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¿Qué es y por qué el rechazo al Estatuto Joven de trabajo?

Este proyecto de ley, que ya había sido presentado en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, busca flexibilizar las relaciones laborales de estudiantes que deben trabajar y a la vez, incentivar la contratación de jóvenes. Reduciendo así, la alta tasa de cesantía entre jóvenes de 18 a 29 años.

Sin embargo, según estudiantes, trabajadores y sindicatos; lo que busca este proyecto de ley es promover esta contratación, mediante incentivos a los empleadores. Quienes se verían favorecidos por la contratación de jóvenes estudiantes. Los cuales, además, pasarían a ser trabajadores y trabajadoras de segunda categoría, ya que contarían con menos derechos laborales y una mayor flexibilidad laboral.

En el proyecto original se contemplaba la anulación de algunos derechos laborales como: la indemnización por años de servicios, descansos dominicales, derecho a vacaciones, subsidio por enfermedad, seguro de cesantía; entre otros. Si bien, algunos de los puntos del proyecto lograron sacarse o modificarse. El grueso del proyecto permanece intacto. Tal como la idea de legislar al respecto.

De llegase a prosperar dicho estatuto, las condiciones laborales cambiarían para todo estudiante. Estableciéndose este tipo de contrato como único. En el cual, el empleador o la empresa que haya contratado los servicios de algún estudiante, no se verá en la obligación de respetar horarios ni cargas académicas, pudiendo disponer y reestablecer horarios según conveniencia de una de las partes.

En lo que respecta a derechos de salud como indemnizaciones, pre y post natal; no serán remuneradas por ser carga familiar. Esto último, con la excusa de conservar los beneficios estudiantiles como:  gratuidad, bonos y otros.

Este contrato finaliza por decreto al llegar a la edad de 29 años. Es decir, el empleador podrá finiquitar al estudiante sin importar si este ha terminado sus estudios o no, sumándole la falta de indemnización por años de servicios. También, se anulará el fuero maternal y sindical. Lo que implica una violación clara a los derechos que cada trabajador o trabajadora debe poseer.

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