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10 años del Asesinato de Manuel Gutierrez. Relato desde la periferia, homenaje a un secundario caído

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Por Alexis, Militante Trabajadores/as al Poder. Dirigente secundario 2011-2013, Conchalí.

10 años han pasado del Paro Nacional del 24 y 25 de Agosto del 2011. 10 años del asesinato del joven estudiante secundario Manuel Gutierrez, 16 años.

Recuerdo esa jornada. Siempre que pienso en esos días se me hace un nudo en la garganta, para muchos de los que nos tocó vivir las movilizaciones estudiantiles del 2011 siendo estudiantes secundarios activamente movilizados, después de meses de toma, marchas y movilizaciones de todo tipo, esas jornadas de paro nacional convocadas por la CUT y concretadas por estudiantes, organizaciones territoriales, populares y algunas expresiones de trabajadores/as, marcaron un punto de inflexión respecto a como asumiamos la lucha social y política. El movimiento estudiantil se expresa de forma distinta en los liceos periféricos de la capital en relación a los del centro de Santiago, en los primeros la cobertura mediática era más bien baja o casi nula y aunque la convicción, radicalidad y organización de los estudiantes no se diferenciaba mucho de los liceos emblemáticos, el protagonismo siempre lo tenían estos últimos, cuestión que se asumía pero que no diezmada nuestras ganas de estar presentes.

En la periferia nos enfrentabamos a las distintas expresiones de control del régimen, tanto a la represión de Carabineros y la PDI, como también a funcionarios municipales que fuera del margen legal portaban armamento y grupos fascistas que junto a narcotraficantes operaban en coordinación con todos los anteriores. Durante esas semanas nos tocaba a un puñado de jóvenes de entre 14 y 16 años asumir la conducción de la toma de nuestro liceo en Conchalí tras la renuncia de lo que quedaba del Centro de Estudiantes, todo esto entre medio del constante hostigamiento de los grupos ya mencionados. Durante esas semanas a 3 compañeros del liceo, civiles armados a punta de pistola nos detenían en la calle, arrojándonos al piso para patearnos, rompernos la ropa, amenazarnos con su armamento sobre nuestras cabezas para luego de largo rato dejárnos ir de uno corriendo mientras nos seguían apuntando, junto a ello, a lo otros liceos de la comuna con quienes nos coordinabos, grupos de 20 a 30 de civiles hacían ingreso a sus establecimientos para golpear y amenazar a los secundarios que mantenían la toma durante la noches, otros compañeros sufrían lesiones producto de disparo de escopetas a perdigones desde vehículos municipales hacia los establecimientos movilizados, los asaltos y amenazas a los estudiantes que iban a la tomas por parte de personas vinculadas a narcos en el sector también se empezaban agudizar, lo ánimos cada vez se se encontraban más caldeados.


El temor de las familias de muchos estudiantes también era algo que se hacía sentir, mientras se agudizaba la represión de las FFEE en las grandes movilizacionez orquestada por la criminalización que el régimen y los medios de comunicación empezaban a ejercer contra quienes asumíamos distintas formas de autodefensa para enfrentar a las fuerzas represivas, era de esperar que fuertes escenas de violencia policial, masivas detenciones y denuncias de violaciones a los Derechos Humanos de centenares de estudiantes hicieran aumentar el descontento de bastos sectores pero a su vez redujera la participación efectiva en forma masiva en las tomas de los establecimientos, la cuales empezaban a ser sostenidas por algunas decenas de estudiantes que teníamos la convicción de llegar hasta el último nuestra digna lucha.


En ese contexto llegamos a la jornada del 24 y 25, fueron 2 días de movilización cargadas de masividad, radicalidad y enfrentamiento con la represión que no cesaron en distintos lugares del país. En el centro de Santiago masivas movilizaciones marcaban la pauta noticiosa, la noche del 24 en la periferia se hacían sentir los cacerolazos y las barricadas alumbraban distintas intersecciones. Para la jornada del 25 desde las periferias convocamos a distintas movilizaciones territoriales, desde temprano algunos sentíamos que la jornada sería compleja, se hablaba de cientos de detenciones y heridos en distintas partes, ese día la represión se hizo sentir desde primera hora, detenciones varias y muchos estudiantes que por horas no se tenía información de su paradero, en paralelo nos comenzaban a llegar amenazas respecto a que ciertos grupos atacarían los liceos en toma. Ese día llegada la tarde autos de civiles disparaban hacia la concentración que habíamos convocado, sin haber ningún herido en el lugar el miedo se acrecentaba en cada uno de nosotros. Ese día junto a los compañeros que asumimos la conducción en la toma del liceo nos tocó tomar un decisión respecto a como enfrentar el escenario que veíamos que se desarrollaba y las amenazas latente del que el liceo fuera atacado, primero optamos por informar la situación a nuestros/as compañeros/as, reconocer lo complejo del escenario y abrir el miedo que varios/as sentíamos ese día, habían 2 opciones, abandonar la toma durante la jornada por nuestra propia integridad o encerrarnos en ella tratando de asegurar lo más posible los ingresos con los pocos elementos que teníamos, a pesar del miedo optamos por lo segundo. Con ello un grupo de secundarios/as nos disponíamos a resistir desde lo que consideramos nuestra trinchera en la lucha que miles como nosotros/as daban desde sus respectivos espacios a los largo del país.


Pasó la noche, la protesta en el territorio fue intensa y el cansancio de ambas jornadas se hacía sentir en nuestros cuerpos más no en nuestros corazones, eso hasta que nos enteramos de la muerte de un joven durante la noche de protesta, en la mañana se confirmaba el asesinato de un estudiante secundario, Manuel Gutierrez de 16 años había sido asesinado por Carabineros la noche de ese 25, por primera vez lloramos junto algunos compañeros, luego de meses de estar juntos días y noches, de largas conversaciones, discusiones y alegrías varias, esa mañana lloramos, no conocíamos a Manuel, pero sentimos su muerte como la de uno/a de nosotros/as, porque así lo fue, su asesinato concluía el miedo con que pasamos esa noche, éramos conscientes del riesgo que asumíamos y en nuestro interior el asesinato de Manuel nos hacía ver que no estuvimos equivocados al sentir miedo de lo que podía pasar, pudo haber sido cualquiera, pudo haber sido uno/as de nosotros/as, algún/a compañero/as, algún familiar, por tanto su nombre lo teníamos que reivindicar como tal, el nombre de Manuel Gutierrez se grabó a fuego en nuestra memoria y nos instó a no bajar los brazos en los meses y años siguientes como estudiantes secundarios/as. De aquellos secundarios hoy somos menos los que seguimos sin bajar los brazos, levantando nuestro puño y agitando en diversas luchas. Post levantamiento del 18 Octubre la radicalidad de la lucha popular, la represión y la caída de distintos luchadores populares repitió aquella sección de forma condensada en un corto período de tiempo, lo cual para muchos es algo que ni siquiera han logrado asimilar. Como experiencia de aquellos años varios/as internalizamos que el miedo es algo que siempre va estar presente para quienes nos disponemos a enfrentar a este régimen criminal, que no tiene pudor a la hora de defender el sistema capitalista en tanto la burguesía tiene la convicción -y así lo a demostrado- que por defender sus intereses de clase esta dispuesta a lo que sea necesario, por tanto, el miedo frente a tal brutalidad es inevitable, lo importante es saber controlarlo y prepararse para enfrentar a este enemigo con la mayor fuerza y capacidad posible.


Luchar por libertad, justicia y reparación por los/as caídos/as y presos/as de ayer y hoy debe ser uno de los ejes centrales de toda organización que se posiciones desde el campo popular. A su vez debemos seguir haciendo experiencia y apuestas para encontrar una forma de organización que nos permita llevar adelante diversas formas de lucha al más alto nivel, que sea capas de ganar el corazón de los diversos sectores populares organizando a bastas expresiones de la clase trabajadora y del pueblo. Intervenir en la lucha política y las diversas luchas reivindicativas, la agitación y propaganda de la ideas revolucionarias junto con la organización y preparación de las capacidades combativas el pueblo organizado son tareas urgentes y es el mejor homenaje para cada uno de los caídos que viven en nuestra memoria.
El asesino de Manuel Gutierrez es el Carabinero Miguel Millacura, aún sigue en libertad.

#MiguelMillacura #JusticiaPorManuelGuitierrez #LibertadJusticiaYReparación

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Operación Albania: org. de DDHH buscan evitar la venta de la casa en Varas Mena donde asesinaron a 2 frentistas en resistencia

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El Colectivo de Familiares y Amigos de Rodriguistas Caídos busca evitar la venta de la vivienda ubicada en calle Varas Mena 417, en la comuna de San Joaquín. El espacio funcionó como casa de seguridad del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) durante la dictadura y está asociado a la matanza de Corpus Christi (también llamada Operación Albania), donde asesinaron brutalmente a dos jóvenes combatientes pertenecientes al Frente.

El 15 de junio de 1986, durante horas de la noche, agentes de civil se dirigieron a la calle Varas Mena 417 con el objetivo de allanar el inmueble. Durante la acción se produjo un tiroteo entre las fuerzas represivas del Estado y dos frentistas que cubrieron el lugar para que sus compañeros/as pudieran retirarse desde el interior.

Alrededor de 12 Rodriguistas escaparon del lugar en medio de la balacera. Sin embargo, no todos salieron ilesos, pues ambos frentistas encargados de la defensa del grupo resultaron brutalmente asesinados.

El primero fue Juan Waldemar Henríquez Araya, ingeniero de 28 años, que tras caer en una casa vecina (Varas Mena 415) fue atrapado por los policías, quienes lo asesinaron con varios disparos dándole muerte en el lugar.

El segundo fue Wilson Daniel Henríquez Gallegos, obrero, quien fue rodeado en el patio de otra vivienda donde se refugiaba (Varas Mena 419) para posteriormente ser golpeado y fusilado por los agentes de la CNI, según la autopsia, con 21 orificios de bala.

Ambos jóvenes frentistas murieron dando su vida por sus compañeros/as y en pos de defender al pueblo, convirtiéndose en héroes de la resistencia contra la Dictadura Militar de Augusto Pinochet.

Es por ello, que por más de cuatro décadas se ha dado una lucha constante por mantener viva la memoria de quienes resistieron ante la represión cívico militar en centros de tortura, los/as que luchando por una sociedad digna fueron secuestrados/as y asesinados/as por los agentes del Estado. Sin embargo, pese al esfuerzo de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, ha existido una normalización sobre los crímenes de lesa humanidad que han quedado en impunidad durante todos estos años.

Las violaciones masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos, con presupuesto público para funciones represivas, se han mantenido en completo silencio, lo que ha permitido que lugares de resistencia sean destruidos o puestos en venta, con el fin de enterrar y olvidar un pasado de dolor que mantiene presente a los/as compañeros/as caídos en combate en toda lucha levantada por el pueblo.

Desde la colectividad hacen el llamado “a todas las organizaciones, a nuestros/as hermanos/as, a unirnos para mantener viva la memoria”, extendiendo la invitación para este viernes 27 de agosto a las 18 horas a una velatón frente al ex centro de exterminio en la calle Varas Mena 417 en la comuna de San Joaquín.

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Ley de Indulto: las modificaciones que impulsan la libertad sin condiciones a los/as presos/as políticos/as de la Rebelión Popular

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Desde el inicio de la Rebelión Popular, fueron miles de personas las que salieron a las calles a manifestarse, desde distintos frentes y formas de lucha, se generaron numerosas protestas y evasiones que dejaron al descubierto un enojo generalizado que se venía arrastrando hace décadas. Sin embargo, como toda acción de desobediencia en contra de este sistema, se evidenciaron masivas detenciones que terminaron con una ola de prisiones políticas, bajo procesos judiciales injustos y condenas desproporcionadas, lo que se evidenció a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

La demanda por la liberación de los presos/a políticos/as de la Rebelión Popular comenzó a tomar fuerza e instalarse en la población, lo que generó la creación de colectividades de familiares y grupos anticarcelarios con el fin de organizar e impulsar la liberación total de los/as prisioneros/as políticos/as.

La clase política tradicional, a través de algunos/as senadores/as de la Comisión de Derechos Humanos, iniciaron la discusión del proyecto de Ley de Indulto que busca liberar por razones humanitarias a los/as manifestantes encarcelados/as entre el 7 de octubre de 2019 al 9 de diciembre de 2020.

El pasado 26 de mayo la Comisión de Seguridad Pública aprobó la idea de legislar el proyecto, votación que posteriormente se replicó en la Comisión de Constitución, el 11 de agosto, donde igualmente se dió el visto bueno. Ahora será tarea de la sala del senado la discusión de la iniciativa, la que deberá ser votada y conseguir 25 votos favorables para la aprobación de dos normas y 22 votos para las demás disposiciones. En caso de que no se alcance el quórum requerido, el senador Pedro Araya señaló que “habría un proyecto de ley que otorgue indulto, pero no habría autoridad que lo aplique”.

Pese a que el proyecto levantado (como una salida política) entrega libertad a los/as encarcelados/as de la Rebelión, éste no trae consigo beneficios para todos/as. Es por ello, que desde diferentes frentes de lucha se impulsó la demanda por una ley de amnistía general que incluya a todos/as los/as prisioneros/a políticos/as, sin excepción y sin letra chica, iniciativa que además incluye un proceso de justicia, verdad y reparación.

Pero, ¿cuál es la diferencia? Por una parte, la amnistía actúa sobre personas que han sido condenadas e imputadas, borrando por completo la causa por la cual fueron acusados/as. Mientras tanto, el indulto sólo se aplica a quienes han sido condenados/as y no borra los antecedentes de la persona, por lo que de todas maneras sus antecedentes quedarían “manchados”.

¿Qué llevó a impulsar un indulto por sobre la amnistía?, una de las razones fue el miedo a que se reactive la llamada ley de indulto del año 1978,  la cual dejó libres y en completa impunidad a los agentes del Estado culpables de delitos contra los Derechos Humanos durante la Dictadura Militar.

El problema con la Ley de Indulto recae en la maquinaria política detrás del proyecto.  Éste no incluye a todos/as los/a presos/as políticos/as de la Rebelión, mucho menos a quienes fueron encarcelados/as antes del 18 de octubre de 2019. Las exigencias para un proyecto de indulto que realmente libere a los/as presos/as políticos/as parte por la modificación a 3 artículos fundamentales, los cuales se han convertido en la bandera de lucha para seguir levantando la demanda. Los tres cambios se visualizan en los siguientes escritos:

Artículo 2 señala que: “serán beneficiarios del indulto general quienes, cumpliendo los demás requisitos de la presente ley, hayan sido imputados o condenados por hechos que hubieran acontecido entre el 7 de octubre de 2019, hasta el día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma”. La modificación es clara, el tiempo es una limitante para entregar una completa libertad a todos/as, puesto que un número considerable de presos/as a nivel nacional fueron puestos en prisión preventiva posterior a la fecha señalada, quienes ni siquiera podrán optar a cambios de medidas cautelares bajo las normativas del proyecto.

Artículo 5 señala que: “en el caso de las personas condenadas que cumplan con los requisitos para ser beneficiarias de la presente ley, corresponderá al tribunal competente que conoció la respectiva causa, pronunciare sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente ley, de oficio o a petición de parte y previa audiencia donde se conocerá la prueba que exige el artículo 3”. Es decir, según el escrito, serán los propios tribunales que encarcelaron/as a los presos/as los encargados de “evaluar” su libertad, los mismos que han abusado de extensas prisiones preventivas con pruebas insuficientes, utilizando incluso como testigos a los propios agentes represores del Estado. ¿Qué nos hace pensar que luego de todas las injusticias cometidas, serán los mismos tribunales que han encarcelados a luchadores/as sociales los encargados de aplicar el indulto?. Es importante tener en cuenta que ha sido está misma institución la encargada de rechazar cambios de medidas cautelares, de perseguir a los/as presos/as y sus familias, así como también amedrentar a quienes intenten manifestarse en contra de este sistema.

Artículo 7 señala que: “no quedarán comprendido entre los tipos de penales referidos en el artículo 1 de la presente ley, el inciso final del artículo 14 D en el Decreto 400  que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley n° 17.798 sobre el control de armas y letras d y e del artículo 6 de la ley n° 12.927 de la seguridad interior del Estado”. En pocas palabras, se refieren al haber percutado armas de fuego. La Ley de Control de Armas, permite la prisión preventiva tomando diferentes penalizaciones, como por ejemplo, el porte, el lanzamiento y la fabricación, por lo que resulta muy eficaz y fácil para los tribunales encarcelar y condenar a una persona bajo esta Ley.

La demanda principal instalada hace varios meses por parte de organizaciones anti carcelarias y familiares de presos/as políticos/as es acabar con todas las leyes que llevaron a encarcelar a cientos/as de personas por el simple hecho de manifestarse, como por ejemplo, la derogación de la Ley Antibarricadas, la Ley Aula Segura, Ley de Seguridad Interior del Estado, Ley Antiterrorista, entre otras de las cuales los Tribunales se respaldan para ejecutar desmedidas sanciones y condenas.

A pesar de todo, desde los distintos frentes de lucha por la libertad de los/as presos/as políticos/as han manifestado que toda acción y ley que entregue libertad  debe ser implementada, sin embargo, el llamado es a no conformarse con lo poco y nada que está haciendo la clase política. El objetivo principal es obtener la libertad absoluta, sin condiciones, a todos/as los/as presos/as políticos/as chilenos/as y mapuche, sin excepción, pues es primordial que los/as luchadores/as del pueblo salgan a la calle, sin miedo y con la convicción intacta.

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Nueva irregularidad: niegan las salidas esporádicas a los prisioneros políticos José y Luis Tralcal pese a contar con todas las condiciones

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José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel fueron detenidos en marzo de 2016 y condenados en el 2018 a 18 años de cárcel por los delitos de incendio con resultado de muerte del siniestro en un fundo de Vilcún, región de La Araucanía, el 4 de enero de 2013, donde el matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay mueren producto de las llamas.

Desde ese momento, comenzó una ardua persecución por encontrar a los supuestos responsables, llegando a 11 personas bajo pruebas injustificadas y constantes hostigamientos. Sin embargo, ocho de los/as involucrados/as fueron absueltos/as, como la Machi y actual constituyente Francisca Linconao. Entre los cuatro condenados están José y Luis Tralcal, el Machi Celestivo Cordova y José Peralino Huinca, este último cumpliendo cinco años de libertad vigilada.

Los abogados/as defensores/as, durante el 2019, evidenciaron algunas irregularidades en el caso, por lo que ese mismo año solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observar todo el proceso que se llevó a cabo para encarcelar injustamente a los primos Tralcal. Ante ello, el pasado 22 de marzo de este año, la Comisión oficializó que el requerimiento presentado por la defensa de los prisioneros políticos implicados en el caso pasaría a examen de admisibilidad, lo que involucra que el Estado tendrá que presentar observaciones.

Es importante recordar que a los presos políticos, José y Luis Tralcal, se les abonaron los años de prisión preventiva, desde el 2009 al 2013, que pasaron producto del Caso Tur Bus (donde resultaron absueltos), por lo tanto se le suman los periodos completando casi 9 años de arresto. 

Entre una de las pruebas a las que se aferra la Fiscalía para inculpar a José y Luis en el Caso Luchsinger Mackay, es el relato bajo tortura de José Peralino, quien manifetó ser hostigado por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), afirmando que la declaración que entregó era falsa, además de firmar papeles sin previa lectura, pues no se le permitió la presencia de un abogado.

Otro fundamento fue la georeferenciación por las señales que emiten los teléfonos celulares, que operan como radar a través de antenas, para localizar a quienes estuvieron cerca del lugar de los hechos al momento del incendio, sin embargo, en este caso, no pone a las personas en puntos específicos, puesto que el radio abarcaba un amplio terreno, en el cual se incluía la casa de José Tralcal, por lo que su “presencia” en el radar se debe únicamente a eso.

Actual situación de los presos políticos

El lunes 19 de julio, los familiares y amigos/as de José y Luis Tralcal publicaron un comunicado evidenciando las graves irregularidades que se han presentado para optar a beneficios. Ambos primos condenados en el caso cumplen con todos los requisitos solicitados por Gendarmería, como el tiempo de prisión y buena conducta para acceder a salidas esporádicas, tanto trimestral como transitoria.

La medida ha sido negada en tres ocasiones por el equipo técnico del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Victoria, (donde se encuentran recluidos desde el 20 de noviembre de 2020),  ya que ha sido la propia institución de Gendarmería la que se ha negado a entregar el beneficio a pesar de que ambos llevan ocho meses en el Centro, siendo que a todos/as los/a presos/as comunes tienen la oportunidad de optar a la ayuda con sólo tres meses dentro, siendo que José y Luis ya llevan ocho meses.

Juan Tralcal, hijo de José Tralcal Coche, señala que la medida ha sido negada “producto de las presiones políticas, bajo burdos argumentos como aceptar y arrepentirse de un hecho del cual ellos no participaron, como fue el incendio con producto de muerte del matrimonio Luchsinger Mackay (…) En este caso hay un discriminación racial por ser parte de la recuperación y lucha de la causa mapuche”.

En el comunicado la familia señala que el 18 de junio de este año pudieron asistir, en conjunto con la red de apoyo, a una reunión con el Director Regional de Gendarmería, Leonardo Barrientos, quien responsabilizó al CEP por negar el beneficio. Sin embargo, durante la misma instancia se comprometió a entregar respuestas a la solicitud antes del Wiñol Xipantu, lo que finalmente terminó sucediendo el 16 de julio, negando la solicitud de salida con el argumento del supuesto “incremento de los hechos de violencia ocurridos en la zona, lo que podría poner en riesgo al personal de Gendarmería que formaría parte del dispositivo”. Esta prueba no concuerda con lo solicitado, puesto que la salida que se ha pedido es sin la custodia de gendarmes, como pasa con cualquier preso/a que cumple con el régimen en la CEP y opta a salidas sin resguardo.

Ante ello Juan Tralcal señala que hay otras personas del CEP que sí han podido optar al beneficio de salidas esporádicas y dominicales, por lo que negarlo en este caso responde a “a discriminación racial y sesgo de Gendarmería por ser presos políticos. Desde el mismo Centro y conversaciones entre pasillos le han reconocido a mi padre que hay presiones para que él no salga, para que no vuelva a su tierra, a su casa, esto viene de parte de los gremios (donde está Luchsinger) y altos mandos de la política, altos funcionarios de Gendarmería”.

La familia declara además que las salidas esporádicas son solicitadas con el objetivo de que ambos puedan asistir al Rewe de su Machi, lo que resulta ser sumamente necesario luego de toda la presión que han pasado bajo la prisión política, el tiempo en clandestinidad y la huelga de hambre que afectó considerablemente la salud física y psicológica, generando secuelas que han afectado su integridad y que son necesarias de ser atendidas por su Machi en la privacidad que eso conlleva.

El llamado de Juan Tralcal es a respetar los protocolos para optar a beneficios, “que se fiscalice a las instituciones represivas, la cárcel, a Gendarmería, el Ministerio de Justicia y del Interior, porque no están haciendo válidas las leyes y reglamentos que ellos mismos imponen. Hay que hacer presión contra Gendarmería por los casos de prisión política mapuche y no mapuche, por extender prisiones, maltratos, vulneración de derechos, donde los Tribunales se quedan callados. Hay que hacer presión a las Instituciones y funcionarios del gobierno, para que funcionen correctamente, sin sesgo político, sin interferir en los beneficios. El llamado es a manifestarse, a seguir atentos a la situación de ellos (José y Luis Tralcal), ahora se puso un recurso de amparo por medio de Tribunales a la Corte de Apelaciones, esperamos que la próxima semana pueda haber respuesta para que Gendarmería respete sus propios protocolos establecidos, como otorgar salidas esporádicas y dominicales, ya que ellos cumplieron todos los requisitos y no tienen porqué aceptar que se les haga responsable de un juicio, de una condena, de un delito del que no fueron parte, ese no es un item para que puedan acceder al beneficio”.

La lucha por la liberación absoluta y sin condiciones de José y Luis Tralcal, que han sido injustamente encarcelados y perseguidos por el Estado, se hace sumamente necesaria de seguir impulsando, más aún bajo el contexto que enmarca la demanda popular que exige la libertad de todos/as los/as presos/as políticos. Es necesario seguir visibilizando las gravísimas faltas que se han cometido en este caso y que ha tenido por años tras las rejas a dos luchadores mapuche inocentes. 

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