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“El desastre de Rancagua” – Apuntes de la semana [parte 1]

La (in)justicia chilena hace tiempo viene siendo golpeada, tanto por factores internos como externos. Es por ello que la “serie de Rancagua” pareciera no ser una novedad. Pero ¡OJO!, que la putrefacción del sistema no nos haga inmune a sus bacterias y enfermedades. Es decir, no nos acostumbremos a estos casos y hagamos como si nada.

El conflicto que se libra al interior de la corte de apelaciones de Rancagua no es un hecho aislado y eso lo sabemos. No obstante, pareciéramos no tomarle el peso que debiera el asunto.

No es menor que tres ministros de la corte de apelaciones estén suspendidos de sus funciones por posibles trafico de influencias y corrupción. Y otros tantos -19 personas- estén siendo investigados por posibles nexos. Menos aún lo es que el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, esté asustado por sus nexos con uno de los acusados como lo es Emilio Elgueta.

Es más, este mismo señor junto a Marcelo Vásquez, ambos suspendidos, el 2 de enero de 2018 votaron a favor de sobreseer a Sebastián Dávalos del llamado “Caso Caval”. Un hecho a todas luces más que cuestionable. Y es que, además, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, también tuvieron vínculos con bandas de narcotraficantes, específicamente la banda de “La Choclo”, y en donde el pedía sumas de dinero para favorecer a estos en futuros veredictos.

Este último hecho se pudo comprobar producto de interceptaciones telefónicas por parte de la policía de investigaciones. Pero si usted quiere saber más puede revisar el reportaje en extenso que realizó Ciper al respecto. (https://ciperchile.cl/2019/03/26/corte-de-apelaciones-de-rancagua-tres-ministros-investigados-por-trafico-de-influencias-y-pagos-indebidos/)

Pero eso no es todo. Este fin de semana, se dio a conocer la noticia que el fiscal de alta complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, acusó a su superior, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias; de trafico de influencias en el Caso Caval, que habrían favorecido Hernan Chadwick, pariente del Andres Chadwick. Declarando que “La única intervención que hizo el fiscal Arias fue el intento de realizarle un procedimiento abreviado a Herman Chadwick Larraín y lo que se me planteó en ese momento era que había que terminar esa arista, porque la presencia de ese personaje en la causa y en un eventual juicio oral podría traer consecuencias a la imagen del nuevo gobierno”

También lo denunció por una supuesta obstrucción a la justicia producto de querer evitar la formalización de Elgueta, ocultamiento y violación de secreto en casos de violación al interior de la iglesia católica. Frente a lo cual, el fiscal nacional, Jorge Abbott, decidió trasladar a Santiago el caso y su continuidad.

Y si no fuera suficiente, quien acusa hoy -Sergio Moya- es el mismo que se vio involucrado en el “caso huracán” y el montaje hacia comuneros mapuches. En donde él se había juntado con el entoces director de Carabineros, Bruno Villalobos, y otros mandos de aquella institución, justo cuando Moya llevaba las indagatorias en una de las aristas de este montaje.

A modo de conclusión, y si es que se puede concluir por el momento, queda en evidencia la trama de corrupción al interior del poder judicial y las redes que teje el poder en esta seductora telaraña de impunidad.

Frente a esto ¿Qué hacemos? ¿nos quedamos compartiendo por nuestras redes sociales este y otros casos? Lamentablemente, esa pareciera ser la decisión de muchos y muchas. Replicando las palabras del periodista Daniel Matamala, respecto al caso Odebrecht y el suicidio de Alan Gracia ad portas de ser detenido:

La tarde del 31 de diciembre pasado, el Fiscal Nacional de Perú destituyó a los persecutores Pérez y Vela, a cargo del caso Odebrecht. Entonces, los peruanos se olvidaron del cotillón y los fuegos artificiales, y esa noche de Año Nuevo se volcaron a las calles a protestar. El presidente Martín Vizcarra regresó de emergencia de una visita a Brasil, antes de 48 horas el Fiscal Nacional debió renunciar, y Pérez y Vela volvieron fortalecidos al caso. Desde entonces, han pedido los arrestos de Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori y, esta semana, Alan García. Sin esa reacción popular, probablemente la policía jamás hubiera llegado a golpear la puerta del expresidente. En Chile, sacar a fiscales cuando sus indagaciones apuntan demasiado alto ya es parte del paisaje. ¿Reacción social? A lo más, algunos tuits indignados. Nuestra sociedad civil es un perro que ladra, pero no muerde”. 

¿Cómo enfrentaremos este nuevo caso que a pasado inadvertido para la IR? La agitación y propaganda juegan un rol fundamental en este caso y es tarea nuestra mostrarla. Demostrarle a nuestra clase que la justicia chilena está podrida, al igual que todas las instituciones del poder y que la única justicia posible es la popular. En donde no hay cabida para la corrupción.

Demostrar que aquella justicia y sus leyes, que ayer mataron a un trabajador ambulante y que día a día intenta restringir más nuestras libertades, está podrida y que solo favorece a quienes tienen poder.

Aquel “marco judicial” que quiere imponer controles a menores de edad, pero que hace vista gorda a los corruptos en su interior.

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