VIOLENCIA POLITICA EN LA PROVINCIA DE ACONCAGUA (1973-1977)

Ya han trascurrido 44 años del Golpe Cívico- Militar que destruyó de la manera más brutal y sangrienta  el sueño de millones chilenas y chilenos, encarnados en la Unidad Popular y el proyecto revolucionario del MIR. La violencia y el Terrorismo de Estado se impusieron por años en nuestro país; aún son miles las personas desaparecidas y muchas más las que no han encontrado ni verdad ni justicia.

 El silenciamiento- ocultamiento, la mentira y el engaño  son las mejores armas con las que se valen los poderos para arrancar de nuestra memoria histórica, de nuestra memoria como pueblo, los horrores más despiadados que han perpetuado en toda la historia. A la hora de defender sus intereses, los ricos de Chile buscan incansablemente limpiar su imagen manchada con sangre.

En un acto de denuncia, de protesta y sobre todo de reflexión, como Diario Venceremos reproducimos a continuación parte integral de la tesis “Terrorismo de Estado en la Provincia de Aconcagua 1973-1977”, proyecto elaborado por los profesores de Historia Pablo Ignacio Hinostroza Silva,  Nicolás Antonio Ramírez Escobedo, Sebastián Andrés Sánchez Cantillana y el Militante del Frente de Trabajadoras y trabajadores por el Socialismo (FTS) Juan Pablo Isaías Valdés Pizarro, quienes con una clara conciencia de su historia, han logrado sacar del silencio y del olvido a quienes sufrieron de  la Violencia de Estado.  Recordamos para no olvidar jamás. Ni perdón Ni olvido!

Diario Venceremos.

 

DESCRIPCIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA Y EL TERRORISMO DE ESTADO PARA LA PROVINCIA DE ACONCAGUA

El día 11 de septiembre de 1973, no fue un día común y corriente para la Historia chilena, la tradición democrática nacional sufre un abrupto quiebre en su estructura. A través de un golpe de Estado, las Fuerzas Armadas y de Orden Público se apropian de 2 de los tres poderes del Estado[1]. Este hecho institucionaliza:

“ 1°.- Que por decreto ley N° 3, de 11 del mes en curso, se ha declarado el Estado de Sitio en todo el territorio del país, asumiendo la Junta de Gobierno las atribuciones jurisdiccionales de General en Jefe de las fuerzas que deben operar en la emergencia;

2°.- Que con arreglo al artículo 73 del Código de Justicia Militar desde que tal declaración se formuló cesa la competencia de los Tribunales Militares del tiempo de paz y comienza la de los Tribunales Militares del tiempo de Guerra en todo el territorio declarado en Estado de Sitio”:[2]

 Es decir, en Chile se instaura jurídicamente un estado de Sitio, por ende, se mantiene el Estado Judicial que les permita avalar a través del derecho, el proceder militar, es así, como las F.F. A.A. asumen una posición de guerra interna en el territorio. Esta situación se justifica a través de dos mitos principales:

El primer mito se refiere a la posible guerra civil que podía liberarse en el territorio nacional debido a la presunción de que, en Chile a pesar de  abogar por la vía democrática de acceso al poder, esta situación vendría debilitándose desde la década de los sesenta, a través del influjo de las ideas Guevaristas que pregonaban la vía armada de acceso al poder, a las cuales habría adherido  el MIR, que desde la clandestinidad habría realizado acciones armadas para preparar la conquista insurreccional del poder. A esta postura ideológica del MIR, también habrían adherido el PS, el MAPU y la Izquierda Cristiana. El informe Rettig señala que en el periodo álgido de la crisis política, entre los años 1970 a 1973, los sectores que descartaban el uso de la violencia para la mantención del poder, o la vía pacífica o chilena al socialismo, se habrían visto desplazadas, desbordadas y – en ocasiones- seducidos y arrastrados por los que postulaban la fatalidad del enfrentamiento.[3]

 El segundo mito, recae en la situación interna de las Fuerzas Armadas y de Orden en  el periodo de crisis, hasta su intervención el 11 de septiembre de 1973, en donde la presume quela crisis del mundo civil, se traspasaría al mundo de la oficialidad militar, poniendo en peligro la conducción interna de la institución, debido a que se planteaba la amenaza de una posible escisión dentro de las FF AA, lo que habría generado una guerra civil efectiva al equipararse armamentísticamente  los grupos en pugna, por tanto, se consideró que la posibilidad que -su no actuar-, traería consigo un mal mayor: la guerra civil mediante su propia división.

Estas dos situaciones son consideradas  mitos, debido a que ambas en lo real nunca fueron efectivas ni comprobadas, -pues la historia nunca debe escribirse a partir supuestos o mitos, sino que a través de hechos concretos-, el primer supuesto se divulgó en el país en un escrito llamado el Libro Blanco del cambio de gobierno. Este documento se masificó a través de los distintos medios de comunicación que se mantuvieron vigentes después del 11 de septiembre,  el cual justificaba el actuar dirigido por las F.F.A.A., en torno al presunto plan de auto golpe de  los sectores de izquierda más radicalizados, denominado Plan Z, el cual destacaba entre los alarmantes hallazgos consignados en el Libro blanco del cambio de gobierno en Chile, obra redactada para suscitar apoyo emocional al golpe militar y sus consecuencias, ilustrada con fotos el “armamento de guerra pesado y liviano encontrado por las fuerzas militares y de orden en los arsenales de la Unidad Popular”. Este libro, cuyas revelaciones nunca han podido ser validadas empíricamente, presentaba al pronunciamiento militar como la oportuna y justa reacción al inminente autogolpe de la Unidad Popular. Según este documento una parte del plan de la izquierda consistía en el exterminio simultáneo y en todo el país, de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. Este ataque, programado para el día 17 de septiembre,  pretendía  supuestamente paralizar a toda resistencia a la dictadura de la Unidad Popular. Debe consignarse que el Libro Blanco serviría como prueba inculpatoria en procesos llevados a cabo por Tribunales Militares, lo que constituía una violación a las normas imperantes de admisibilidad de los medios de prueba.[4]

Se desprende por tanto, que las FF AA no solo manipulan la opinión pública con supuestos planes, sino que además lo utilizan en el plano judicial para sobrellevar causas inverosímiles, además bajo este pretexto, se sometió a tortura sistematizada a detenidos políticos, con la finalidad que delataran un supuesto plan que jamás existió.

 El segundo supuesto, en torno a una presunta escisión al interior de las FF AA debe ser desmitificado debido a que:

                “…las fuerzas Armadas y de Orden lograron el control del país en el curso del mismo día del golpe, sin sufrir mayores contratiempos en ninguna parte. Esto se explica por la inexistencia de divisiones entre las propias Fuerzas Armadas, que actuaron mancomunalmente, sin experimentar quiebres entre sectores involucrados en el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende y otros comprometidos con su defensa…”[5]

     Por lo que en síntesis, todo el aparataje que justificaba el actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden estaba basado a través de mitos, estas invenciones buscaban la aprobación y la validación de las ideas que autorizaren la legalización del Estado de Sitio  y de los Tribunales Militares en tiempo de Guerra, no con la idea de prevenir una supuesta guerra civil, sino con la finalidad  de realizar un exterminio de la población cuya tendencia política simpatizara con las ideas marxistas. Además de avalar el abuso de poder ejercido por agentes del Estado con la idea de intimidar a la población civil, arrancando la politización de la sociedad a través del miedo.  Dicho en palabras del General Leigh: “Extirpar el cáncer marxista de la sociedad… de la humanidad…. De la historia”.[6]

Las Fuerzas Armadas al tomar el poder político comienzan a aplicar  el terrorismo de Estado en todo el territorio,  si bien, la violencia política ejercida sigue una lógica a nivel nacional, éstas adquieren particularidades a nivel local.

Para el caso de la Provincia de Aconcagua, el Regimiento de Infantería N° 3 Yungay de San Felipe, saca los militares a la calle con la finalidad de establecer puntos de control en las entradas de la ciudad. Un lugar mencionado por las personas de San Felipe es donde se ubica el puente que sobrepasa el Río Aconcagua, actualmente llamado Puente El Rey, ahí se estableció una patrulla de control militar que custodiaba el ingreso y salida de las personas a la ciudad. En Los Andes, el Regimiento de Infantería N°18 Guardia Vieja se encargó de éste procedimiento, éste lugar, posee una característica específica por su calidad de zona fronteriza con muchos pasos que posibilitan el flujo internacional hacia Argentina. Es así, como durante el día, en la provincia no solo se encontraban militares de los regimientos locales, sino que se relata además, que la Infantería Marina también colaboró en sitiar la ciudad.[7]

La población en general y en especial los activistas políticos, narran la situación como un estado de consternación, pues aquellos que antes veían su tiempo como un devenir auspicioso para su clase, ahora se sumergían en un estado de miedo.

Las descripciones que se realizan de aquel día dan muestra de la situación confusa que vivía.

“… yo en realidad cuando vino el golpe estaba acá en San Felipe. Acá en San Felipe se notó al tiro la represión, porque yo recuerdo que salí como al centro de la ciudad (…) ya las sedes de los Partidos Políticos estaban siendo allanadas, me acuerdo que pasé, no me acuerdo porqué sede pasé y había un camión del ejército que había echado todos los muebles arriba ya, o sea se habían llevado todo. Cerraron la ciudad, es re fácil cerrarla, cerraron el puente  ahí y no pudo pasar nadie, o sea quedamos totalmente incomunicados dos días, más o menos fueron, al tercer día yo regresé y me presenté en la empresa…”[8]

Un entrevistado, que en ese entonces era dirigente sindical, nos relata su experiencia aquel día:

                               “…me levanté el 11 de septiembre de aquí de la casa y me fui al Partido, porque yo era un dirigente de la Central Única…me dirigí a hacer todo mi desarrollo, tanto político como sindical, entonces fui al Partido y estaban ahí mis otros compañeros esperándome y ahí optamos por buscar diferentes caminos, porque no podíamos irnos todos juntos, porque ya ahí abríamos caído, y cada uno cortó por su ramal, por donde tenía que irse no más, algo de conocimiento teníamos, algo se nos iluminaba la ampolleta como decíamos nosotros y teníamos que resguardarnos, es así como yo no volví a la casa, a mi me llevaron para Santiago, por allá por el paradero 35 de Santa Rosa estuve guardado hasta más o menos el 20 de septiembre y después uno vuelve a su nido porque ha dejado una familia y no sabe que es lo que pasa.” [9]

Otro entrevistado relata su experiencia en la Minera Andina el día del golpe de Estado:

                               “… en el trayecto al llegar al trabajo nos enteramos de la crema que estaba quedando, en el bus nos fuimos escuchando por la radio lo que estaba pasando, y llegamos arriba, pasamos a los comedores a tomar desayuno, algunos ni nos preocupamos de eso, sino por estar pegado al radio y después del desayuno cada cual se dirigió a sus distintos trabajos y toda la cosa, y entonces ahí empezamos a juntarnos qué es lo que vamos a hacer  y nadie se preocupó de trabajar, los que llegamos a la maestranza donde trabajaba yo, y estábamos escuchando las noticias ahí y comentando y toda la cosa, porque fue un momento complejo, puta un momento sumamente difícil, la situación, algunos lloramos, yo creo que a mí se me cayeron porque yo además, yo era secretario sindical del Partido Socialista, en aquel entonces (…) cuando bajé de arriba para el golpe, yo bajé el 15 de septiembre, porque  como director del consejo a mi me caía mucha participación en aquel momento, conversar con la gente, conversar con la gente todo el devenir que se producía, como tener que actuar la gente, yo me acuerdo perfectamente compañeros, de que habían muchos compañeros trabajadores que creían poco menos que enfrentar a los milicos, entonces uno que se suponía que tenía un poquito más de conciencia, tenía que hablar con razones, que no podían llegar a ese extremo de hacer cagadas, nosotros teníamos que hablar con los trabajadores, que lo que teníamos que tener hacer, tener calma y toda esas cosas.” [10]

Otro caso es el de una mujer de Llay-Llay, que en aquel entonces era una escolar y relata su experiencia desde el interior del establecimiento educacional al cual ella asistía, aportando una perspectiva diferente del día del golpe de Estado

                “… -nosotros chicos, yo recuerdo tenía 11 años el día del golpe, no nos dejaron ir a clases, no nos dejaron salir durante todo el día y después el toque de queda a las 4 de la tarde, el primer día a las 12 del día pasaban las patrullas.

                -¿Usted se recuerda qué estaba haciendo el día del golpe?

                -Mira, yo me acuerdo que el día del golpe en la noche se sentían los balazos, por la cuesta, porque allí hay una cuesta, se sentían balazos hacia la Juan Cortés. Juan Cortés era un comunista, y se llama ahora así Juan Cortés, antes se llamaba 28 de febrero, por el terremoto y después le cambiaron a Juan Cortés.

Se escuchaban las balaceras y mi papá, que no nos levantáramos, que nos quedáramos ahí acostados y si era preciso, debajo de las camas, y el susto y el miedo, yo con 11 años y sabíamos que se nos venía porque mi papá (…) se levantaba se daba vuelta, así igual que después de un terremoto…”[11]

Estas circunstancias particulares del día del golpe, develan el aparataje militar que comienza a funcionar con la validación de un Estado de Guerra. El primer proceder consistió en derrocar el gobierno central en Santiago, generando un quiebre político que afectó toda la estructura política a nivel nacional, el día 11 de septiembre,  allanaron las sedes de los partidos políticos de izquierda, llevándose la mayor cantidad de especies que permitiese inculparlos de ilegalidad, según los supuestos propios de las nuevas disposiciones decretadas por la Dictadura, inspiradas en los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional.

Con el correr del día, se comienzan a atacar lugares que podrían haber presentado algún germen de resistencia armada, circunstancia que para el caso de la Provincia de Aconcagua nunca de produjo. Los lugares a los que se movilizó sistemáticamente el Ejército y Carabineros fueron, en primer lugar, aquellos en los cuales se encontraban elementos que presentasen las condiciones necesarias para resistir, como no existían grupos armados, los militares se dirigieron directamente a los sectores de producción minera, debido a la existencia de material explosivo que pudiese quedar en control de civiles. Según relata una testigo, su marido que trabajaba en una mina de Chincolco. El día 11 de septiembre fue bajado por Carabineros de su puesto de trabajo, al día siguiente, sin comprender muy bien la situación general, fue nuevamente a su puesto de labor, pero ésta vez fue detenido y enviado a prisión a la zona costera de la V región.

 Otro hecho particular que permite explicar el proceso, es el denominado caso Chincolco, ocurrido en la Mina el Delirio, donde  encontramos  fuentes pertenecientes al Archivo documental del COPACHI, que nos ilustran hechos que develan el ambiente que se vivía en aquel entonces.

                               “COPIA DE SENTENCIA / CAUSA 1595/176

                …. Por delito de la Ley n°12.927 sobre Seguridad Interior del Estado. El 15 de agosto de 1973 entre las 20,21 horas se llevó a efecto una reunión en la casa de B.L. ubicada en calle O’Higgins s/n de Chincolco, precedida por M.M delegado subrogante de la comuna de Petorca, acordándose en esta reunión controlar los vehículos sospechosos que entrasen en la noche a Chincolco, por presumir que elementos de la oposición podían llegar con armas para atacar a los miembros de los partidos de la Unidad Popular cuando estallare la guerra civil, se pidió a los asistentes que juntasen dinero para comprar armas, y J.S. se ofreció para enseñar el manejo de explosivos, práctica que se llevaría a efecto en la mina “Delirio”, y se comisionó a B.Q. a O.A., y a M.R. para que se recibieran la instrucción ofrecida, cumpliéndose por B.Q. y O.A. el 16 de agosto de 1973, o sea al día siguiente de la reunión. Además J.S. propuso que en un enfrentamiento debían dinamitarse los caminos que dan acceso a Alicahue y Petorca y prometió el explosivo necesario. Posteriormente, el 24 de Agosto de 1973,se realizó una segunda reunión en casa de H.H., ubicada en la calle Manuel Montt s/n de Chincolco, más o menos a la misma hora que la anterior, tratándose sobre la compra de armas, y que si esto no fuera posible, A.Q. propuso un asalto al Retén de Carabineros de Chincolco para apoderarse de las armas, su munición y otras especies, dando muerte a su personal, se planificó un asalto a la Iglesia de dicho pueblo dando muerte al Sacerdote Miguel Jaramillo B. y al Regidor Luis Pérez T que vivía en el mismo lugar. Hubo ofrecimiento de balas de carabina y revólver, y dinero para adquirir armas, que se vería modo de ubicar, y prendas de uniformes militares, con el fin de practicar allanamientos y apoderarse de armas en poder de particulares. Por último en una tercera reunión celebrada el 3 de septiembre de 1973, a las 19.30 hrs., en una casa abandonada del detenido J.M., a la entrada del pueblo de Chincolco, se habló sobre las gestiones para adquirir armas y el control de vehículos, y en esta ocasión A.Q. propuso el allanamiento de la casa de P.V. domiciliado en Canterito, asegurando que en ese lugar existían armas, y dio cuenta de una reunión secreta con personas dispuestas a facilitar armas. No todos los procesados asistieron a las tres reuniones, pero ninguno dejó de ir a una a lo menos. Los inculpados M.M., G.S. se encuentran recluidos en la Cárcel Presidio de San Felipe, cumpliendo condena por los delitos de la ley 12.927.- Los reos B.L., A.Q., J.S., E.G., M.M., no han sido habidos, por lo que el Sr. Fiscal solicitó la suspensión de del procedimiento seguido, elevándose la causa al H. Consejo de Guerra en contra del resto de los procesados. “[12]

Este hecho en particular entrega tres perspectivas a analizar, la primera es que la supuesta planificación del Plan Z no existió como se postulaba en el Libro Blanco del Cambio de Gobierno, debido a que, sí se produjeron reuniones para confabular situaciones beligerantes en contra de los opositores de la Unidad Popular, sólo fueron asumidas tras la certera presunción de que el Golpe de Estado por parte de la oposición sería real. Ante ésta situación, grupos minoritarios intentar organizar algún tipo de resistencia, que en lo empírico jamás se efectuó, por tanto, los miembros de éstas reuniones, fueron procesados por un supuesto que fue delatado por uno de los integrantes de la reunión, ahí, aparece el segundo elemento de análisis, la delación, hecho recurrente durante el periodo de Dictadura, que consistió en denunciar ante las autoridades las ideas que surgían en la población civil con el fin de efectuar algún hecho que pudiese ir en contra de aquellos que poseían el poder político del país, y que en ocasiones fue divulgado por personas que sufrieron de la tortura y el hostigamiento tras la doblegación de su voluntad para narrar tales acontecimientos. Por último, el delator de ésta situación, el cual se entregó ante las autoridades antes del día del Golpe de Estado, sirvió de aval para que los militares y Carabineros actuasen de forma directa en la intervención de recintos mineros para reprimir cualquier tipo de resistencia ante el quiebre institucional que se produjo, debido a los elementos explosivos que por motivos de faena se encuentran en estos lugares.

Una vez logrado el control del país el día 11 de septiembre, las F.F.A.A. comenzaron a ejercer el poder fáctico en las instituciones públicas, través de la intervención directa en la administración de dichas entidades. Altos cargos de la oficialidad militar se extrapolaron de su rol interno, para comenzar a ejercer en puestos y en cargos de la alta dirección pública como por ejemplo: alcaldías, regencias, directorios de salud y educación, etc.

Un relato devela la forma en que la oficialidad militar penetra en la sociedad civil para imponer su autoridad:

                “… al otro día del golpe, vuelvo a clase, me acuerdo yo estudiaba en una congregación religiosa de las Filipenses,(…) yo recuerdo al teniente Salgado, que se paseaba con sus botas y se pegaba con la fusta, que ahora ellos eran la Ley y se paseaban por las salas(…) nosotras éramos puras cabras porque era un colegio de monjas Filipenses, y se paseaban que ellos eran la Ley y que eran la Ley(…) eran monjas, la cubana la enviaron de vuelta, era la profesora jefe, fuera, no sé para donde, si a su país, no sé, yo lo único que me acuerdo que a esa monjita se la llevaron… se llevaron a todos los directores de colegios básicos, del Liceo, es que allá  estaba el Liceo y los Carabineros, al lado, una muralla los dividía, nada más, son vecinos y al frente del hospital, entonces sacaban a las chiquillas desmalladas porque veían que por ejemplo que Juan Carlos Carillos era  un profesor, todo sangrando llegó, porque ya le habían sacado la mugrienta, llegó de vuelta sangrando, las chiquillas desmalladas al hospital, porque ver a sus profesores en esas condiciones, a esos les pegaron…” [13]

     Este tipo de casos, demuestra que con el correr de los días, en la Provincia de Aconcagua, las circunstancias fueron adquiriendo un mayor grado de violencia.

 

EJECUCIONES Y DESAPARICIONES EN LA PROVINCIA DE ACONCAGUA:

Los casos que revisten mayor gravedad, son sin duda, donde se  ve implicada la vida de las personas. Entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1977, podemos dar cuenta de una serie de casos, en los cuales la violencia política tuvo como resultado la muerte de las personas, sin embargo, aparte de dar cuenta de esta circunstancia, pretendemos ahondar más acerca de los tratos sufridos durante la detención y cómo fueron ejecutadas estas personas, para así poder conocer las dimensiones y la forma que adquirió la violencia política en la Provincia de Aconcagua durante el periodo en cuestión.

Para la elaboración de este apartado, tomamos como fuentes referenciales artículos de prensa, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; información sobre este asunto archivada por el COPACHI, la Comisión de DDHH del Obispado de San Felipe y testimonios que hacen referencia a algunos de los casos que serán tratados en este subtema.

Los casos referidos en este apartado en su mayoría ocurrieron en el año 1973 durante los primeros meses de la Dictadura Militar, siendo casos de violencia política con resultado de muerte y/o desaparición forzada.

Presentación de los casos

Los hechos que se presentarán a continuación corresponden a casos de los cuales hemos tenido antecedentes a través del estudio y sistematización de las fuentes utilizadas.[14] Se hará referencia a los casos de las personas de las cuales encontramos antecedentes[15], sin embargo existen otras circunstancias donde la identidad de las personas no ha podido ser establecida, como lo son los casos de los N.N. de Chincolco y los casos de hallazgos de osamentas que se presentaron en toda la provincia. Estos hechos serán tratados de forma particular al final de este apartado.

Un testimonio entregado a la comisión Rettig, por parte de familiares, relata las formas y los efectos que asumía la violencia en  los allanamientos, y el clima de temor que existía entre las personas, especialmente en las que habían desarrollado alguna función administrativa en el gobierno de la Unidad Popular.

“…El día 11 de septiembre, don Orlando Galdámes se encontraba en la casa, al escuchar las noticias salió, fue a Petorca, y al regresar manifestó que “tenía miedo…”, paso la noche fuera y volvió a la casa a despedirse de los niños y de ella; no regreso más (…) El día 13 de septiembre de 1973, Carabineros de la Tenencia de Petorca allanaron su casa, revolvieron todo buscándolo, al no encontrar nada se fueron. Volvieron el 28 o 29 de septiembre (…) para llevárselo detenido a la Tenencia de Petorca, en ese momento estaban todos sus hijos… al segundo de sus hijos le decían los carabineros “…te deberíamos matar acá mismo cabro, igual va´i a quedar huacho…” apuntándolo con la metralleta.”[16]

La muerte producto de las torturas, es otra arista dentro del ámbito de las ejecuciones que efectuó  la Dictadura. En el hospital de La Ligua, Orlando Galdames Rojas, de 41 años, Regidor de Petorca y militante del Partido Comunista, pierde la vida producto de esta situación en octubre de 1973.

“… había sido detenido por funcionarios de Carabineros de Petorca y conducido al Retén de dicha localidad. Producto de los apremios recibidos en ese lugar, debió ser trasladado al Hospital de La Ligua, donde falleció (…) la causa de su muerte fue, de acuerdo con el certificado de defunción, «hemorragia cápsula renal-compromiso glándula suprarrenal».”[17]

Las fuentes documentales encontradas en  el archivo del Obispado de San Felipe en torno al caso de Orlando Galdames, correspondientes a tramitaciones judiciales y un testimonio de los hechos presentados a la comisión Rettig en el año 1990, nos ofrecen otros antecedentes respecto a los excesos que eran cometidos por Carabineros, órgano que asumió las funciones represivas, donde el amedrentamiento era un recurso de uso recurrente entre sus funcionarios, en toda la zona correspondiente a lo que hoy en día es la Provincia de Petorca.

“… Vengo a interponer querella criminal en contra de quienes resulten ser los autores, cómplices  y encubridores de los delitos de homicidio calificado, detención ilegal, incomunicación ilegal, secuestro y tormentos cometidos en perjuicio de mi cónyuge ORLANDO GALDAMES ROJAS. (…)El día 6 de Octubre de 1973, en el sector de Quelón, de Petorca, fue detenido por civiles y Carabineros (…) yo me encontraba detenida en la Tenencia de Petorca (…) escuché, por lo tanto, cuando mi cónyuge llegó y también oí sus quejidos y los golpes que le daban (…) mi cónyuge fue visto por los vecinos (…) constatando que presentaba numerosas heridas sangrantes, que se veía en un muy mal estado físico y que se notaba golpeado. La camioneta en que mi cónyuge fue trasladado, una vez que a él lo bajaron a viva fuerza lo introdujeron a la Tenencia, fue lavada por el carabinero Eduardo Venegas, para quitarle las múltiples y abundantes manchas de sangre, lo que hizo a vista de la gente…”[18]

El relato implícito en esta querella expone las críticas condiciones en que la esposa de Orlando Galdames encontró a su marido cuando le fue entregado en la morgue. Las múltiples lesiones que presentaba el cadáver, como indica la declarante serian producto de los tormentos recibidos durante la detención, tales hechos fueron negados por las autoridades militares a cargo del Consejo de Guerra de San Felipe

“…ignoro la causa de muerte de mi marido (…) El cuerpo de mi cónyuge me fue entregado por orden del Juez de La Ligua, concurrí al trámite de rigor, el día 8 de octubre de 1973, al ver el cuerpo pude comprobar que tenía la cara destrozada, la nariz visiblemente quebrada, los pómulos rasmillados con claras huellas de arrastre sobre la tierra, las manos destrozadas y los dedos reventados y las costillas fracturadas (…)  Durante el Consejo de Guerra, el mayor Carrasco, en relación a mi cónyuge expresó que intento huir, saltando sobre la cabina del camión en movimiento siendo atropellado por este, y, que a raíz de ello se desbarrancó por la ladera del cerro, por lo que posteriormente falleció (…) Al momento de ser detenido mi cónyuge, fue herido a bala en la muñeca. En la Tenencia de Petorca recibió golpes de pies y culatazos y, Carabineros y civiles, que participaron en la detención, saltaban sobre él, especialmente en el pecho. El Carabinero Waldo Toro en un momento dijo, a viva voz, “se murió este huevón y, arrastrándolo por los pies, lo metió en el baño de la Tenencia”[19]

Hugo Arredondo Sánchez, tenía quince años al momento de su desaparición, fue alumno de primer año medio en la jornada nocturna del Liceo Max Salas Marchán de la ciudad de Los Andes, fue detenido el 12 de Septiembre de 1973 mientras hacía unos trámites que le había encargado su madre, sus familiares nunca más supieron de él. Sus restos fueron encontrados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, su caso no aparece registrado en el Informe Rettig, puesto que este hallazgo se hizo después del periodo establecido para la recepción de casos que se incluyeron en este informe. Los documentos del COPACHI en torno a estos hechos, nos revelan algunos antecedentes acerca de la búsqueda que realizaron sus familiares por distintos lugares de detención en el Valle de Aconcagua, incluso en el Estadio Nacional y hospitales de la capital, los cuales al no obtener resultados para determinar su paradero, se resignaron a pensar que su hijo y hermano había decidido partir del hogar.

                El 9 de Septiembre de  1991, en el diario La Época, se anunciaba el hallazgo de osamentas de 2 menores de edad en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago, los cuales habían sido enterrados bajo calidad de N.N. y estaban siendo exhumados bajo orden judicial debido a una querella por inhumación ilegal presentada por la Vicaria de la Solidaridad.[20] No fue hasta entonces que su familia pudo saber el destino del desaparecido. Hay que recordar el revuelo nacional que tuvo el caso de las exhumaciones del Patio 29, tanto por los hechos que se revelaban, como también por los dichos emitidos por Augusto Pinochet al respecto, que a la fecha seguía siendo el Comandante en Jefe del Ejército.[21]

    El 15 de septiembre de 1973, según nos indica el Informe Rettig, ocurre la detención de Carlos Ramiro González González y Enrique Antonio Saavedra González, ambos de 18 años de edad,

“…  estos jóvenes habrían sido vistos en el Estadio Nacional y posteriormente un testigo abonado los vio en un centro de detención en San Felipe. A pesar de las múltiples gestiones hechas por las familias de ambas víctimas no se volvió a tener noticias de su paradero. Consta que no abandonaron el país. La Comisión llega a la convicción de que la desaparición de Enrique González y Carlos González fue de responsabilidad de agentes estatales con violación de sus derechos humanos, en consideración a que se haya acreditado que fueron detenidos, que estuvieron en recintos de reclusión y que desde esa época no existe información alguna sobre sus paraderos y suerte…”[22].

No se encontraron mayores referencias acerca de este caso en las fuentes consultadas, sin embargo, el hecho que estas personas fueran vistas por última vez en San Felipe, hace presumir que fue en la zona del Valle de Aconcagua el lugar donde los hicieron desaparecer.

Según indica el Informe Rettig, el día19 de septiembre de 1973,a los 28 añosmurió José Augusto Mora Serey, cuando se desplazaba junto a su familia y otras personas por las calles de la ciudad de San Felipe, el vehículo donde viajaban fue atacado con armas de guerra por personal militar, la causa de muerte de José Mora que se estableció en este Informe dice que fue:

“… impactado por disparos efectuados por personal militar durante las horas de toque de queda, mientras conducía un vehículo de la locomoción colectiva, portando el salvoconducto pertinente. La versión oficial señaló que se trataba de un extremista que había infringido la orden de alto(…) se trató de un grupo de personas que volvían de un día de campo; que habían solicitado el correspondiente permiso a Carabineros para circular en horas de toque de queda; y que ninguno de los pasajeros del vehículo oyó la «orden de alto»…”[23].

          Otros antecedentes disponibles referentes a este caso, permiten develar de mejor forma las arbitrariedades cometidas por personal de las Fuerzas Armadas en cuanto a la aplicación de la violencia.

“… le dieron salvoconducto para irse a San esteban, a la casa, nos custodió por toda la Alameda hasta Tocornal, una patrulla de Carabineros, allí nos dejaron y le dieron las instrucciones a mi hermano “… si Ud. ve una luz roja o alguien que le hace parar, pare…” (…) En Tocornal, más o menos a la altura de la Sala Múltiple y cerca del molino fue que sucedió, lo único que recuerdo es que de pronto empecé a ver llamaradas en la micro y mi hermano dijo “…un neumático se me reventó..” alcanzó a decir él, luego se formó el griterío, pienso que fue como la tercera bala que le dio, él dio un grito, pero alcanzó a hacer parar la micro, pero soltó el freno y se fue la micro encima de la vereda (…) Nadie nos hizo parar porque yo no vi a nadie, los tiros venían de atrás de la micro (…) abrimos la puerta y bajamos. Lo primero que vi fue a dos militares que nos dicen: “manos arriba…” nos sacaron contra la micro manos arriba: yo les gritaba que fueran a ver los que estaban arriba, que también estaban heridos…”[24]

La familia de José Mora nunca interpuso acciones legales por estos hechos, tampoco fueron llamados a declarar, sin embargo, su hermana quien resultó herida durante los hechos testifica que la versión  oficial,  es falsa puesto que nunca hubo una señal de alto, ni menos un intento de fuga y por supuesto no eran extremistas, incluso uno de los pasajeros que resultó herido con impactos de bala era miembro de las FF AA No se tienen mayores antecedentes respecto a la identidad de este conscripto y se desconoce su destino final.

El día 1 de octubre de 1973, fue ejecutado por militares del regimiento Yungay en la ciudad de San Felipe, el obrero  Ramón Antonio Palma Cortés de 30 años de edad. Según la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación:

“…Había sido detenido el mismo día en su casa por una patrulla militar, a raíz de la denuncia de un particular. Tras ser herido en su mismo domicilio, fue llevado a la orilla del Río Aconcagua, donde fue ejecutado y lanzado su cuerpo a las aguas, de donde fue rescatado al día siguiente. (…)  en la especie se configura un caso de grave abuso de poder, (…) varios vecinos declararon escuchar sus gritos pidiendo que no lo mataran. No reviste connotación política, fue cometido por agentes del Estado y que jamás fue investigado ni  sancionado. Son elementos de convicción el que se haya acreditado por testimonios verosímiles la detención de la víctima por parte de efectivos del Ejército…”[25]

El caso de  Ramón Palma Cortés, el cual vivía con su conviviente en una mediagua a orillas del río Aconcagua en San Felipe, según lo que aportan los archivos del COPACHI, donde existe testimonio acerca de estos hechos, se pueden establecer otros antecedentes acerca de las motivaciones y el actuar de la violencia infligida por los militares a los pobladores de Aconcagua. En primer lugar, la denuncia fue hecha por su esposa acusando maltratos luego que Ramón Antonio Palma Cortez descubriera al regresar a su casa que su conviviente mantenía una relación con un conscripto de nombre Arcadio Lobos Cisternas. Según lo que nos dice la fuente en cuanto algunos alcances del proceder de los militares, encontramos los siguientes antecedentes

“…El grupo de militares llegó disparando hacia la mediagua, y gritándole a Ramón Antonio Palma Cortés que se entregara (….) se aferró a su hijo pequeño para que no lo llevaran, entonces los militares comenzaron a dispararle, cayó al suelo herido y soltó a su hijo; los militares lo cogieron y golpeándolo duramente lo subieron a la patrulla, le condujeron a la salida de San Felipe en donde lo llevaron a orillas del río Aconcagua y allí procedieron a fusilarle (…) Las personas que en ese tiempo vivían en el sector, relataban que escuchaban los gritos de Ramón Palma pidiendo ayuda y suplicándoles que no lo mataran y vieron y escucharon como los militares le disparaban repetidas veces y después lo lanzaron al río Aconcagua. Al día siguiente, algunos vecinos del sector donde fusilaron a Ramón Palma, avisaron a su madre, quien acudió a los Carabineros y junto a bomberos rescataron el cadáver del río (…) el cuerpo de la víctima presentaba alrededor de 8 a 10 impactos de bala, su madre no reclamó judicialmente, ya que recibió amenazas de muerte por parte de los militares del regimiento.”[26]

José Manuel Floridor Muñoz Herrera, de oficio comerciante, poblador de la ciudad de Putaendo, tenía 63 años para cuando fue detenido en el verano de 1974 en la ciudad de Calle Larga, siendo ejecutado en el mismo lugar de detención,

“…una hermana de la cónyuge le informó que había escuchado en la Radio Portales y Colo Colo la noticia de la ejecución de José Manuel Muñoz, atribuyéndolo a presunto enfrentamiento… Ignora, la cónyuge, donde fue enterrado, oficialmente nada se le informó…”[27]

Las acciones legales no se presentaron por temor. Este es un caso que no aparece en el Informe Rettig, seguramente por la falta de antecedentes que se encuentran al respecto. Sin embargo, la desaparición de José Manuel Muñoz es efectiva, pero no se tienen mayores referencias de cómo fueron los hechos mediante los cuales se indujo su desaparición.

La Comisión Rettig establece que el día 9  de octubre de 1973, a los 52 años fue ejecutado en el Túnel La Calavera, en Llay-Llay, Onofre Peña Castro, quien desempeñaba funciones como

“…Regidor de Catemu y militante comunista, quien fue detenido por funcionarios de Carabineros de esa misma localidad y conducido por ellos mismos al lugar en que fue ejecutado. (…) nunca fue dejado en libertad y atendida la causa de su muerte «herida a bala en el hemitorax derecho», esta Comisión se ha formado la convicción que Onofre Peña fue ejecutado por agentes del Estado que violaron su derecho a la vida…”[28]

Según declaraciones presentadas, Onofre Peña fue detenido en la localidad de Pachacama el 9 de octubre de 1973 por una patrulla policial de la comisaria de Catemu, integrada por el Sargento 1° Espinoza, y los carabineros Joel Zamora, Manuel Ortega y otro de apellido Carvallo. Un bando emitido de la jefatura de plaza de San Felipe, fue ultimado en el Túnel La Calavera, luego de un intento de fuga cuando se  buscaban unas armas que presuntamente tendrían escondidas en las cercanías de dicho túnel.

En la siguiente declaración se da cuenta de las condiciones en que fue encontrado el cadáver de Onofre Peña

“… semienterrado en el barro (…) presentaba el lado izquierdo del cráneo y de la cara prácticamente desaparecidos producto de los golpes de culatazos y no de herida de bala como dice el certificado de defunción (…) se avisó a carabineros de Catemu, quienes se presentaron de inmediato en el lugar, venían en esa ocasión un Tte. y el Sargento Espinoza, este último, actuó en forma prepotente y nos amenazó con sus armas, diciendo que en cualquier momento nos haría una “visita”. Los carabineros se llevaron el cadáver (…) después de la autopsia, el médico puso en el certificado de defunción “HERIDO A BALA EN EL HEMITORAX DERECHO”, lo cual es falso, ya que cuando lo encontramos en su cuerpo no encontramos ningún tipo de proyectil (…) fuimos escoltados hasta el cementerio de Llay-Llay donde se nos ordenó sepultarlos de inmediato, todo esto fue vigilado por una patrulla de Carabineros de San Felipe…”[29]

El 11 de Junio de 2014 aparece en el diario El Trabajo una noticia que anuncia

 “…el pasado miércoles 4 de Junio el Ministro de la corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó el procesamiento de tres ex Carabineros de Catemu por el homicidio del ex regidor comunista durante la dictadura. Se trata de los ex Carabineros Renán Ahumada Tapia, Guillermo Bermúdez Roco y Orlando Astete Sánchez…”[30]

Patricio Núñez Mendoza, era cabo del ejército en la Escuela de Alta Montaña de Los Andes, el cual, según lo que informaron los militares, se habría suicidado jugando a la ruleta rusa en estado de ebriedad. En tanto, la prensa local informó que el origen de la muerte había sido un tiro de revolver y que el origen del disparo se estaba investigando.[31] Este caso quedó resuelto por la versión de los militares, sin embargo, ambos padres de Patricio Núñez se dirigieron al Primer Juzgado de Letras de Los Andes a presentar declaración sobre los hechos acerca de la muerte de su hijo. Ambas declaraciones presentan argumentos para poner en cuestionamiento la versión de los militares. Su madre declara:

“…cuando falleció. Llegó a mi casa un teniente y sin delicadeza me preguntó dónde serian velados los restos del cabo Núñez; de la muerte de mi hijo no tenía idea, por lo que caí al suelo desmayada de la impresión, posteriormente a mis preguntas, me informó que se había matado jugando a la ruleta rusa en estado de ebriedad. Es el caso que mi hijo había salido de la casa en normal estado de temperancia, pues había estado en casa de José Vivar ayudándole a arreglar un camión (…) en forma oficial no se me ha informado absolutamente nada respecto de la muerte de mi hijo, y cuando fui a inquirir detalles a la Escuela de Alta Montaña, el fiscal me informó que ya estaba cerrado el sumario y que mi hijo se había quitado la vida jugando a la ruleta rusa(…) la ropa que él llevaba puesta ese día (tenía)[32] manchas de barro como con muestras de plantas de zapato y muestras como de vómito, no traía una sola gota de sangre. Quiero hacer presente al tribunal que a mi hijo Patricio era un joven totalmente normal y lleno de vida y de ilusiones, no tenía problemas de ningún tipo, vivía haciendo cursos de especialización y ahora acababa de sacar el segundo lugar en escalamiento y primer lugar de compañerismo en la Escuela de Alta Montaña, además, no acostumbraba a beber…”[33]

En tanto su padre entrega otros antecedentes que hacen presumir la actuación de tercerosen la muerte de su hijo

“…nosotros vimos solamente su cara en el ataúd ya que este venia totalmente sellado y fue entregado en una forma brutal (…) además su cara no presentaba signo alguno de violencia ni de sangre…”[34]

Según lo que nos indica el informe Rettig. El 4 de agosto de 1976, fueron detenidos  Hugo Ernesto Vivanco Vega y Alicia de las Mercedes Herrera Benítez; el 5 de agosto fueron detenidos en su domicilio Oscar Ramos Garrido y Oscar Ramos Vivanco, el 10 de agosto de 1976 fue detenido en la vía pública. Nicolás Hugo Vivanco Herrera. Estas personas estaban vinculadas por lazos familiares, la mayoría de ellos estaba relacionada o había trabajado en la imprenta Horizonte, en la cual de imprimía el El Siglo desconociéndose hasta la fecha su paradero.[35]

Los archivos correspondientes al Departamento de Acción Social del Obispado de San Felipe, consistentes en fichas individuales y documentos judiciales a recursos de amparo interpuestos para tramitar la libertad de estas personas detenidas por la DINA, nos refieren los siguientes antecedentes:

Según la declaración de su esposa ante el Segundo Juzgado de Letras de San Felipe, Nicolás Hugo Vivanco Herrera, padre de 3 hijos, trabajador de la Industria Peugeot y había prestado servicios a la Imprenta Horizonte mientras esta se mantuvo en funcionamiento, antes del golpe de Estado. Fue detenido a las puertas de la Vicaria de la Solidaridad cuando realizaba trámites para saber de sus padres desaparecidos[36], el 5 de agosto de 1976. Se encuentra desaparecido desde esa fecha, su último domicilio fue en la ciudad de San Felipe hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Existen una serie de documentos referentes a ayuda recibida por la viuda de Nicolás Vivanco a través de Departamento de Acción Social del Obispado de San Felipe.

CASOS EMBLEMÁTICOS:

Caso Punta el Olivo. Ejecutados de Cabildo:

El caso de los 6 ejecutados por efectivos del regimiento Yungay de San Felipe en Las Coimas, en el sector de la Punta del Olivo, constituye un caso emblemático dentro de los ocurridos en el Valle de Aconcagua, sobre todo por las dimensiones que adquiere la violencia en este hecho. Este caso está consignado en el Informe Rettig, y corresponde a una acción donde el exterminio de los militantes del Partido Comunista de la comunidad de Cabildo era el principal objetivo.

Estos hechos ocurrieron el 11 de octubre de 1973[37], a los cuales hemos podido acceder a través de los testimonios acopiados por el Obispado de San Felipe, los cuales corresponden a declaraciones de familiares, archivos judiciales, de prensa, incluso una obra literaria, aparentemente de orden testimonial, hecha por Cándice Aguad, hija de Faruc Aguad, las cuales permiten dar un cuadro más completo de cómo fueron los hechos que revisten a este caso, y poder develar el cómo operó la represión en los primeros años de la Dictadura en la Provincia de Aconcagua.

La versión oficial referente a este caso, proveniente desde el Ejército y la prensa, dice que estas seis personas pertenecían a una asociación ilícita de carácter terrorista del sector minero de Cabildo, además, se sumaba el hecho de que durante el arresto, se les había encontrado una gran cantidad de armamento y explosivos.

“…fueron ejecutadas cuando intentaron huir y agredieron a un suboficial que viajaba en la camioneta del Ejército que los trasladaba desde la Cárcel de San  Felipe a la Cárcel de Putaendo…”[38]

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación estableció en 1991 que la versión oficial es falsa, puesto que nunca existieron allanamientos donde pudiesen haber sido encontradas las armas que se les acusaba de tener con fines terroristas, al respecto señala.

     “…Presentadas estas muertes como producto de un intento de fuga, la Comisión no pudo aceptar esta explicación atendida, principalmente, las circunstancias que siguen:

– Resulta inverosímil que el único modo de evitar la fuga haya sido dar muerte inmediata a todos los afectados, que iban desarmados y bajo fuerte vigilancia militar.

– El entonces Jefe del Servicio de Salud de San Felipe[39], que fue quien ordenó practicar las autopsias y devolver los cuerpos a los familiares, fue informado por el médico legista de que los cuerpos registraban múltiples impactos de bala, muchos de los cuales no eran mortales, y también heridas corto-punzantes, cuya existencia no ha tenido ninguna explicación razonable. Esta información está corroborada por lo señalado en los mismos certificados de defunción.

La Comisión Rettig estableció que las personas que resultaron muertas en estos hechos “fueron víctimas de violación a sus derechos humanos de responsabilidad de agentes del Estado quienes los ejecutaron al margen de todo proceso”.[40]

El Informe Rettig prosigue en la descripción de estos hechos, relatando la versión acerca de la detención de tres de las personas que resultaron ejecutadas en La Punta del Olivo:

     “…Mario Alvarado Araya (…) Alcalde de Cabildo, quien había sido detenido por primera vez el 17 de septiembre, recuperando prontamente su libertad, sin que se le formulara ningún cargo. A principios de octubre, fue obligado por la autoridad militar a retractarse públicamente de su militancia, en la Municipalidad de Cabildo, ante múltiples testigos. Su segunda detención se produjo el 8 de octubre, en su domicilio, y fue practicada por Carabineros de Cabildo.

Faruc Jimmi Aguad Pérez, (…) empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (SADEMI), encargado electoral y de propaganda del Partido Comunista local, detenido en su lugar de trabajo, en presencia de otros trabajadores, el día 8 de octubre de l973 por Carabineros de Cabildo.

     Wilfredo Ramón Sánchez Silva, (…) empleado de la Sociedad Abastecedora de la Minería (SADEMI) de Cabildo. Fue detenido en su lugar de trabajo el mismo día y en las mismas circunstancias que Faruc Aguad.”[41]

     Según lo que indica el libro “Que el pueblo juzgue. La historia del Golpe”, de León Gómez; Faruc Aguad y Wilfredo Sánchez, eran reconocidos militantes del Partido Comunista de Cabildo,  fueron detenidos por Carabineros de la zona, a cargo del Sargento Luis Morales  a la salida de su lugar de trabajo, bajo un procedimiento especial, como si se tratara de personas muy peligrosas, la razón esgrimida sería la militancia en el Partido Comunista. La orden provenía de la Prefectura de San Felipe, el fin,  ponerlos a disposición de la Jefatura del Consejo de Guerra de San Felipe.

 El primer lugar de detención fue la tenencia de Carabineros de Cabildo, donde ya se encontraba detenido Pedro Araya, luego fueron trasladados a la Subcomisaria de La Ligua, donde se les sumaron en la detención Mario Alvarado, Artemio Pizarro y José Fierro. En este lugar fueron sometidos a interrogatorios, y sus métodos de ablandamiento de rutina, donde se les preguntaba dónde tenían las Armas y acerca del Plan Z[42]. Al día siguiente fueron trasladados a San Felipe donde estuvieron detenidos, para encontrar su fatal destino durante un traslado a la cárcel de Putaendo en un presunto incidente con militares.

 Artemio Pizarro Aranda“…Fue detenido en el mismo lugar y por los mismos agentes aprehensores el día 9 de octubre…”[43] Estaba a cargo del polvorín de la SADEMI. Según averiguaciones de su esposa,  al momento de su ejecución habría rogado a sus guardianes que no lo mataran, y que antes de morir tuvo que presenciar como ejecutaban a los otros. Luego de su muerte, su viuda no hizo denuncia alguna, indicando que “tenía miedo, tenía miedo de que me tomaran a mí y que a mi niña que tenía cinco años cuando él murió se quedara sola”,  este miedo es perfectamente entendible dentro del contexto del terrorismo de Estado, puesto que María Pérez también estuvo expuesta, como muchos otros familiares de víctimas al amedrentamiento.

“…tomé a la niña y partimos para allá. La comisaría estaba cerrada y había mucha gente en la puerta. Después de insistir accedieron a dejarme entrar (…) ahí me hicieron esperar un rato apuntándome con una metralleta por la espalda (…) los dos no podían ni hablar, tiritaban, a Artemio le temblaba la mandíbula y venía albo como un pájaro…”[44]

Pedro Abel Araya Araya es otro de los afectados en este caso, considerado dentro de los emblemáticos del Valle de Aconcagua, según los antecedentes reunidos era:

“…Interventor de la mina La Patagua, fue detenido por primera vez el 11 de septiembre, siendo liberado sin cargos una semana después. Su segunda detención se produjo también el 9 de octubre, al presentarse voluntariamente a la Comisaría de Cabildo, a raíz de una citación dejada en su domicilio por funcionarios de dicha unidad policial…”[45].

 Pedro Araya se encontraba prófugo, su familia habría señalado su escondite, al interior de Cabildo en el predio “La Viña”, a un familiar perteneciente a Carabineros, quien lo delató. [46] Luego de su detención en Cabildo, el día 9 de octubre de 1973, fue visitado por su hermana, la cual prestó testimonio de los hechos en julio de 1990 a la comisión Rettig, en estas declaraciones se evidencian varias circunstancias que revisten hechos de violencia durante la detención, tales como el amedrentamiento y la vulneración del derecho al debido proceso judicial. Al respecto la declarante señala que el detenido.

“…físicamente se veía bien, pero de ánimo estaba muy mal ya que él sabía que ellos estaban sentenciados a muerte, pues la orden había llegado desde San Felipe. Cuando lo vi por última vez, los llevaban amarrados con sogas (…) me pidió que veláramos por sus hijos porque a él lo “iban a matar”, me pidió que le avisáramos a una tía para que rezara por él. Él no era creyente en Dios…”[47].

La hermana de Pedro Araya junto a la esposa de Faruc Aguad, recorrieron varios lugares de detención en la ciudad de Valparaíso, puesto que Carabineros de la Ligua dio información falsa acerca de dónde serían trasladados definitivamente los detenidos, el cual, era finalmente la ciudad de San Felipe. Luego de una búsqueda por los distintos centros de detención y el hospital de esta ciudad, fueron enviados desde la Comisaría de Carabineros hasta el Regimiento Yungay.

“… fuimos al regimiento y allá nos hicieron hablar con el fiscal, quien nos informó que los habían matado porque habían tratado de arrancarse cuando los llevaban a la cárcel de Putaendo. También nos dijo “Uds. No saben los pasos que ellos andaban y que mi hermano era instructor de guerrilla en La Patagua…” y además lo culpaban del robo de dinamita en la mina; él no tenía nada que ver con eso ya que después lo encontraron cerca de Los Molinos y se descubrió quienes la habían sacado (…) nos fuimos al hospital a reconocer los cadáveres, el médico legista se portó muy bien con nosotros, entramos con mi cuñada a solas; el cadáver de mi hermano estaba con varios impactos de metralleta por el frente de su cuerpo, estaban botados en el suelo; las frazadas que nosotros le habíamos llevado estaban amontonadas; creo que ahí mismo los echaron. (…) estaban los seis cadáveres, tuvimos la valentía de verlos uno por uno; el finado Faruc tenía los ojos afuera, el finado Mario Alvarado (que era el alcalde de acá) estaba con todas sus tripas afuera, así (…) casi la mayoría, las ropas estaban sucias, llenas de tierra…”[48]

 Otro testigo de los hechos ocurridos en la morgue de San Felipe, señala:

“…al entrar al recinto de cadáveres, vi varios cuerpos tirados en el suelo completamente desfigurados, en extrañas posiciones, con sus cuerpos rígidos y sus ropas desgarradas y manchadas con sangre (…) tenía todo el cuerpo mutilado y ensangrentado y a la altura del estómago, una enorme herida que le atravesaba, por donde colgaba el aparato digestivo, además de una herida de bala en el pecho. El certificado de defunción señala que su muerte se produjo por herida corto punzante del hemitórax izquierdo con rotura de corazón, a las 0:30 horas del 11 de octubre en Putaendo, Las Coimas s/n. Esto significa que fue acuchillado en despoblado y en plena noche (…) no fueron muertos a tiros como se señala en dicha información, sino salvajemente acuchillados…”[49]

José Armando Fierro Fierro, “fue detenido el día 9 ó 10 de octubre en Cabildo, por Carabineros de esa localidad”.[50] A esta escueta descripción dada en el Informe Rettig, se puede agregar la narración de un testigo que se encontraba en la Cárcel de San Felipe, en el momento que estas 6 personas llegaron al penal y que describe el trato que recibieron los detenidos:

“Cuando mataron 6 personas en la Punta del Olivo, yo estaba adentro, con esas personas llegaron como a las 6 de la mañana al cuartel de carabineros, y esas personas que mataron, cuando llegaron en la mañana las aislaron, las aislaron para un lado y las tenían 5 minutos en el calabozo y 5 minutos corriendo, así los tuvieron todo el día, hasta en la noche, nosotros, no teníamos hora no teníamos nada, deben haber sido como las doce o la una de la mañana y ahí los sacaron. Después nosotros nos enteramos que los habían fusilado”.[51]

Existe además en el Archivo COPACHI, una copia de la resolución dictada por la Fiscalía Militar de San Felipe, en respuesta al proceso llevado a cabo por las familias de los muertos el 11 de octubre de 1973 para establecer los culpables de estos hechos. La resolución establece que no da lugar a instruir proceso, puesto que la responsabilidad penal de éstos, se encontraría extinguida, el documento da  la siguiente respuesta.

“… 2°) Que el art. 1° del D.L. 2191 de abril de 1978, concede amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en los hechos delictuosos, durante la vigencia del Estado de Sitio, comprendidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidos a proceso o condenadas(…) 4° Que visto lo dispuesto en el art.107 del código de procedimiento penal; y examinados los antecedentes en cuestión ellos permiten al tribunal establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal; de los presuntos responsables del delito denunciado, en atención a lo que dispone el art.93 del Código Penal…”[52]

En ese entonces el jefe de Plaza era el Coronel Héctor Orozco, el cual había dado orden de lanzarlos al mar para hacerlos desaparecer, al enterarse de que el Dr. Wegner había dado orden de retirar los cuerpos, autorizó un velatorio que duró el tiempo suficiente para que se cavaran las tumbas de los ejecutados en el cementerio de Cabildo.

El 12 de octubre de 1973, el Diario El Mercurio informaba a través de su corresponsal en la ciudad de San Felipe, Pedro Vergara, lo siguiente:

“…en la noche del miércoles, en circunstancias que seis detenidos eran trasladados de la cárcel de esta ciudad a la de Putaendo, resultaron muertos a la altura del sector de Las Coimas, al pretender huir de la patrulla que los trasladaba. Los hechos ocurrieron cuando los extremistas traídos desde Cabildo (…) a la altura del kilometro 8 de Las Coimas, en forma sorpresiva, uno de los extremistas atacó a un suboficial del Ejército, quien quedó herido. Circunstancia que aprovechó el resto para darse a la fuga. A raíz de esto la patrulla militar se vio obligada a usar sus armas de servicio. Dando muerte a los seis fugados…”[53]

La publicación de esta noticia en un medio de prensa de circulación nacional como lo es el diario El Mercurio, la fecha y las descripciones de estos hechos de muerte, hace presumir, y así lo indican algunas fuentes referentes a este caso, que este crimen corresponde a un caso de la llamada Caravana de la Muerte.

Caso Absalón Wegner y Rigoberto Achú:

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Foto: Absolón Wegner Millar y Rigoberto Achú Liendo

El Informe de la Comisión Nacional  de Verdad y Reconciliación establece que el 13 de diciembre de 1973, personal del Ejército dio muerte en San Felipe a otras dos personas:

“Absalón del Carmen Wegner Millar, 31 años, Director del Área de Salud de San Felipe y médico del Hospital Siquiátrico de Putaendo, militante comunista, quien fuera detenido por primera vez el 12 ó 13 de septiembre, durante un día, siendo liberado sin cargos y con orden de reintegrarse a su trabajo en el hospital. Su segunda detención se produjo en los últimos días de noviembre, oportunidad en que fue puesto a disposición de la autoridad militar local.”[54]

Este médico, según personas que prestaron testimonio al COPACHI, fue fusilado alrededor de las 20:30 hrs. por una patrulla militar integrada, por el Dr. Raúl Navarro, oficial al mando, Milton Núñez, oficial, Roberto Machuca, oficial 1°, Teniente Jara, Teniente Lobera, soldado reserva Espinoza, quien conducía la camioneta, otros oficiales y soldados. Absalón Wegner y Rigoberto Achú fueron sacados de la Cárcel de San Felipe, para conducirlos a declarar a la Fiscalía Militar, a su regreso el oficial al mando adujo que la camioneta había quedado en pana y en calle Molina esquina 5 de Abril fueron fusilados. Tanto Absalón Wegner como Rigoberto Achú se encontraban físicamente imposibilitados de moverse. Rigoberto Achú no podía correr y tampoco pelear y menos usar un arma pues sus manos estaban inhabilitadas por la tortura.[55]

En el informe Rettig no se señala la causal de detención de Absalón Wegner, puesto que nunca existieron cargos en su contra. Sin embargo según una entrevista hecha a una persona ligada  a una organización defensora de los Derechos Humanos en el Valle de Aconcagua, indicó que presumiblemente existe una conexión entre la ejecución de Absalón Wegner y el caso de los ejecutados de la Punta El Olivo, ya que este doctor habría intervenido para que los familiares de estas personas dieran, en la morgue de San Felipe, con los restos de sus familiares, los cuales iban a ser hechos desaparecer. Otra premisa que vincula ambos casos se refiere a que la patrulla militar que les dio muerte a estas dos personas, fue la misma que asesinó a las seis personas trasladadas desde Cabildo, en la Punta del Olivo.[56]

Rigoberto del Carmen Achú Liendo, Secretario Seccional del Partido Socialista y Jefe de Desarrollo Social de San Felipe, por su militancia, desarrollaba una serie de actividades como dirigente de base, como organizar las JAP, juntas de vecinos, Centros de Madres y Clubes Deportivos.

En cuanto a los hechos en torno a la ejecución de Rigoberto Achú, es que había sido detenido con motivo de ser un agitador del PS, condenado por sus ideas extremista, al ser acusado de salir a buscar el respaldo popular para oponerse a las fuerzas de derecha y ocultarse cuando fue requerido por el Jefe de zona del estado de Sitio, por lo que para las autoridades, era una persona considerada “un elemento peligroso para el estado que se vive”.[57]

“… Fue detenido el 12 de septiembre en casa de un familiar por efectivos militares del Regimiento de Infantería Nº3 «Yungay», luego de haber sido llamado por un bando militar, se le recluyó en la Cárcel de San Felipe, desde donde era sacado regularmente para ser interrogado en el Cuartel de Investigaciones por personal de dicha repartición”[58].

No es menor el hecho de que Rigoberto Achú fuese torturado en el cuartel de Investigaciones de San Felipe, puesto que él habría trabajado en este Servicio, por lo que es presumible que ex compañeros de trabajo de esta víctima hayan sido quienes le infligieron la tortura.[59]

Según lo que nos Ofrecen las fuentes documentales del Archivo de la Comisión de DDHH del Obispado de San Felipe, en una denuncia hecha por su Padre, se pueden develar otros antecedentes respectivos a este caso.

“… Fue a la cárcel y en sus murallas de 5 de abril encontró las señales del fusilamiento, recogió tres proyectiles (…) El cuerpo de Rigoberto Achú presentaba varios impactos de bala y uno en la sien que correspondía a un tiro de gracia…[60]”.

La Comisión Rettig, estableció que la versión oficial de los hechos, en la cual se aducía a la Ley de Fuga no era verosímil, puesto que ninguna de estas dos personas había intentado, en caso alguno eludir a la justicia, sino que correspondería a un montaje de los militares para justificar su ejecución ante la opinión pública, al respecto establece lo siguiente:

“…La existencia de testigos presenciales y verosímiles que señalaron que los detenidos eran custodiados por una patrulla del Ejército camino a la Cárcel y que en determinado momento, sin que existiese intento alguno de fuga, los funcionarios militares les dispararon por la espalda, rematándolos posteriormente con otros disparos. Declararon además, que los cuerpos fueron subidos inmediatamente a un vehículo, y que personal de Gendarmería salió en los mismos instantes del recinto carcelario con baldes de agua, para lavar los rastros de sangre de la vereda…”[61]

Un testimonio escrito por Marcela Sabaj S. titulado Ley de Fuga, hecho en el año 1985, se evidencian una serie de circunstancias que es necesario exponer para dar cuenta del operar de la violencia política en este caso particular, como también para extrapolar y establecer cómo operó la violencia política en la Provincia de Aconcagua.

El testimonio señala que:

“…fue detenido el 12 de septiembre de 1973, estaba en mi casa, la que fue allanada por efectivos militares que procedieron a detenerlo… ellos se enteraron de que él se encontraba en mi casa por la gente que vive en el sector. Es decir, vía soplonaje.[62]

(…) estuvo en varias partes, a veces lo llevaban a investigaciones para ser interrogado. En una oportunidad lo visité, él no podía caminar porque lo habían quemado, le habían aplicado corriente en los testículos (…) de la tortura hay constancia, porque el obispo de ese entonces, Enrique Alvear, en una visita que hizo a la cárcel logró que todas las personas que se encontraban muy mal por las torturas, fueran llevadas al hospital”[63].

Las gestiones hechas por familiares para la liberación de  Rigoberto Achú señalan que los motivos por los cuales se le perseguía habían ocurrido con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, es decir, en una fecha anterior a que estos hechos estuvieran declarados como ilegales, además justifican que la casa donde se encontraba resguardado Rigoberto Achú, fue allanada antes de la hora a la que había sido citado ese mismo día ante los Jefes de Servicio de los Tribunales Militares de San Felipe, el día miércoles 12 de Septiembre, por lo que no cabría a lugar la acusación respecto a la evasión de su requerimiento por las autoridades, ni tampoco la acusación de agitador puesto que:

 “…Desde el día 12 en adelante, el señor Achú ha estado físicamente imposibilitado para cometer estos delitos (…) Hago notar que la peligrosidad se atribuye a las IDEAS, no a los hechos, acciones o actitudes; esto lo considero grave, ya que aparece persiguiendo las ideas, o sea EL PENSAMIENTO”[64]

Victimas No Notificadas (NN)

Caso NN de Chincolco:

La noticia de los NN de Chincolco, sale a la luz pública en noviembre de 1990, tras la exhumación de una fosa común del cementerio de Chincolco  a cargo del Juez del Crimen Atilio Araya. Esta acción fue solicitada debido a la querella por inhumación ilegal presentada por las abogadas del  Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) Juana Cuadrado y María de la Luz Salaz. Las abogadas, recibieron una denuncia realizada por los integrantes de la agrupación de Verdad y Justicia presidida por Reinaldo Flores de la comuna de Petorca, el cual, a su vez recibió los datos de los habitantes del lugar de Chincolco, los que denunciaban que en una tumba del cementerio de la localidad, se encontraba una fosa con la descripción N. N., en la cual habrían enterrado a una familia compuesta por una pareja y un menor de edad, a éstos, se suma otro varón, que podría tratarse de Enrique Jeria, militante del Partido Comunista por quien se inicia la investigación. La denuncia dice lo siguiente:

                “…hemos tomado conocimiento que en el registro de defunciones de Chincolco del año 1975, bajo el N° de inscripción 9 con fecha 27 de septiembre de 1975, aparece inscrita la defunción de un N.N., fallecido el 25 de septiembre de 1975, a las 6 horas, en Chincolco, El Sobrante, en la vía Pública. Se señalan ahí como causas de la muerte anemia aguda y herida a bala. Consta además, en dicha inscripción, que el cuerpo seria sepultado en el cementerio de Chincolco (…) por otra parte, en el libro N° 1 del Cementerio de Chincolco, aparece registrado, con fecha 25 de septiembre de 1975, un N.N., de 40 a 50 años, sexo masculino, causa de muerte anemia aguda, herida a bala. Este libro se encuentra en el Archivo de la Ilustre Municipalidad de Petorca, no así en el cementerio de Chincolco, en donde se informó que el referido libro se quemó. (…) Las razones que nos llevan a creer que el N.N., es nuestro hermano, son las siguientes:

En el año 1975, (…) vieron acercarse por el camino principal del Asentamiento, a un grupo de 6 personas, 5 adultos y un menor. (…) pudieron percatarse de que se trataba de dos carabineros que iban a caballo, quienes llevaban detenidos a dos hombres y una mujer adultos y a un niño. Los hombres y la mujer llevaban las manos  amarradas con cuerdas y, éstas, iban atadas a las cinchas de las monturas. El niño era llevado al anca por uno de los carabineros (…) los funcionarios policiales aprehensores eran un Suboficial de Carabineros de apellido Fernández y el Cabo Jorge Villarroel Gamboa, ambos portaban fusiles”[65].

Vale agregar que la información prestada en  esta  denuncia, fue recopilada por los mismos familiares a través de los testimonios de gente de la localidad, funcionarios del Servicio Médico Legal de Petorca, y trabajadores del cementerio Municipal de Chincolco. Además la familia Jeria Silva indica antecedentes acerca de los funcionarios policiales, señalando a los Carabineros de Petorca, Nelson Vera, Santiago del Carmen Orellana Castillo, Dagoberto Rocha y Jorge Villarroel Gamboa. Todos ellos retirados de la institución al momento en que se realizaron las acciones legales al respecto. Además, dentro de esta querella criminal se solicita la exhumación de los restos que según se presume corresponderían a Enrique Jeria Silva. Señalando la ubicación de la tumba donde se encontrarían dichas osamentas. A raíz de estas circunstancias se efectuaron las correspondientes investigaciones que fueron recogidas por el  Informe del Grupo Antropológico Forense de la Ligua realizado tras la exhumación, donde se indica lo siguiente:

1.-Se informa U.S., que conforme a lo solicitado por el juez del juzgado del crimen de Petorca, se concurrió al cementerio municipal de Chincolco, localidad ubicada a 63 kilómetros al este de la ciudad de la Ligua. Donde se procedió a la exhumación de un N.N., que correspondería a Enrique JERIA SILVA, según lo señalado en la querella interpuesta ante ese tribunal, seguido el PROCESO Nr. 2.355. Las excavaciones se iniciaron el día 29 de noviembre del presente año, a las 16:30 horas, a cargo del personal G.A.F. (Grupo Antropológico Forense), a cargo de la Antropóloga Srta. Isabel REVECO, culminando el día 01 del presente mes a las 20:30 horas.

2.-En conformidad a los antecedentes obtenidos en la inspección ocular y los proporcionados por el grupo antropológico, se logró establecer que las  osamentas encontradas conforman el siguiente cuadro:

                – Un lactante de no más de un mes de vida.

                – Dos menores de edad de uno a dos años y el otro de cinco a seis años, sin determinación de sexo.

                – Un joven de entre 15 a 20 años de edad, sin sexo determinado.

                – tres adultos masculinos, que fluctúan entre los 35, 40 y 53 años de edad respectivamente.

                – Un cráneo solo.

Así mismo en estas fosas fueron encontrados dos ataúdes y en el que correspondería al N.N., enterrado según el libro de registro de defunciones del cementerio de Chincolco, fue encontrado además un proyectil, que fue enviado de criminalística de la policía de investigaciones de Chile, para el análisis respectivo.

3.- De acuerdo a la orden de investigar simple que existe en esta comisaría judicial, oficiales han realizado diversos empadronamientos y recogidos testimonios del personas del lugar, se estableció que en septiembre de 1975, personal de carabineros de Chincolco, detuvo en el interior del lugar denominado el Sobrante a dos hombres y una mujer adultos,  los que presuntivamente podrían corresponder a las osamentas encontradas en dicho cementerio.

Conforme a testimonios de personas que tuvieron contacto directo con estas personas, corresponderían a las siguientes características físicas: Un hombre de aproximadamente 45 años de edad, 1.70 a 1.75 metros de estatura, tés blanca, ojos de color verde, pelo castaño claro, vestía sombrero de paño tipo caballero, pantalón de género al parecer color gris. Un hombre de entre 3ª (sic) a 35 años de edad, moreno, pelo negro, vestía blue-jeans, polera color no determinado. Una mujer entre 30 a 35 años de edad, 1.75 metros de estatura aproximadamente, delgada, pelo color negro liso, largo altura de los hombros.

Conforme a antecedentes obtenidos extraoficialmente se tiene conocimiento que Enrique JERIA SILVA, fue visto con vida en el mes de agosto de 1976 y declarado como desaparecido presunto a contar del 18 del mismo mes y año, por la Vicaría de la Solidaridad, por lo cual se descarta que sería uno de los N.N. sepultados en el cementerio de Chincolco.

 4.-Se hace presente a US., que se continúan con las diligencias tendiente a establecer las identidades a quienes corresponden las osamentas encontradas en el mencionado Campo Santo”[66].

Existen otros antecedentes en torno a este caso los cuales fueron recogidos por la Comisión de DD HH del Obispado de San Felipe a través de declaraciones hechas por testigos y conclusiones sacadas por la misma comisión. Algunos de estos testimonios corresponden a manuscritos hechos por personas pertenecientes a la Comisión de DD HH del Obispado de San Felipe y artículos de la prensa de la época en que se realizaron estas exhumaciones[67]. Estos documentos extraoficiales permitirían tener un mayor conocimiento sobre las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos. Por ejemplo, un relato dice lo siguiente:

“La gente en Chincolco, conoce este caso como el de “Los Indigentes”, los cuales están enterrados en una tumba en el Cementerio de Chincolco que pertenece a la Municipalidad de Petorca. Se comenta que los cuerpos allí enterrados pertenecerían a:

Un hombre, una mujer embarazada, un adolecente que acompañaba la pareja y un hombre adulto, alto.

Recuerdan haberlos visto en Chincolco, que llegaron al sector del fundo El Chalaco, que habían comido con algunas personas de ese lugar.

Señalaban que iban a intentar irse para el lado de Argentina y que se dirigieron al sector de El Sembrante, posteriormente son ubicados en el sector denominado El Trapiche, lugar donde solicitan que se les de alimento ya que tenían hambre. Se presume que una o dos personas habrían viajado a Chincolco para alertar a Carabineros de la presencia de “personas extrañas que iban arrancando”.

Ante tal hecho Carabineros de Petorca llega al lugar procediendo a detenerlos; existe resistencia y disparan sobre el hombre dejándolo gravemente herido y dejando expresa amenaza de que nadie auxilie al herido mortalmente.

El herido de muerte grita que le den agua y le ayuden; nadie de las personas que saben de su situación quieren ayudarlo, salvo un joven que les da agua. En esos momentos de dolor grita que le maten para no seguir sufriendo más, permanece en esas circunstancias y muere en el lugar donde hoy hay una “gruta”.

A la mujer y al joven los bajan en el retén de Chincolco amarrados y la población ve este espectáculo.

Al herido, ya muerto, lo van a buscar después para el retén de Chincolco A muchos apremios y muere en el recinto policial.

Posteriormente el grupo es llevado al (Instituto Médico Legal) Hospital para darle un carácter de legalidad a estos crímenes, después de cumplido esto; los cuerpos son traídos de nuevo a Chincolco en furgón.

Se comenta que se hace un cajón de tablas de todo el largo por personas que trabajaban a través del Programa de Trabajo impulsado por la Municipalidad (Empleo Mínimo); trasladaron los cuerpos dentro del cajón 8 a 10 personas – un cajón muy pesado- lo que hace pensar que los 3 cuerpos iban en el cajón.

Existe también la versión de que posterior al entierro, los habían desenterrado y quemado 2 cuerpos en lugar denominado la “Huesera” como a las 11 de la noche y que al otro día se encontraron las manchas de aceite y de los cuerpos quemados lo que hace presumir que hay un solo cuerpo en el cajón.

Nota: todos los antecedentes han sido recopilados de las conversaciones con numerosas personas; falta la entrevista con muchas otras personas que nos podrían indicar el lugar de donde provienen estas personas; falta un relato por escrito de la persona que tenía las llaves de las puertas del cementerio.”[68]

A pesar de la cantidad de antecedentes hallados  y las gestiones realizadas en torno a este caso, nunca fue posible establecer la identidad de los restos encontrados en el Cementerio Municipal de Chincolco.

Casos de Hallazgos de Osamentas:

Existen una serie de casos de hallazgos de osamentas hechos en distintas localidades de  la Provincia de Aconcagua, la mayoría de los sucesos referidos en este apartado fueron realizados en la primeros años de la década de los 90, último periodo en que funcionó la Vicaria de la Solidaridad en la Comisión de DDHH del Obispado de San Felipe; archivo utilizado para la elaboración de este apartado, consistente en testimonios, denuncias, informes de distinta naturaleza y artículos de prensa.  Algunas de las denuncias refieren a distintas circunstancias en que fueron hechos estos hallazgos, las que van desde algunos hechos por obreros en el desarrollo de sus faenas de trabajo, otros hechos por personas que en su transitar descubrieron azarosamente estos restos humanos, además de otros casos que hacen referencia a sepulturas en las cuales no está determinada la identidad de los restos de las personas que ocupan estos sepulcros. Los casos que se detallarán a continuación serán considerados dentro de este estudio, puesto que presumiblemente los restos podrían relacionarse con personas que perdieron la vida a manos de agentes del Estado o a su servicio A pesar de la dificultad de establecer esta circunstancia, existen dos casos que entregan premisas de haber sido de esta naturaleza. Ya que sus antecedentes han sido recogidos y divulgados por testigos, la comunidad y en algunos casos los medios de prensa.

El primero de ellos es el caso del hallazgo hecho en el sector de Los Molles, específicamente en el Puente La Ballena, el 8 de julio de 1990, por dos mujeres que transitaban por el lugar. El descubrimiento dio pie a una serie de acciones para establecer la identidad y la causa muerte del occiso.

El examen de autopsia forense del Servicio Médico Legal de Santiago[69], examinó los restos incompletos de una persona adulta entre 40 a 45 años, basándose principalmente en un análisis odontológico se determinó que los restos tenían características masculinas, la causa de muerte es indeterminada, no se tienen más datos acerca del desenlace de esta situación, sin embargo existe un documento correspondiente a un  diario de la época que señala:

“…osamentas dentro de un saco, que podrían corresponder al desaparecido alcalde de la Serena durante el régimen de la Unidad Popular (…) cuyo automóvil fue encontrado vacio en Los Vilos en las semanas posteriores al 11 de septiembre del 73(…) oficialmente el cadáver corresponde a un NN de sexo Masculino. Actualmente se están haciendo los análisis correspondientes en las dependencias del Instituto Médico Legal de Santiago.”[70]

Además unas anotaciones manuscritas hechas por personas del Obispado de San Felipe que refieren al caso, tampoco da indicios de la identidad de esta persona, ni indicios de la causa de muerte, sólo da cuenta del modo en que los restos fueron arrojados a este lugar, los cuales habrían sido desenterrados y arrojados desde el viaducto.

Otro hallazgo de osamentas, mucho más divulgado por la prensa de la época, consiste en el descubrimiento de alrededor de 16 cuerpos, enterrados en el fundo La Ensenada de Vichiculén, propiedad del exportador de frutas Luis Peppi. Este caso causó gran impacto en la opinión pública al ser tratado en diversos artículos y periódicos de la época debido a las circunstancias que rodearon este descubrimiento. [71]

“los restos fueron encontradas en junio de 1988 por un grupo de trabajadores agrícolas que realizaba excavaciones en un parronal, con el fin de depositar guano, entonces encontraron 16 cadáveres  en una fosa de 60 cm de profundidad, todos ubicados en línea horizontal uno al lado del otro. El dueño del fundo, Luis Peppi Profiri al enterarse de la situación, ordenó cavar un osario donde se depositaron los cadáveres hasta decidir qué hacer con ellos, pues según señaló él a sus trabajadores,-se trataría de un cementerio indígena-. Así mismo, prohibió difundir el hallazgo  amenazándolos con despedirlos.”[72]

El hecho se dio a conocer de igual manera y fue denunciado al Juzgado de la Calera el viernes 30 de septiembre de 1988 por el periodista Alejandro Lizana y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Esta situación fue divulgada tras el encuentro de estas osamentas en la fosa por los comentarios de los vecinos del sector quienes agregaron a la investigación que dicho predio pertenecía previamente a Fernando Errázuriz quien poseía un aeródromo particular en dicho lugar,

“…en el sector de Vichiculén no existen unidades militares cerca, sin embargo, personas del lugar expresaron que durante las horas del toque de queda, los días que sucedieron al pronunciamiento militar, llegaban hasta Vichiculén gran cantidad de camiones militares; otras veces, siempre en horas del toque, aterrizaban aviones y helicópteros enla cancha de aterrizaje de don Fernando Errazuriz, que como todas las pistas, estaba controlada por la Dirección de Aeronáutica…”[73]

El caso toma otros ribetes cuando se inician las acciones legales en torno a este caso, ya que existe una versión de que Carabineros -tras la filtración de los acontecimientos- habría realizado exhumación ilegal de estos restos  en los momentos previos a que se realizara el procedimiento ordenado desde los tribunales pertinentes con el claro propósito de entorpecer la investigación que se estaba levantando en relación a este caso. Entre el 9 y 11 de octubre del año 1988, un medio de prensa dedica un reportaje a este caso, indicando en su encabezado “Un falso Juez ordenó sacar osamentas de Llay Llay y las hizo desaparecer”[74]

“…Samuel Elberg Grünberg, Titular del Juzgado de Letras de esta ciudad, habría sido suplantado en su cargo por desconocido que se hacía acompañar por el Jefe de la Subcomisaria de Carabineros de Llay – Llay, Capitán Ramón Manuel Briceño, según trascendió ayer en el Tribunal de Calera.

El delito se habría cometido pasadas las 8 horas del lunes del presente (…) el móvil de la suplantación habría sido la necesidad de retirar inmediatamente las osamentas que el dueño de la parcela, Luis Peppi Profiri, había ocultado en un osario después de inhumar ilegalmente los 16 esqueletos de una fosa común (…) A las 16 horas del Lunes 3, llegaron hasta el predio de los Peppi el Juez Titular Samuel Elber; el Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos con sede en Valparaíso, Luis Bork; la abogada patrocinante, Gioconda Cotroneo y personal de Policía de Investigaciones de La Calera.

 Removieron la tierra del lugar donde estaba el osario, cavaron más de metro y medio para encontrar solamente un diente joven, blanco y sano; nada más.

Mientras tanto al Servicio Médico Legal de Quilllota se enviaba un cráneo y algunos huesos que bien podrían datar de aproximadamente más de cien años…”[75]

Luego el mismo reportaje se encarga de entregar antecedentes sobre las características de las osamentas originales halladas en el fundo:

“… no recuerdo fecha exacta cuando Sergio Varas encontró el primer finado; salieron 7 al hilo, todos en hilera, y luego aparecieron los demás (…) Tenían todos la dentadura completa y sanita; los huesos blanquitos, se notaba que eran huesos nuevos (…) Uno de los esqueletos era de mujer, lo reconocimos por la forma de las caderas, por la cabellera larga, por un trozo de tela que parecía una falda y por un rosario (…) Todos andábamos espantados, porque el patrón nos tiene amenazados si contamos todo lo que sabemos; escuché decir, no me consta, que se contrató un abogado para que se instruyera a todos los testigos…”

Estos casos ilustran cómo se ocultó y falseó información, se amenazó a testigos y se obstaculizó el procedimiento legal con el objetivo de perpetuar la condición de impunidad ante los hechos de desaparición.

Por otro lado son muchos otros los casos de los cuales no se posee muchos antecedentes, por tanto imposible lograr un conocimiento más acabado de las circunstancias que rodearon tales hechos, sin embargo estos fueron recopilados de igual forma y se presentaran a continuación:

En la ciudad de San Felipe, en marzo de 1993, durante la construcción del actual Hospital San Camilo fueron encontradas osamentas, el hallazgo fue hecho por trabajadores durante las faenas de construcción, el caso causo gran revuelo en la zona, ya que el caso estuvo en la palestra por medio de los diarios locales. Las osamentas,  luego de los análisis respectivos, fueron declaradas – al igual que otros casos que se dieron en la zona en este periodo- como restos que tendrían como procedencia presuntos cementerios indígenas. Por lo que se descartaba la tesis que postulaba que estos restos pudiesen corresponder a restos de detenidos desaparecidos, El diario El Trabajo anuncia: “expertos aseguran que tienen sobre 400 años, se descarta tesis de detenidos desaparecidos.”[76]

Otro caso es el de las tumbas sin registro en el Cementerio del Almendral, caso que fue también anunciado en la portada por un medio de prensa local[77]; según los antecedentes registrados en el Obispado de San Felipe, habrían señales en torno a este caso que indica que podría haber relación entre este y las desapariciones masivas que ocurrieron en todo Chile durante la Dictadura.

“Los 12 nichos serian ocupados supuestamente de forma ilegal, se encontraron restos en 11 de ellos, en 9 los restos estaban en cajas y eran sumamente antiguos, en los  dos restantes, los restos eran más recientes, se podían encontrar aún vestimentas en buen o regular estado de conservación, en uno de los nichos los restos estaban en un ataúd, cajón al parecer de alrededor de 20 años de confección, el juez envía al SML, se cumplen las diligencias pertinentes a los peritajes para lo que se le solicita a la comisión DDHH aconsejar algún experto conocido de la Vicaria”[78]

En Petorca, el 11 de junio de 1990 específicamente en el sector de  Quebrada Honda se hizo hallazgo de, según lo dice el documento, Cuerpos incinerados a los cuales les faltaban las extremidades inferiores.

En la misma localidad, en un  terreno municipal, que pertenecía anteriormente a la cárcel de Petorca:

“Osamentas encontradas durante las faenas de construcción del edificio de la compañía de teléfonos, Cráneos y piezas óseas Sector Rinconada de Los Andes.: hallazgo de restos el 16 julio, por campesino. Hacia hoyo para enterrar caballo, los depósito en un saco, se los lleva al párroco Alexis, no se la recibe, le sugiere buscar abogado, se denuncia a través de la vía judicial, las osamentas fueron enviadas el SML para el estudio correspondiente.”[79]

En la Rivera del Rio la Ligua, en la ciudad homónima, se hizo un  hallazgo de restos humanos por niños del sector de  Illalolén  cuando se cavaban terrenos para la siembra de temporada.

“…al ser consultados por La Tercera, los funcionarios del Museo, señalaron que es muy posible que estas osamentas sean parte de un cementerio indígena que está comprobado, existió, antes de la llegada de los españoles”[80]

Además de estas situaciones, se encuentran, en el Obispado de San Felipe, específicamente en la Carpeta dedicada a estos casos, una serie de otros antecedentes sobre hallazgos de osamentas, sin embargo los datos son muy escuetos como para determinar algún detalle más al respecto.

Otras manifestaciones de la Violencia Política: Detenciones, Tortura y Prisión Política en la Provincia de Aconcagua.

Para la realización de este apartado, se han tomado una serie de fuentes referenciales. El principal corpus de conocimiento oficial en torno a esta problemática, es el Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, el cual ofrece una serie de antecedentes en torno a este fenómeno y a los tintes que tomó a lo largo de la Dictadura, deteniéndose y detallando los métodos de tortura, los recintos de detención por provincia y el perfil de las víctimas. A pesar de lo valioso que resulta esta información para los fines que persigue esta investigación, el citado informe no hace un detalle de los hechos ocurridos por localidad y quienes fueron las personas afectadas, por lo que poseen la utilidad de ser referencia de que los hechos efectivamente ocurrieron, pero no se sabe quiénes fueron los involucrados, ni como actuó la represión en la Provincia de Aconcagua. Por lo tanto, debemos remitirnos, complementariamente, a las fuentes que nos proporciona el Obispado de San Felipe, pertenecientes al Archivo del COPACHI y la Vicaria de la Solidaridad, además de una serie de fuentes testimoniales que fueron recogidas a través de entrevistas.

A través de esta indagatoria, se dio cuenta de que la cantidad de personas detenidas y violentadas por motivos políticos en la Provincia de Aconcagua es una cuestión difícil de cuantificar con exactitud, pues son muchos los casos en los cuales no existe registro alguno de la detención o la privación de la libertad de estas personas, ya sea por el silencio de las víctimas y victimarios, o por las irregularidades de los procedimientos. Por lo tanto se hace casi imposible conocer a cabalidad el número de afectados por esta situación durante este periodo. Además el uso de la violencia por parte del Estado afectó directa o indirectamente a la mayoría de la población de la zona, basta con mencionar la instauración del toque de queda, el hostigamiento, la vigilancia y el amedrentamiento propios de una ocupación militar.

 Según los datos recopilados fueron alrededor de 249 casos[81] los que presentaron algún tipo de registro, estos se componen por los archivos del COPACHI, de la Vicaria de la Solidaridad y otros antecedentes recopilados durante el proceso de trabajo de las comisiones Rettig y Valech que fueron archivados por el Obispado de San Felipe.

 En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de detenidos según año.

(Cuadro N° 1)

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Se interpreta a través de estos datos, que en los meses que siguieron al golpe de Estado, en el año 1973, se efectúan la mayor cantidad de detenciones del periodo considerado en esta investigación, el cual disminuye abruptamente para el año 1974 y posteriores, lo cual nos arroja que efectivamente, para el año 1973, inmediatamente después del golpe de Estado, se produjeron algunos casos el exterminio y la detención masiva de cualquier persona que representase algún tipo de oposición a la Dictadura, cuestión que iría disminuyendo en intensidad paulatinamente a medida que avanza el periodo en cuestión. Por otro lado, la alta cantidad de casos donde no sido determinada la fecha de detención, revela, la compleja situación de los afectados que ante el desconcierto no son capaces de identificar el día de su detención. Además no solo se registraron detenciones, también se incluyeron denuncias de abusos de poder, despidos injustificados, relegamientos, entre otros ejemplos de violencia política.

En relación a la procedencia de estas personas, el Archivo del Obispado de San Felipe acopia una gran cantidad de documentos que entregan información sobre la residencia de las personas al momento de hacer la denuncia o bien al  ingresar en las nóminas de ayudas entregadas por la iglesia, estos antecedentes tras ser sistematizados rebelaron importantes antecedentes sobre las dimensiones de la violencia en el valle de Aconcagua, por ejemplo se deduce que las comunas con más residentes afectados corresponderían, en orden decreciente a: San Felipe, Los Andes, Putaendo, Chincolco, La Ligua, Petorca, en primer lugar las dos comunas de mayor población de la provincia del Aconcagua que fueron sede de la mayoría de los apremios efectuados contra personas de toda Región, en segundo lugar se encuentra la comuna de Putaendo, zona de Relegamiento donde además se mantuvieron algunos prisioneros en la cárcel de la comuna, en tercer lugar se posicionan las ciudades pertenecientes a la actual comuna de Petorca, donde un gran número de las detenciones registradas corresponde a personas ligadas a la producción minera.

(Cuadro N°2)

cuadro2

Es importante agregar que la mayor cantidad de denunciantes antes de su detención cumplían oficios de mineros, trabajadores industriales, obreros agrícolas y empleados públicos.[82]Además son muchos los estudiantes y, en menor medida, miembros de las FF AA, que engrosan los registros del Obispado de San Felipe.

Además la mayor cantidad de detenciones de las cuales se llevó registro fueron respecto a infracciones a la Ley de Control de Armas y Explosivos y a Ley de Seguridad Interior del Estado, siendo especialmente afectados por la primera los obreros dedicados a faenas relacionadas con la explotación minera, la cual es muy extendida en la zona. En el caso de la segunda, la ley de Seguridad Interior del Estado, se vieron afectados principalmente los integrantes del Partido Comunista, Partido Socialista y militantes del MIR, por ser líderes sindicales y/o por tener participación política activa dentro de la comunidad.

Estas supuestas infracciones permitirían legitimar el proceder represivo y las detenciones ejercidas por las fuerzas militares y de orden. Las detenciones se expresaron de distintas formas en algunos casos se efectuaron en la vía pública, lugar de trabajo o bien en el domicilio, cabe destacar que esta última modalidad, en la mayoría de las ocasiones venia acompañada del allanamiento del hogar, viéndose afectada toda la familia por el actuar violento del aparataje estatal. Un ejemplo de allanamiento, ocurrido en la ciudad de Los Andes, es relatado por uno de los entrevistados de la siguiente manera:

                “Allanamientos sufrí tres, ¡no! dos nomas, porque al tercero estallé. Yo entiendo que en un ser humano adentro hay un salvaje, y yo fui a “toa” (…) primero no po´, pedía explicación usted y vamos el culatazo, el combo al tiro y a tierra. Y yo no tenía arma. En el primer allanamiento  que arrojó, nada, cero, en el segundo lo mismo, iban pa´ un tercero, dejaban la casa patas pa´ arriba, colchones de una sola tirá, los Rosen los CIC, los partían, más que un allanamiento era daño. Yo tenía cabro chico y mujer y  yo esa vez estallé y me fui a la pela, al choque, contra tres pero a uno ahí le despierta el instinto salvaje. El miedo que yo tenía, como le sucedió a otro compañero que le violaron. Si las niñas estaban “cazueleras” ya, de trece años, se las violaban en la presencia del padre y la madre y a la dueña de casa también poh. Entonces uno no actuaba como le dijera por gallardía, sino por temor” [83]

Hechos de violencia de este tipo e incluso otros más graves es posible rastrear en toda la Provincia de Aconcagua, los Archivos del Obispado de San Felipe y las personas entrevistadas durante la investigación, dan pruebas de estos hechos y develan las muchas formas que asume en cada circunstancia. Por ejemplo  uno de los entrevistados, también registrado en el archivo, relató un atentado en su contra, ocurrido en el extranjero, este sigue así:

“…entonces el país que a mí me acogió fue Honduras (…)  al poco tiempo empecé a trabajar en una empresa hondureña-americana. De fabricación de muebles… y yo en esa empresa tenía cargo en el departamento de exportación. En la empresa había un empleado Ruso-Americano que se llamaba Chaly. (…) el me invita a un restorán a comer patas de chancho, cuestión que es muy común en honduras, estábamos en el restaurant cuando aparecen tres tipo por la escala del segundo piso, tres tipos de traje azul, lentes oscuros y azul y se dirigen a la mesa a saludar a Chaly. A mí no me pescaron ni pal “huebeo”. Yo los cache al tiro que eran chileno, porque yo sabía, a mi me habían comentado como andaban vestidos los de la CNI, los de la DICONCAR, yo como a los 15 minutos me paro de la mesa y le digo Chaly yo me voy a casa toma un taxi. Salgo del local y de atrás sale Chaly y me dice: Mora los amigos me dicen que los llevemos a un lugar más agradable para ellos, a un prostíbulo a una cosa así, entonces le digo yo , bueno, yapo vamos nomás, no me quedaba otra, yo no podía negarme porque uno presume cuando le va a pasar algo, se bajan los huevones de arriba, se suben al auto y Chaly me dice vamos a la salida de Puerto Cortez, se suben al vehículo, parto llego a la circunvalación norte, así se llamaba la zona, sigo llego a la décima avenida, subo por la decima calle hacia el cerro, subo hacia el cerro de la ciudad y pasado la circunvalación 30 me pegan un mazazo en la cabeza y me echan a perder el cerebelo inmediatamente, quede en el volante del vehículo y ahí quede en estado vegetal al tiro, botando sangre. (…) me dejaron con las luces del vehículo prendidas, entonces al momento pasan unos transeúntes y ven el vehículo con las luces prendidas y se asoman y me ven a mí con la cabeza en el volante botando sangre y hacen parar un vehículo policial y en ese vehículo policial me trasladan al hospital más cercano (…) llegan con migo allá, llego al hospital y lo primero que me hacen es una traqueotomía, esto que digo yo me lo contaron, a mi me comentaron después todo lo que había sucedido, por eso se los cuento con tanta claridad…” [84]

Otro testimonio encontrado en los Archivos de la Comisión de DDHH del Obispado de San Felipe, dedicado a los documentos que sirvieron para la calificación dentro del informe Valech, da cuenta de una detención en la vía pública en el centro de Llay-Llay.

                “…frente al N° 8 de Balmaceda, momento en que varias personas transitábamos por el lugar paso un camioneta comunicando por alto parlante que a partir de ese instante comenzaba el toque de queda. Un grupo de 7 a 8 personas ingresamos al local comercial, por temor a ser detenidos, justo en el momento en que bajaban las cortinas para cerrar dicho local. Logramos permanecer gran parte de la noche en ese lugar, pero los militares se dieron cuenta de nuestra presencia y precedieron a abrir las cortinas. Ante nuestra negativa de abrir y entregarnos, pues estábamos en un lugar particular, la patrulla a cargo del cabo militar de nombre Franco nos saco de lugar a golpes de culatas de carabinas que portaban en ese momento. Personalmente puse resistencia al arresto en la puerta del local y me negué a subir a la camioneta, ingresando nuevamente al local, lo que provocó la furia del cabo Franco disparándome un tiro errándome gracias a dios…”[85]

Dentro de las fichas Valech encontradas en el Archivo del Obispado de San Felipe, se hace referencia a una detención ocurrida en el domicilio en la comuna de Cabildo en septiembre de 1973:

                “…fue detenida en su domicilio junto a su esposo por oficial de carabineros; los sacaron a ambos encadenados de su domicilio y los trasladaron a pie por el pueblo rumbo a la comisaria; en la comisaria dice que fue víctima de golpes de culatazos, puño y pie. Y además fue violada por el cabo Morales. Dice que luego los trasladaron a la comisaria de la ligua; ambos fueron víctimas de tortura y descalificaciones verbales, los hicieron testigos de torturas a otros detenidos. Dice que luego los trasladaron a San Felipe y son testigos de la ejecución del alcalde Mario Alvarado…”[86]

En torno a las detenciones ocurridas en el lugar de trabajo de las cuales existe testimonio, vale recordar el caso de Faruc Aguad, Wilfredo Sánchez y el Testimonio de la mujer C.P. de 52 años, tratados anteriormente en las páginas 108 y 94  de este estudio.

Una vez realizado el procedimiento de detención por alguno de los organismos del Estado dedicados a esta tarea, las personas eran trasladadas a algún o algunos centros de detención[87], donde presenciaban o en algunos casos eran sometidos a los procedimientos de rutina, los cuales consistían en interrogatorios, agresiones de todo tipo, torturas y otros tratos inhumanos.

Un testimonio que hace referencia acerca de estos tratos recibidos durante la detención señala que:

“…Con el documento en la mano me dijo ¿”así que no eray comunista”? y procedió a golpearme con la culata de la carabina en el estómago cayendo al suelo. Me levantaron de lo brazos y me los doblaron en la espalda. En esa posición me comenzaron a doblar los dedos de las manos hacia atrás, para que constatara lo que a ellos les interesaba, pues insistían en que yo sabía mucho de las actividades políticas, por ser portero del municipio. Como no pude responder a todas sus interrogantes por no saber, me volvieron a golpear cayendo nuevamente al suelo y uno de los militares puso su bota en mi tobillo, y al tratar de levantarme otro militar me golpeó en la boca quebrándome los dientes de la mandíbula superior, sangrando profundamente lo que fue constatado por los detenidos allí presentes. Luego de eso se me encerró en una pieza oscura hasta el día siguiente (…) el teniente Salgado procedió a golpearme con una luma en las canillas, la espalda y la cabeza para después preguntar por la relación que existía entre el regidor Juan Cortéz S., anterior alcalde Comunista y yo (…) Nuevamente mojaron con agua el lugar de encierro y me mantuvieron por dos días más en esa condición…”[88]

Los hechos que vivieron las personas afectadas por el presidio político han sido constantemente omitidos y negados, sin embargo algunos de los sobrevivientes, a pesar del miedo, prestaron testimonio. Entre estos un ex dirigente sindical relata su detención ocurrida un par de días después del Golpe de Estado:

                “Entonces llegan a buscarme al trabajo y me sacan de ahí, me llevaron a carabineros y estuve yo los 56 (días) desaparecido, así que yo salí a finales de octubre (…) era de martirio, de golpearnos, de todos los días tirarnos, sin dejarnos dormir, nosotros estuvimos 10 días incomunicados, había otro compañero que era del MIR y yo que era comunista,(…) y no nos daban que comer, no nos llevaban agua, ninguna cosa, nosotros tirábamos la cadena del baño,(…) con eso tirábamos agua (…)y en la noche nos sacaban, nos sacaban vendados, nunca nos sacaron sin la vista vendada, y allí donde pasábamos los peores martirios, porque yo que hice el servicio militar, conozco el ruido de una arma, (…) esas son cosas muy terribles, uno piensa que lo van a matar y así po´, de repente nos hacían correr, hacer ejercicio ahí mismo, y ahí los tenían encerrados, pero yo no tenía ningún contacto hacia afuera (…)  En las noches llenaban los calabozos con jóvenes, sobre todo los fines de semana, (…) una noche  llegó un joven tan golpeado que no se podía ni tocar el pelo, porque le dolía todo, yo no sé si el habrá muerto  pero estaba muy mal. Jóvenes que no eran políticos, porque yo nunca los había visto, jóvenes que por ser pololos de una niña, el papá de la niña lo denunciaba y le decían que tenían armas y los otros brutos optaban por golpearlos. Es así que todas las noches dejaban las puertas abiertas, tú mirabas para fuera y ni uno de los guardias, estaba, todo era para que se arrancaran y los mataran por la  ley de fuga. Nosotros llevábamos 10, 20 días sin bañarnos, sin hacer nada y un amigo vecino de acá de la UP me llevaba almuerzo, y eso era lo que comíamos.  Nosotros, entonces a mí nunca me procesaron o sea,  no me pasaron a la fiscalía, porque resulta que a mí me revisaron toda la empresa de molino y no encontraron nada, porque pensaron que nosotros teníamos armas, que estábamos preparados, si hubiera sido así otro gallo habría cantado, pero la cosa fue, que era nuestro trabajo, nada más, nosotros producíamos (…) es completamente diferente cuando no estás preparado. bueno entonces uno nunca pensó que la maldad era tan extrema y que mataran tanta gente (…) Miren para que ustedes sepan, yo antes de ser detenido pesaba 126 kilos y luego llegué  pesar 72 kilos, fue una parte tan terrible de vivir todo ese proceso (…) yo estuve un tiempo aquí en la casa, pensando, yo me asomaba para fuera y ahí estaban los caballeros (…) un día estaban los civiles, otro día estaban los militares, otro día estaban los carabineros, pero siempre había gente.”[89]

Claramente este relato devela la inexistencia de derechos y actitudes éticas, que pudiesen proteger la integridad física y mental de las personas detenidas por parte de las autoridades.

La prisión política poseía otros patrones a los de la prisión delictual. La tortura sistematizada, buscaba perdurar en el individuo a través del tiempo, impactar a su familia y de esta manera propagarla  al resto de la sociedad para sembrar el miedo en todas las personas. Un relato nos demuestra las consecuencias de la brutalidad de las torturas:

                “Incluso aquí en Los Andes habían jóvenes que habían estado detenidos en Colonia Dignidad, una vez un cabro tiritaba y un cabro le dijo fúmate un cigarrito, para que aplaquís los nervios, y más o menos donde está la azucarera (40 cm de distancia) por ahí le tiró el agarrón al cigarro, había perdido el tacto por los golpes eléctricos que le habían dado en la cabeza, había perdido el tacto”[90].

Otros testimonios referentes a las consecuencias de la tortura se encuentran en numerosos documentos acopiados en el Obispado de San Felipe, expondremos algunos de estos casos para referirnos a los alcances que tuvieron estos hechos en la vida de las personas, entre los que cuentan con mayor frecuencia las de orden físico y psicológico.

Un testimonio de una persona militante del Partido Socialista, detenida en la Tenencia de Carabineros de Los Andes, en febrero de 1974 señala que:

“(…) fui torturado con cortes de cuchillo en uno de mis glúteos. Siendo torturado por el Suboficial Carlos Carvallo y Suboficial Dionisio Silva, quedando con secuelas que me invalidan para trabajar o desarrollar otra actividad (…). Secuelas psicológicas, físicas, problemas al tobillo y mano de carácter traumatológico. Nunca se asistió profesionalmente, psicológicamente quedé con mucho miedo, rabia y problemas de amnesia”[91].

Existen otros alcances en torno a las consecuencias de la prisión política, siendo estas de orden social y económico, dentro de los casos trabajados son muchos los que refieren a dos situaciones en particular, por un lado están las consecuencias económicas, traducidas en la pérdida del puesto laboral del afectado, ya sea por su inasistencia producto de la prisión, invalidez a causa de la tortura o bien por causas de su militancia política, estos sucesos produjeron repercusiones de por vida en el ámbito laboral de estas personas, ya que mucha gente durante el periodo que se extendió la Dictadura prefirió evitar el contacto con personas implicadas en detenciones o causas políticas, además era común que las personas que perdieran sus trabajos no recibieran sus finiquitos, ni tampoco fueran pagados a sus familias.

 Por otro lado están las consecuencias sociales que deja la prisión política, el estigma que cargan estas personas y sus familias les provoca ser discriminados y excluidos por el resto de la sociedad que asume esta postura como refugio ante el miedo y la desconfianza producida por la Dictadura Militar, en algunos casos esta situación crítica llevó a los afectados a tomar medidas drásticas, incluso el autoexilio. Respecto a esta circunstancia se encuentra un testimonio al respecto dado por un militante del Partido Socialista, quien fue detenido por civiles, presumiblemente perteneciente a la DINA:

“…a las semanas siguientes me volvían a detener reiteradamente, hasta que la última vez, el primero de mayo de 1974 llegaron a mi domicilio y fui sacado a la fuerza y subido a un vehículo por señores de civiles, nuevamente fui interrogado también golpeado e incomunicado durante 5 días, al final me liberaron dejándome en la rotonda Av. Carlos Díaz de Los Andes con un lavado de cerebro que tenía que abandonar el país lo más pronto posible, porque si me volvían a encontrar sería un hombre muerto. Por eso tan rápido como pude abandone el país por el paso fronterizo los libertadores, el 7.05.1974.

Pase largos años fuera de mi país sufriendo la ausencia de mi familia y no pisar suelo chileno, hasta que el año 1982 decidí volver clandestinamente para así tratar de resolver mi situación (…) al tratar  volver a establecerme en mi país me encontré en la difícil situación que se vivía en aquellos años, tuve muchos obstáculos, nunca pude postular a un empleo fiscal, siempre fui tratado como si hubiese sido indigente o delincuente.”[92]

Las consecuencias de estas manifestaciones del Terrorismo de Estado, repercuten  significativamente en las familias de los afectados, por tanto a este respecto se le dedicó un apartado en particular que sigue a continuación.

La Violencia Política sobre las familias de la Provincia de Aconcagua.

Como se comentó en la primera parte de la presente investigación, la guerra contrasubversiva implicaba la subyugación de la población civil, debido principalmente a que en ésta, se encontraba el sustento y refugio del así llamado enemigo interno, por tanto la aplicación de la misma buscaría efectos inmediatos en las relaciones sociales y cotidianeidad de gran parte de la nación. Cuestión ejecutada con el recurso del Estado de Sitio, fundado en la supuesta guerra que se libera contra el enemigo subversivo representado por los miembros y simpatizantes de la Unidad Popular y el MIR, alineados en torno al supuesto plan de lucha armada denominado “Plan Z”.

De este modo, la violencia política ejercida, alcanzaría directa o indirectamente a grandes segmentos de la población, por ende, son muchos los aspectos de los cuales se puede encontrar información relevante para una mayor comprensión del periodo en cuestión. En el caso particular de esta investigación, la atención se fija en los efectos que tendría la violencia política para la familia de los afectados y en cierta manera, sobre la sociedad misma de la provincia del Aconcagua. De igual modo, son varias las fuentes que pudiesen aportar información fehaciente al respecto, sin embargo aquí se utilizaron principalmente aquellas recopilaciones, seguimientos y ayudas que efectuaba el COPACHI y la Vicaria de la Solidaridad a través del Obispado de San Felipe a las familias afectadas durante el periodo, las cuales consistían en entrevistas efectuadas a testigos y personas violentadas tras el golpe de Estado.[93]  Según éstas, el proceso iniciado el 11 de septiembre conllevaría significativos conflictos para la vida de las familias y cercanos de los afectados, tanto por el hecho mismo de la violencia expresada en allanamientos, detenciones, interrogatorios, etc., como por las consecuencias inmediatas y tardías que tendrían éstos, sumadas a los cambios político económicos y sociales dirigidos por la Dictadura Militar.

Respecto a las afecciones, son evidentes, y son muchos los relatos asociados a allanamientos, detenciones en los hogares, lugares de trabajo y  vía pública, golpizas, interrogatorios, despidos y traslados injustificados, entre otros, los cuales por sí solos, aportan una idea de los efectos en las familias. Por ejemplo, la detención del sostenedor de la familia implicaría una crisis económica, con múltiples consecuencias (migración forzosa, abandono de estudios, pobreza, desamparo etc.), además de las relativas al trauma de la detención misma, ya sea por atestiguar los hechos o bien por la incertidumbre que el arresto y la desinformación generan. Obviando aquellas referidas a conflictos internos propios de cada familia como separaciones, enemistades, etc.

Para el caso de la  provincia del Aconcagua las fuentes aportan varios modelos de situaciones similares, por ejemplo en un informe social de un detenido de 36 años inspector de escuela con 15 años de servicio se da cuenta de lo siguiente:

“su núcleo familiar legalmente constituido, tanto en lo civil como en lo religioso, habitaba la casa (…), del sector (…) en la población (…), en condiciones económicas aceptables.

Esta situación cambio bruscamente a partir de la detención del jefe de hogar y actualmente es crítica, por cuanto quedaron sin ningún ingreso. Esto motivó la disgregación de la familia los niños actualmente viven separados de la siguiente forma: las dos hijas mayores con los abuelos paternos, en su domicilio ubicado en (…) de la ciudad de los andes; los dos niños menores con los abuelos maternos en (…) de San Felipe.

Su cónyuge no cuenta con ningún recurso y hasta la fecha le ha sido imposible encontrar trabajo.

Esta separación ha provocado en la familia serios problemas emocionales, especialmente en los niños, que al alejarse por primera vez de sus padres y entre ellos mismos a integrarse a nuevos hogares les ha producidos graves problemas de adaptación”[94].

En otro caso, ya tratado, el de Orlando Galdames, 41 años de edad,  detenido el 6 de octubre en la provincia de Petorca, muerto por torturas y sostenedor de una familia compuesta por él, su esposa y 8 hijos. Se da cuenta de las circunstancias que debían enfrentar las familias violentadas.

“…la Sra. Olga, quedo viuda con 8 hijos, (el mayor de 17 años y el menos de tres años) y embarazada de tres meses. El día 20 de septiembre de 1973 había cumplido 18 años casada. Quedo totalmente desamparada y en el año 1974 obtuvo una pensión mínima de viudez. El hijo mayor (…) de 17 años de edad fue llevado por sus abuelos paternos a Santiago amenazado también; a los abuelos les allanaron la casa y se llevaron detenido en el mes de septiembre de 1973 a su nieto (…) Este estuvo detenido tres meses en el Estadio Nacional y luego en la Penitenciaria. La Sra. Olga supo al mes después que su hijo estaba detenido, no pudo verlo. A raíz de todos los viajes hacia Santiago la Sra. Olga perdió el hijo que estaba esperando (3 meses de embarazo). Su hijo (…) salió en libertad (…) no pudo seguir estudiando y debió empezar a trabajar en una mina para ayudar a su madre en el sustento de su familia”[95]

Este tipo de casos, donde el sostenedor económico del grupo familiar resulta  detenido y/o ejecutado, se demuestra la fragilidad económica a la que eran expuestos los pobladores, tanto por la pérdida de trabajos, como por la crisis económica que vivía en el país durante la década del 70.

En otro ejemplo, se revela como esta debilidad financiera se intentaba  paliar por distintos medios, incluyendo el trabajo artesanal al interior de la penitenciaria.[96] En un informe  sobre la situación económica y social de un detenido que cumplía el rol de sostenedor de familia, se describen las acciones paliativas para apoyar económicamente a su familia:

“grupo familiar.

(…): soltero, de 23 años de edad, posee estudios correspondientes al VI año de Humanidades en el año 1973 quedó aceptado en Pedagogía en Química en la Universidad de Chile en La Serena, donde permaneció por tres meses, al cabo de los cuales debió retirarse por razones de índole económica

En el momento de su detención  se desempeñaba como bodeguero de la III zona de salud. Salario con el cual  colaboraba al mantenimiento del hogar.

Actualmente cumple condena, impuesta por Tribunales Militares, en presidio de San Felipe y por cinco años. Durante su permanecía en el recinto penal ha trabajado como zapatero remendón, tejedor artesanal, confeccionando telares y ha hecho cursos de matemáticas y de dibujo técnico.
(…): hermano. Soltero, de 18 años de edad curso hasta el II año de enseñanza media como alumno regular, debiendo retirarse por no contar con medios económicos para continuar estudios. Realiza trabajos ocasionales, ya que no le ha sido posible encontrar trabajo estable. Como tiene interés en continuar estudios, se prepara para rendir exámenes como alumno libre. Anteriormente dependía de su hermano.

(…): tía de las dos personas anteriores;  viuda de 75 años de edad, se dedica a los quehaceres de casa, percibe jubilación del Servicio de Seguro Social, única entrada económica fija del hogar y con la cual deben mantenerse las tres personas nombradas. “[97]

                Situaciones de este tipo se muestran comunes en los documentos estudiados y los medios utilizados para salvaguardar la integridad de la familia son varios, en algunos casos se evidencia la migración forzosa de familiares hacia las ciudades con centros de detención o relegación y/o el abandono del hogar para establecerse como allegados en otros. En un memorándum para la Vicaria de la Solidaridad  encontramos varios  ejemplos de esto, en una de éstas se lee:

“Estimados amigos:

Me permito informar lo que sigue:

Don (…), reo rematado por la Justicia Militar, relegado por 5 años desde Illapel a Putaendo, comuna de San Felipe, falleció de un infarto al miocardio el 25 de febrero de 1975, en la casa que arrendaba en Putaendo, calle (…).

Dejo a su viuda doña (…), actualmente no tiene profesión y dos hijos: (…) de 16 años y (…) de 15 años de edad, en desamparo excepto una pensión de viudez y orfandad del S.S.S. que actualmente se está tramitando. Como las condiciones de vida son más duras en Illapel que en Putaendo su familia decidió quedarse acá.”[98]

Por otro lado, todas estas detenciones provocaban otros efectos sobre las familias. La incertidumbre e impotencia generada por el desconocimiento del devenir o la condición de sus familiares detenidos y/o desaparecidos, era agravada por la entrega de informaciones confusas o falaces por parte de las autoridades y la prensa[99]. Esto causaba varios trastornos en la vida de las personas, convertía a la búsqueda de información sobre el paradero y la condición del afectado en una tarea obligatoria, en la cual muchas veces se formaban verdaderas redes de apoyo con otras familias afectadas.[100] Durante estas diligencias, los familiares a veces tenían que recorrer diversos lugares para dar con el paradero del detenido o bien con un dato alusivo, en algunos casos, estas búsquedas incluían el viaje interurbano, especialmente si el detenido era nativo de alguna zona rural.

El testimonio de un caso ya citado, el de los ejecutados de la Punta del Olivo, se puede verificar cómo la hermana de uno de los detenidos cumple diligencias en Cabildo, Valparaíso y San Felipe, siendo acompañada por familiares de otros detenidos. Este relato en particular revela  mucha información respecto a la realidad que enfrentaban estas personas,  sobre lo inicuo de esta búsqueda  y de la rabia que se genera al dar con algún dato relativo al culpable u ejecutor. El testimonio comienza con el detenido Pedro Araya, “amarrado con sogas” siendo visitado por su hermana cuando ya se sabía de su ejecución el día 9 de octubre de 1973, última vez que lo vio con vida, luego sigue así:

“según Carabineros, el día que se lo llevaron iba a Valparaíso, conversé con un Carabinero de La Ligua y él me dijo que lo llevaban a la 2° Fiscalía Naval, en Valparaíso, fui y allá no existía la 2° Fiscalía, íbamos acompañados por la Sra. María Pérez, la señora de Faruc Aguad, iba mi cuñada y yo (no recuerdo bien cuantas personas éramos). Lo buscamos en varias partes, en la intendencia, en otro lugar donde estaban los presos que iban a llevar a Pisagua, y en esas listas no figuraba. Después conversando con un marino dijo que la 2° Fiscalía no estaba allí, ellos era la 1° Zona Naval; vio y nos dijo que ellos no pertenecían a Valparaíso, sino que era de San Felipe. Volvimos nosotros a Cabildo el día 10 de octubre de 1973. El día 11 de octubre nos fuimos temprano a San Felipe.”[101]

Más adelante, comenta el momento en que reconoce el cadáver de su hermano y el de otros de los “fusilados de la punta del olivo”, momentos que presumiblemente fueron muy difíciles de sobrellevar para cualquier persona y en especial si se es familiar del difunto, por otra parte, en este mismo relato se agrega, un breve párrafo donde se refiere a otro hermano que por esas mismas fechas realizaba su Servicio Militar en el Regimiento Yungay, de él se da cuenta sobre la rabia y la pena que implica una situación como esta.

“…en ese entonces, había un hermano (que ahora está muerto) que estaba haciendo el servicio militar en el regimiento Yungay de San Felipe, pero él en esa fecha estaba en Santiago, mi hermano se enteró del nombre de los integrantes de la patrulla, él lo único que pensaba era en vengarse, lloraba bastante cuando mataron a mi hermano. Lo dieron de inmediato de baja y volvió a buscar sus cosas y allí fue informado por algunos compañeros de quienes habían sido, ellos sabían lo que se esperaba, es por eso que mi mamá quiso que él se fuera al norte. Allá murió en un accidente en 1976…”[102]

Pese a la crudeza del relato, ellos lograron dar con el paradero de sus familiares, en otros casos la incertidumbre perdura más –a veces hasta el presente- y la falta de antecedentes, da paso a rumores sobre el presunto destino del desaparecido y a acciones en su búsqueda. En una denuncia de presunta desgracia archivada en el Obispado de San Felipe, se da cuenta de una de estas situaciones donde la información sobre el afectado es sólo presumible. Esta denuncia hecha por la esposa del desaparecido nos da a conocer la situación:

“…ahora bien, mi cónyuge desapareció de nuestro hogar común y posteriormente supe que había integrado el llamado “GAP” del ex presidente Salvador Allende G. y tenía su residencia en la ex casa presidencial de Tomás Moro, más confusos se tornan los hechos con posterioridad al pronunciamiento militar ya que se dice que se asiló en la embajada mexicana y que posteriormente habría viajado al extranjero.

US. del crimen comprenderá lo vago de estos antecedentes y varias autoridades a las que he concurrido a saber mayores detalles me han explicado que por intermedio de US. Del Crimen pueden responder en forma oficial. Mi situación económica y el respaldo que da un cónyuge ahora no existe, agravándose la situación puesto que no me es posible seguir viajando a Santiago sin mayores resultados y me mantengo en la más completa ignorancia. Me preocupa sobremanera este hecho pues temo que le haya ocurrido una desgracia.

POR TANTO

En virtud de los hechos expuestos y lo dispuesto en los arts.83 y 91 del Código de Procedimiento Penal. SIRVASE US. Tener por denunciada presunta desgracia de mi cónyuge…”[103]

Por otra parte, además de la detención y sus consecuencias inmediatas, los familiares debían afrontar los efectos posteriores con la reanudación de la rutina (volver al trabajo, la escuela, la universidad, etc.) contando con uno o más miembros de la familia cumpliendo sentencia en alguna de los centros de detención de la región.[104] Esto implicaba, como ya se mencionó, problemas económicos para la familia, pero además, se debía tratar con la burocracia estatal y dictatorial que manejaba la situación de los detenidos. Sobre esto, existe mucha documentación dirigida a esta burocracia, entre ellas se encuentran solicitudes de rebaja o cambio de pena aflictiva, permisos para visitas, traslados, extrañamientos, eliminación de antecedentes entre otras, además son varios los documentos de diversa índole que acompañan dichas solicitudes, como algunos certificados (trabajo, nacimiento, etc.) y su respectivo Currículum Vitae. De todos estos documentos es mucho lo que se pude inferir, pues estos muestran una continua necesidad de las familias afectadas y las posibilidades que ellos creían tener en las relaciones formales con el Estado a la hora de poder interceder en el destino del detenido, una muestra de esto, se encuentra en algunas solicitudes de extrañamiento, por ejemplo:

“es que se considera que sería provechoso en el aspecto formación profesional, que (…), pudiese conmutar su pena por extrañamiento e ir a otro país en el que pudiese trabajar para ayudar a mi tía y hermano…”[105]

Cabe agregar que las afecciones no pueden ser remitidas exclusivamente a los detenidos y sus familiares, ya que son muchos los casos en que la violencia no conllevó detención o bien no fue necesario que la aplicación de la misma fuese directa o física para que las familias sufriesen alteraciones. La estigmatización y discriminación fue algo que agredió a muchas personas e incluso fue acompañada, a veces, por seguimientos y detenciones repentinas y efímeras, debido a esto, son varias las familias que emigraron de la zona, incluso al extranjero para evitar con ello mayores vejaciones. Uno de los testimonios recolectados se refiere a este aspecto y a otros ámbitos de las problemática familiar, la entrevistada cuenta las dificultades familiares que le significaba su labor como Asistente Social a pesar de no haber estado nunca implicada en alguna causa o detención, además relata sus últimos meses en el país antes de salir al extranjero como una acción precautoria ante el peligro que le significaba su trabajo para la Iglesia en tiempos en que ésta era uno de los pocos lugares de apoyo para los afectados por la Dictadura Militar.

El testimonio señala lo siguiente:

“Cuando yo viene acá, alcancé a estar acá -digamos relativamente tranquila- estuve un par de meses nomas, si no alcance a estar mucho hasta que nos corrieron (…) me fui en marzo del setenta y seis, ya estuve fuera. Ya en el final, cuando se acabo el Comité Pro Paz yo creo que nos tenían a nosotros así, a punto de agarrarnos  a mí con mi marido (…)  en marzo estaba fuera… Bueno ya  mis amigas de Santiago cayeron detenidas como en eso de febrero (…) del setenta y seis hubo una razia grande contra la iglesia se estaba recién formando la Vicaria, pero pescaron a un primer grupo en la zona sur, Ahí cayeron varias amigas mías que estuvieron desaparecidas hasta que me fui (…) a mi  me sacaron rápidamente. Mi marido viajó (…) yo tendría que haber viajado un mes después que él, tenía como todo listo para esa fecha pero con estas cosas que estaban pasando en Santiago, que de alguna manera a pesar de que no había hecho  nada en Santiago pero estaba acá. Igual estaban como presionando a la gente de la Iglesia (…), Salí repentinamente,  tenía que viajar no se cuanto tiempo, me avisaron con un telegrama un día antes que tenía que ir al aeropuerto, que me tenían toda la documentación lista. Un organismo de Naciones Unidas que no me acuerdo como se llama” [106]

Finalmente la suma de todas estas afecciones tuvo otros efectos menos perceptibles, que sin embargo, gracias a las entrevistas y a las interpretaciones que se hacen de los distintos documentos, fue posible dilucidar. Estos se remiten a problemáticas en  comunidad, en los nexos de la misma, en cierta forma los lazos sociales son quebrajados con la irrupción de la Dictadura Militar y el terrorismo de Estado, debido a esto, la desconfianza se vuelve parte de la cotidianeidad y la omisión se convierte en un medio de defensa, como nos indica una entrevistada:

“El que hablara uno abiertamente, como estamos hablando ahora, tú no lo podías hacer, quedaste con ese trauma, hablar lo que sentía uno, un trauma de personalidad parece, no sé, quedaste con miedo, se quedó con miedo de ser, porque no se sabía, podía ser hasta tu propia familia que te fuera a acusar algún lado, entonces quedó ese temor, que no confiaba uno en nadie, sólo en la gente muy de uno. La gente no se daba cuenta que podía hacer daño, tampoco se daba cuenta de que se estaba haciendo eso porque todo lo justificaban, pero te llevaban preso por cualquier cosa, y era peligroso”[107]

 Por esta razón muchos de los familiares callaron sus experiencias y  forzaron el olvido como un mecanismo para evitar la persecución y la discriminación.  Las personas se volvieron más herméticas y desconfiadas rompiendo  nexos entre familiares amigos y vecinos. Manifestándose con ello un ataque directo  no sólo a los afectados y sus familias, sino también a toda la comunidad, es decir, al supuesto sustento de las fuerzas revolucionarias que tanto se dramatizaban desde la oficialidad. Cumpliéndose de este modo uno de los objetivos teóricos de la lucha contrasubversiva y la doctrina de seguridad nacional mencionados.

 

[1]El poder Ejecutivo y el poder Legislativo son suprimidos en la estructura del Estado, quedando a mano de la Junta Militar de Gobierno. El poder Judicial sigue funcionando, pero la justicia ordinaria es complementada con los tribunales militares en tiempos de guerra. El cuarto poder del Estado, llámese a los medios de comunicación, en su mayoría, esto fueron suprimidos o re direccionados en función de la Dictadura.
[2] Norma: Decreto Ley 13 Versión: Única de: 20-SEP-1973, fecha promulgación: 17-SEP-1973, , fecha  de publicación: 20-sep-1973Organismo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL; SUBSECRETARÍA DE GUERRA.
[3]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit.36.
[4]Ministerio del interior, Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura Op. Cit., pág. 163.
[5]Ministerio del Interior,  Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Op Cit., pág. 164.
[6]Valdivia, Verónica, y otros. “su revolución contra nuestra revolución. Vol. II; la pugna marxista gremialista en los ochenta, 2008, Lom ediciones, Santiago de chile. P, 238.
[7]G.B; 68 años, masculino.
[8] M.S. 63 años, femenino.
[9] P.B. 68 años, masculino.
[10] R.M.68 años, masculino.
[11]C.P.52 años, femenino.
[12]Obispado de san Felipe, archivo del COPACHI, copia de sentencia / causa 1595/176, caso mina el Delirio.
[13] C.P.52 años, femenino.
[14]Ver en Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit.. Existen tres casos que se encuentran dentro del informe Rettig que no serán tratados en este apartado, puesto que no existen mayores referencias fuera de las que presenta el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, por lo que se indicará, para mayores antecedentes,  los nombres de las personas y la página del Informe en que se encuentran estos casos:

·          Ernesto Alfredo López López, página 303.

·          Lorenzo Flores Flores, página 795.

·          Marcos Barrantes, página 47.

·          Gustavo Cantuarias, página77.

·          Ana Delgado, página123.

·          Gonzalo Frez, página 150.

·          Jose Miguel Jorquera, página 205.

·          Ernesto López, página 226.

[15]Es necesario recalcar la existencia de muchos casos de violencia política, con resultado de muerte, de los cuales no se tiene antecedente alguno. La cantidad de osamentas, no identificadas, encontradas en la zona son un claro ejemplo de esta circunstancia.
[16] Obispado de San Felipe, Archivo Comision DDHH, Comision Rettig, Testimonio de la muerte por torturas de Orlando Galdames, Hierro Viejo, julio 1990.
[17]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit..pág.303.
[18] Obispado de San Felipe, Comisión de DDHH, Carpeta individual de Orlando Galdámes Rojas, querella criminal, 14-09-1990.
[19]Idem.
[20] La Época, 9 de Septiembre de 1991, pág. 12.
[21]Días después, en una entrevista hecha en Canal 13 grabada desde su residencia, se refiere a sus dichos de la siguiente forma “Espérese, pues. Me dicen que han encontrado cadáveres y qué les voy a contestar… Bueno, felicito a los que andan encontrando cadáveres, era un lugar de cadáveres”. Diario La Nación, 3 de Septiembre de 1991. Página 9.
[22] Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Ministerio del Interior, Gobierno de Chile, 1991, tomo I, Pág 150.

 Se hace necesario recalcar el error en la transcripción puesto que el nombre de Enrique  Saavedra González es remplazado por el de Enrique González.

[23]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., Op Cit.pág. 300
[24] Ver en: Obispado de San Felipe, Archivo Comisión DDHH, Testimonio de la muerte de José A. Mora Serey, Lidia Mora Serey, Agosto de 1990.

 Lidia Mora dentro de este testimonio señala haber quedado con secuelas físicas y psicológicas después de estos sucesos. Además señala que el hijo de José Mora, que era niño cuando presenció estos hechos, quedó con graves secuelas psicológicas y problemas de aprendizaje. Cabe destacar que ninguna de estas personas ha recibido algún tipo de reparación por parte del Estado.

[25]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., Idem.
[26] Obispado de San Felipe, Archivo COPACHIi, Comisión de Derechos Humanos,  Ficha individual de Ramón Antonio Palma Cortés.

[27] Obispado de San Felipe, Archivo COPACHI, Comisión de Derechos Humanos,  Ficha individual de José Manuel Floridor Muñoz Herrera.
[28]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit. 304
[29] Obispado de San Felipe, Archivo DD.HH, Declaración de Blas, José y Ruperto Peña, Pachacama, 25 de junio de 1990.

[30] El Trabajo, 11 de Junio 2014, Pág 11.

[31] El Andino,9 mayo, 1977
[32] Palabra puesta por el autor.
[33] Obispado de San Felipe, Archivos COPACHI, Declaracion al Primer Juzgado de Letras de Los Andes, 23 de junio de 1977, de Cecilia de las Mercedes Mendoza Leon.

[34] Obispado de San Felipe, Archivos COPACHI, Declaracion al Primer Juzgado de Letras de Los Andes, 23 de junio de 1977, de Mario Franklin Nuñez Alfaro.
[35]Ver en Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit.. Pág. 549.

[36]Obispado de San Felipe, Departamento de Accion Social, Carpeta individual de Nicolas Vivanco Herrera.

En el archivo se encuentran varios documentos entorno a recursos de amparo que habrían sido presentados por esta familia.
[37]Sin embargo la violencia contra estas personas se venía dando desde antes de esta fecha.
[38] I. Rettig Pág 301

[39] Absalón Wegner
[40]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit.,  Idem.
[41] Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., pág. 300.

[42] Ver en  Gómez León, Que el pueblo juzgue. La historia del Golpe, Editorial Terranova,1988, pág.196.

[43]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., pág.301.
[44]Ver en: Anexo Documental .Los antecedentes acerca de la viuda de Artemio Pizarro se encuentran en una revista de la cual no hemos podido establecer su procedencia, la única referencia que se posee es el autor del artículo Vicente Parrini.

[45]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., Pág 301

[46]Ver en:  Gómez León, “Que el pueblo juzgue. La historia del Golpe”, Editorial Terranova, año 1988, Pág.195.

[47]Obispado de San Felipe, Archivo Comisión DDHH, Testimonio de la ejecución en Punta el Olivo en octubre de 1973, Julio de 1990. La identidad de la persona será resguardada por motivos de confidencialidad.
[48] Obispado de San Felipe, Archivo COPACHI, Testimonio muerte de Pedro Abel Araya, por María Cristina Pizarro Araya, Cabildo, Julio de 1990.

[49] Obispado de San Felipe, Archivo COPACHI, Querella criminal interpuesta por Berta Ester Manríquez Murúa, por el delito de homicidio calificado en contra de su cónyuge Faruc Aguad Pérez, 30-04-1987.

[50]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., Pág 301.
[51]Entrevista a P.B. 68 años, masculino.

[52] Obispado de San Felipe, Archivo COPACHI, Resolución Dictada en el Proceso ROL N°1986-87, Fiscalía Militar Letrada de San Felipe.
[53]El Mercurio, 12 octubre de 1973.
[54]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., pág. 301

[55]Ver en: Obispado de San Felipe, Archivo COPACHI, Comisión de Derechos Humanos,  Ficha individual de Absalón del Carmen Wegner Millar.
[56]Ver en: Revista Análisis, Edición del 4 al 10 de mayo de 1987, Pág 23.

[57]Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DDHH, Archivo individual de Rigoberto Achú Liendo.
[58]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., pág. 302.

[59]Obispado de San Felipe, Archivo COPACHI, Ficha Laboral de Rigoberto Achú.
[60]Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DDHH, Archivo individual de Rigoberto Achú Liendo.
[61]Secretaria de Comunicación y Cultura: Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconciliacion, Op. Cit., Idem.

[62]Sabaj Marcela, Ley de Fuga, no editado, año 1985., pág. 2.
[63] Ibídem
[64]Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DDHH, Archivo individual de Rigoberto Achú Liendo, Contestación de Cargos.

En el documento no aparece la fecha de emisión, sin embargo se sitúa en el periodo que media entre la detención y la ejecución de Rigoberto Achú.
[65]Obispado de San Felipe, Archivo Comisión DD HH, querella criminal por el delito de inhumación ilegal hecha por María Eugenia Jeria Silva y Fresia del Carmen Jeria Silva. El 2 de noviembre de 1990.
[66]Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DD HH, minuta reservada, Informe de exhumación del Grupo Antropológico Forense, La Ligua, 7 de Diciembre de 1990.

[67]Diario la Nación, del 30 de noviembre al 4 de diciembre 1990; Diario Fortín Mapocho, 2 de diciembre al 4 de diciembre; Diario la Razón, La Ligua, 7 de diciembre; Diario la Época, 2 de diciembre de 1990, 5 de junio 1991; Periódico El Semanario diciembre de 1990.
[68]Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DD HH, carpeta Caso Chincolco, documento manuscrito titulado: “situación Chincolco”, sin fecha de emisión.
[69]  Obispado de San Felipe, Archivo Comisión DDHH, Informe Forense, Instituto Medico Legal de Santiago, Informe Forense, Sección Tanatología.
[70] Obispado San Felipe, Archivo Comisión  de DDHH, Carpeta Hallazgos de Osamentas, fragmento de Diario de la época, no se cuenta con los datos que indiquen la procedencia de este artículo.
[71] Por ejemplo  en el diario el fortín Mapocho del 16 de octubre de 1986, se encuentra una entrevistas a un testigo, Sergio Varas, se refiere sobre el hallazgo: eran al parecer, por su estructura, de muchachos jóvenes, seguramente estudiantes; tenían todos las dentaduras completas y sanitas; los huesos blanquitos, se notaban que eran huesos nuevos de no mucho tiempo, y uno de los esqueletos eran de mujer, lo reconocimos por la forma de las caderas y de la cabellera  larga.
[72] Obispado San Felipe, Archivo Comisión  de DDHH, Carpeta Hallazgos de Osamentas, testimonio, F.C.E., 10 de octubre de 1988.
[73]Obispado de San Felipe, Archivo Comisión DDHH, Denuncia y Solicitud de Diligencia al Juzgado del Crimen de La Calera. No registra fecha.
[74]Diario Fortín Mapocho, 9 de Octubre 1988.
[75]Idem.

[77] Diario El Trabajo26-06-1991 “el Ccementerio de El Almendral 12 nichos misteriosos”.
[78] Obispado San Felipe, Archivo Comisión  de DDHH, Carpeta Hallazgos de Osamentas manuscrito: acerca de la exhumación de estos cuerpos  y hallazgos cementerio del Almendral.
[79] Obispado San Felipe, Archivo Comisión  de DDHH, Carpeta Hallazgos de Osamentas Manuscrito: 17 julio 1990.
[80] Diario la Tercera, 28 de octubre de 1990.
[81]Dentro de esta cifra se toma en consideración los casos mencionados en el apartado anterior referido a las ejecuciones y desapariciones.
[82]Se destaca la cantidad de profesores de la zona sometido a  arrestos y vejámenes varios.
[83]Entrevista a G.B. 68 años, masculino.
[84]Entrevista a R.M. 68 años.
[85]Obispado de San Felipe, Archivo Comisión Valech, Declaración jurada ante Notario, Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de LLay-LLay, 2004.

[86] Obispado de San Felipe, Archivo Comisión Valech, ficha de ingreso preso político y/o torturado, 12/05/2004.

[87]Ministerio del Interior, Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, pags. 327-329.
[88] Obispado de San Felipe, Archivo Comisión Valech, Declaración jurada ante Notario, Conservador de Bienes Raíces, Comercio y Minas de LLay-LLay, 2004. Op. Cit
[89] Entrevista a P.B. 68 años, masculino.
[90]Entrevista a G.B., 68 años, masculino.
[91] Obispado de San Felipe, Archivo Comisión Valech, ficha de ingreso preso político y/o torturado, 3/12/2003.
[92]Obispado de San Felipe, Archivo Comisión Valech, ficha de ingreso preso político y/o torturado, 06/05/2004.
[93] Dichas fuentes son conformadas por distintos documentos archivados por el Obispado de San Felipe y corresponden a Fichas sociales, Curriculum vitae, papeles de antecedentes, certificados, testimonios, descargos, solicitudes, etc.
[94]Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DD HH, informe social, COPACHI.
[95] Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DDHH, Carpeta individual de Oscar Galdames, Testimonio de la muerte por Torturas; Hierro Viejo 14 09 1990.
[96] Son muchos los detenidos que una vez establecidos en algún presidio laboran en distintas tareas te tipo artesanal  ya sean trabajos de cestería, zapatería o bien de telares, entre otros. Con el fin de tener algunas entradas económicas para la familia que de alguna forma coopera con el trabajo del prisionero. En un caso recogido del COPACHI se indica por ejemplo:

(…): soltero, de 22 años de edad cuso estudios de enseñanza básica, los cuales no termino. Hasta el momento de su detención trabajo como obrero  ocasional (pioneta), luego de ser condenado a 12 años y 540 días, se le rebajo la condena a un total de 8 años aproximadamente. Cumple en cárcel de san Felipe, en la cual ha aprendido el oficio de cestería en lo cual trabaja en forma regular. Su madre se encarga de vender los productos fuera del recinto carcelario, tarea que resulta cada vez más difícil por no contar, el público, con recursos para este tipo de productos. (informe sobre la situación económico-social. COPACHI)
[97] Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DD HH, Informe sobre situación económico social, COPACHI.

[98]Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DD HH, memorándum para la Vicaria de la Solidaridad, marzo 1976.
[99] Vale recordar  el titular del diario la segunda del 24 de julio de 1975, “Exterminados como ratones” 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina.
[100] Respecto a este tema existe un terreno fértil para estudios de carácter humanista, ya sea por parte de la historia, sociología o antropología. La formación de estas redes de apoyo es cuestión común en todo el país, la mayoría fueron de un carácter efímero y funcional, pero otras  organizaciones se institucionalizaron y  supervivieron a la Dictadura manteniendo sus reivindicaciones e incluso levantando propuestas políticas.

Un ejemplo de estas redes de apoyo lo aporta el mismo COPACHI que en  su trabajo con las familias de los afectados realizaba diversos contactos, internacionales y nacionales, para poder suplir algunas de las necesidades de las familias. En una de las correspondencias del comité dice así:

“Presente:

(…), me he permitido escribirle esta pequeña notita para pedirle un gran favor, si estuviese de su parte, le rogaría me ayudara: se trata del problema de arancel de hospitalización del menor (…), yo reconozco la aflictiva situación de la madre, el padre del niño está detenido, viven de la caridad delos vecinos y delos que pueden ayudarle los familiares, esta ayuda como Ud. Comprenderá es esporádica y depende de la voluntad de ellos. Si pudiera ayudarlo, le estaré tan agradecida como lo estará el padre Mario lazo.”

[101]Obispado de San Felipe, Archivo Comisión DDHH, Testimonio de la ejecución en Punta el Olivo en octubre de 1973, Julio de 1990, Op. Cit.

[102]Ídem.
[103] Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DD HH, Denuncia de presunta desgracia.
[104] Como ya se ha mencionado son muchos detenidos oriundos de la provincia del Aconcagua que son detenidos en otras regiones o que bien son trasladados durante su reclusión a otros centros de detención lejanos a la región.

[105]Obispado de San Felipe, Archivo de la Comisión de DD HH, Informe sobre situación económico social, COPACHI.
[106] Entrevista a M.S, 63 años, femenino.
[107]Entrevista a V.O., femenino.

 

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