana, lo que habilitó la acción de las Fuerzas Armadas, junto a las de Orden y Seguridad, en el territorio declarado”. El estado de Emergencia y estado de Excepción transucrrió desde el 19 de octubre hasta el 27 de octubre.

Una de las declaraciones más polémicas que realizó el Presidente de la República fue manifestar estar en “guerra”. Pues en ese mismo se registraron las dos primeras muertes en la región de Coquimbo, el INDH interpuso querella criminal en contra de miembros de las Fuerzas Armadas.

Tras el cambio de gabinete el director del INDH se reunió “con el nuevo ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel (….) expresó la preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos acaecidas y exigió el cumplimiento estricto de los protocolos de acción de las fuerzas policiales por parte de las mismas”, según lo indicado por el informe.

El 7 de noviembre, el Presidente de la República convocó al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), esto fue criticado por el INDH. Luego el 10 de noviembre la entidad “exige terminantemente que se ponga fin al uso indiscriminado de escopetas antimotines”, así como el respeto irrestricto a los protocolos bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad”. Sin embargo, hasta el día de hoy estas medidas no han sido acogidas por el ministro Blumel.

El 11 de noviembre el INDH junto a otras organizaciones participaron de una audiencia citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito. “En dicha oportunidad el INDH destacó cuatro puntos centrales (…) vulneración al derecho a la manifestación pacífica, la denuncia de 52 casos de violencia sexual, la existencia de cinco personas asesinadas por acción directa de agentes del Estado y las 197 personas con daños oculares”, escribió en el informe. Ese mismo día el INDH se reunió con el contralor general de la República con el fin de solicitar “la mayor celeridad con respecto a la verdad de lo que está ocurriendo en los servicios públicos, particularmente en los de salud, y en lo relativo a lesiones oculares. Le hemos pedido también al Contralor que observe lo que está ocurriendo en los procedimientos administrativos de investigaciones sumarias que se están realizando en el Cuerpo de Carabineros de Chile”, según la información extraída del informe.

El 18 de noviembre el director del INDH le manifestaba al ministro Blumel, la “no impunidad” de las violaciones de derechos humanos, por tanto, se debía reforzar “al Servicio Médico Legal, los Tribunales de Justicia, el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía para que haya más verdad, justicia y reparación”, evidenció el informe.

Al cierre de este informe, el INDH “presentó seis querellas individuales por homicidio consumado 12 querellas en favor de 20 víctimas por homicidio frustrado. La totalidad de las víctimas representadas en las acciones por homicidio son personas de sexo masculino; al igual que en las acciones por homicidio frustrado, salvo un solo caso en el cual la víctima corresponde a una mujer”.

Dentro de las medidas de “reparación” el Ministerio de Salud ha anunciado un programa integral de reparación ocular paras las víctimas. Según el INDH “el día 22 de octubre, es la fecha con mayor número de personas con lesiones oculares (37). Posterior al fin del estado de emergencia son los días 8 y 12 de noviembre con mayor incidencia de ese tipo de lesión (16 y 18 respectivamente)”.

La violencia estatal y sus instituciones

En este informe revisaron 187 relatos entregados por las víctimas en las diversas visitas realizadas por el INDH indican que, “del total de relatos analizados (187), en 144 de ellos las personas informan haber recibido disparos (balas, balines y perdigones) o bombas lacrimógenas por parte de Carabineros de Chile o Fuerzas Armadas. Las víctimas de estos sucesos denuncian que se encontraban manifestándose, se dirigían a sus hogares desde el trabajo o iban transitando por el lugar”.

Los equipos de salud de la Cruz Roja, voluntarios del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) de Santiago y otros grupos de estudiantes de carreras de salud y voluntarios/as “han denunciado ataques directos con perdigones, gases lacrimógenos y el carro lanza agua por parte de Carabineros mientras se encontraban atendiendo a personas heridas, aun cuando contaban con las identificaciones que permitían distinguirles a distancia. Hasta la fecha de cierre del presente informe, el INDH ha presentado nueve querellas por los delitos de apremios ilegítimos (5), torturas (3) y lesiones gravísimas (1) que han afectado a personas que prestan primeros auxilios en las manifestaciones”, indicó el INDH.

En tanto se develaron casos de tortura, el INDH desde el 19 de cotubre al 30 de noviembre ha presentado 476 querellas por torturas y tratos crueles, en favor de 568 víctimas. “Del total de querellas por torturas y tratos crueles (476), 433 fueron presentadas por hechos ocasionados por funcionarios de Carabineros de Chile, 33 por la participación de algún miembro de las Fuerzas Armadas, 10 por participación de funcionarios de la Policía de Investigaciones”, registro el informe.

El INDH devela que en sus nueves años de existencia y previo a la rebelión de octubre tenía archivadas 174 casos entre 2010 y primer semestre de 2019, situaciones de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes con daño físico.

En los relatos que acompañan las querellas, ocurridos en unidades policiales, en la vía pública o en vehículos policiales, las víctimas refieren múltiples golpizas por parte de Carabineros, las que incluyen golpes de pies y puños, golpes con la culata de armas de fuego no letales, bastones y manoplas. Así también, hay denuncias por asfixia de parte de Carabineros. En algunos casos fueron golpeados en la vía pública o en vehículos policiales primero y luego las golpizas continúan al interior de las unidades policiales“, detalló el informe publicado por el INDH. En suma, las víctimas por estas prácticas sufren hematomas en diversas partes del cuerpo, particularmente cabeza y ojos; pérdida de piezas dentales y fracturas.

La agresión física y psicológica han sido denunciadas, amenazas de muertes, como por ejemplo, “matémoslo a puras patadas en la cabeza”. Así también, hay referencia al accionar de un Carabinero que introdujo en la boca de uno de los detenidos su arma institucional, obligando a la persona a “lamerla” y amenazándolo durante todo el tiempo con que lo iba a matar. Otros afectados refieren que se les apuntó con un arma de fuego o se les puso el arma en la sien y se los amenazó con matarlos”, precisó el informe publicado por el INDH.

El 30 de noviembre el INDH informo que, “había presentado 96 querellas por torturas o tratos crueles con violencia sexual. Las víctimas totales ascienden a 135, de las cuales 71 son mujeres (equivalente al 53%) y 64 son varones (correspondiente al 47%). Estos datos demuestran que la violencia sexual afectó en mayor medida a mujeres y niñas, pues del total de víctimas representadas por el INDH tres de cada diez mujeres denunciaron este tipo de delitos, en comparación a uno de cada diez hombres”.

Dentro de las denuncias por violación sexual destacan cinco, “las personas afectadas son hombres adultos y los hechos involucran la participación de funcionarios de Carabineros de Chile. En tres de estos casos se han invocado las agravantes del artículo 12 N°21 del Código Penal, establecidas en la Ley 20.609, pues dos de las víctimas son homosexuales y la otra migrante”, informó el INDH.

Otras prácticas recurrentes denunciadas ha sido el desnudamiento al interior de las comisarías, “esto fue denunciado por 114 víctimas, de las cuales 25 son niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, se registran casos de filmaciones, burlas sexuales y presencia de funcionarios/as del sexo opuesto durante los procedimientos de desnudamiento”, indicó el INDH.

Cabe destacar, que desde el 2019 “se prohíbe estrictamente desnudar a las personas sometidas al procedimiento de registro de vestimentas”, recaló el INDH. Las denuncias por desnudez forzadas han sido denunciadas también a la Defensoría Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (ABOFEM), Human Rights Watch, y otras entidades.

Según este informe constata que “los desnudamientos, tocaciones y amenazas de violación afectan en mayor proporción a mujeres, mientras que en los casos de violación sexual todas las víctimas son varones”. Asimismo, los hechos de violencia sexual judicializados según la institución del Estado a la que pertenece el agente imputado indican que, “el 96% de los desnudamientos fueron ejecutados por Carabineros de Chile, al igual que el 89% de las tocaciones, el 80% de las amenazas de violación y el 100% violaciones”.

Previo a la rebelión popular el INDH había presentado16 querellas por tortura con violencia sexual, por lo tanto, las cifras actuales representan un aumento sustantivo en las acciones judiciales de esta naturaleza, las cuales en el período de un mes y medio se sextuplicaron respecto al total histórico“, recalcó en su informe.

Detenciones ilegales y arbitrarias

“Las denuncias mayoritariamente responsabilizan a miembros de Carabineros de Chile, a quienes durante el período del 17 de octubre al 30 de noviembre le fueron atribuidos 313 de los 344 hechos denunciados como constitutivos de detenciones ilegales y/o arbitrarias; a las Fuerzas Armadas 21 de los 342; a miembros de Policía de Investigaciones”, evidenció el informe del INDH.

El Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su reporte indican que, “del 19 al 27 de octubre, vigente el estado de excepción constitucional de emergencia, un total de 6.986 personas fueron detenidas fuera del horario del toque de queda, y 2.037 por el quebrantamiento de dicha medida. Tras el termino de estas medidas entre el 28 de octubre y 29 de noviembre han sido detenidas 8.898 personas.

Según las cifras entregadas por el gobierno desde el 19 de octubre al 29 de noviembre 21.267 personas fueron detenidas. Según las cifras entregadas y las que expone el INDH en su informe, ” en el período de tiempo que estuvo vigente el estado de emergencia, se llevaron a cabo 9.696 audiencias de control de detención a nivel nacional ante los Juzgados de Garantía. Del total, en 389 casos se decretó prisión preventiva y en 9.307 casos las personas quedaron en libertad. Del total de detenidos durante este lapso, 637 fueron adolescentes entre 14 y 18 años; y respecto de 778 detenciones se declaró la ilegalidad del procedimiento.

Agrega que, “terminado el estado de excepción constitucional de emergencia, se llevaron a cabo 10.887 audiencias de control de detención a nivel nacional. En 561 casos se decretó prisión preventiva y en 10.326 casos las personas quedaron en libertad. Del total de detenidos durante este período de tiempo 742 fueron adolescentes entre 14 y 18 años, de los cuales en 320 casos se declaró la ilegalidad del procedimiento.

En suma el informe indica que “el total de controles de detención para el período de tiempo referido fue de 20.583. Del total de dichos controles de detención; 1.379 fueron respecto de adolescentes; 1.098 detenciones fueron declaradas ilegales por los Tribunales de Justicia; en 950 casos se decretó prisión preventiva; y en 19.633 las personas que fueron detenidas quedaron en libertad”.

El 11 de noviembre en la ciudad de Quito, el Colegio de Abogados de Chile “puso en conocimiento que a los abogados no se les ha permitido entrevistarse ni tener acceso a registro de detenidos en las comisarías”.

Según información entregada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,” hasta el 30 de noviembre, 226 cuarteles policiales han sufrido ataques, mientras que 76 unidades militares han recibido distintos embates”.

Recomendaciones y conclusiones del informe del INDH

“El Consejo del INDH ha llegado a la convicción de que, a la fecha, se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica, entre otros derechos. Al INDH le preocupan de especial manera las denuncias por uso indiscriminado de perdigones, torturas con connotación sexual, y las lesiones oculares. Sin perjuicio de lo anterior, será tarea de los tribunales determinar la verdad judicial sobre las circunstancias específicas de los hechos y personas involucradas”, concluyó en el informe.

En suma, “la falta de control sobre los medios disuasivos y métodos utilizados por parte de Carabineros es un problema que se explica , entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida, desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución respecto de la autoridad civil, cuestión que también quedó en evidencia en los recientes escándalos por casos de corrupción de gran magnitud, por lo que se hace imperativo un abordaje integral a dicho problema, con medidas consistentes con la gravedad y profundidad de las irregularidades detectadas”, recalcó en la sintesis del informe.

Dentro de las conclusiones que emanó el informe que recoge la situación en el país desde el 17 de octubre hasta el 30 de noviembre es que “a partir de antecedentes robustos, es posible señalar que el país está frente a situaciones de graves y muy numerosas violaciones, las que no pueden entenderse como simples abusos o excesos aislados. En este lapso se han conculcado numerosos derechos humanos, especialmente, aquellos relativos a la vida y a la integridad personal. Asimismo, se han constatado, de parte de Carabineros de Chile, conductas que se reiteran en el tiempo desde hace muchos años, como lo ha dicho el INDH, pero cuyo contexto e intensidad actual han causado serios perjuicios a las personas, tales como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamientos en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes –prácticas que incluyen actos de connotación sexual– y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos. Obviamente será tarea de los tribunales de justicia la investigación y sanción de los culpables, según corresponda”, concluyó el INDH.

Dentro del desempeño de las instituciones responsabiliza a Carabineros de “varios incumplimientos a los estándares internacionales de Derechos Humanos y, en consecuencia, los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, así como de la Circular 1832 sobre uso de la fuerza: detenciones arbitrarias de personas que se estaban manifestando pacíficamente; uso excesivo de la fuerza en las detenciones; uso de sustancias lacrimógenas indiscriminadas ante la presencia de personas mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y personas con discapacidad; disparos con la carabina lanza gases en dirección al cuerpo de manifestantes, incluso al rostro; disparos de perdigones en dirección al cuerpo, cuello y rostro de manifestantes; acciones de dispersión y represión a manifestantes sin motivo ni provocación alguna, ni ocupación de calzada ni hechos de violencia; dirección del chorro, a alta presión, del vehículo lanza agua directamente contra los/as manifestantes; detención de periodistas o comunicadores sociales desempeñando su trabajo en manifestaciones; y presencia de agentes policiales sin estar debidamente identificados”, afirmó el INDH tras la realización del informe.

Ante los sucesos descritos el INDH “recomienda al Poder Ejecutivo, especialmente a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponer de todos los esfuerzos para que la actuación de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, en especial el uso de la fuerza, se realice, efectivamente y desde ya, con estricto apego al respeto de los derechos humanos, de manera que responda a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Agrega el INDH la necesidad de “instruir a Carabineros de Chile que las detenciones que se realicen en contexto de las actuales manifestaciones se ajusten a la legalidad vigente y que las personas detenidas sean tratadas dignamente, excluyendo de modo absoluto la aplicación de torturas ya sean físicas, sexuales o psicológicas, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como desnudamientos y/o la realización de actividades físicas de variada consideración.

Dentro del qué hace antes las violaciones de derechos humanos solicita al Poder ejecutivo y al Poder Legislativo “una profunda reforma de la policía uniformada para que, en el contexto de una democracia, desempeñe sus labores con eficacia y pleno respeto a los derechos humanos”, enfatizó el INDH en su informe. Asimismo, “recomienda a los poderes del Estado realizar las acciones correspondientes para que Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fuerzas Armadas, presten absoluta colaboración en los procesos penales que se lleven respecto de sus efectivos, especialmente en las diligencias que se orienten a identificar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, así como avanzar en las investigaciones y sanciones administrativas, con miras a determinar las eventuales responsabilidades de sus funcionarios en las violaciones de derechos humanos”.

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