MOVIMIENTO SOCIAL

Militantes del Movimiento Juvenil Lautaro acusa de persecución política al Ministerio del Interior

En medio de la rebelión popular tres militantes del Movimiento Juvenil Lautaro fueron detenidos el 30 de octubre tras la incautación de dos encendedores. El Ministerio del interior ha insistido en aplicarles la Ley de Seguridad del Interior del Estado, solicitar a la Corte de Apelaciones de San Miguel la prisión preventiva y negar a la defensa la carpeta de investigación. En suma transformar una falta en un delito de alta connotación.

El 30 de octubre Esteban Bustos, Gilberto Mendoza y Rúben Rivas fueron detenidos por efectivos de la 51° comisaría de Pedro Aguirre Cerda, acusándolos de levantar barricadas en la línea férrea del Tren Crental de Santiago. La detención no fue en el lugar de los hechos, sino que en la Avenida La Feria (zona sur de Santiago).

Fueron trasladados al Centro de Justicia de Santiago para ser formalizados, bajo la acusación del artículo 105 de la Ley de Ferrocarriles. “La sala del 10º Juzgado de Garantía estaba repleta de medios de comunicación, una abogada del Ministerio del Interior y otra de EFE (Empresa de Ferrocarriles del Estado) (…) la jueza recibe un llamado, lo cual cambia todo el escenario, es ella (ni siquiera la fiscal) la que determina prisión preventiva, y una investigación de 90 días en vez de los 30 días solicitados por la fiscalía” , señalaron en su comunicado el Movimiento Juvenil Lautaro.

Según el Movimiento Juvenil Lautaro las medidas solicitadas por la fiscalía se deben a que en línea del tren encontraron panfletos de la organización política. Luego, el 21 de noviembre el Ministerio del Interior presentó una querella por Ley Seguridad Interior del Estado contra los militantes formalizados.

Actualmente, la Agrupación de Familiares y Amigos Guacoldas denuncian el abrupto cambio de la medida cautelar dictada por el Décimo Juzgado de Garantía. En un principio los militantes del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) estuvieron en prisión preventiva. Luego, en arresto domiciliario, la pena máxima que deben cumplir es de tres años y un día, “nosotros al tener irreprochable conducta anterior, haríamos nuestra condena en libertad, por lo cual no ameritaba la Prisión Preventiva”, detallaron los militantes.

El 28 de noviembre de noviembre el Ministerio del Interior ingresó la solicitud de apelación con el fin de revertir la medida cautelar de arresto domiciliario y retomar la prisión preventiva. Esto fue presentado en la Corte de Apelaciones San Miguel, para los militantes del (MJL) esto respondería a una “obstinada y delirante persecución política hacia nuestras personas”.

“Ante la flagrante actitud del gobierno de Chile de persecución política y al no tener garantías, de un juicio justo, tomamos la decisión como Prisioneros Políticos de establecer una demanda por violación sistemática de violación de DDHH y de persecución política por parte del Estado de Chile, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestaron los militantes del Movimiento Juvenil Lautaro.

Además, develan que la intención por parte de agentes del Estado es transformar una falta en un delito de alta connotación. En suma denuncian que a la defensa aún no se le entrega la carpeta de investigación. y son acuñados como una “peligrosidad para la sociedad” tras la incautación de dos encendedores en el momento de la detención.

“Sabemos que esta Batalla la ganaremos, será ardua pero venceremos y la libertad plena tanto nuestra como la de los más de 1900 Prisioneros Políticos de la Revuelta será una realidad más temprano que tarde”, señalaron los militantes del Movimiento Juvenil Lautaro.

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