Editorial|No pueden negar la crisis

Controversia ha generado el indulto otorgado por la justicia (Corte suprema) a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, que llevará a la oposición a denunciar constitucionalmente a los responsables, se suman a estos hechos las miserables condenas que han recibido políticos y empresarios por los casos de corrupción (PENTA, SOQUIMICH Y CAVAL) y  la reciente renuncia del Ministro de Cultura como consecuencia de sus dichos sobre el Museo de la Memoria, como muestra por un lado de las posiciones inmutables de la derecha en relación a el valor de los DD.HH. y en segundo lugar como señal clara de la incapacidad de Piñera para gobernar.

Estos hechos dan cuenta de la agudización de la crisis de legitimidad del bloque en el poder, instalándose un clima de impunidad en la justicia chilena que debela su carácter de clase y por otra parte da cuenta de las fisuras que se pueden abrir ante una inminente disputa entre los poderes del Estado. A su vez, estos groseros casos de impunidad, como la libertad de criminales o las clases de éticas que deberán tomar los corruptos se contradicen con la severidad del Estado en las condenas hacia autoridades políticas y ancestrales del pueblo Mapuche y la criminalización hacia la clase trabajadora y el pueblo, siendo manifestación evidente de una política de persecución, hostigamiento y encarcelamiento, bajo un contexto de extensión y profundidad del componente contrainsurgente del Estado de Chile. En este punto, es necesario destacar los casos del Machi Celestino Córdova[1], los hermanos Pablo-Benito Trangol Galindo[2], y la incertidumbre ante la espera de lo que indique la Corte Suprema en la próxima sesión[3] frente a los condenados por el caso Luchsinger-Mackay, José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel[4] y José Peralino Huinca[5].

Como guinda de la torta, tenemos el reciente nombramiento de Bachelet como jefa de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U, sin embargo, su nombramiento por unanimidad omite su directa responsabilidad en la persecución al pueblo Mapuche y la aprobación de leyes represivas contra quienes se movilizan implementadas en su Gobierno. Ahora bien, si una vez terminado el primer mandato de Bachelet, los saldos de violencia política tenían expresiones concretas en el pueblo Mapuche (Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collío) y en la clase obrera (Rodrigo Cisternas), la ex mandataria ya había sido blindada por los organismos internacionales concibiéndole tribuna en espacios por los derechos de la mujer en la ONU. La apuesta dada ahora en temas de derechos humanos, no es más que una continuación de una política de seguridad e impunidad dirigida a su figura y lo que ella representa, ya que desde su mandato hay experiencia suficiente entorno al rol de su gobierno en la contención del movimiento social, la criminalización y represión al pueblo y la profundización el Estado Contrainsurgente. Por lo cual, para la política internacional, Bachelet es un modelo presidencial en donde el Estado de Derecho debe prevalecer a como dé lugar, es decir, la propiedad privada vive en gloria en majestad. Los derechos humanos –como concepto- se disocian de su componente de clase, por ende, terminan siendo meros instrumentos del capital.

En síntesis, podemos señalar que el clima de impunidad a los poderosos es irrefutable, el sistema Judicial chileno es una herramienta más de clase y las palabras del ex Ministro de Educación Gerardo Varela, la desenfrenada gestión de la primera Ministra de Cultura, Alejandra Pérez[6], la situación del reciente renunciado Ministros de Cultura, Valente y Santelices y su incontinencia verbal, no son más que la muestra de que ellos no pueden ser cambiados por que son lo que son y lo seguirán siendo, por lo tanto, sus acciones y omisiones única y exclusivamente prolongarán y profundizarán la crisis. No tienen consciencia de sí mismos, como no la tenía el Zar Nicolás II de los peligros de la revolución rusa.

Firma, Editorial Diario Venceremos.

[1] Condenado a 18 años y un día.

[2] Condenados a 10 años y un día.

[3] La sesión se realizará el próximo martes 21 de agosto.

[4] Condenados a cadena perpetua bajo Ley antiterrorista.

[5] Condenado a 5 años y obligado a firmar un relato falso que culpa a los peñi recientemente mencionados.

[6] http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/08/09/la-caotica-gestion-de-alejandra-perez-que-termino-con-su-salida-del-ministerio-de-cultura/

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